Porque así lo dice el Código Penal; roba bebé, tiene posibilidad de libertad

A una semana de haber sido detenida por el rapto de la bebé Luz Maité de un mes de nacida, a Miriam Guadalupe Padilla Aguilar se le giró orden de aprehensión por el delito de sustracción de menores. El 24 de junio, la mujer fue detenida mientras se escondía en la casa de una amiga en el fraccionamiento Otay Módulos de Tijuana. Dos días antes, tras hacerse pasar por trabajadora de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), había conseguido que Ana Luz Ibáñez, de 16 años, le confiara a su hija recién nacida bajo la promesa de otorgarle apoyo en pañales, leche y una aportación económica mensual a través de la dependencia federal. Sin embargo, tras ingresar a la Clínica 7 del IMSS para un supuesto examen médico a la menor, la mujer desapareció. La menor, tras la emisión de la Alerta Amber, fue localizada 24 horas después. La bebé se encontraba bajo el cuidado de Jesús Robles Larios, pareja de Miriam Padilla y quien, al ser detenido, dijo desconocer del robo de la menor, por lo que fue puesto en libertad. “Ella en su declaración manifestó que fingía un embarazo, en tanto su pareja sentimental dijo desconocer la situación de la sustracción de menores”, refirió Jorge Álvarez Mendoza, subprocurador de Justicia en Tijuana. Al momento de su arresto, Padilla Aguilar de 42 años de edad, se encontraba en posesión de un cuchillo, por lo que fue consignada por portación de arma de uso prohibido, delito con el que se le dictó auto de formal prisión. Sin embargo, al tratarse de un delito no grave le fue fijada una fianza de 10 mil pesos. Después, el martes 30 de junio, el Juzgado Séptimo Penal decretó una orden de aprehensión en contra de la mujer por el delito de sustracción de menores, misma que los agentes ministeriales cumplimentaron. Miriam Guadalupe se encuentra internada en la Penitenciaria de La Mesa, pero con la posibilidad de salir en libertad bajo fianza, pues el delito por el que se le procesa no está considerado como grave. Al respecto, el diputado local Roberto Dávalos declaró que miembros de la actual Legislatura han manifestado inquietudes por reformar el Código Penal del Estado y así tipificar la sustracción de menores como un delito grave.