Asegura que no recupera terreno por tráfico de influencias

Funcionando el segundo acceso a Playas de Tijuana, Rolando Castillo, quien comenta haber sido despojado de un terreno de más de 59 hectáreas en la zona, no puede recuperar la posesión, ni recibir indemnización por las afectaciones, dice, gracias a la omisión de las autoridades. El terreno al que se refiere es por donde pasa el bulevar Salvatierra y donde actualmente está una planta tratadora de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) El quejoso tiene interpuesta una denuncia por el delito de despojo contra Arturo Levin Morgenstern, quien asegura ha sido favorecido por el Gobierno del Estado para que Castillo no pueda recuperar la posesión del predio. El quejoso señala que ahora no solo el ejecutivo ignora su reclamo, sino también el Poder Judicial, al negarse la orden de aprehensión –correspondiente a la averiguación previa 10227/11/211—, solicitada el 24 de febrero y después el 27 de abril de 2015. El titular del Juzgado Octavo Penal de Tijuana, Jaime Galindo Hernández, negó la orden de aprehensión en una resolución emitida el 5 de junio de 2015, por no colmarse a cabalidad los requisitos para otorgarla, ya que el Ministerio Público “omitió delimitar concretamente los hechos y las circunstancias de comisión, lo cual debe ser base del ejercicio de la acción penal”, a pesar de la serie de documentos presentados por el agente a cargo de la averiguación previa. Continúa el razonamiento judicial: “Al analizar la determinación, de ésta no se obtiene que el Representante Social señalara de manera concreta cuáles son los hechos que derivan de las pruebas que enunció, lo que produce la ausencia de precisión del delito…”, puede leerse en la orden de aprehensión 179/2014, misma que ya fue recurrida por el interesado. “No sé cuánto esté dando este señor de mordida, yo no puedo pensar otra cosa, este Arturo Levin Morgenstern, que se dice propietario de los terrenos”, declaró Rolando Castillo, hijo del afectado de nombre Ricardo Castillo. Respecto a este asunto, la respuesta dada a ZETA por Gobierno del Estado fue la misma, negando la información por “el carácter reservado”, al tratarse de un tema sobre el cual no existe aún una resolución. Castillo presentó un certificado fechado el 2 de marzo de 2009, en que el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Baja California, en que se da constancia del registro del predio señalado a nombre de su padre Ricardo. Asimismo, insistió en que la expropiación de su predio en 2004 obedeció a la pretensión del entonces Gobernador Eugenio Elorduy Walther para evitar la instalación de la regasificadora de la empresa Marathon Oil en dicho terreno, lo que hubiese provocado perjuicio económico para Sempra Energy y Próxima Gas, esta última empresa de la cual Elorduy es socio, aseguró el quejoso.