No avanza proceso en Conciliación y Arbitraje: acusa que abogada de empresa es hija del Presidente de la Junta Local

Aunque ha ganado dos instancias del pleito laboral que mantiene desde 2009 con la empresa PGM Transport –asegura lo despidieron por sus preferencias sexuales—, a partir del 2013 Omar Lara Salas ha visto detenido el proceso al no desahogarse las declaraciones de testigos necesarios.  Lara relata que fue separado de su cargo administrativo luego de un cambio de dirección en la empresa, cuando su superior le dijo que “no quería a homosexuales trabajando para él”. Días después, la totalidad del personal de su área fue removido, e iniciaron una demanda colectiva, pero solo él continuó. Exige 50 mil dólares y 300 mil pesos por sueldos caídos, y señala, sin mencionar nombres, que ejecutivos de la empresa se han acercado a su abogada para sobornarla o para pagarle honorarios a cambio que no siga con el asunto. De acuerdo a un oficio girado el 21 de mayo por la junta tres de Conciliación y Arbitraje, para que el proceso continúe es necesario que se presenten a declarar: José Arnoldo Arana Contreras, Rubén López Ávalos y David Escarsega Guevara como los testigos, “quienes deberán ser presentados por conducto de la fuerza pública”, apoyados por Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). No obstante, cada que llega la fecha las personas mencionadas no se presentan, la última de las citas fue el viernes 19 de junio. Lo anterior hace que Omar Lara Salas presuma que hay una intención por alargar el pleito laboral, presunción que fortalece al referir que la abogada de la empresa demandada, Ana Gabriela Méndez, es hija del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Arturo Méndez Preciado. A ambos acusa de entorpecer el caso, por lo que interpuso una denuncia en la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental el 2 de junio. Arturo Méndez Preciado indicó que en este caso la empresa presentó pruebas testimoniales y al parecer los testigos ya no laboran ahí, por lo que no puede presentarlos directamente y se han girado los oficios correspondientes a la Dirección de Policía y Tránsito Municipal. El problema principal, dijo, es el nulo caso que hace la SSPM a los oficios girados por la Junta. Lo anterior, a pesar de que oficialmente, la secretaría pidió apoyo de la corporación estatal y no municipal. Sobre las acusaciones en torno a su hija, dijo desconocer los juicios en los que está litigando, salvo éste, pero desconoce el rumbo que lleva el expediente. Señaló no tener injerencia directa en el caso, ya que “los presidentes (de las juntas) son totalmente autónomos”, y el ritmo de los juicios se lo dan las partes presentando prontamente testigos y pruebas, sobre todo cuando son muy contenciosos, y en caso de irregularidades deben hacérselas saber a él, como el hecho de que la policía no presenta a los testigos, dijo. Méndez Preciado negó tener participación en el Bufete Méndez Preciado y Asociados, donde labora su hija, como abogado tanto como accionista. En el caso de las presiones señaladas a la abogada del trabajador, expresó que las denuncias contra las autoridades deben ponerse en Contraloría y se pueden imponer sanciones como la remoción, suspensión, entre otras, siempre y cuando se certifiquen los hechos. ZETA intentó concretar una entrevista con Ana Gabriela Méndez, cuya secretaria en reiteradas ocasiones dijo que se comunicaría, cosa que no sucedió.