En la historia contemporánea de Baja California, nos ha tocado vivir de todo. Desde el primer gobierno de oposición encabezado por Ernesto Ruffo Appel, la muerte de un gobernador constitucional a su tercer año del sexenio con Don Héctor Terán Terán, la rígida política de Eugenio Elorduy Walther y el trabajo a lomo de José Guadalupe Osuna Millán. Hasta antes de 1988 no habíamos vivido los bajacalifornianos -para quien no tenga memoria de aquellos años, el Estado fue gobernado por Xicoténcatl Leyva Mortera, del PRI, con una política voraz, de represión y corrupción- un gobierno tan falto de respeto a las instituciones, tan dejado del ejercicio del poder como los actuales que encabezan el Poder Ejecutivo. Ante la encendida política local, entre manifestaciones por conflictos sociales, magisteriales, por la inseguridad, económicos debido a las políticas centralistas fiscales que han agravado la situación en la frontera, y la enardecida ola de violencia producto de vendettas entre bandas del narcotráfico y el crimen organizado, que incluyen el asentamiento en la región del Cártel Jalisco Nueva Generación, ni los alcaldes de los cinco municipios ni el gobernador han estado a la altura política y administrativa para menguar en algo la intranquilidad que esos fenómenos despiertan en la entidad. Sin solución el problema de San Quintín, con maestros en constantes paros, funcionarios que utilizan el presupuesto a su discreción y antojo sin que ello beneficie a la clase bajacaliforniana, el gobernador Francisco Vega se ha lucido por su insensibilidad y su falta de liderazgo. No enfrenta ninguno de esos problemas, no se ve su mano enérgica para con su gabinete, que en la misma línea se ha tirado al dejar hacer y dejar pasar. El gobierno en Tijuana no es ajeno a esa condición. De igual manera, pasamos en 25 años de un partido a otro, la alternancia de ayuntamientos panistas rebasados por la condición natural de sus funcionarios que heredaron la voracidad económica y de negocios de los priistas que les antecedieron, para dar paso a los tricolores que determinaron en los trienios de Jorge Hank Rhon y de Carlos Bustamante Anchondo, que no habían cambiado. Que el PRI es el PRI tenga el calificativo de nuevo, de viejo o de renovado. Pero quizá lo que no nos había tocado a los bajacalifornianos era atestiguar lo que hoy los gobernantes, tanto en la administración del Estado como de los ayuntamientos, nos dejan claro con su falta de acciones, la toma de decisiones: la falta de respeto que tienen hacia las instituciones, la poca capacidad en el ejercicio del gobierno y la unilateral acción cuando de determinar se trata. Ni la gente manda con Vega, ni las organizaciones ciudadanas son consideradas por Astiazarán. Lo que sucedió hace unos días en Tijuana, en medio de ejecuciones del narcotráfico y el crimen organizado, es un ejemplo de cómo se lleva el gobierno. Para el cambio de Patricia Sida de la Dirección de la Policía Municipal, no hubo ni institucionalidad ni seriedad. Primero dos funcionarios cercanos al alcalde dirían a reporteros y editores de la remoción, después el encargado directo de la señora Sida, el secretario Alejandro Lares, lo negaría sistemáticamente hasta que Bernardo Padilla, secretario del Ayuntamiento, nos informó que más tarde se daría una conferencia, lo cual efectivamente sucedió y, en efecto, contra la negativa de Lares, se anunció la salida de Sida. El embrollo entre los funcionarios de Astiazarán refleja tres escenarios: Uno, el secretario de Seguridad no tiene control sobre las designaciones en la Policía que debiera encabezar. Dos, entre los funcionarios hay rencillas políticas que terminan por afectar el ejercicio del gobierno y precisamente en la seguridad. Y tercero y más delicado, el alcalde o promueve la división entre sus colaboradores para vencer, o no ejerce el liderazgo que debiera. En el Gobierno del Estado, con los problemas ya mencionados que atosigan a los bajacalifornianos, Francisco Vega parece más concentrado en agradecer al Presidente Enrique Peña Nieto, quién sabe qué, o en la construcción de su mansión o el crecimiento de sus negocios, que en poner orden y ejercer el liderazgo entre sus colaboradores. Prácticamente entre personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad del Estado no hay comunicación. Ni hablar de coordinación con otras áreas para sofocar el problema de la inseguridad que desde que tomó posesión, ha ido creciendo. Y en términos políticos, Vega se ha pasado negociando con la oposición en el Congreso del Estado, unos nombramientos por otros, y ha descansado junto a su secretario de Finanzas -con la ayuda de los diputados- en la política del endeudamiento por encima de la política de la administración eficiente. Para colmo, sus marcadas y constantes ausencias dejan al Estado de Baja California en la ingobernabilidad política. Hace unos días anunció que en medio de este embrollo social, se va de nueva cuenta. Primero a acompañar a Europa al Presidente Enrique Peña Nieto, a quien por cierto, los bajacalifornianos deben muchos de sus males; además, se quedará en aquel continente para promocionar al Estado. Total, pasadas las elecciones, otra vez se ausentará mínimo unos ocho días. Estas situaciones, esta insensibilidad gubernamental, esta ausencia de respeto a las instituciones, es algo que en conjunto, hace mucho tiempo no nos tocaba ver a los bajacalifornianos. El próximo año, en 2016, habrá elecciones para renovar alcaldías y diputaciones locales. Vaya haciendo cuentas.
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