Vienen cambios en el Tribunal

Ha pasado más de un mes y medio que el abogado Jorge Armando Vázquez fue electo y tomó posesión como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, pero no ha podido iniciar su proyecto de desarrollo y cambio en el Poder Judicial. El detalle: la administración no le ha sido formalmente entregada. Eso no ha evitado que transcurra su tiempo complementando, con sus propuestas, el Plan de Desarrollo del Poder Judicial. En entrevista con ZETA, Vázquez compartió sus proyectos para los próximos cuatro años.   Más salas especializadas   De 2013 a lo que va de 2015, en las salas civiles del Tribunal Superior de Justicia de Baja California se han manejado 4 mil casos. Mientras que en las salas penales, la cifra asciende a 7 mil 377. La diferencia en los números, explica el presidente del Tribunal, es “porque así está determinado en la Ley: en materia civil, se actúa a instancia, aunque ahora con la Reforma Constitucional pudiéramos poner en discusión si debería dársele seguimiento oficiosamente a juicios en materia civil, pero hasta ahorita la tendencia, y no ha habido todavía opinión sobre el contrario, que el proceso civil no se mueve si no lo promueve o motiva el interesado; en materia penal, por eso puedes ver la diferencia”. — ¿Hacen falta más salas? “Yo creo que sí, incluso podríamos ver la manera de especializarlas, creo que la tendencia a nivel nacional es especializar, porque precisamente la profesionalización sería sobre temas determinados, y pues eso hace que sea mucho más eficiente. Mercantil, narcomenudeo, en familiar, que estuvieran separadas las Salas”.   La figura de administrador de Juzgado   La propuesta de más y especializadas salas, explicó el presidente, “está dentro de los planes. Hay un plan de desarrollo… Brígida Fernández, es la que se encarga de planeación, entonces ella ya había elaborado ese plan de desarrollo aprobado para 2014-2017; yo agregué algunos temas que son importantes, creo que en las anteriores administraciones, y siempre fui muy incisivo en ese aspecto, no se le daba la atención debida al órgano jurisdiccional, que es el motor, lo que moviliza a todo el Poder Judicial; entonces, creo que se le dio mucha más importancia al aspecto administrativo, a la imagen, a la estructura, a levantar, y se olvidaron del órgano jurisdiccional”. Su objetivo es ponderar la preparación, la organización y la logística de los jueces. Explica el licenciado Vázquez: “Los jueces tienen mucha carga administrativa. El juez no dicta sentencias únicamente, tiene que estar al pendiente de la función de los secretarios de Acuerdos, de las audiencias que los secretarios de acuerdos generan; tiene que estar al pendiente de que todas las promociones de secretarios se den en tiempo; de que sus actuarios, sus notificadores, cumplan con sus órdenes, la agenda; tiene que atender abogados, a las partes; tiene que atender requerimientos que le hacen del propio Tribunal, información estadística. Entonces, es una gran cantidad de carga administrativa que tiene, que a veces lo distrae en la función que debe tener”. — ¿Hace falta entonces otra figura dentro de un Juzgado, una figura más administrativa? “Dentro de esos planes, podemos implementar un plan piloto con algunos Juzgados para adoptar el sistema que ahorita está en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, donde hay un administrador, y el administrador agenda las audiencias, se encarga de las notificaciones. Toda esa actividad que tiene un juez tradicional, ahora en materia penal ya se evita, entonces el juez tiene mucho más tiempo para tomar sus determinaciones y ser más eficiente y más eficaz, sobre todo en su quehacer diario, que es precisamente juzgar”. Agrega que su objetivo de centrarse en el fortalecimiento de la labor de los jueces, es un tema que en el pasado se olvidó. No se le puso atención. “No lo alcanzaron a percibir. Para mí era muy evidente porque pues era juez, entonces decía, cómo puedo ser más eficiente con lo que tengo, y me daba cuenta que tenía que administrar, distribuir la carga de trabajo de una manera equitativa, que eso es lo que pasa ahorita en los Juzgados, no tienen ese control. Hacer un estudio y el plan piloto para escoger tres, cuatro Juzgados, que por cierto, hay algunos de mis compañeros jueces que les he hecho ese planteamiento, y  cuando les preguntas a ellos, ‘¿qué les parece a ustedes si les quitara toda la carga administrativa y se dedicaran a resolver?’, pues imagínate la respuesta. Sería fabuloso, porque les quita mucho tiempo en ese aspecto. Y una clara evidencia de que está funcionando, es precisamente en el Nuevo Sistema”. El administrador del Juzgado, justificó, quitaría trabajo administrativo y de logística al juez para que éste se concentre en dictaminar los casos, y contribuir con ello a hacer la justicia realmente expedita, “hay que cambiar la mentalidad del operador, hacerle ver que es un compromiso hacia la sociedad el resolver los asuntos con mayor prontitud”.   Un nuevo Código de Procedimientos Penales   Si un tema entusiasma al  presidente del Tribunal, aparte de la labor jurisdiccional, es promover una Reforma Constitucional: un nuevo Código de Procedimientos Civiles. “Tenemos un Código de Procedimientos Civiles que está lleno de obstáculos procesales, donde la propia norma procesal te hace que los procesos sean lentos, que no se cumpla con ese dicho fundamental que la Constitución establece, que la justicia debe ser pronta. Si a eso le agregas la carga de trabajo, y pues las estrategias que a veces se utilizan para retardar los procesos”. Justifica: “Baja California puede estar a la vanguardia en eso, en lograr que se haga un cambio en el procedimiento. Hay muchas figuras que están contempladas y que dilatan. Te podría hablar de incompetencias, las excepciones dilatorias, las faltas de personalidad, que son temas de representación, por lo regular se presenta el representante y no apoderado, y a la escritura le encuentras alguna irregularidad, o muchas veces no tiene nada, pero son estrategias de los mismos abogados, porque la Ley dice: ‘Cuando se presenta la excepción, o se opone la excepción de falta de personalidad, se suspende el proceso’. Hay que darle hasta tres días a las partes para que contesten, otros tres días para esto…”.  Lo ideal, dice, sería no parchar el actual Código, sino crear uno nuevo, evitando ese tipo de obstáculos procesales. En 1989, cuando el ingeniero Óscar Baylón Chacón entró como gobernador sustituto, designó presidente del Tribunal al abogado Óscar Téllez, fue él quien logró cabildear con el Congreso del Estado para promover un nuevo Código de Procedimientos Civiles; comenta Vázquez que “todas esas excepciones que dilatan los procesos, se depuraban en un primer periodo, para que ya el juicio fuera más ágil, que todas las pruebas se desahogaran en un periodo rápido, en cinco, seis meses los procesos”. El problema fue que cuando Ernesto Ruffo Appel tomó posesión como gobernador, ese nuevo Código se abrogó y se regresó al anterior, que a la fecha persiste. “Por eso digo, no es tanto que hablemos de rezago, sino que esas son las circunstancias por las que los procesos han sido lentos, y creo que con esas dos medidas, quitar carga administrativa a los jueces, van a ser más eficientes en la manera de resolver, lograr que el Código de Procedimientos sea ágil; entonces, también hay un avance sustancial, y desde luego que ese sería uno de los factores para lograr que la justicia sea pronta, y cumplas con esa norma constitucional”.   Abonarle a la transparencia   De los tres poderes del Estado, el Judicial es de los que menos información provee en el ámbito de la transparencia. Poco se sabe de cómo actúan o por qué las determinaciones. Jorge Armando Vázquez también planea cambiar esa política. “¿Por qué tenemos nosotros qué ocultar la forma en cómo trabajamos? Al contrario; nosotros tenemos que aperturarnos, tenemos que informar a la sociedad, a los representantes, al propio Ejecutivo, que es el que suministra el recurso, de cuál es la actividad que nosotros realizamos. “Creo que entre más información y más apertura tengamos en nuestra actividad, vamos a poder sensibilizar también a ambos poderes. Pero sí es muy importante el acercamiento con ellos, y te puedo decir que en este mes, en estos treinta días que llevo, he tenido acercamientos muy importantes con el Ejecutivo, con Finanzas, que es la parte medular de la gestión presupuestal, y con el Legislativo ya hemos tenido bastante acercamiento. Estamos ahorita incluso generando algunas reuniones para prepararnos para el siguiente ejercicio”. De hecho habrá cambios en la estructura de comunicación, para darle un sentido más informativo sobre la actividad jurisdiccional, que ponderar la figura del presidente del Tribunal. El vocero del Poder Judicial, dijo Vázquez, podrá dar información de casos de impacto, de estadísticas.   Sin acta de entrega-recepción   La llegada de Jorge Armando Vázquez a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, con nueve votos de 17 a su favor, se dio después del trágico fallecimiento del anterior titular, el abogado Marco Antonio López Magaña. Por esa difícil circunstancia, no hubo una planeación para entregar la administración al nuevo presidente. “Estoy haciendo las gestiones para que me entreguen… lo estamos haciendo por conducto del Consejo y por conducto del Tribunal. Yo tengo qué, como presidente, hacer unos oficios donde yo estoy, por ejemplo, informando al pleno, ‘no se me ha entregado’, de acuerdo a la Ley de entrega-recepción debe haber una entrega, pero como no hay presidente, necesito que el pleno del Tribunal determine quién es el que me va a entregar”. No se ha designado quién será el encargado de hacerlo, pero una vez salvado ese requisito, se realizarán análisis y auditorías, comparativos, para ver lo que se dice que se entrega y la realidad. — ¿Y la última entrega-recepción? No es muy lejana, debió haberse realizado en noviembre de 2014. ¿Tuvo acceso a ésta? “En esa hay un problemita: no hay una entrega formal”. — ¿No le entregaron formalmente al magistrado López Magaña? “Así es, pues eso fue lo que nos pasó el día que mandé a convocar a la contraloría. Así es, no han entregado”. — ¿Y la ex presidenta que debía entregar a López Magaña, tiene una responsabilidad? “Sí; ella terminando su función, tiene que haber estado preparada para entregar administrativamente y jurisdiccional, ahí es donde se presentó el problema, porque cuando yo mandé citar a Contabilidad, Contraloría, Presupuesto, estuvieron presentes ahí los consejeros también, y precisamente llevo quince días, y no veo quién me va a entregar. Y me encontré con ese detalle, que tampoco había recepción del anterior presidente, entonces, es un tema que estamos tratando de resolver”.  — ¿Y el presidente nunca lo comentó? Así como Usted lo ha comentado ahora, la inquietud de que le entreguen, ¿él no hizo el comentario? “Yo estaba como magistrado, esa información por lo regular no nos llega a nosotros, era responsabilidad de quien tenía que entregar, lo único que tengo como información es que se le pidió al magistrado anterior que recibiera, pero no sé por qué razones no recibía, sin embargo, esas son atribuciones que le corresponden a Contraloría, y obviamente a quién le está interesando que se entregue, a ellos. O sea, ellos son responsables de cumplir con esas obligaciones. “Formal, legalizado, no hay esa entrega, entonces, también se tiene que resolver esa situación, porque si yo no exijo que se cumplimente eso, entonces yo también sería responsable por omisión; por eso estamos tratando de ver la manera de cómo resolver ese problema…”. — ¿Y quién va a entregar lo que no se entregó en noviembre de 2014? “Así es, cómo se va a resolver esa situación también, porque finalmente, tiene que haber una entrega. Si es tardía, bueno, tiene que generarse, porque si no, no estamos cumpliendo con la Ley. Y se tiene que hacer, porque si yo no lo exijo, entonces yo también sería responsable por la omisión de lo anterior”. — ¿Y ha platicado con la ex presidenta del Tribunal? “No, no he tenido ese acercamiento, todo lo que yo he hecho es vía Consejo, y obviamente con los órganos técnicos, los encargados, y con el jurídico también, porque el jurídico me está… Estamos pidiendo asesoría en ese aspecto, para cumplir con la normatividad”.   Cambios de personal en tres, cuatro meses   Apenas se alistaba para la toma de posesión cuando al licenciado Vázquez ya le había renunciado un departamento. El jurídico, Alberto Fernández Torres, ex empleado del Tribunal que se había identificado plena y públicamente con la anterior presidencia. — ¿Lo está investigando?, se le pregunta a Vázquez. “Sí, estamos… Él ya entregó, y nosotros tenemos treinta días a partir de que se hace la entrega, que fue hace como quince, veinte días; nosotros tenemos treinta días para presentar un informe, y si hay observaciones que hacer, lo mandamos a Contraloría, y Contraloría tendría que hacer el análisis…”. — ¿Renunció alguien más, posteriormente? “No, ahorita no. Renunció él, y casi todo el jurídico ha renunciado”. — ¿Y ya lo llenó otra vez? “Sí, ya. Jorge Sauceda es el director del jurídico ahora, es una persona muy profesional, conoce mucho de los temas que son propios que deben estar en esa unidad; Jorge tiene la experiencia en el Ejecutivo, y tiene una capacidad de gestión muy avanzada, es muy profesional en ese aspecto, conoce muy bien de la materia laboral, administrativo y amparo, que es lo que se requiere ahí, para estar en ese puesto”.  — ¿Y Usted va a hacer cambios? “Sí. Es obvio que hay que tener gente de confianza, hay gente que en mi opinión, y eso lo digo directamente: no reúne el perfil donde se encuentra, y no reúnen el perfil para mis objetivos, para mis planes; pero obviamente es una transición en la que apenas me estoy asentando, nutriéndome de la información, para ver dónde podemos hacer esas estructuras, y obviamente a la par podemos generar algunas plazas que sí son indispensables en el propio Tribunal”. — ¿Cuál es su plazo personal para decir “éste es mi equipo y arrancamos”? “Ahorita apenas son treinta días; la renuncia del jurídico me ahorró tiempo, pero pues lo tengo que decir abiertamente, no me voy a quedar callado, porque es obvio: por ejemplo en el caso de Contabilidad, de Contraloría, pues tengo que ver todo eso, porque precisamente estoy tratando de generar que me entreguen, y esa es responsabilidad de ellos. Tiene que haber algunos movimientos, luego viene el periodo de receso; en julio va a haber algunos cambios, pero tiene que ser un proceso sin prisa, porque hay mucha información que se tiene y que nos la tienen que proporcionar. “Para mí ahorita lo más importante es que me entreguen, para yo empezar a hacer las observaciones, por eso los órganos tienen que estar conservados ahorita, porque ellos son los que tienen que resolver ese tipo de situaciones, y ya después haríamos los cambios. Estamos hablando de… en los tres, cuatro meses, tengo que hacer todo eso, me puedo tardar un poquito más, pero a mí lo que me interesa ahorita es recibir, para yo ya hacer las observaciones y poder ejecutar las otras”.       Reorientar el Instituto de la Judicatura   Donde también adelantó el presidente del Tribunal, hará transformaciones, será en el Instituto de la Judicatura. Cambiarán directores, investigadores, porque en su estado actual, el Instituto no se acerca al plan de profesionalización de Vázquez: “No llevaban un programa bien estructurado para satisfacer las necesidades de los juzgadores. A veces por cuestión de tiempo hay temas donde ellos no es que no se actualicen, sino que no tienen el tiempo para capacitarse, entonces, hay que establecer programas en periodos determinados para que ellos puedan acudir y actualizarse sobre temas propios de la función; establecer en el Instituto programas de postgrado, de especialización. “El Instituto debe funcionar como una escuela judicial de profesionalización, y ese es uno de los temas que para mí son más importantes, y por lo menos ahorita el perfil que existe en el Instituto, pues no se adapta a lo que yo quiero. “Es un órgano auxiliar que nos va a servir para, en el periodo que al juez le corresponde ser ratificado, analizar ese aspecto de su situación académica, si ha avanzado, si ha tenido postgrados u otro tipo de diplomados, pero no solamente eso; también lo eficiente que ha sido en su trabajo”.   Consejo de la Judicatura, entre la irregularidad y la mayoría   En noviembre de 2014, a la par de la presidencia del Tribunal y de acuerdo a la reglamentación, debieron haber cambiado también los consejeros de la Judicatura. Los dos espacios ciudadanos fueron en efecto renovados, no así el que representa al gobernador, ni la consejera que había sido designada para cubrir el periodo de la licenciada Perla Ibarra cuando ésta solicitó licencia para convertirse en procuradora. En estricto apego a la legislación, la magistrada Miriam Niebla -quien sustituyó a Ibarra- debió ser removida del Consejo de la Judicatura. Y en todo caso, reelecta para otro periodo. Pero no fue así. Con la venia de la entonces presidenta del Tribunal, María Esther Rentería, Niebla continuó en el Consejo de la Judicatura. También Gerardo Brizuela, el consejero del gobernador que había llegado a sustituir y concluir el periodo del anterior consejero del gobierno. En aquel noviembre de 2014, Jorge Armando Vázquez, junto a otros magistrados, se inconformó. “Nos llamó mucho la atención porque fue en noviembre donde la magistrada Miriam Niebla concluía su cargo como consejera. En esa ocasión, hice una manifestación al pleno  que ella no podía continuar porque ella concluía; hay una disposición en la Constitución que establece que los funcionarios que suplen a otros que ya tienen un periodo determinado, nomás deben concluir ese periodo. Así lo dice la Constitución. Y esa regla constitucional es para consejeros y para otros funcionarios de los tres niveles; pasa por ejemplo con los diputados, si se va un diputado, hay un suplente, y el suplente concluye; esa disposición nos regula a todos. Es el Artículo 108 de la Constitución, entonces, a nosotros nos llamó la atención la permanencia de la magistrada, digo, con todo respeto, como magistrada pues no hay nada qué decir, más bien el problema que nos podía generar  que ella continuara si su gestión conforme al 108 terminara. “En el caso de los consejeros esa disposición se armoniza con la Ley Orgánica que establece que el periodo de los consejeros es de cuatro años, pero si tú armonizas la Ley Orgánica con ese Artículo 108, y en relación a las funciones del Consejo de la Judicatura, armonizando esas tres disposiciones, te das cuenta de que también está en la misma situación ella. “Esa es la opinión muy particular, yo emití en un voto, y que se dividieron varios magistrados y obviamente hicieron sus gestiones. Entonces, es una situación que provocó diferencias, no diferencias en cuanto a conflicto, más que todo era que algunos consideraban que sí podía continuar, otros que no podía continuar, y la decisión final, la tuvo el pleno del Tribunal, que ella podía continuar. Fue una decisión mayoritaria”. — Pero es irregular… “En mi opinión, sí”. —  ¿Cómo puede ser que el Tribunal esté infringiendo la Ley? “En mi opinión, sí, pero ya no me correspondería a mí en un momento dado… si hubiera un conflicto en relación al nombramiento de ella continuando como consejera, pues ya no me correspondería a mí decidirlo, porque yo emití una opinión. Considero que sí se está violando la Constitución, la Ley Orgánica, pero la decisión fue del Tribunal”. — ¿Es el mismo caso de Brizuela? “En el caso del licenciado Brizuela, como es una situación del Ejecutivo, nosotros no opinamos, yo plasmé para el caso de la licenciada Miriam. En el caso de la licenciada Miriam te hago esta acotación: la Constitución no dice cuál es el plazo del encargo de la función de consejero, pero la propia Constitución te remite a la Ley Orgánica en las funciones del Consejo, y la Ley Orgánica dice: ‘Los consejeros durarán en su cargo cuatro años’. Entonces, qué pasa si un consejero sale del Judicial; bueno, yo ya tenía la respuesta, ese consejero podía ser ratificado, o reelecto, podía ser reelecto, pero nadie reparó en eso, en que podía ser reelecto. En el caso del licenciado Brizuela, por respeto a la institución y por respeto al cargo de él, digo, es un tema que debería resolverse, pero en el Ejecutivo”. — No es un buen síntoma que el Tribunal Superior de Justicia no respete las reglas… “La opinión de la mayoría es que no se violenta, esa fue la discusión que teníamos, y pues en el Tribunal, la mayoría tienen sus argumentos. Finalmente, si llegara a darse un conflicto por la permanencia de ellos en el Consejo, pues ya lo tendría que determinar otra autoridad. El Congreso puede hacerlo, pero también puede ser compatible a través de una decisión federal, un amparo, o pudiera caerse en ese momento”. —  Un tercero… “Sí, un tercero podría decir ‘oye, el consejero o la consejera no está legalmente legitimada para esa función, porque está violando el (Artículo) 108 en relación a tal de Ley Orgánica’, etcétera”. —  ¿Y está preparado para una contingencia de esa naturaleza? “Sí, seguramente. Yo creo que para tranquilidad del Poder Judicial, eso se debería resolver internamente ahí, y te lo digo, he estado trabajando para sensibilizar, porque finalmente, ese tipo de situaciones sí impactan hacia el exterior. Creo que mi obligación como presidente es precisamente sensibilizar a quienes están en ese tema para ver de qué manera podemos resolverlo. Habemos siete que no estamos conformes, incluso todavía dos que me han estado insistiendo en qué va a pasar ahí, y entonces ¡yo tengo que respetar la decisión del pleno! Yo soy el presidente, pero la decisión fue del pleno, entonces, tendría que ser un tercero el que podría provocar esa situación, pero si podemos evitarlo a través del diálogo, que yo creo que es el mejor camino, es como podemos resolver esa situación”.   Nuevo magistrado para octubre   En el Consejo de la Judicatura ya tienen las bases y el proyecto para lanzar, este mes de junio, la convocatoria para elegir al magistrado que suplirá la ausencia de López Magaña, que fue cubierto con un supernumerario. Detalló el magistrado presidente que la entrega-recepción del documento está programada para agosto, después del periodo vacacional, “iniciaríamos los exámenes, los procesos de evaluación en septiembre, para en octubre ya tener a los acreditados y enviar la lista al Congreso del Estado para su asignación correspondiente”.   Investigar irregularidades   — Documentos acreditan, no sé si esté enterado, una caja de ahorros que hay en el Poder Judicial, donde la contralora ha pedido casi de manera sistemática préstamos por miles de pesos. ¿Ya revisó? “No. Me enteré por medio de la prensa del tema, pero es una situación que también está dentro de análisis, porque sí son temas que te digo, al interior del Juzgado, sí causan cierta polémica, sobre todo cuando se está hablando de personal; yo creo que sí es algo que debe tomarse muy en serio, pero forma parte de  todo eso que nosotros estamos recabando como información”. — ¿El Poder Judicial está facultado para, si encuentra alguna irregularidad en ese caso, o en el análisis de la entrega del jurídico, puede Usted presentar una denuncia por la comisión de delitos? “Sí, hay una Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, es una Ley a la que nosotros nos tenemos que sujetar en caso de que encontráramos alguna irregularidad. Yo por ejemplo, ahora que me entreguen, si veo irregularidades, tengo que generar un acuerdo para que Contraloría empiece a hacer la investigación; y si Contraloría encuentra esa irregularidad, pues pueda iniciar un procedimiento disciplinario, y pues las sanciones pueden ser dependiendo de la gravedad del tema. Puede generar cuestiones de carácter penal, también, todo dependerá de las irregularidades que se encuentren. Puede ser que algunas sean subsanables, que puedan provocar alguna amonestación, o apercibimiento… destitución, inhabilitación, y puede haber sanciones de carácter penal”.   Del presupuesto… se requiere más   El presupuesto del Poder Judicial, refiere Jorge Vázquez, ronda los 840 millones de pesos. Y necesitan más. De ahí la relación con el Poder Ejecutivo y con el Legislativo. “(Debemos) Sensibilizarlos de la actividad que se realiza, pero también nosotros tenemos que transparentarnos y decir: ‘Mira, un juez no nomás se dedica a dictar sentencias, el presidente no está dirigiendo nomás, se encarga de trámites, de distribuir la carga, el trabajo hacia las salas, los recursos; dirige las sesiones del pleno del Consejo, el pleno del Tribunal’. Todo eso lo tenemos que transparentar e informar, para concientizar y sensibilizar al Poder Ejecutivo, que sí se necesita que el Poder Judicial crezca. “No puede mantenerse bajo el esquema que está ahorita, pero también nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos para ver de qué manera podemos nosotros eficientizar el trabajo. Esto se está haciendo bajo esta organización, pero finalmente, no podemos tener un resultado óptimo precisamente porque estamos limitados en recursos, y para poder cumplir con ese objetivo, de administrar justicia rápida, pues necesitamos crecer también; pero necesitamos sensibilizar cuál es la actividad que realmente. Parece que la percepción desde el exterior, y me atrevo a decirlo, es que en el Poder Judicial no hacemos muchas cosas, pero no. La actividad es tremenda, como no tienes una idea”.   Buscar sensibilizar al Ejecutivo   En una de sus últimas acciones, el magistrado Marco Antonio López Magaña, introdujo -por decisión de la mayoría del pleno- una controversia constitucional y un amparo contra la Ley de ISSSTECALI, la primera continúa su curso, mientras en el segundo se concedió una suspensión provisional. De lo que sigue, comenta el presidente Vázquez: “Los argumentos prácticamente son los mismos, se alega que hay el problema en materia constitucional, de la controversia, una intromisión de otros poderes hacia el Poder Judicial, sobre todo en dos temas importantes. Uno de ellos es que se alega en esa controversia que no hubo, no se cumplió con el procedimiento legislativo, en el sentido de darle intervención al Poder Judicial; es uno de los temas que, como se va a afectar el presupuesto del Tribunal por el reconocimiento de antigüedad de algunos trabajadores, podría afectar el presupuesto del Tribunal, y como no se le dio la intervención debida, esa es una de las partes que maneja la controversia. “La segunda es ya en relación al Artículo que establece en la Ley de ISSSTECALI, el reconocimiento voluntario, o el reconocimiento por laudo, por el lado que se emita, que sería forzoso este reconocimiento ya por pronunciamiento de una autoridad  jurisdiccional, que nos obligaría a nosotros como Poder Judicial por todo ese reconocimiento, a aportar las cuotas que le corresponden al trabajador, y aparte el otro trabajador también tendría que aportarlas. Aquí el problema que se plantea en la controversia es que en los transitorios nunca se determinó cómo iban a aportar en ampliación presupuestal esas cantidades de dinero. “Nosotros no nos podemos desistir. Te hago una aclaración: la presentación de la controversia fue una decisión del pleno, e incluso te lo digo, en un primer momento fue unánime, nomás que como soy de inquieto, me quedé con la espinita de que algo no estaba bien, lo consulté con otros compañeros magistrados y consideramos que la mejor forma de solucionar el problema era tener un acercamiento con el Ejecutivo, y que nos diera una respuesta o una solución sobre ese tema; porque finalmente, vamos a ponernos en el caso de que hubiera un reconocimiento de antigüedad de todos esos trabajadores. ¿Quién va a pagarlo? Pues obviamente el presupuesto operativo ya está establecido, ya lo tenemos destinado, pero si va a generarse una cantidad de dinero, que creo también ese problema no lo tiene nada más el Poder Judicial, lo tiene el Ejecutivo, y el Congreso. “Finalmente, volvemos a lo mismo: el acercamiento, el diálogo, ¿cómo vamos a resolver este problema? Yo creo que no era la manera, entonces, esa inquietud que surgió conmigo, fue la que generó una nueva reflexión hacia el pleno. Creo que debemos acercarnos mejor, establecer los conductos para acerarnos al Poder Ejecutivo y ver de qué manera podemos resolver esa situación”.   Poder Judicial listo para Nuevo Sistema   Sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que para 2016 debe estar vigente en todo el Estado, Jorge Armando Vázquez asegura están listos: “Al Poder Judicial nos corresponde capacitar a los jueces que van a formar parte de la implementación. Todo  lo que es infraestructura, es recurso del Estado y Federación, pero hay un organismo, SIDUE, el que se encarga de la infraestructura”.