Elma Rivera, asegura que ha sido despojada de varias fracciones del predio que habita en la colonia Monte San Antonio, y señala como responsables a sus vecinas María de Jesús Mendoza García –ya fallecida—, Elisa Mosqueda Rodríguez y Guadalupe Huitrón Anguiano. Rivera, de 71 años, con discapacidad visual por diabetes y de bajas posibilidades económicas, señala que ni en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ni en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ni del bufete jurídico de la UABC ha recibido atención adecuada. Que los problemas por las dimensiones de su terreno datan de hace alrededor de 12 años, y actualmente no cuenta con los 719.62 metros cuadrados de superficie que adquirió hace 38 años, mostrando a ZETA una serie de planos de catastro municipal en los que es evidente el cambio en la geometría y medidas. Refiere que su vecina María de Jesús Mendoza, se adueñó de un espacio de 90 metros cuadrados para construir un pasillo de acceso a su terreno a la calle Prolongación 20 de noviembre, terreno que Rivera recuperó mediante la resolución de un juicio de prescripción positiva, pero del cual aún no cuenta con la posesión. A pesar que es ella quien paga el predial, es el hijo mayor de Mendoza García –ya fallecida—, quien reclama dicha porción de tierra que tiene escriturada. Por una invasión del otro lote colindante, el límite del predio pegado a la calle Prolongación 20 de noviembre mide 8.31 metros, cuando originalmente era de 12.5. De ello, alega que su vecina Guadalupe Huitrón removió el cerco con que delimitaba su predio, así como unos castillos cimentados a nivel de calle, ya que los terrenos se ubican en un barranco y las construcciones no. Agregó que ni Huitrón ni el resto de su familia habitan en el terreno que han adicionado con las invasiones realizadas, sino que lo están arrendando desde Sinaloa. Por último, señaló que la vecina de atrás, Elisa Mosqueda, ha construido un muro para delimitar su terreno y con ello se ha adueñado de 11 metros lineales que le corresponden a Rivera, y que en los planos originales del fraccionamiento se contemplaba como un callejón de servicios que nunca llegó a constituirse. José Luis Sánchez, esposo de Mosqueda, señaló a ZETA que Rivera ha acosado a sus vecinos desde que llegó a la colonia, interponiendo demandas o denuncias por los supuestos despojos de los que se dice víctima. Consideró que si las denuncias realizadas por Rivera no han caminado es porque no existe delito que perseguir y aseguró que “cada quien tiene lo que le corresponde”. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que al momento Rivera figura como ofendida en 6 averiguaciones previas por el delito de despojo, todos los expedientes aún en etapa de integración. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dicen que no pueden generar una queja a Rivera por el carácter jurisdiccional de su problema, aunque se le está ayudando con la gestión ante el Ayuntamiento de Tijuana para realizar un peritaje de deslinde de su terreno de manera gratuita. Rivera asegura que no tiene el dinero suficiente para contratar los servicios de un abogado y solicita a una barra de abogados o asociación interesada en ayudarle, deja a disposición el teléfono de su domicilio: 6 34-89 52.