Apresuran medidas para evitar alerta de género

El martes 27 de enero de este año, la directora y representante legal de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos con sede en Tijuana, Meritxell Calderón Vargas presentó oficialmente ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujer) una solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el estado de Baja California. El procedimiento está marcado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y tiene que ver con la implementación de una serie de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar la violencia feminicida en un determinado territorio. En la práctica significa la intervención del gobierno federal ante la inacción de una entidad para controlar la violencia contra las mujeres. El mecanismo inicia con una serie de movimientos burocráticos –la primera solicitud no cumplía con todos los requisitos—, por lo que fue replanteada y enviada de nuevo. De ahí se informó al gobernador de Baja California, a la par que se conformaba una comisión interinstitucional –donde participan derechos humanos, académicos, especialistas— y la primera sesión del grupo se efectuó hasta el 18 de marzo de este año. En esa misma semana tan solo en Mexicali fueron salvajemente asesinadas tres mujeres y sus cuerpos encontrados en diferentes puntos de la zona periférica de la capital. Una en el ejido Hermosillo, localizada en un solitario paraje, asfixiada, otra más en un dren cercano a la colonia Santa Isabel, estrangulada y con una bolsa de plástico en la cabeza. Cuatro días después, otra joven fue encontrada en al fondo de un dren en la parte sur de Mexicali. Estaba atada con un alambre a un cigüeñal de motor, hundida entre las aguas verdosas. A la semana siguiente el Grupo de trabajo se trasladó hasta Baja California –Tijuana y Mexicali—, donde recabaron información de organizaciones civiles, dependencias, periódicos, hospitales. Todo eso sirvió para corroborar la información que en unas cuantas cuartillas había sido planteada por la solicitante y que resumió en un párrafo “Existe un contexto de delitos que atentan contra la vida, la libertad, la integridad de las mujeres en la entidad, en un contexto de reclamo social por la falta de interés de las autoridades…existe una violencia sistemática contra las mujeres en un ambiente de impunidad”. También consideró preocupante el incremento en los homicidios de mujeres y personas con identidad lésbico, gay, transgénero, transexual, travesti, bisexual e intersexual. “Los asesinatos son cometidos en forma extremadamente violenta y brutal, delitos de odio cometidos con saña”. De acuerdo a los datos aportados por la solicitante, tan solo entre el 2011 y el 2013 en la entidad se cometieron 225 homicidios contra mujeres las cuales fueron apuñaladas, decapitadas, incineradas y cuyos cuerpos aparecieron en los canales de la periferia de las ciudades. Aparte secuestros de mujeres en la zona del Corredor 2000 y la constante oficial en todos los casos de vincularlos con temas de narcomenudeo o pasionales. También incluyó las muertes maternas en los hospitales de la entidad, las agresiones contra mujeres indígenas en San Quintín a la par de la inexistencia de medidas de prevención adecuadas y la ausencia de coordinación entre las diversas instituciones involucradas, la falta de recursos y los que hay se utilizan inadecuadamente para financiar acciones de políticas públicas de contenidos misóginos o desayunos del “Día de la mujer”.   Hostigadas   La Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos ya tenía varios años buscando hacer visible los feminicidios en Baja California, explica la abogada y activista tijuanense Meritxell Calderón: “En un principio empezamos a tener amenazas y acoso por parte de las fuerzas del estado, pero decidimos darle un ‘hold’ a esto por motivos de seguridad”. Menciona que el Observatorio Nacional de Feminicidios tiene una representación en Baja California –Laura Gutiérrez—, desde donde les comentaban que no habían reportado ningún feminicidio por parte de su contacto en el estado en los últimos dos años. “Hemos visto que, si bien tal vez se hayan reducido la cantidad de homicidios, han aumentado los homicidios violentos, además que los de mayor saña son contra mujeres o personas de la diversidad sexual”. Ése fue el contexto que las empujó a enviar la información y solicitar la Alerta. “Esta solicitud de alerta es la primera que se hace a nivel nacional tomando en cuenta los feminicidios de mujeres transexuales y en particular los feminicidios de mujeres lesbianas”, dice en relación a delitos que se deben tomar en cuenta y penalizar, así como se hace en infanticidios y otros delitos, situaciones que deben de ser agravadas por el nivel de saña de estos asesinatos. En cuanto a la sistemática respuesta oficial que vincula estos crímenes con temas de narcomenudeo o pasionales, la activista considera que con esa actitud buscan escabullirse de estos datos tan evidentes, aparte que no toman en cuenta ni mencionan las mujeres que mueren en la cama de un hospital por negligencia médica o abortos clandestinos. “El grupo de trabajo comprobó que hay pruebas de que el sistema de salud en el estado cubre, esconde esos actos para disimular las cifras”. Aun así considera que en áreas estatales, como en el caso de la procuraduría, parece que hay la intención de trabajar en los temas –pone el ejemplo de la apertura del área de derechos humanos—, además de que con la reciente reforma penal puede ser una herramienta importante. “La capacitación en derechos humanos de las mujeres es clave, hay muchas mujeres víctimas de amenazas, de hostigamiento, de acoso, que son las victimas precisamente de feminicidio y por la comisión de estas quejas los perpetradores viven en la impunidad total”.   Diversa   “En Baja California hablamos de que son siete de cada diez mujeres que manifiestan algún episodio de violencia en su vida, el caso extremo de violencia es precisamente el feminicidio”, expone por su parte Rebeca Maltos, del grupo Gente Diversa, explicando este último término en cuanto a que haya de por medio agravantes como el dolo, el tener una relación sentimental con el victimario, la evidencia de tortura o abuso sexual. “La alerta es un mecanismo para proteger a las mujeres, para garantiza, porque el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Por cuestiones culturales la mujer no tiene esta vida cotidiana resuelta de violencia”, refiere Maltos en alusión al mecanismo generado a raíz de la aprobación de la ley publicada desde el 2007. Aunque el tema, resalta, se ha politizado: “Lo que había estado sucediendo hasta el mes pasado es que las directoras de los institutos, si la alerta de género era de una entidad que era del PRI, votaban de una forma, si era del PAN de otra”. Actualmente hay cerca de diez entidades donde se ha solicitado la Alerta de Género, pero no se ha resuelto. Entre las primeras resueltas, hace dos semanas para el Estado de México para 11 municipios, y hace una semana para Morelos. Rebeca Maltos retoma una frase de la académica y feminista Marcela Lagarde: “La Alerta de Género es un mecanismo de gobernanza, no es un tema político ni para castigar a los gobernadores”, y de su parte amplia: “La Alerta de Género es un mensaje muy claro desde el Gobierno del Estado donde le dice a la sociedad, en esta sociedad sí nos preocupamos por la seguridad de las mujeres, tanto nos preocupamos que vamos a implementar una alerta para tener mecanismos especiales para protegerlas…”.   Oportunidad   “El procedimiento de Alerta de Género es un tema poco conocido, suena a una emergencia, si bien es cierto eso pretende el proceso, llegar a determinarlo o no”, dice el subsecretario general de gobierno, Javier Gutiérrez Vidal, quien comenta cómo el CONAVIM (Consejo Nacional contra la Violencia hacia la Mujer) por ley debe darle entrada para analizar los señalamientos.</p> Explica que se conformó un grupo de trabajo interinstitucional que viene a la entidad y realiza una investigación de campo de la cual emiten una serie de recomendaciones que entregan a la Secretaría de Gobernación y que van dirigidas directamente el gobernador del Estado. “Nos encontramos con algunas limitantes”, refiere Gutiérrez Vidal en alusión a casos suscitados en el 2007 y donde no se tenían clasificados exactamente como fueron solicitados. “Pedían una clasificación por el tipo de delito, por las resoluciones que se han emitido, numero de consignaciones, rangos de edades de la víctima, de los agresores, era una información un tanto complicada, pero creo que es bueno porque eso nos dará la posibilidad de tener información más confiable, más documentada. El grupo de trabajo emitió finalmente 14 recomendaciones, las cuales fueron turnadas por el Gobernador Francisco Vega hacia la Secretaria General de Gobierno para atenderlas operativamente. La respuesta oficial vino el 12 de junio aceptando cumplir puntualmente las recomendaciones, con un plazo hasta el 15 de diciembre de este año. En caso de no cumplirlas se decreta la Alerta de Género, lo que implica que sea el gobierno federal el que implemente directamente las medidas. “Lo que menos queremos es que se decrete una alerta de Violencia de Género en nuestro estado porque eso diría que no estamos haciendo nuestra tarea. Además crea una serie de conflictos al interior del estado con inversionistas, con gente del extranjero, con turismo”, sostiene el funcionario. “Nosotros como estado queremos demostrar que no estamos haciendo las cosas mal y además ubicamos como área de oportunidad cada una de estas 14 recomendaciones para hacer las cosas mejor y demostrar que sí podemos hacerlas”. Entre las tareas a realizar Gutiérrez Vidal menciona crear el Centro de Justicia para la Mujer –instancia que ya existe en cerca de 12 estados de la República—, que incluye no solo un Ministerio Público Especializado sino además una Unidad de Atención a Víctimas, un espacio de apoyo psicológico, albergue; aunque, debido al costo, considera difícil que ese espacio esté terminado antes del 15 de diciembre. Del Banco Estatal de Datos menciona que se está elaborando la plataforma con el mismo sistema del banco federal, asegura que ya se está avanzado, y están por designar a los responsables en cada una de las instancias participantes. Calculan que para octubre ya lo tendrían listo y enlazados con el espacio nacional. Del programa de trabajo del Sistema Estatal de Prevención y Atención de la Violencia contra mujeres, dice ya está en elaboración. En la lista se encuentra el tema de impulsar la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, lo cual corresponde al Congreso del Estado aprobar, pero existe el antecedente de que ha habido dos intentos de aprobar esta ley, pero han surgido obstáculos de parte de grupos y activistas sociales. “Somos el único estado que no tenemos Ley de Igualdad, todos los demás estados ya la tienen, es una obligación que impone la ley federal. Además es un punto que Indesol le advirtió a Inmujer en el estado que si para el próximo año no hay ley de igualdad, no habrá recursos para programas de atención a la violencia contra las mujeres”. De las Órdenes de Restricción, Gutiérrez Vidal asegura que va muy avanzado y que ya se cuenta con teléfonos celulares básicos que solo marcan al número de emergencia para avisar sobre el peligro de violencia. También la creación de Ministerios Públicos Especializados y de una Casa de Tránsito para Mujeres; Inmujer tiene una casa móvil que les fue donada. Sobre la capacitación de servidores públicos, Vidal refiere van muy avanzados, por lo tanto solicitarían una visita del grupo a mediados de septiembre para revisar los rubros donde hay desarrollo, y no tener que esperar hasta mediados de diciembre.     Las recomendaciones   – La creación de un banco estatal de datos relativos a la violencia contra las mujeres (víctimas y agresores) alimentado con información de todas las instancias y vinculados a un banco nacional de datos – La elaboración, publicación y difusión de un Programa Estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres – La creación de una Ley de igualdad entre mujeres y hombres para garantizar la igualdad sustantiva y de trato – La dotación a Inmujer de mayor infraestructura, recursos y presupuesto para desarrollar sus actividades – La creación de agencias especializadas en los delitos de feminicidio y desapariciones de mujeres – La protección de las mujeres víctimas de violencia y sus familiares, mediante la instalación de albergues y la creación de un Centro de Justicia para las Mujeres – La creación de protocolos especializados en la investigación de feminicidio y de delitos contra la libertad y seguridad sexual de las personas – La capacitación al personal involucrado en cuanto al tema de Órdenes de Protección – La capacitación a servidores públicos en cuanto a la atención a mujeres víctimas de violencia – La capacitación a prestadores de servicios de salud en cuanto a la NOM 046 (para que puedan detectar posibles casos de violencia) – Capacitación permanente a policías municipales en cuanto a igualdad de género y derechos humanos – Realizar campañas de prevención en la entidad dirigidas a los grupos más vulnerables como los de la comunidad lésbico-gay-transgénero, indígenas, migrantes, jornaleras -La creación de programas de reeducación a hombres generadores de distintos tipos de violencia basados en un enfoque de derechos humanos.