NSJP: caro e incierto

— ¿Cuánto va a costar el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Baja California Sur?, preguntó ZETA al secretario ejecutivo, Marco Antonio Valdés Corrales. El principal responsable de implementar el nuevo modelo de procuración e impartición de justicia en el Estado, se desconcertó. No supo qué decir ni qué responder, solo atinó a comentar: “Fíjate que esa es una pregunta que todavía no podemos responder, porque no tenemos el dato exacto”. Asimismo, expuso  que en el arranque del NSJP se gastarán 161 millones de pesos para que este nuevo esquema de justicia pueda operar desde su entrada en vigor en “óptimas condiciones”, donde la mayor parte del éxito radicará principalmente en la capacitación de policías, peritos, defensores, agentes del Ministerio Público del Fuero Común, facilitadores, jueces y hasta los abogados particulares que se encargarán de asesorar tanto a la víctima como al inculpado. Con base en el Decreto 2176, el Nuevo Sistema de Justicia Penal fue aprobado el 26 de junio de 2014 por los diputados de la XIII Legislatura. Arrancó el 1 de julio en Comondú, y gradualmente lo hará de la siguiente manera: * El 1 de enero de 2016 en La Paz. * El 1 de junio de 2016 en Loreto, Mulegé y Los Cabos. La entrada en vigor del NSJP  “va a ser muy costosa”, advirtió Valdés Corrales, porque se cuenta con poco dinero para financiar su implementación y deberá estar operando total y forzosamente a más tardar en junio de 2016, en los 32 estados de la República Mexicana. El dinero que hasta ahora tienen proyectado invertir en este nuevo modelo de justicia, solo alcanzará para terminar el Centro de Justicia Penal, que contará con nuevo edificio en Comondú, La Paz y la primera etapa en San José del Cabo. — ¿Y el resto? ¿Cabo San Lucas, Loreto, Santa Rosalía y Guerrero Negro? “Quedaría pendiente o sujeto a como fluya el dinero de la inversión del Gobierno Federal para construir la infraestructura de la obra civil que faltaría en esas poblaciones tan dispersas de la capital del Estado”, respondió el funcionario, y fue más explícito: “Aunque tuviéramos el recurso, difícilmente nos alcanzará el tiempo para ejecutar y construir los proyectos de infraestructura que hacen falta, y el Plan B, digamos así, es que se puede iniciar hasta rentando y acondicionando espacios, porque el tiempo lo tenemos encima, y trabajando paralelamente en la gestión de los recursos para crear la infraestructura que hace falta”. Durante una entrevista con ZETA, el secretario ejecutivo del NSJP dijo que actualmente cuentan con tres programas de fondos federales, de los cuales lograron bajar los siguientes recursos: * 33 millones del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP),  el cual fue utilizado en el equipamiento de las operadoras del nuevo sistema, que son Tribunal Superior de Justicia del Estado, Procuraduría General de Justicia del Estado, Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública y Defensoría. *  56 millones del Fondo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y otros 56 millones de un fideicomiso del Gobierno del Estado, que en conjunto suman 112 millones de pesos para la creación de la obra civil de los edificios de Comondú y La Paz, así como cableado, estructurado y acabados de los Centros de Justicia. * 16 millones del Fondo de la Secretaría Técnica (SETEC) de la Secretaría de Gobernación para equipo pericial, mobiliario y capacitación. Desde que hizo la presentación del nuevo modelo de justicia, particularmente el 18 de junio de 2008, el gobierno de México anunció la creación de un fondo especial de 5 mil millones de pesos a repartir en los 32 Estados y el financiamiento de la construcción de la obra civil de los Centros de Justicia del NSJP, aunque al final, únicamente repartió 4 mil millones de pesos, de los cuales 56 millones fueron para el Estado de Baja California Sur. Con los mil millones restantes, el Gobierno de la República creó un fondo denominado Concursable, donde todas las entidades tuvieron oportunidad de presentar proyectos, y donde en el caso de Baja California Sur fue presentando y aprobado el proyecto de construcción de la primera etapa del Centro de Justicia de San José del Cabo, el cual comenzará tentativamente a construirse, una vez que sea terminado el de La Paz. El verdadero reto para el gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, y de su sucesor, Carlos Mendoza Davis, será generar presencia institucional de las operadoras de justicia en lugares tan distantes como Guerrero Negro, y aunque “no pinta mucho -según el responsable del NSJP, Marco Antonio Valdés- el no tener infraestructura en esa zona, tendrías que obligar a los pobladores a buscar justicia en el punto más cercano, que va a ser Santa Rosalía, y sería de plano un problema de acceso a la justicia”. El Gobierno Federal -responsable de empujar el NSJP en toda la República dejará la mayor carga económica a las entidades federativas, las cuales deberán hacerse cargo del pago de nómina y los gastos de operación, del nuevo y del viejo sistema de justicia, una vez que inicie el proceso de transición que deberá durar entre dos y cuatro años, lo que se convertirá en una carga económica para todos los gobiernos, en este caso, el de Baja California Sur.   El NSJP   El nuevo modelo de justicia consiste en equilibrar los derechos de las víctimas e imputados, con base en los compromisos internacionales firmados por México en materia de Derechos Humanos y la necesidad de modernizar los sistemas judiciales.   El 5 de marzo de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que la investigación de los delitos tenga un lineamiento nacional y no haya diferencia en los métodos usados en los Estados y el Gobierno de la República, a pesar de que cada entidad tendría su Código Penal acorde a la problemática de la región. A diferencia del tradicional, el Nuevo Sistema de Justicia Penal busca que la mayoría de los asuntos no lleguen a los jueces, sino que puedan ser “mediables” en el caso de los delitos tipificados como no graves, cuando estén en manos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, y evitar largos procesos que con el actual sistema de justicia, pueden tomar hasta diez años en resolverse. Una vez que se haya cometido un delito, las salidas alternativas de solución son: Proceso Abreviado.  Consiste en dar al imputado la oportunidad de aceptar su responsabilidad, evitando realizar un juicio largo que genere desgaste emocional y económico a la victima, reparando el daño e iniciando a la vez el proceso de reinserción social. Suspensión Condicional del Proceso. Para las personas que por primera vez cometan un delito no grave, podrán solicitar al Juez de Control –previo a iniciar el juicio formal suspender el juicio a cambio de aceptar su culpa, comprometiéndose a indemnizar por el daño causado y asumir las condiciones que imponga el juzgador. Criterio de Oportunidad. Garantizará que el acusado repare el daño ocasionado a la victima o esta última manifieste su falta de interés en dicha reparación. El Agente del Ministerio Público tendrá la oportunidad de no acusar al imputado ante la instancia judicial, cuando exista mínima afectación a la victima, el inculpado haya sufrido un daño grave al cometer el delito y colabore en la investigación de un hecho más grave cometido por el inculpado. Justicia Alternativa. Encaminada a lograr un acuerdo entre las partes para reparar el daño, auxiliados por un especialista en mediación, o bien, conciliación. Se utilizará siempre y cuando el acusado no haya celebrado anteriormente otros acuerdos con cualquier persona por la misma causa; es decir, que no abuse del beneficio, llegando a acuerdos y evite en todo momento el juicio. El nuevo sistema operara como su antecesor  en cuanto a la investigación, recabación de pruebas hasta llegar al juicio y al no haber ningún arreglo o “medicación”. Lo que cambiaría es que los juicios serán orales, en una audiencia pública en la que el Agente del Ministerio Público y la defensoría del inculpado, debatirán sus posturas públicamente y habrá de ser presidida por un Tribunal de Enjuiciamiento. El juez del Juicio Oral escuchará a las partes  y valorará las pruebas que se desahogaron en los interrogatorios, posteriormente dictará la sentencia que determine de inocencia o culpabilidad del imputado, la cual será leída y explicada oralmente, de una manera clara y precisa para el imputado y la víctima. Bajo el NSJP, cuatro delitos están tipificados como graves: homicidio, violación, secuestro y utilización de armas y explosivos en delitos cometidos, como pueden ser robo y extorsión.   La capacitación   El nuevo modelo de justicia penal entró el vigor el miércoles 1 de julio en el municipio de Comondú, entre el optimismo de las autoridades y la preocupación de los abogados, sobre todo particulares, quienes forzosamente deberán entrar a capacitación para adquirir destreza en los juicios orales, de lo contrario y en virtud de que las audiencias habrán de ser públicas, correrán el riesgo de ser exhibidos frente a sus propios clientes, en caso de que no sepan qué decir y cómo actuar en un proceso, sea penal, civil o mercantil. El corazón agrícola del Estado fue seleccionado como el primero porque -según el secretario ejecutivo del NSJP- “tiene una tasa media de incidencia delictiva” y requerían ir observando, analizando y revisando cómo y de qué manera estaba caminando el nuevo modelo para cuando llegue a los municipios con mayor población, como La Paz y Los Cabos, poder corregir y tomar medidas de solución. En otras palabras, ir perfeccionando el sistema de justicia para evitar que sea “un fracaso”, tal y como reconoció el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Daniel Gallo Rodríguez. Durante una entrevista, el representante del Poder Judicial definió como “un cambio radical” la implementación del NSJP, y “si alguna de las operadoras del nuevo esquema no funciona bien, puede meternos en problemas, como ha pasado en otros Estados, donde no se ha colapsado, pero sí ha generado impunidad si el engranaje no funciona como debe ser”. La incertidumbre es compartida con la presidenta del Colegio de Abogados de Baja California Sur, Ligia Muñoz Peña, quien de entrada, consideró que el nuevo modelo de justicia “es complicado”, inclusive “había una resistencia del gremio, porque traemos una escuela de toda la vida en la manera de litigar, desde la escuela hasta la práctica”, y ahora “vemos que tememos que cambiar ese chip”, porque todo es predominantemente oral. “Tenemos que capacitarnos y estar listos para poder representar a nuestros clientes en las audiencias, y adquirir destreza, porque se vienen los juicios orales y tenemos que saber cómo conducirnos en una sala en todas las materias, de modo que tenemos que ponernos las pilas y a estudiar de nuevo”, reflexionó. En tanto, la presidenta del Colegio de Abogados del Estado, Ligia Muñoz Peña, quien prácticamente tomó el cargo -apenas el 20 de junio-, trae justamente la capacitación del gremio de litigantes en materia del NSJP dentro de su plan de trabajo, donde pretenden traer personalidades jurídicas de amplia experiencia que puedan exponer sus experiencias y ofrecer cursos para estarse preparando constantemente. De ahí que en la actualidad se están preparando para un curso en línea ofrecido por la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobernación, cuyas inscripciones se cierran el 10 de agosto, además de otro curso de capacitación en materia penal por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al cual podrán inscribirse máximo 25 abogados particulares.