Nadie ha revisado a internado juvenil

Desde que se difundió el video en el que aparecen jóvenes del internado Proyección Preventiva Juvenil (PPJ) cargando a un muchacho golpeado, ninguna autoridad gubernamental ha llamado a los directivos a rendir cuentas. Tampoco se les ha notificado de alguna denuncia en su contra. Pablo Moreno, director general de PPJ, asegura que no hay autoridad que los regule, aunque sí están registrados como asociación civil en el Gobierno del Estado. Explica que ellos se rigen por la Normas Oficiales Mexicanas 028 y 032, que se refieren a la prevención y tratamiento de adicciones, y a temas de salubridad y control de enfermedades, aunque en realidad no se especializan en apoyo a jóvenes adictos. En el video que empezó a ser difundido el lunes 6 de julio, se observa cómo un puñado de jóvenes llevan cargando a otro más que tiene heridas en el rostro. Mientras lo bajan por una loma, una señora les exige a gritos que lo dejen, e incluso, con palabras altisonantes sostiene: “No saben con quién se están metiendo”. Los muchachos portan vestimenta con el nombre de la asociación y, aunque les exigen la liberación del que no portaba camiseta ni zapatos y a gritos pedía ayuda, lo meten de nuevo a las instalaciones del internado. ZETA buscó a Pablo Moreno, quien asegura se trató de un malentendido y que en ningún momento Ulises fue golpeado, ni por sus compañeros, ni por algún maestro o directivo. Dijo que al intentar escapar saltó un cerco con alambre de púas y cayó de una altura de casi tres metros, y posiblemente fue en ese momento que resultó herido. Moreno entregó diversos videos a este Semanario sacados del sistema de vigilancia del internado. En ellos se ve cómo los compañeros de Ulises tratan de controlarlo, que este toma un pedazo de cristal y lo azota contra una ventana, y posteriormente sale por otra de las ventanas del internado. En otro video, se observa cómo corre después de saltar la barda y es seguido por el resto de los internos. Cuando regresan cargándolo, en el material se observa cómo los muchachos se agachan cuando los vecinos les arrojan piedras. “Lo que los vecinos grabaron es esa parte, donde ya está todo lastimado, pero en ningún momento en la grabación se ve que lo golpeen. Al contrario, los vecinos tiraron piedras”, menciona Moreno. Dos jóvenes internos  narraron lo mismo a ZETA, asegurando que la molestia de Ulises es que no quería pasar los nueve meses de tratamiento conductual en el internado, puesto que anteriormente ya había estado ahí sin culminarlo. Durante la entrevista, Pablo Moreno se comunicó con quien dijo es el padre de Ulises, trató de convencerlo de que públicamente aclarara lo ocurrido con su hijo, pero este respondió que saldría de vacaciones y que no podía hacerlo. También comentó que su hijo no quiso acudir al Ministerio Público a que le certificaran las heridas. “Hablé con el papá de joven. Primero sí creyó que lo habían golpeado. Yo quiero ver qué puedo hacer con el papá y el joven para que ellos digan la verdad, porque ellos son las únicas personas que pueden limpiar este cochinero que se hizo. Se me hizo muy injusto por parte del el periódico El Mexicano que sacó la nota sin darnos el derecho de réplica”. El director de PPJ mostró a ZETA el registro como asociación civil, así como su revalidación en el catálogo de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE), en la que de acuerdo a la dependencia, no pide apoyo desde el año 2009. Insistió en que no hay instancia gubernamental que los regule, aun cuando se suscitaron estos hechos, y por lo menos en el Gobierno del Estado se confirmó esta versión.  “Desgraciadamente no ha venido nadie a revisarnos, nosotros como no somos centro de rehabilitación, no es salud. De hecho para pedir una regularización, tuvieron que agarrar de dos normas. No había ningún internado que atendiera la conducta y nuestro gobierno no tenía esto contemplado”. Actualmente hay 40 jóvenes menores de edad en el internado, a los que se les da asesoría psicológica para mejorar su conducta. Se les asignan actividades diarias en las que entran las deportivas. Los padres pagan 200 pesos al día por el servicio. Preguntando entre los internos, se pudo conocer que algunos llegan de Estados Unidos y de otras entidades de la República Mexicana. Sobre el tema, al ser cuestionado, el alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán, mencionó que la situación no le compete a la autoridad municipal. Por otra parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), informó que por este hecho no pueden abrirse investigaciones de oficio, al no estar involucradas entidades gubernamentales.