Llevarán a PGR caso de espionaje

El dirigente del Partido Encuentro Social en Baja California, Luis Moreno Hernández, anunció que presentarán en la Procuraduría General de la República (PGR) una solicitud para que investigue, y en todo caso se sancione a los responsables del espionaje desde el Gobierno del Estado. En la edición de ZETA que empezó a circular este viernes 10 de julio, se exhibe documentos, montos y relaciones de una red de espionaje contratada y operada por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado y su titular, Antonio Valladolid. Luis Moreno, exigió este día que se investigue y se finquen responsabilidades a los funcionarios señalados y para ello, el lunes próximo se presentará en las oficinas del Ministerio público federal la formal solicitud. Además el presidente del PES en el Estado señaló que los nulos resultados en materia de seguridad pública hacen aún más sospechoso el uso político del sistema de espionaje que en materia de combate a los delitos. Moreno manifestó en un comunicado una “profunda preocupación por la información acerca de la posibilidad de que autoridades estatales, de manera ilegal estén utilizando tecnología avanzada para espiar mediante la intervención de llamadas y correos electrónicos a ciudadanos en el Estado”. El ex regidor de Tijuana aseguró que “resulta indignante, de ser ciertos estos señalamientos, que la autoridad estatal cuente con este tipo de tecnología ilegal que a todas luces atenta contra la privacidad de la gente en sus comunicaciones personales, y que vulnera a quienes de manera legítima, pero responsable hemos cuestionado acciones y decisiones de las autoridades en el Estado”. Además, dijo, no existe “una aclaración contundente por parte de los actores políticos involucrados” y que hasta que no la haya “será muy difícil que las fuerzas políticas puedan mantener el nivel de diálogo y acuerdos tan necesarios para sostener la gobernabilidad en Baja California, porque este tipo de acciones de espionaje generan no solo desconfianza, sino además preocupación por el uso político que se le pueda dar a toda la información personal y privada que de manera ilegal estén obteniendo”.