Gobierno cabeño debe informar sobre gastos

Los Cabos, Baja California Sur.- El 6 de julio, de manera definitiva, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI) de  Baja California Sur, resolvió y ordenó a la Tesorería del XI Ayuntamiento de Los Cabos, expedir y entregar copia de todos y cada uno de los documentos solicitados por ZETA, en el caso de los 224 millones de pesos gastados de manera irregular por el ex tesorero y prófugo de la justicia, Gerardo Manríquez Amador; firmados y validados por la ex directora municipal de Contabilidad, y actual asesora del gobierno municipal, Ana Luisa Guluarte Arista, durante el ejercicio fiscal 2012. La secretaria técnica del ITAI, Cynthia Vanessa Macías Ramos, notificó el 7 de julio la resolución jurídica que textualmente transcribe, es “definitiva, inatacable y obligatoria”, luego de que, desde el 7 de octubre de 2013 a la fecha, la administración del alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño se ha negado a proporcionar copia del “informe desglosado sobre el gasto del excedente del ejercicio fiscal 2012 en los conceptos de servicios personales, materiales y suministros; servicios generales, subsidios y apoyos; bienes muebles e inmuebles; obras públicas, erogaciones extraordinarias y deuda pública”, pese a haber un dictamen del ITAI. Asimismo, la secretaria técnica del organismo garante de transparencia, dio vista a la Contraloría General Municipal de Los Cabos, a fin de que “inicie una investigación y deslinde responsabilidades en contra de los servidores públicos que quebrantaron y desacataron la resolución PR-III/003/2014 del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California Sur”. La responsable de las finanzas municipales del principal destino turístico del Estado, Emilia Vega Uribe, dio por “cerrado” el proceso de otorgar alrededor de 5 mil 400 copias que fueron seleccionadas por este Semanario e incluidas en un informe diario de visitas del 16 de julio al 19 de agosto de 2014, en cumplimiento a la resolución dictada por el ITAI, bajo el número de expediente PR-III/003/2014. El argumento -según el oficio TGM/028/2015, expedido y firmado por la tesorera- era que “hasta ese día no se había acreditado el pago de las copias correspondientes a la información solicitada, luego de haber otorgado un plazo de diez días como máximo” y, por lo tanto, en vista de que “había fenecido el término concedido en exceso, y sin haber cubierto los costos por la expedición de las copias simples”, se daba por terminado el proceso, después de un supuesto acuerdo establecido en una minuta de fecha 3 de diciembre de 2014, donde no aparecía la firma de ningún representante legal de ZETA. El 10 de abril, este Semanario entregó a la Tesorería copia de la ficha de depósito por la cantidad de 3 mil 780 pesos, por concepto del pago de expedición de 5 mil 400 copias, a razón de 70 centavos por cada una, según establece el criterio del ITAI sobre el costo de reproducción de copias o elementos técnicos. El pago fue notificado por escrito a las siguientes personas: * Luis Alberto González Rivera, en aquel entonces, presidente consejero del ITAI. * Dorian Germán Verdugo Meza, de la Dirección Municipal de Transparencia de Los Cabos. * Oswaldo Murillo Martínez, Octavio Arvizu Buendía y Pablo Díaz Rivera, integrantes de la Comisión de Transparencia del Cabildo de Los Cabos. La regidora con licencia y tesorera, Emilia Vega Uribe, buscó archivar el hasta ahora más grave caso de corrupción conocido en la administración del alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño. Sobre este hecho, el regidor panista e integrante de la Comisión de Transparencia del Cabildo, Pablo Díaz Rivera, consideró que “la ciudadanía tiene derecho a saber el destino de los más de 224 millones de pesos que se gastaron de manera irregular, y de cuyo dinero todavía se desconoce el paradero”, a poco menos de dos meses de que termine el gobierno de Agúndez. Durante una entrevista con ZETA, Díaz comentó que incluso para esclarecer “las dudas” sobre el destino final de ese dinero, en diciembre de 2014 se ordenó una auditoría externa al despacho Bejar, Galindo Lozano y Cía.,  por la que se pagaron 2.5 millones de pesos, y de no ser por el reportaje publicado por este Semanario, bajo el título “Ocultan auditoría en Los Cabos”, aún no se sabría nada de los resultados. Más allá de aclarar las dudas, la auditoría fue para ocultar el manejo de 224 millones de pesos, donde solo por concepto de asesorías, estudios e investigaciones, se gastaron 20 millones 169 mil 81 pesos. El edil dijo que la información del gasto del excedente deberá ser escrupulosamente investigada, cuando inicie la próxima administración del alcalde electo, Arturo de la Rosa Escalante.   El largo camino   El 7 de octubre de 2013, cuando los regidores fueron enterados oficialmente por el alcalde José Antonio Agúndez Montaño, y el entonces tesorero, Gerardo Manríquez Amador, de que se habían gastado -sin autorización del Cabildo- alrededor de 224 millones de pesos, provenientes de un excedente del ejercicio fiscal 2012, ZETA solicitó vía ITAI información detallada y “copia de cada uno de los recibos, notas de venta, facturas o cualquier otro documento que soportara cada gasto del excedente realizado del primero de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2012, incluyendo contratos de obras y/o adquisiciones, y servicios, dependencias y servidor público que ejerció el recurso y se cite si es propio, estatal o federal”. La primera respuesta llegó 15 días después, cuando el tesorero cabeño se negó a entregar la información, bajo el argumento de que “la documentación solicitada había sido clasificada, como reservada o confidencial -según el Artículo 3 fracciones II y VII, y 13 fracción III, IV y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, y por ende, no podía ser entregada al solicitante”. ZETA solicitó entonces un juicio de procedimiento de revisión, en virtud de que la respuesta “no fundó ni motivó debidamente las razones por las cuales negó la información”, ya que “la Tesorería del XI Ayuntamiento de Los Cabos, no hizo el procedimiento de clasificación de la información, así como la realización del cuatro de clasificación establecida en los lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información”. De tal manera que el ITAI ordenó a la Tesorería modificar la respuesta y, el 13 de diciembre de 2013, cuando el titular Gerardo Manríquez Amador contestó por segunda vez y admitió penosamente que la información “no había sido clasificada”, y por lo tanto, abrió los archivos de la Dirección Municipal de Contabilidad, en virtud de que –argumentó- “la expedición de las copias era impráctica, porque eran 493 tomos de ingresos y 552 tomos de egresos, los cuales archivan la documentación comprobatoria, por lo que en términos de logística, es prácticamente imposible”. El método seleccionado entre la Tesorería y ZETA consistió en establecer un horario de revisión de ocho de la mañana a tres de la tarde, de lunes a viernes, en la sala de junta de armonización contable de la Dirección Municipal de Contabilidad, donde durante el escrutinio de cada tomo se estarían seleccionado documentos a ser fotocopiados; además, se levantaría un informe diario de visitas que contuviera la información del mes, número de tomo, número de póliza y foja. En suma, se hicieron 11 visitas y se seleccionaron 5 mil 400 hojas de egresos de los meses de marzo, junio, julio, noviembre y diciembre. La revisión empezó el 16 de julio de 2014, y terminó abruptamente un mes después, es decir, el 22 de agosto, cuando la empleada de la Dirección Municipal de Contabilidad, Angélica Cristal Navarro Peralta, impidió el acceso de este Semanario a la sala de junta, argumentando que eran “órdenes superiores”, desacatando así la resolución PR-III/003/2014; situación que derivó en una queja ante el ITAI. Desde entonces los archivos de la información de los 224 millones de pesos del gasto irregular fueron cerrados, pero aunque el caso todavía se encuentra en juicio en el ITAI, durante este proceso, el gobierno de José Antonio Agúndez Montaño utilizó diversos medios para evitar el acceso a la información donde están implicadas la ex directora municipal de Ingresos y prófuga de la justicia, Susana Burgoing Amézquita, y la ex directora municipal de Contabilidad, Ana Luisa Guluarte Arista. Desde el inicio de solicitud de información a la fecha, transcurrieron casi dos años. Ahora se espera la entrega de  información del gasto del excedente, distribuido de la siguiente manera: * 50 millones 970 mil 640 pesos de recursos propios. * 43 millones 480 mil 200 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. * 32 millones 322 mil 42 pesos de participaciones federales. * 25 millones 74 mil 731 pesos de participaciones estatales. * 25 millones de pesos de la Cumbre del G-20. * 20 millones de préstamos a servidores públicos y particulares. * 17 millones 719 mil 468 pesos al Programa Hábitat 2011. * 12 millones 725 mil 137 pesos del Programa Hábitat 2012. * 9 millones 500 mil pesos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN). * 9 millones 603 mil 411 pesos de estímulos del Servicio de Administración Tributaria (SAT). * 9 millones 581 mil 274 pesos de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT). * 8 millones 62 mil 20 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). * Un millón 204 mil 214 pesos del Programa de Rescate de Espacios Públicos.