San Vicente y San Quintín con el 15% de quejas ante CEDH

Tijuana es el lugar donde se reciben más quejas, seguido de Mexicali, pero tan solo en San Quintín y San Vicente en el municipio de Ensenada se recibieron el 15 por ciento de los asuntos, comentó Melba Adriana Olvera Ramírez, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Durante la reunión que sostuvo esta mañana con el Grupo 21 en la que explicó el nuevo proyecto para el funcionamiento de la Comisión, Olvera comentó que de los más de 100 defensores de Derechos Humanos que hay en el estado, tan solo hay tres personas que se encargan de atender las quejas en la región del sur de Ensenada: dos en San Vicente y una en San Quintín “se requiere por lo menos el doble del personal”. Olvera dijo que las quejas han bajado en comparación a 2014, lo cual puede responder a dos situaciones: que hay una disminución en las violaciones a los derechos humanos o que se está perdiendo la confianza de la ciudadanía para denunciar ante la CEDH. Añadió que el número de quejas hacia las dependencias gubernamentales las lideran las secretarías de Seguridad Pública Municipal y Estatal. Comentó también que el Programa Estatal de Derechos Humanos se elaboró en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado, con el maestro José Luis Pérez Canchola, con las dependencias de gobierno y la participación de asociaciones de la sociedad civil. México ha firmado más de 150 tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, la tarea es gigantesca y creo que sobra decirlo pero la operatividad de las instituciones locales en la materia sobre sus posibilidades de operación es bastante dispar a la tarea que se tiene, dijo. “Tenemos la obligación de trabajar en un mecanismo contra la tortura, sin embargo la mayoría de las comisiones estatales, procuradurías o defensorías de los pueblos no cuentan con el personal indispensable para poder aplicar el protocolo de Estambul, no es la excepción el estado de Baja California”, añadió. En entrevista con medios, la Presidenta de la CEDH agregó que para evitar que los elementos policiacos atenten contra los derechos humanos de las personas se debe buscar mayor coordinación y comunicación con las autoridades estatal en la materia así como con los alcaldes, además “los agentes deben conocer los derechos humanos para no violentarlos”.