Muchas conferencias de las autoridades promocionando lo que califican de resultados en materia de seguridad, buscando de la aprobación social, no suelen funcionar ante una ciudadanía que lleva más de dos meses manifestando su desacuerdo con la versión oficial, y demostrando una fundada preocupación por el descontrol de la seguridad. A la par de las conferencias del Gobierno del Estado, del municipal o el Federal, encarnado por el Ejército Mexicano, donde hablan de “golpes al crimen”, “cárteles reducidos”, “la no existencia de otras organizaciones criminales” y “aseguramientos de droga”, los bajacalifornianos han de padecer los balazos, los cuerpos de asesinados, los policías amenazados, la droga que todos los días entra al Estado hasta colectar 41 toneladas en una sola casa. La ausencia de retenes militares, la pobreza en las investigaciones ministeriales. Ese caos de inseguridad es producto de la falta de real coordinación entre las corporaciones y autoridades de los tres gobiernos. Mientras unos persiguen y detienen, otros liberan y protegen. 
En el desayuno mensual celebrado el 24 de junio, el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo Fernández, refirió la necesidad de un gobernador presente, que encabece permanentemente y marque el rumbo del Grupo Coordinación. Situación que desde la conclusión de la anterior administración, no se ha dado. Amén de que a la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, el Ejército se replegó. Las diferentes corporaciones publicitan las detenciones de los presuntos responsables de asesinatos, o los decomisos de toneladas de droga, mientras presumen una presunta coordinación cuya “estrategia conjunta” no ha logrado su objetivo de reducir el número de homicidios en Tijuana. Al 24 de junio de 2015, les estadísticas mostraron que 289 personas habían sido asesinadas en la ciudad fronteriza en el primer semestre, contra los 233 homicidios registrados en el mismo período del año pasado. Y que mientras en 2014, el mes de junio reportó 36 ejecuciones, el presente mes suma ya 63 muertos y todavía no termina. Peor aún, continúan los homicidios y capturas, siguen sacando a la luz pública la corrupción en las corporaciones. Liberados: también “El Chapito” Como evidencia de la falta de coordinación están los criminales liberados, o los delincuentes detenidos y presentados como homicidas a quienes no les imputan homicidios y solo los consignan por posesión de drogas o armas. “De nada sirve que los capturemos a los que están cometiendo los asesinatos, si el Ministerio Público no los consigna por todos los delitos, van a salir libres”, reclamó un elemento del área operativa. “Son mencionados ejecución tras ejecución, la Procuraduría sabe quiénes son, pero no les integra expediente, ni solicita orden de aprehensión” agregó. Cuando empezó la jornada violenta de asesinatos, el pasado abril, los primeros reportes de las áreas de inteligencia locales indicaron que una de las razones era que había regresado uno de los cabecillas del Cártel Arellano Félix (CAF). Se trataba de Octavio Leal Hernández “El Chapito”, identificado entonces como lugarteniente de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”. Lo capturaron el 26 de abril de 2012. En vehículos de su propiedad dentro de su casa, el Ejército encontró 181 kilos de marihuana, 29 mil dólares (que iba entregar para ser liberado), dos fusiles calibre 7.62 por 39; dos pistolas Colt, una calibre 10 milímetros y otra 38 súper; 243 cartuchos de diversos calibres y 12 cargadores para diferentes armas. En su entrevista señaló a dos jefes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de proteger a Alfonso Arzate “El Aquiles”, y ofreció múltiples detalles de la actividad de las células del CAF y del Cártel de Sinaloa. Señalado en base a escuchas telefónicas, como responsable de una de las amenazas de muerte a los editores de ZETA, lo negó y responsabilizó a “El Aquiles”. Tras investigar arduamente en el sistema federal, casi dos meses después, las autoridades del Consejo Estatal de Seguridad finalmente pudieron corroborar lo que en la calle habían advertido: 
El 17 de abril de 2015, por orden judicial, fue liberado el “Chapito Leal”, declarado inocente de todos los cargos, porque de acuerdo al criterio del juzgador, no hubo pruebas suficientes. Lo dejaron en libertad sin notificar a las autoridades en Baja California, por lo que la Procuraduría del Estado no pudo aprehenderlo bajo la averiguación previa 560/06/20F/AP, del 24 de agosto de 2006, donde el criminal aparece como presunto responsable del asesinato de Kevin Alejandro Lara Tamayo. Adicionalmente, este mes de junio, de nuevo surgió el nombre de otro liberado. Se trata de Candelario Arceaga Aguirre, capturado en junio de 2009 y liberado en 2013. En sus primeras entrevistas, manifestó que era cocinero de cristal y usaba su dinero para comprar negocios y taxis en Rosarito. También informó que dos ex alcaldes panistas le habían pedido apoyo y lo recibieron. Libre, envió a su hijo a ZETA a mostrar su expediente de libertad, dijo ser un exportador de verduras y denunció al secretario de Seguridad, Daniel de la Rosa, y al General Alfonso Duarte, por los señalamientos públicos falsos en su contra. En este expediente, la autoridad no determinó sanción para los funcionarios. Su nombre volvió a mencionarse al interior del Consejo Estatal de Seguridad como presunto responsable intelectual del homicidio de uno de los principales narcotraficantes identificados en Rosarito, Eduardo García Pérez “El Veneno”, ocurrido el viernes 5 de junio. Sin embargo, en la investigación que lleva el Ministerio Público, tal presunción no está consignada. “El Viejón”, capturado Otro con posibilidades de quedar libre porque no le fincaron responsabilidad por todos los delitos de los que es presuntamente responsable, es Jesús Corrales Ríos “El Viejo”, recapturado esta semana por la Policía Estatal Preventiva, e identificado como lugarteniente de Javier Lira Sotelo “El Carnicero”, hermano de Alfonso Lira Sotelo “El Atlante”, detenido por el Gobierno Federal en septiembre de 2014. A “El Viejón” lo consignaron con un acompañante por la posesión un arma de fuego calibre .38 especial, un arma larga calibre 7.62 x .39, así como una maleta con varios paquetes que en suma pesaron 5 kilos 200 gramos de marihuana. Nuevamente, los reportes de inteligencia del Consejo Estatal de Seguridad lo tienen vinculado al atentado en contra de policías ministeriales el 8 de abril de 2015 en Tecate. También lo implican en hechos donde agentes de la Policía Municipal de Tecate fueron desarmados en la colonia Loma Linda, el 16 de junio de 2015. Y con el asesinato de Jesús Rosario Quintero Gil, registrado el 18 de junio. Sin embargo, estos delitos no han sido consignados en expedientes ministeriales, así que fue remitido a la Procuraduría General de la República solo por las armas. Lo mismo sucedió en marzo de 2011, cuando acompañado de cuatro cómplices, fue consignado por posesión de una arma calibre 9 milímetros, una “Mini 14” calibre 223 y un rifle AK-47 con varios tiros útiles, además de varias dosis de droga. Fue liberado. Consignados a medias En condiciones similares, están Roberto Carlos y Marcos Rafael Toscano Rodríguez “Los Monitos”, detenidos en mayo. De acuerdo con las áreas de inteligencia, son responsables de tráfico de droga en la Zona Norte de Tijuana y de las muertes ocasionadas tras el asesinato de su hermano Luis Toscano “El Mono”, el 9 de abril. Al final, fueron consignados por posesión de dos armas largas calibre .223, un arma larga calibre 5.45X39, un arma corta calibre 9 milímetros, cartuchos, dos chalecos balísticos, 22 cigarros con marihuana, siete envoltorios con cristal y una bolsa con marihuana. Pero desde el principio los hermanos negaron ser dueños de las armas, dijeron que eran del hombre detenido con ellos, y tienen posibilidades de alcanzar la libertad. Caso similar el de los cuates Lucre Antonio y Marco Antonio Cerda Pacheco, el primero ha sido señalado como autor material e intelectual y material de diversos homicidios en la colonia Obrera y Zona Norte, que incluyen cuerpos decapitados e incinerados; y aunque la Procuraduría del Estado informó que por lo menos Lucre sería consignado por homicidio, han pasado 20 días de su captura y no lo han acusado. A la fecha solo están consignados por la posesión de dos rifles AK47 y una pistola 9 milímetros, que supuestamente cargaban en vía pública en una colonia de Rosarito, pero con los mismos cargos consignaron a siete personas, y como los siete no pueden ser acusados de estar cargando solo tres armas, es evidente que algunos de los imputados serán liberados en el proceso. Tanto los hermanos Toscano como los Cerda, son parte del reciclaje criminal porque habían sido detenidos en ocasiones anteriores con otros cargos y fueron liberados. De policías y corrupción La corrupción policiaca está retomando también su protagonismo en esta reciente ola criminal. Primero las declaraciones de familiares del agente Juan Gualberto Jáuregui Ruvalcaba, asesinado el 20 de mayo, quienes lo delatan como vendedor de droga. Después la “investigación armada” por otros policías en la delegación La Presa para intentar ocultar que fue puesto de rodillas y ejecutado, la intencional manipulación de la escena del crimen y la exposición de un presunto responsable que ahora los está acusando. 
Y actualmente, después de los señalamientos hechos por los hermanos Toscano, la investigación interna de por lo menos cuatro elementos del área de inteligencia de la Policía Municipal que presuntamente secuestraban criminales del CAF para entregarlos al Cártel de Sinaloa, además de la revisión de otros uniformados que laboran en la Zona Este, presuntamente ligados a un agente apodado “El Vampi”. Pero todo inmerso en un hermetismo cómplice, basado en la postura pública del alcalde Jorge Astiazarán y su secretario de Seguridad, Alejandro Lares, empeñados en defender la honestidad de su corporación. Precisamente escudados en ese apoyo ciego, tras los ataques a policías el 20 de mayo y el 3 de junio, los municipales se envalentonaron y dispararon impunemente: en menos de un mes, cinco presuntos delincuentes han sido “abatidos”. De hecho, otros policías consideran que se debería investigar si hubo uso excesivo de la fuerza. En el caso de un menor de 16 años con antecedentes por robo, muerto el 16 de junio, la familia negó ante la prensa que estuviera armado y amenazara a los oficiales como estos declararon, aunque al llegar, los peritos ministeriales encontraron el arma en la mano bajo el cuerpo del muchacho y a la fecha no han reportado que la escena haya sido manipulada. En el segundo caso, donde fue abatido Alfonso Santiago Domínguez el sábado 20 de junio en la colonia Industrial, después de haber lesionado a un calafiero, de quien también refieren se bajó apuntándoles, “los protocolos indican que primero se debe intentar someter, contener la agresión, y en todo caso, pueden disparar a partes del cuerpo que no pongan en peligro la vida”, argumentaron los uniformados. En la Procuraduría informaron que en las primeras 48 horas han quedado libres por legítima defensa, pero como las indagatorias continúan, si se encuentran elementos que acrediten el uso excesivo de la fuerza, los implicados serán detenidos. Además, el 23 de junio fue baleado por la espalda, en el fraccionamiento Los Altos, el ex policía municipal Felipe Arreola, consignado y liberado por homicidio en 2006. Según versión de la Policía Municipal, es dueño del gimnasio donde el 15 de abril de 2015, fue asesinado Javier García Bojórquez. Secuestro y homicidio por drogas En la semana que concluye, entre el 18 y 25 de junio, en Tijuana se registraron 14 asesinatos, la mayoría en la Zona Este de la ciudad, con antecedentes por narcomenudeo. Todos fueron perpetrados en las viviendas de los occisos. Destacaron las muertes del sonorense Ernesto Salazar López, identificado como líder de una célula delictiva en aquel Estado, y acribillado en Rosarito. Y la ubicación del cadáver de “El Flaco”, cuyo cuerpo fue desenterrado de una fosa clandestina en la delegación Sánchez Taboada, tras la captura de sus cuatro homicidas, Israel Rodríguez, David López Valentín Muñoz y Juan Pérez, quienes intentaron evadir la captura confesando el asesinato. Ambos crímenes ocurrieron el día 18. El tercer suceso que destacó por su violencia y la existencia de un sobreviviente ocurrió el 23 de junio, cuando los cuerpos de un hombre y una mujer fueron encontrados en el interior De Calle Campanario número H-30, Fraccionamiento Residencial Agua Caliente. El hallazgo fue reportado por un taxista, a quien intentaron degollar sin éxito y fue dejado por muerto en la escena. El sujeto, que aseguró desconocer la identidad de la pareja asesinada -versión que las autoridades ponen en duda-, informó que horas antes, ambos le habían hecho la parada en el restaurante El Sombrero sobre el Bulevar Agua Caliente y pidieron que los llevara a Calimax Hipódromo, donde el hombre se quedó mientras la mujer fue a dar vueltas a la Zona Centro. Después regresaron por el sujeto y de ahí le ordenaron: “Sigue a ese Toyota Corolla”, y lo hizo hasta la dirección mencionada. Frente a la casa bajó el hombre y, como la mujer estaba renuente, alguien de afuera le dijo: “Hey, bájate. No lo hagas más difícil”. Como solo le dieron 100 pesos, el taxista reclamó y, asegura, lo invitaron a pasar por más dinero, lo que extrañamente hace, y en cuanto ingresó le cortaron el cuello En ese momento pudo ver que dentro había varios hombres armados que golpeaban a la mujer, a quien le reclamaban droga y dinero. En la escena del crimen, los peritos localizaron los cuerpos de un hombre y una mujer aún no identificados, ambos asfixiados con cintos que tenían aún en sus cuellos, el hombre con una bolsa de plástico en la cabeza y la mujer semidesnuda de la parte superior con las manos atadas al frente. Los homicidas además dejaron un arma de fuego en una de las habitaciones de la casa, y los vecinos reportaron que la casa pertenecía a un ex policía, a quien no identificaron. Buscan a hijo de “Dinamita” por asesinato de su padre De acuerdo con declaraciones que obran en indagatoria ministerial, Juan José Estrada Ríos “El Gordo” confesó a su hermana que asesinó a su padre, el ex boxeador Juan José “Dinamita” Estrada. Tras cometer el homicidio, el joven se dirigió a la casa familiar, donde habló con su fraterna: “Hice una pendejada, pero lo tenía que hacer, me tenía hasta la madre”, le dijo a la de nombre Melissa, para después informarle que se tenía que ir. El reporte de emergencia se recibió alrededor de las dos de la mañana del domingo 21 de junio. El cadáver del ex pugilista había sido abandonado. Dejaron su cuerpo recargado, semi-parado en la puerta del copiloto, afuera de una farmacia localizada en la esquina que forman la calle López Portillo y el Bulevar Bellas Artes en la zona de Otay. Quienes lo llevaron, entraron a la farmacia y pidieron ayuda; cuando los socorristas llegaron, “Dinamita” ya estaba muerto. El homicidio se había dado unos minutos antes, a unos metros de la casa del occiso, ubicada en el Módulo 1 de Otay, en la madrugada del domingo. El ex deportista departía y tomaba bebidas embriagantes con unos vecinos, cuando llegó su hijo que había salido de la cárcel apenas en noviembre de 2014. Cerca del lugar estaba la camioneta Cherokee propiedad de Estrada padre, en la que lo llevaron a la farmacia. Según la versión de Melissa, padre e hijo empezaron a discutir, entonces su hermano le dijo que “Dinamita” lo empezó a agredir. La mujer explicó que las peleas entre los dos hombres eran muy frecuentes porque ambos “tomaban mucho”, y en muchas ocasiones se habían liado a golpes.
Las primeras versiones indican que tras varios golpes mutuos, el joven se dirigió al auto de su papá, tomó un destornillador y lo apuñaló en varias ocasiones. Según el reporte pericial, el cadáver presentó las siguientes huellas de violencia: golpes, heridas, raspaduras e hinchazón en el párpado superior e inferior izquierdo; heridas en la parte trasera y frontal de la cabeza, en el lado izquierdo y el cuello; así como una mordida en el hombro izquierdo y varias abrasiones. Dos heridas punzocortantes en el brazo derecho, otro piquete en el abdomen y uno más en el muslo izquierdo Tras las declaraciones de la hija de Estrada, la Procuraduría inició el trámite de las privas periciales. En la escena del crimen localizaron el desarmador usado para quitarle la vida a “Dinamita” Estrada. Asimismo, iniciaron las pesquisas para localizar a su hijo como presunto responsable. Al cierre de esta edición, estaba pendiente la declaración de los vecinos que atestiguaron la presunta pelea. El nombre del presunto responsable, Juan José Estrada Ríos, no es nuevo para las autoridades judiciales, lo identifican también con los alias Juan José Ríos Estrada y José Alberto Ríos Martínez. Conforme a los archivos oficiales, sus antecedentes delictivos datan del 3 de junio de 2006, cuando ingresó por primera vez al sistema penitenciario por el delito de portación de arma de fuego sin licencia; salió libre en mayo de 2007 porque obtuvo el beneficio de sustitución de la pena. De nuevo entró a la cárcel en octubre de 2008, por robo con violencia y posesión o uso de vehículo de motor robado. Alcanzó la libertad en julio de 2010, de nuevo por sustitución de pena. Mientras que en noviembre de 2011 volvió a ser liberado por otro robo con violencia. En mayo de 2005, en su boletín DPE/2613/04, la Procuraduría General de la República anunció la consignación el ejercicio de la “acción penal contra el ex campeón mundial de boxeo, Juan José Estrada Maldonado “Dinamita”, Carolina Moreno Rodríguez y Miguel Hernández Chávez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de contra la salud”, con la averiguación previa AP/PGR(BC/TIJ/874/05-MIV. Junto con Moreno Rodríguez y Hernández Chávez, “Dinamita” fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Tijuana en la colonia Nueva Tijuana, en poder de un kilo 750 gramos peso neto de marihuana. Al final del comunicado, la PGR informó que el ex boxeador ya tenía “… antecedentes penales por delitos contra la salud en por lo menos dos casos registrados en el sistema de identificación dactilar (AFIS), otros dos en la Procuraduría General de Justicia del Estado y en el Juzgado Cuarto de Distrito, estando internado en la penitenciaría de La Mesa por un tiempo de 10 meses, aproximadamente”. Encuentran asesinado a denunciante Mario Alberto Íñiguez Espinoza había denunciado ante ZETA su ilegal despido laboral tras negarse a firmar nuevo contrato con una intermediaria -outsourcing- por ello interpuso una demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Acusó la evasión fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el sub-pago de cuotas en el IMSS; en respuesta, lo demandaron civilmente por la firma de un pagaré que dijo nunca haber firmado, además, fue demandado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por difamación, en función de lo que había declarado a este Semanario, porque refirió que la empresa llevaba doble contabilidad. La mañana del 22 de junio, el hombre fue encontrado brutalmente asesinado en su domicilio en Mexicali “Temo por mi vida”, expuso Mario Alberto al reportero de ZETA en abril de 2014, cuando detalló la historia del problema laboral que enfrentaba con sus ex jefes de la empresa Estructuras y Perfiles. Cargaba un archivero de plástico repleto de documentos. 
En la última semana de diciembre del año pasado, Íñiguez compareció ante el Nuevo Sistema de Justicia Penal, en una audiencia como quejoso por un recurso de impugnación que presentó contra el Ministerio Público, debido a que su demanda se había archivado sin tomar en cuenta una serie de elementos de prueba. Aunque le acompañó la defensora de oficio -del otro lado estaba el MP y tres abogados de la empresa-, Íñiguez se defendió por sí mismo y el juez obligó al Ministerio Público a retomar la serie de pruebas aportadas por el denunciante. “El MP miente”, le dijo de frente al fiscal estatal. La madrugada del lunes 22 de junio, familiares de Mario Alberto -de 44 años de edad- acudieron a buscarlo a su domicilio, ubicado en el número 3808 de la calle Acuba, en el fraccionamiento Villa Florida en Mexicali. No lo habían visto desde el viernes anterior. Al subir al segundo piso de la casa de interés social, el cuadro fue de impacto: el cuerpo de Mario Alberto estaba tirado, con el rostro desfigurado por los golpes y con innumerables huellas de heridas punzocortantes en la espalda y tórax. De acuerdo a un investigador de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la hinchazón y hematomas en la cara se debe a los golpes que le propinaron aun con vida. “Estamos hablando de horas”, explica el especialista en alusión al tiempo del deceso. El caso se asentó con el NUC 0201-2015-26732. “El cuarto tenía huellas de que había habido violencia en esa casa habitación, como que estaba volteado todo, como que hubo pleito, hubo forcejeo, con huellas de arrastre, lo que generó una mancha hemática”, explica el investigador, en referencia a que el cuerpo de Mario Alberto presentaba más de 30 puñaladas en rostro, espalda, piernas y sobre todo en la región toráxica, en el pecho. En la escena no se localizaron cartuchos percutidos ni el arma homicida. De acuerdo a los especialistas, no presumen que el robo haya sido el motivo de la agresión. “Se está investigando”, afirmó uno de los agentes ministeriales que siguen el caso.
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