El hombre de 66 años que olvidaron en prisión

Los cuatro días que Diego pasaría en la penitenciaría de Tijuana, se convirtieron en dos años, once meses y 18 días, debido a un error del Sistema Estatal Penitenciario que no procesó su liberación ordenada por una juez. La situación inició el 16 de junio de 2012, cuando el hombre, de entonces 64 años de edad, se encontraba en su domicilio en Tijuana y participó en una riña con un grupo de personas que llegaron a cobrarle la renta. Por los hechos, el adulto mayor acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a interponer una denuncia. Al regresar a su casa, se encuentra con los agresores, pero esta vez acompañados de policías municipales. La pelea escala y Diego toma un cuchillo, con el cual hiere a uno de los agentes. En el altercado, el hombre recibe un disparo en el pie por parte de los uniformados y es trasladado al Hospital General. El 18 de junio, el Ministerio Público ejercitó acción penal en su contra e ingresa al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tijuana. Un día después, se inició la causa penal por su presunta responsabilidad en los delitos de lesiones dolosas y delitos cometidos contra funcionarios públicos o agentes de seguridad pública. Sin embargo, el 22 de junio de 2012, tras revisar el caso, la juez Cuarto de lo Penal resolvió que Diego enfrentaría el proceso en su contra en libertad, a través de un “auto de sujeción a proceso”. Ese mismo día, la juez emitió la boleta de libertad a favor del hombre, la cual fue recibida a las 16:13 horas de ese 22 de junio de 2012 por el Cereso, pero no se giró la orden correspondiente desde el área jurídica de la prisión para que el hombre saliera libre. “En algunas contestaciones, nos dicen que sí recibieron y que sí entienden que (el documento) es equivalente a la liberación de la víctima, pero no entienden por qué no se dio la liberación”, explica Melba Olvera, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por este caso, el organismo emitió la recomendación 22/2015 a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encargada de la Subsecretaría del Sistema Estatal Penitenciario por la violación al derecho a la libertad, seguridad jurídica y legalidad. El expediente en la Comisión inició por una llamada telefónica realizada el 8 de junio de 2015. Una mujer, familiar de un compañero de celda de Diego, pidió que revisaran la situación jurídica del hombre para analizar la posibilidad de pagar la fianza.   Un funcionario removido, la víctima desaparecida Mediante llamadas telefónicas, personal de la CEDH solicitó información de la situación jurídica de Diego en el Cereso de Tijuana. Después de dos días de no obtener una respuesta, acudieron al Juzgado Cuarto de lo Penal para revisar la causa penal. Así tuvieron conocimiento que el hombre había obtenido su libertad casi tres años atrás, el 22 de junio de 2012. La CEDH compartió esta información con personal de la prisión, por lo que Diego obtuvo su libertad la tarde del 10 de junio de 2015, pero desde entonces no ha podido ser localizado ni por la CEDH ni por la SSPE para explicarle la situación que vivió. A excepción de sus compañeros de celda, no han podido ser localizados familiares o conocidos de Diego. Durante los casi tres años que permaneció en prisión, no recibió una sola visita. Visitadores de la CEDH acudieron al domicilio donde ocurrió la riña –que derivó en su encarcelamiento—, pero quienes habitan en el lugar, no tienen información de él. También recorrieron albergues y hospitales, pero no hay registros del hombre. Mientras tanto, en atención a la recomendación recibida, la Dirección de Asuntos Internos de la SSPE inició una investigación para determinar si las conductas de tres funcionarios públicos, señalados por la CEDH como los responsables de la violación a los derechos humanos de la víctimas, son o no constitutivas de responsabilidad administrativa. De hecho, el proceso interno de la SSPE inició el 12 de junio de 2015, tres días antes de que fuera emitida la recomendación. Como resultado, José Carlos Reyes Alva fue removido de su cargo como analista jurídico en el Cereso Tijuana. El ex servidor público fue hallado responsable directo de que la boleta de libertad de Diego, aunque recibida, no fue procesada a tiempo. De manera adicional, la Dirección de Asuntos Internos mantiene abiertas investigaciones en el Área Jurídica del Cereso Tijuana, así como en la Subdirección y Dirección.   Sin fondos para reparar el daño Como parte de la recomendación emitida, la Comisión prioriza la localización de la víctima y la reparación de los daños que le fueron ocasionados, incluyendo la compensación económica y la atención médica y psicológica para rehabilitar su salud física y emocional.  En su respuesta, con fecha del 23 de julio de 2015, la SSPE admite cinco de las seis recomendaciones del organismo garante de derechos humanos, las relacionadas con la investigación de los funcionarios involucradas, con la capacitación de personal e incluso,  acepta revisar todas las partidas jurídicas de los internos en las cinco prisiones estatales. Sin embargo, no acepta la reparación del daño a la víctima. Esto porque en Baja California no existe una Ley General de Víctimas que permita la creación de una comisión y de un fondo con este fin. “Nos informan que no cuentan con un presupuesto para la reparación del daño económico de la víctima y esto está muy relacionado con la necesidad que existe en el estado de Baja California de contar con una Ley en materia de violaciones a derechos humanos”, indica Melba Olvera, presidenta de la CEDH. Para la representante de la defensa de los Derechos Humanos en la entidad, el caso de Diego “es un síntoma de una situación muy compleja que tienen los Centros de Reinserción Social (Cereso), por eso estamos pidiendo en dos puntos que se giren instrucciones a quien corresponda a fin de que se revisen exhaustivamente, todas las partidas jurídicas de todos los internos de los Cereso’s en el Estado”. Tan solo en la penitenciaría de Tijuana hay más de 6 mil 500 internos, los dos complejos de mediana seguridad en El Hongo rebasan los 5 mil reos, mientras que Mexicali cuenta con alrededor de 3 mil 300 personas y Ensenada con casi dos mil presos. “Lo que busca esta recomendación es la reparación del daño y la sanción de los responsables, pero sobre todo la garantía de que no se repita una violación así a los derechos humanos”, detalla la presidenta de la CEDH.