“Policías que arrestaron a Hugo Hernández Flores deben ser suspendidos”: abogado

“Los oficiales que arrestaron a Hugo Hernández Flores por el asesinato del policía municipal Juan Gualberto Jáuregui Ruvalcaba deben ser suspendidos por haber torturado al joven luego de arrestarlo; también se incluye a otros 10 elementos de la corporación y a  Marco Antonio Martín Armenta, Juez Municipal en la Delegación La Presa, como parte de los implicados”, dijo en conferencia de prensa  Gabriel González Celestino, presidente del Consejo Ciudadano de Procuración de Justicia del Estado de Baja California. El litigante, señaló que Hernández Flores fue obligado a declarar que había sido culpable del asesinato del oficial, además fue golpeado y recibió descargas eléctricas durante su proceso. De la denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, averiguación previa 3311/2015/206AP, señaló que ya se aplicó el Protocolo de Estambul a su cliente, en virtud de que fue torturado para obtener la confesión. El abogado indicó que, además, ya se presentaron las declaraciones de los testigos, el reconocimiento del álbum fotográfico y hasta este momento se han identificado a 12 agentes de la policía municipal. “Los que van a ser suspendidos por el momento son los que manifestaron en su parte informativo que el joven se había declarado culpable del homicidio que son los dos agentes municipales, Pablo Quiroz Hernández, con número de matrícula 6713, así como Julio César Oliva Rangel, con número de matrícula 5373 y 10 oficiales que han sido reconocidos hasta el momento”, mencionó.   Añadió que también se relaciona al Licenciado Marco Antonio Martín Armenta, Juez Municipal en la Delegación La Presa y quien determinó que el joven había cometido el homicidio. Por parte de la Procuraduría se han integrado al momento siete delitos penales: privación de la libertad, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, tortura, falsedad ante las autoridades, asociación delictuosa y un delito que acaba de integrarse una vez que el Juez Séptimo de lo penal extendió la boleta de liberad porque no se comprobó que los 15 envoltorios que le habían puestos lo policías la traía él, dijo. Se integró en la PGJE en contra de los oficiales ya mencionados el delito “contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión de narcóticos denominado metanfetamina”, añadió.  El 11 de junio la PDH les entregó una medida cautelar para la protección del joven en virtud de que teme por su vida, dirigida a Alejandro Lares Valladares, secretario de Seguridad Pública,  al cual “se le instruye y se le indica, que en este caso se le brinden todas las facilidades al joven en virtud de los motivos ya expuestos” para salvaguardar los derechos de Hugo Alfonso Hernández, su familia y los testigos, para que “ningún servidor público realicen actos de intimidación que les impidan acceder al sistema de justicia”; asimismo se ordena instruir a quien corresponda para se proporcione atención integral a las víctimas, familiares y testigos “absteniéndose de realizar conductas que revictimicen y pongan en riesgo la seguridad e integración personal”, y por último, se dicten las medidas pertinentes para dar cumplimiento a lo anterior.