Negligencia en asilos Querétaro y Janitzio

La muerte de 17 personas en el Asilo de Ancianos ocurrida el 23 de junio del 2015 en el Ejido Querétaro no fue una casualidad y pudo ocurrir en cualquier institución de asistencia social en la entidad, de manera negligente autoridades municipales y estatales encargadas de la regulación de este tipo de giros no cumplieron con normas, reglamentos y leyes encaminadas a la protección de los adultos mayores en la entidad. A tal punto el descuido de los grupos vulnerables, que olvidaron la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Baja California,  publicada el 6 de enero del 2012 bajo el decreto 159, que no estuvo vigente sino hasta el jueves 2 de julio del 2015. El gobernador Francisco Vega de Lamadrid pudo evitar la tragedia si hubiera escuchado a la señora Mercedes García Guerra, presidente de la asociación Dignidad, Amor y Respeto A. C., quien en 3 ocasiones se le acercó en espacios públicos, a él y su esposa Brenda Ruacho de Vega, para indicarles que existía esa ley y que se estaba incumpliendo. No fue sino hasta que fallecieron 17 personas que Vega de Lamadrid la recibió en su oficina, no por que quisiera, la dama se manifestó ante medios de comunicación con la Ley en mano y por ello consiguió la reunión, ahí le informó de la omisión de su gobierno, y convocó a la instalación del Consejo del Adulto Mayor el 2 de julio. Ese Consejo debía haber sesionado cada 3 meses desde el año 2012. La ley es clara y señala como responsables de cuidar de la seguridad de los adultos mayores, al Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda, al alcalde de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa, a la presidenta del DIF, Brenda Ruacho y al Secretario de Salud, Sergio Tolento y el titular de Sedesoe, Ricardo Magaña, pero no lo hicieron. La legislación obliga al Estado a promover en instituciones públicas y privadas servicios con la infraestructura, mobiliario y equipo adecuado así como el recurso humano, cosa que no ocurrió en el asilo del Ejido Querétaro y fue expuesto tras el incendio (ZETA edición 2152). El Ayuntamiento de Mexicali también incumplió, Jaime Díaz a través de su director de bomberos, Fernando Rivera era el encargado de realizar inspecciones anuales al lugar y hacer cumplir el reglamento de Prevención de Incendios publicado desde el 24 de junio del 2005 y no lo hicieron.   ASILO EN REGLA: AUTORIDAD En conferencia de prensa el alcalde de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa y el Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda aseguraron, sin exhibir documentos, que el asilo de ancianos cumplía con todos los ordenamientos de ley. Evasivos en momentos, Díaz y Rueda indicaron que se realizaron las inspecciones requeridas incluyendo el plan de protección civil. Por su parte el secretario del Ayuntamiento de Mexicali, Francisco Iribe Paniagua intentó deslindar al señalar que el asilo no requería permiso de uso de suelo ya que el ejido Querétaro no se encuentra en el plan de desarrollo 2025 y por no tanto no se le exigió. La versión oficial fue refutada por el ex administrador Humberto Cota Cota, quien afirmó que en 14 años Bomberos solo acudió en 4 ocasiones, ninguna de manera oficial, y solo  para dar algunas recomendaciones.   ÚLTIMA INSPECCIÓN Incluso en 2012 –hace 3 años— la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios realizó una inspección en donde señalaron el incumplimiento en diversos puntos, entre ellos la falta de personal, higiene, e infraestructura. Así lo confirmó el jefe del Departamento de Operaciones Sanitarias de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Rosario Evaristo Ruiz Palafox. Por la falta de cumplimiento recibió un apercibimiento. El funcionario explicó que la norma NOM-031-SSA3-2012 de la Secretaría de Salud difícilmente la cumplen los establecimientos al cien por ciento en la primera visita. En cuanto a registros de dependencia solo tiene en sus archivos a 36 asilos en todo el estado, de los cuales 10 se encuentran en Mexicali y no descarta que pudieran existir algunos en la clandestinidad. Reconoció que ante la falta de personal de la dependencia las inspecciones no se realizan con una periodicidad definida.   REQUISITOS La norma NOM-031-SSA3-2012 publicada el 29 de junio del 2012 regula la prestación de servicios de asistencia social a adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad, menciona que debe de existir un programa interno de protección civil, y estar debidamente incorporada al directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. El documento en poder de ZETA señala que en cuanto a recursos humanos el asilo debe contar con un responsable sanitario, médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermera, cuidador, trabajador social, dietista, cocinero, intendente, y vigilante las 24 horas del día, cuestión que incumplía al momento del incendio. En cuanto a la infraestructura la reglamentación incluye  la obligatoriedad de espacios planeados y diseñados, consultorio médico, pasamanos, sistemas de alarma de emergencia contra incendios y médica y luces de emergencia que por desgracia no tenían en orden. Otro requerimiento obliga a las instituciones a un diseño arquitectónico para desalojar el inmueble en caso de contingencia, prevención contra incendios, detectores de humo, extintores colocados en lugares estratégicos, puertas de salidas de emergencia además de que los muros no deben de ser construidos con materiales inflamables, cuestión que se incumplió al construirse por etapas y con madera, incluso la cocina se encontraba cercana a los dormitorios.   AYUNTAMIENTO INCONGRUENTE El ayuntamiento incumplió la Ley de Adultos Mayores, porque estaba obligado a crear un padrón de adultos mayores, además de realizar inspecciones y vigilancias para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de calidad de vida. Entre sus obligaciones debían crear un Consejo Municipal 90 días después de entrada en vigor de la Ley además de que tenían un máximo de 120 días para adecuar un reglamento y ponerlo en funcionamiento. Según el artículo 37 del reglamento de Prevención de Incendios que entró en vigor el 24 de junio del 2005, el departamento de bomberos debía capacitar al personal del asilo, además de emitir un certificado de aprobación de dispositivos de seguridad e instalaciones contra incendio. También el artículo 66 obliga a las casas de asistencia contar con alarma contra incendio sonora-visual y en el artículo 82 señala que los edificios deberán contar con señalizaciones para identificar vías de evacuación y salidas de emergencia, las cuales deberán instalarse en pasillos y áreas comunes, a cada treinta metros como máximo en pasillos abiertos y visibles desde cualquier ángulo del establecimiento, debiendo indicar claramente la ruta hacia la salida más cercana, ZETA realizó una inspección en el lugar con estos elementos cerciorándose de que no se cumplía con este supuesto. Los artículos 138 y 191 señalan que el edificio debió contar con un sistema  de rociadores automáticos y tener una inspección anual de rutina.   EJIDO JANITZIO, UNA TRAMPA Los sobrevivientes del incendio en el asilo del Ejido Querétaro fueron trasladados al asilo “Dr. Carlos Canseco”, ubicado en el Ejido Janitzio, pero tampoco están seguros ahí. Desde el día del incendio evitaron el ingreso de la prensa y fue hasta el martes 30 de junio en donde la presidenta del DIF estatal, Brenda Ruacho realizó un donativo a la institución, ya con el escenario a modo, los medios de comunicación entrevistaron a la funcionaria, quien no dejó de regocijarse por las acciones de gobierno.  Un ex empleado del DIF entrevistado por ZETA indicó que los asilos se encuentran en total abandono incluido el “Dr. Carlos Canseco” –único administrado por el municipio—,  los señala de otra tragedia en la que fallecieron en menos de un mes al menos 14 personas por negligencia de los administradores debido al frío y desnutrición. Esta versión fue corroborada por una empleada actual –quien por cuestiones laborales no quiso dar su nombre—, indicó que la administración anterior dejó 84 abuelos internos y que en el último reporte apenas tenían 62, lo que significa que varios murieron. Ésta, informó que la plantilla de personal fue drásticamente recortada, que tenían 64 empleados y los redujeron a menos de 44 personas. “Antes había un médico de planta que tenía un horario fijo de 8 de la mañana a 3 de la tarde y estaba en contacto con los enfermeros, los cuales había por lo menos 2 en cada turno y estaban las 24 horas”, dijo la trabajadora. Afirmó que hubo recorte en cuidadores, médicos, enfermeros y un psicólogo de planta por órdenes de la anterior administración encabezada por Ana Luisa Hernández Ochoa, entre sus primeras acciones les quitó el baño matutino a los ancianos para ahorrar agua y material como jabón, shampoo, y guantes de látex para los enfermeros, esta mujer fue dada de baja en abril. En el mismo mes ingresó Cecilia Núñez, quien en un principio negaba ser la administradora del asilo pero ante las entrevistas de los medios –por la tragedia— ya se presentó como directora. ZETA tiene en su poder una la demanda con Número Único de Caso 0202-2014-20175 presentada el 5 de mayo del 2014 en donde la psicóloga Beatriz Adriana Zúñiga denunció a la administradora Ana Luisa Hernández Ochoa por abuso de autoridad. La denunciante afirmó que Hernández Ochoa prohibió los baños matutinos de los internos con el fin de ahorrar agua, lo que provocó enfermedades graves en los ancianos, confirmando las declaraciones de empleados de DIF, pero va más allá y señala que se racionó el alimento con el fin de evitar desperdiciar comida y suministraba alimentos en estado de descomposición. La denuncia penal –al igual que otros testimonios— afirma que se dejó sin un médico de planta y retiró personal de enfermería, incluso advirtió la carencia de medicamentos suficientes lo que pudo tener consecuencias fatales, en su informe indica que en enero del 2014 fallecieron entre 12 y 15 abuelos, cuestión que “nunca había pasado”.   SE DESLINDAN AUTORIDADES El Secretario de Desarrollo Social, Ricardo Magaña Mosqueda y quien presidió la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Atención a Adultos Mayores dijo que se buscará que nadie evada la responsabilidad de lo que le corresponde, por lo que se va a crear un marco jurídico más adecuado a las personas de la tercera edad. “Son centros que son irregulares porque nosotros mismos les ponemos tropiezos para que se regularicen formalmente, estoy hablando de un plan de contingencia, que se los dé gratuito” dijo el funcionario. En el caso concreto del asilo informó que Sedesoe le retiró los apoyos en 2014 debido a que al surgir dos administraciones se determinó que hasta regularizarse se les volvería a brindar el apoyo pero no lo hicieron. El director General del DIF Baja California, Magdaleno Chávez Lara deslindó a la institución al señalar que no es una asignación particular la supervisión de los asilos, sin embargo, dijo que hacen llegar apoyos a personas de edad avanzada, ya que no existe obligación legal de llevar un registro ni control de los asilos, afirmó que en la entidad se apoya a 40 instituciones y en particular en Mexicali a 12. Sin embargo, Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores en su artículo 30 señala que el DIF deberá hacerse responsable de los adultos mayores cuando los familiares no puedan encargarse del cuidado de las personas adultas mayores.       La disputa entre Cota y Sánchez   Entrevistado en el asilo Hermoso Atardecer, en el Ejido Veracruz, Humberto Cota Cota negó ser el responsable del incendio en el asilo Querétaro, y rechazó haber amenazado a la actual dirección, quienes lo denunciaron por administración fraudulenta cuando estuvo a cargo. Según Cota,  la construcción se realizó de madera debido a los bajos recursos que tenían y, por la cuestión sísmica, el 20 de septiembre de 2012 tuvieron la primera alarma, cuando cerca de las ocho de la noche se presentó un connato de incendio, pero lograron sacar a los 75 ancianos que allí se encontraban. Derivado de ello se contrató a un técnico que cada mes revisaba las instalaciones eléctricas, sin embargo, a partir del cambio de administración ya no fue requerido. Humberto Cota asegura no haber sido notificado de la denuncia penal que en la PGJE existe en su contra por administración fraudulenta, ni por amenazas. “Nunca amenacé, por 14 años sigo luchando por la protección e integración del adulto mayor (…), jamás pasaría por mi mente eso”, declaró. El ex diputado priista y actual gerente general de la Comisión Nacional Forestal en Baja California, Sergio Avitia Nalda, fue quien entregó las dos hectáreas a Cota cuando este era comisariado ejidal. Años después, junto con Lourdes Sánchez, le quitaría la dirigencia y él sería nombrado vocal de la asociación civil. El funcionario federal dijo estar muy molesto y consternado por los hechos, y espera que todo salga a la luz: “Yo les dije que no había crímenes perfectos, hay que buscar al responsable de eso, alguien lo hizo”, sentenció.     PGJE sin dictamen de PGR   El subprocurador en Mexicali, Fernando Ramírez Amador, indicó que el expediente del incendio en el Ejido Querétaro pasará a la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado, debido a que en los próximos meses se convertirá en Unidad de Investigaciones Especiales. Afirmó que hasta el momento han declarado 20 personas relacionadas con los hechos ocurridos el 23 de junio y que ya se tienen las pruebas de ADN de siete de los cuerpos, por lo que se entregarán a los familiares, además de que ya se recibió la documentación del Ayuntamiento. De igual manera, informó que la PGR envió a un nuevo perito en materia de electricidad, por lo que se complementarán los peritajes en materia de incendio tanto de la PGJE como de la Procuraduría General de la República, pero hasta el momento no han concluido. Por último, Ramírez dio a conocer que aún no se ha citado a los ex administradores del asilo, ya que el carácter del incendio está por definirse.