En Tijuana, el delito de despojo tuvo un crecimiento del 35 por ciento en 2014, es decir, cada vez más personas son víctimas de desalojo en sus propiedades. El rezago en la titularidad de bienes muebles, además de la falta de coordinación entre autoridades municipales y estatales, han permitido el crecimiento del ilícito, que ocupa el tercer lugar en el índice delictivo a nivel estatal. El abogado Carlos Atilano Peña advierte que de cada 100 delitos que se denuncian, solo tres son sancionados, lo que abre la puerta a la impunidad para quienes cometen una infracción; la misma suerte corren las denuncias por despojo. En 2014, los tijuanenses notificaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) 440 denuncias por despojo; de enero a mayo de 2015 la cifra es de 213 y, al término del año, la cifra bien podría igualarse o, en su defecto, ser superada. En su Artículo 226, el Código Penal para el Estado de Baja California establece que se aplicará de uno a seis años de prisión y hasta 200 días de multa a quien de propia autoridad y haciendo uso de violencia o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca; empero, en la mayoría de las ocasiones la ineficiencia de las autoridades y el tortuguismo en las averiguaciones previas, hacen que la sentencia no se cumpla, advirtió a ZETA un abogado. Entre tanto, de acuerdo a cifras del Poder Judicial del Estado, en el primer trimestre de 2015 se radicaron 19 mil 8 juicios en los Juzgados. Del total, 9 mil 227 fueron del ámbito civil; le siguieron el familiar (4 mil 417) y penal (3 mil 302). Sin embargo, la dependencia no establece cuántas personas fueron sentenciadas, ni cuántos los casos a favor del ciudadano. Pocos sancionados Respecto al tema, el abogado Carlos Atilano Peña dijo que las cifras oficiales que se manejan son superadas por la realidad: “No desnudan a nuestro gobierno estatal y municipal, donde el problema de la regularización de tenencia de la tierra sigue siendo uno de los grandes pendientes. Por un lado está la precaria situación económica que de manera generalizada priva en la sociedad, que es un aliciente a la comisión de estos delitos”. Situación que se ve agravada, agregó, por la poca y nula participación del Estado en el combate al despojo, ya que generalmente lo considera “un asunto entre particulares” y se abstiene de una intervención más directa. Según Atilano, lo anterior se relaciona con el desorden institucional que priva al respecto, pues la tenencia de la tierra ha sido irregular e incompleta, no ha habido la debida coordinación entre organismos, como el Municipio a través de Catastro y el Estado en el Registro Público de la Propiedad; desarticulación que lleva a crear un vacío que facilita ese tipo de conductas delictivas. Agregó que en la mayoría de las ocasiones, un predio está a nombre de un propietario y en el Registro Público, de otro, lo que genera confusión y algunos se aprovechan de ello. “También hemos visto gran cantidad de casas de interés social en abandono, debido a que el sistema bancario e hipotecario nacional no funciona, y la gran mayoría de las personas no pueden cubrir créditos que son otorgados de una manera inviable, entonces, la gente se ve obligada a dejarlos y da pauta a una gran cantidad de invasiones”, detalló. Autoridad trabajando En torno a la actualización de las bases de datos 2014, la Dirección de Catastro Municipal lleva a cabo un programa de modernización de la información con que cuenta, así como de la cartografía, y lo han reforzado en 2015. La dependencia dio a conocer que semanalmente recibe entre 100 y 150 asuntos jurídicos diversos, los cuales son turnados a las dependencias correspondientes. Los despojos son destinados a la PGJE. Por su parte y respecto al ilícito, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio informó que 80% de las inscripciones realizadas en esta oficina registral derivan de diferentes actos traslativos de dominio, como contratos de donación, compraventa o juicios de prescripción. De igual manera, reconoció no tener la posibilidad de detectar o determinar cuando les llega un trámite de cambio de propietario ilícito (despojo), “en virtud de que la documentación que se presenta para su registro, proviene de fedatarios públicos (notarios) o de jueces civiles, a quienes se les acreditó un derecho; en consecuencia quien podrá determinar si se trata de un despojo, es la autoridad competente”, reveló el RPPC. Por lo que respecta a la actualización de la información catastral, cabe recordar que en 2015 la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) invertirá 12 millones 500 mil pesos a un Nuevo Sistema de Gestión Catastral homologado con los municipios. Abandono y rezago Con base en estimaciones de Pro Vive, empresa dedicada a adquirir y reparar viviendas solas, en los complejos habitacionales que se han construido en la última década, hay una inutilización de entre 20 y 25%. En 2014 se estimaba que Tijuana contaba con un inventario de 15 mil viviendas nuevas, cifra a la que se suman las casas abandonadas que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), son 111 mil; del total, 7 mil son domicilios adjudicados para su posterior venta. Según información del gobierno estatal, aproximadamente el 10% de los desarrollos o colonias de la ciudad se encuentran irregulares en cuanto a tenencia de la tierra, mientras que en el transcurso de la administración de Francisco Vega de Lamadrid, el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI) espera regularizar 65 mil predios en Tijuana.
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