Gobiernos no cumplen con Ley para discapacitados

Las acciones de los gobiernos de Baja California que perjudican a los ciudadanos con capacidades diferentes, se acumulan: * Omisión en el cumplimiento de la Ley para Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California. * Omisión de los reglamentos municipales. * Desidia en la gestión de partidas federales. * Desvío de recursos etiquetados para este sector. Por ejemplo, el Gobierno del Estado adecúa sus inmuebles públicos con rampas, en lugar de considerarlas a la hora de construir los edificios como lo marcan las normas de construcción, con los recursos que la Federación le entrega para la accesibilidad en el transporte público para personas con discapacidad, un promedio de 14 millones de pesos anuales. O a veces el gobierno retiene el fondo hasta que le es reclamado, como sucedió en 2013, cuando para gastarlo, terminaron adquiriendo 24 unidades de transporte adaptado para personas con movilidad reducida, en las que no cabía una persona en silla de ruedas, por lo que fue necesario requerir apoyo de particulares para adaptarlas. Los municipios no son la excepción, su propia reglamentación les obliga a incluir en su plantilla de trabajo a personas con discapacidad en un 2 hasta un 5%. Pero no cumplen con la Ley que promovieron. Peor aún el caso de Tijuana, donde se determinó un fondo para disponer de recursos que les permitieran acatar el reglamento, pero el 5% que se capta para esta bolsa en la revalidación de permisos para venta de bebidas alcohólicas, no se utiliza para brindar trabajo a las personas con capacidades diferentes y el dinero se desvía al gasto corriente del Municipio. Otro de los punto de las leyes y reglamentos que de manera frecuente no se cumple, es el determinar normas en el diseño de la infraestructura urbanística para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad, acción que la autoridad municipal olvida exigir cuando una licencia de construcción es solicitada. Vaya, ni en el diseño de los espacios públicos, se consideran leyes y reglamentaciones internacionales, nacionales y locales.   Discriminación laboral   En su Artículo 19, la Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California determina “impulsar su integración en el sistema ordinario de trabajo, o en su caso, en un sistema de trabajo protegido, procurando que esta integración no sea menor al 2 por ciento de la plantilla laboral del sistema…”. Este mandato, que debe ser aplicado tanto en el sector público, como en el social y el privado, para la creación y desarrollo de bolsas de trabajo, programas de capacitación y becas de empleo para personas con capacidades diferentes, no se cumple ni en las dependencias de gobierno estatales como en las municipales. El Gobierno del Estado emplea a 10 mil 800 trabajadores -de base y confianza-, más los 23 mil que laboran en las paraestatales, lo que suma una nómina de casi 34 mil burócratas, de los cuales ni el 1% registra alguna incapacidad física. Vaya, ni el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el Estado reúne en su nómina a personas con discapacidad, aun cuando su objetivo es “lograr” que un 2.7% de la plantilla laboral la integren personas con discapacidad. “No se cumple”, reconoció Magdaleno Chávez Lara, director de DIF Estatal, sin determinar el nivel de incumplimiento. “Si seguimos con un modelo asistencialista la incapacidad (seguirá) creciendo”, por ello el sistema se enfoca en agilizar la instalación de módulos de valoración para determinar la capacitación con que cuenta cada persona para ubicarla en un espacio laboral. En el Estado, actualmente se cuenta con tres centros de valoración ubicados en Tijuana, Mexicali y Ensenada, para cuyo establecimiento se cuenta con apoyo federal, informó el funcionario. Además de la Ley Estatal para Personas con Discapacidad, los municipios bajacalifornianos determinan en sus propios reglamentos una cuota para incluir a este sector en un porcentaje de su nómina. Mientras en el resto de los municipios, se establece una obligatoriedad del 2%, similar a la indicada por la ordenanza estatal, en el caso de Tijuana la cuota a cubrir es de un 4% de trabajadores con alguna discapacidad. No obstante, de los más de 9 mil trabajadores del Municipio de Tijuana, 52 cuentan con una discapacidad física cuando la cifra tendría que ser de 372, expone la regidora María del Refugio Lugo Jiménez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Asuntos Indígenas. A principios de 2015, Lugo Jiménez solicitó a Oficialía Mayor el listado del personal  que presenta alguna discapacidad; la dependencia a cargo de Marco Antonio Dueñas Soto respondió con un listado de 93 personas en el que incluía a empleados con incapacidades médicas por enfermedad como diabetes o maternidad. “Al revisarse el listado se pudo corroborar que solo 52 personas registraban alguna discapacidad física”, denunció la edil.   Ley desdentada   De acuerdo a la Ley Estatal, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) es la autoridad responsable de las acciones que en materia laboral se impulsen en favor de las personas con discapacidad en el Estado. En la Secretaría a cargo de Juana Pérez Floriano respondieron que carecen de reglamentación para aplicar sanciones, tanto a instancias de gobierno como a organismos y empresas privadas que no incluyen en su nómina cuando menos a un 2% de trabajadores con discapacidad. En el caso del sector privado, sostienen que las empresas han abierto bolsas de trabajo para este sector de la población, pero se ha carecido de convocatoria. Muestra de ello, detalla la dependencia, es que en el periodo que comprende de 2014 a lo que va de 2015, se abrieron espacios para colocar a mil personas en diferentes empresas privadas, pero solo se han acercado 550 personas a las que se les ha orientado y brindado apoyo de capacitación, lográndose colocar en un empleo al 70 de los solicitantes. En el caso del sector público, “solo podemos emitir recomendaciones por no cumplir con la disposición de la Ley para personas con discapacidad, y así lo hemos hecho”, expone la Dirección de Inspección del Trabajo de la STPS, a cargo de Sergio Federico Gamboa.   Presupuesto segregado, mal gastado…   En Baja California, la atención para discapacidad se da a través de centros de rehabilitación, o por medio de la asistencia social, teniendo como intermediario a las asociaciones civiles. “Es una atención asistencialista que solo busca excluirnos”, acusó el presidente del Consejo Estatal para la Atención de Personas con Discapacidad, José Manuel García Arreola. Es por ello, señala, que las necesidades básicas de este sector no son atendidas. El Gobierno del Estado no dispone de una partida propia para atender este rubro y se vale de la distribución del fondo para la accesibilidad en el transporte público para personas con discapacidad Estos recursos los aplica en edificios públicos del Estado, sin compartirlo con los municipios, y sin considerar la opinión de quienes conforman este sector de la población. Ni consejo ni asociaciones son tomados en cuenta al momento de definir hacia dónde se canalizará su presupuesto, coincidieron José Manuel García y César Palencia, quienes encabezan el Consejo Estatal y Municipal para Personas con Discapacidad, respectivamente. Para ese rubro, la Federación dispone de un promedio de 600 millones de pesos para dividirlo en los proyectos que presenten los Estados, cuya única condición es la propuesta de un proyecto viable; en los últimos cuatro años, Baja California ha requerido entre 11 y 15 millones de pesos. La gestión del gobierno bajacaliforniano para acceder a recursos federales se queda corta. En 2014 solicitó una partida de 13.2 millones de pesos y para este año el requerimiento fue de 15.9 millones, mientras el Estado de Guanajuato realiza trámites para recibir de la Federación un promedio de 70 millones de pesos anuales, mismos que le son autorizados. César Palencia Chávez, representante de Consejo Municipal de Personas con Discapacidad de Tijuana, recordó que en 2014 “la Federación bajó alrededor de 14 millones de pesos y el Gobierno del Estado los utilizó para rampas en edificios públicos, cuando a la hora de hacer estos proyectos, esos espacios de acceso ya deberían estar considerados, sin tener que aplicar una inversión adicional para adecuar las construcciones”. En 2013, la arbitrariedad en el manejo 13.2 millones de pesos de recurso federal rayó en indolencia, al adquirir el gobierno bajacaliforniano, sin atender propuestas, 24 vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad, cuyas características no eran las adecuadas para ese fin. No disponían de rampas para ser abordadas por personas en sillas de ruedas, y carecían de medidas de seguridad que las fijara, lo que hacía que las unidades fueran inseguras. “De hecho no hacía valer el recurso, aun cuando ya disponía de él, hasta que el Municipio de Tijuana se lo exigió, entonces compraron las unidades repartiéndolas a los DIF municipales, enviando 15 al Sistema DIF de Tijuana”, detalló. Sin placas, ni los componentes necesarios para el transporte de personas con discapacidad y sin disponer de un presupuesto para su operación, los vehículos no pudieron ser utilizados hasta un año después, cuando los DIF municipales consiguieron el patrocinio de particulares, para adecuarlos y sostener su operatividad. “Con todo y adecuación, su limitado espacio hace que una persona alta tope el techo”, acusó Palencia Chávez.   … Y desviado   La limitación presupuestal es el argumento general del gobierno para no emplear a personas con discapacidad, razón por la cual el XXI Ayuntamiento de Tijuana acordó destinar el 5% del impuesto captado por revalidación anual del permiso de establecimientos para la venta, almacenaje y consumo público de bebidas alcohólicas, o por el pago de derechos por horario extraordinario. Tan solo de horas extra, Tesorería municipal reporta un ingreso promedio de 8 millones de pesos al mes, mientras que por concepto de revalidación, dice captar 11.5 millones de pesos al año. Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de 2015, el gobierno de Tijuana no incluyó una partida específica para dar empleo a personas con discapacidad. Más aún, el porcentaje que debía destinar para ese concepto lo desvió al gasto corriente. Y aunque en mayo de 2015, la Secretaría de Administración y Finanzas, entonces a cargo de José Mojica Moreno, se comprometió a tomar “la medida correctiva para crear las partidas presupuestales correspondientes”, a la fecha no se ha cumplido. Con el fin de incrementar el presupuesto de las partidas que debieran ser encauzadas para apoyo de este sector, la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Asuntos Indígenas acordó destinar 2 millones de pesos mensuales, de los 8 millones que se captan al mes, por concepto de horas extra, para la adquisición de aparatos ortopédicos para personas con discapacidad permanente. El acuerdo se entregó el 8 de enero de 2015 a la Secretaría de Gobierno, a cargo de Bernardo Padilla, para que se subiera a votación al pleno del Cabildo, pero hasta la fecha no se ha turnado.