Las APP’s abren la puerta a una participación más activa de los ciudadanos

Para frenar la “corrupción galopante” y los elefantes blancos en proyectos públicos, es necesario una participación más directa del sector empresarial en su proyección y desarrollo, expuso Carlo Hebert Gómez Arnaiz, presidente del Instituto Mexicano de Asociaciones Público Privadas (IMAPP). Al firmar el convenio de colaboración entre IMAPP y el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, Hebert Gómez, este viernes 24 de julio, indicó que la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas, aprobada a nivel federal y ratificada por los gobiernos estatales, abre la puerta a una participación más activa de los ciudadanos. No obstante, por ser de reciente creación, apenas un año en el caso de Baja California, poco se sabe de cómo aprovecharla, incluso en el sector público existe mucho desconocimiento en el tema, de  ahí la necesidad de capacitar para que detone, consideró. A nivel federal ya se firmó un convenio, cuyo primer punto inicia con instruir en el tema tanto a ingenieros, como a empresarios, funcionarios y ciudadanos en general. A nivel local, el acuerdo signado con el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, es el primero que se concreta en el país, subrayó Carla Díaz Alba, directora de IMAPP. Como primer punto del convenio, los días 3 y 4 de septiembre se realizarán cursos para capacitar sobre aspectos de garantía, infraestructura y cuestión jurídica del nuevo esquema de asociación entre el gobierno y particulares, además de asesorarlos de cómo armar y hacer viable un proyecto, precisó Díaz Alba. La invitación, aunque orientada a ingenieros, se hace abierta a todo el público. Pablo Hernández Lee, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, anotó que con las Asociaciones Público Privadas, se tiene la oportunidad de impulsar un desarrollo planificado, acorde a las necesidades urbanísticas de la ciudad, “La idea es empezar a trabajar en el desarrollo de proyectos viables, ya sea por propuesta del gobierno o por iniciativa propia”, añadió. En este esquema de participación el gobierno puede suscribir convenios con particulares por 20 años, con opción de prórroga por otro periodo similar, siendo recurso privado el que se invierta en obra pública, a cambio de una contraprestación con recurso del gobierno. Al final del plazo pactado la obra pasaría a ser pública. La ley establece candados y obliga a la transparencia de los convenios para evitar favoritismos o el desarrollo de acciones no viables, acotó Carlos Hebert. Isabel Mercado