Policía Auxiliar detiene a usurpador de funciones públicas

Roberto Alconedo Hernández intentó cobrar dinero al encargado de un taller mecánico de la colonia Mariano Matamoros haciéndose pasar por inspector analista ambiental del Gobierno del Estado, pidió al mecánico llevarlo al Centro de Gobierno con amenazas, pero finalmente con la intervención de la policía auxiliar fue puesto a disposición de las autoridades. Eran las 6 de la tarde del lunes 15 de junio y a los empleados del taller les pareció extraño que un sujeto se identificara como empleado de gobierno a esa hora y sin vehículo oficial, pero colgaba en su cuello un gafete que así lo identificaba. Les señaló lo desorganizado de los carros y un supuesto tiradero de aceite que de inmediato trataron de solucionar, pero Alconedo Hernández les dijo que una multa de 2 mil pesos era inminente. Minutos después se acercó un amigo del encargado, quien le expresó que también le parecía extraña la presencia de un inspector y luego se retiró. El hombre del gafete pidió dinero pero el encargado no tenía, luego exigió se le llevara al Centro de Gobierno donde “se arreglaría todo”. El del taller lo subió a su camioneta y a una cuadra de distancia, en la avenida Jaujilla del Mariano Matamoros, donde se encuentra una caseta de policía, un oficial auxiliar lo paró. El amigo del encargado que minutos antes había llegado al taller alertó en la caseta de vigilancia, habló del supuesto empleado y el uniformado de la corporación de servicios de vigilancia auxiliar lo esperó.  El policía le hizo preguntas y el hoy detenido erró. Cuando se sintió acorralado amenazó de muerte tanto al encargado del taller como al uniformado. Hoy Roberto Alconedo está siendo investigado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por su caso se abrió la averiguación previa 3681/15/20C. Durante el 2014, por usurpación de funciones públicas se abrieron 30 investigaciones y terminaron por determinarse solo 4, mientras que en lo que va del 2015 van 6 y 2 determinadas. La pena para el que resulte culpable por este delito va de un año a seis de presión y de cien a 300 días de multa, de acuerdo al artículo 318 del Código Penal de Baja California.