Autoridades investigan posible maltrato en CRREAD de Comondú

19 personas que se encontraban anexas al Centro de Rehabilitación CRREAD Zona Uno de Ciudad Insurgentes en Comondú, huyeron del lugar tras golpear al guardia. Según reportes extraoficiales, uno de ellos regresó horas después. En tanto, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Comondú informó que localizaron a cinco de los pacientes y que estos manifestaron que escaparon del centro por el maltrato físico que recibían al interior. El lugar se localiza en las calles Cuitláhuac entre López Mateos y 5 de Mayo, en Ciudad Insurgentes. No se ofrece explicación alguna de por qué las autoridades de seguridad detuvieron a estos usuarios. Benigno Murillo, titular de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, expresó que el operativo se realizó en “todo el municipio, tenemos un detalle con el centro de rehabilitación que no nos ha dado la media filiación, se ha recapturado a cinco y se ha hecho entrega de los mismos. Lo que manifiestan en el reporte que nos dieron es que fue por malos tratos, de hecho ya se constituyó Derechos Humanos en el lugar el día de hoy”, confirmó. Es muy posible que la violencia dentro del CRREAD de Ciudad Insurgentes sea real, ya que ni “los mismos familiares son los que manifiestan que ya no quieren que regresen ahí”, complementó Murillo.   La mayoría son de Comondú, otros del puerto de Loreto y el resto de otras partes del país. Quien reportó fue Manuel Iván Murillo Davis, responsable del CRREAD Zona Uno. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) revisa el supuesto abuso en contra de los usuarios, asimismo, la Secretaría de Salud (SSA) investiga acerca de las condiciones en que se encuentran las instalaciones. Sin embargo, con tal hermetismo ha sido manejado el suceso, que ni a la propia Comisión le dieron acceso al Centro, así lo expresó Silvestre de la Toba, presidente de la CEDH en Baja California Sur, quien sugiere “analizar en qué condiciones están estos jóvenes, si ingresaron por su propia voluntad, si los padres de familia autorizaron el ingreso de estos jóvenes a los centros de rehabilitación, si llevaron un procedimiento adecuado o no. No tenemos esos datos todavía, porque no se le permitió a la visitadora el acceso”. De igual manera, lamentó que no se permita el acceso para revisar las condiciones en que se encuentran los internos, por ello, informó se recurrirá al Ministerio Publico para que lleve a cabo las diligencias correspondientes, para en caso de que exista delito, sancione, ya que “no hay un trámite adecuado, podría decirse que estos jóvenes están en contra de su voluntad, se puede equiparar un delito que es la privación ilegal de la libertad”. Reconoció que actualmente hay tres quejas en contra de centros de rehabilitación, incluyendo una a dicho Centro, por violación de Derechos Humanos. Según De la Toba, esto tiene que ver con la falta de una Ley que obligue a estos centros a brindar una buena atención. “Se norma por la NOM 028-SSA-2, que es la que te dice o te da ciertas reglas en las cuales puede un centro de este tipo operar, es muy ambigua esa Ley, se necesita ampliarse o modificarse. En Baja California Sur no existe un Centro que cumpla con todas las especificaciones o que se pueda llamar centro de rehabilitación, más bien son centros de ayuda mutua”, aclaró. Uno de los familiares de los adscritos al CREEAD Zona Uno, comentó a ZETA que “dentro de las instalaciones hay cubículos de atención y nunca hay nadie, no prestan servicios de rehabilitación con especialistas, además de que a mi hijo lo tenían amenazado para que no dijera nada al respecto de cómo los tratan”. El Centro cobraba 2 mil pesos mensuales por un servicio que, de acuerdo con el denunciante, no prestaba, aunado a que entregan recibos no firmados y otras irregularidades que “se van a denunciar”.