PGR recibe solicitud de investigación en espionaje de gobierno

La PGR (Procuraduría General de la República) recibió formalmente una solicitud para que se investigue y se sancionen los delitos que se desprenden del espionaje cometido por el Gobierno del Estado. “Es evidente, que el Gobierno del Estado de Baja California interviene ilegítimamente las comunicaciones privadas de las personas en su perjuicio, obtenidas mediante la intromisión ilícita de los sistemas de monitoreo contratados a la empresa italiana Hacking Team”, explica el Partido Encuentro Social.  En la tarde de este 13 de julio, Luis Moreno Hernández y Mónica Vega Aguirre, dirigente y vocera, respectivamente del PES en Baja California, entregaron en las oficinas de la delegación de la PGR en Baja California la solicitud formal. El oficio que recibió el Ministerio Público Federal fue dirigido a Martín Ortiz Lerma, delegado de la Procuraduría en el Estado. A la letra pide el documento redactado por el PES: “a través de este conducto tengo a bien solicitar formalmente (que) inicie una profunda  investigación al Gobierno Estatal de Baja California por los señalamientos e información aparecida en diversos medios de comunicación que dan cuenta de una amplia red de espionaje telefónico y cibernético”. El oficio del PES, advierte la importancia de la privacidad o intimidad de los ciudadanos, pues son derechos fundamentales expresados en la Constitución Política y en tratados internacionales que el Gobierno de México reconoce. ZETA documentó las relaciones, empresas y montos contratados por el gobierno del Estado en el supuesto “sofisticado” equipo de espionaje que fue descubierto y localizado: http://zetatijuana.com/noticias/reportajez/23292/espia-gobierno-a-funcionarios-y-candidatos Además, se manifiesta “la urgencia de implementar medidas  cautelares en contra el Gobierno del Estado de Baja California, con la finalidad de que garantice el derecho a la privacidad en internet y que se siente un precedente jurídico en nuestra entidad que nos proteja contra la vigilancia, las interceptaciones y la recopilación ilegal de datos en la red”. “El  gobierno de Baja California traicionó nuestra confianza vulnerando nuestra privacidad”, remata la solicitud de investigación.