Ante la apatía e inactividad de las autoridades federales el conflicto por los terrenos en el Ejido Ojo de Agua de Tijuana se ha profundizado. Son cerca de cinco mil hectáreas en una zona estratégica, con un fuerte potencial de desarrollo económico, en un área cercana a la mancha urbana del lado este Tijuana –en la colindancia con Tecate– utilizada para el asentamiento de plantas industriales. La falta de regularización de ese Centro de Población –dotado de terrenos desde 1980— ha generado irregularidades porque en esa misma zona hay pequeños propietarios, posesionarios, avecindados y 97 ejidatarios. Ahora después de 30 años, surgieron dos personas que también se dicen propietarios. “Aprovechándose de la situación pretenden arrebatarnos casi la mitad de las tierras ejidales” acusaron los ejidatarios. Se trata del abogado Fernando Gómez y el ingeniero Rafael Tamaura, esto, bajo el reclamo de pago de honorarios por trabajos que hicieron para el ejido. “Lo que queremos es que se hagan las cosas justas”, refiere Jesús Briseño, ejidatario ahí en el Ojo de Agua, quien asegura que los dos profesionales mencionados, en contubernio con el Comisariado falsificaron las actas de asamblea en las cuales se asienta la aprobación de 17 nuevos miembros del ejido. Entre estos, Orestes Gilberto Beltrones Rivera, hermano de Manlio Fabio, el ex gobernador sonorense y una de las cabezas visibles del PRI Nacional y actual líder de la bancada tricolor en el Congreso federal. “Estamos reclamando que jamás fueron aprobadas por nosotros esas actas, tenemos una demanda en la cuales estamos tratando de anular esas actas”, refirió Briseño Otra ejidataria, Lucila Gracia Arteaga le envió una carta al Presidente Enrique Peña Nieto donde le pide ayuda y califica de “una mafia” a estas personas que intentan quitarles la mitad de las tierras ejidales. “Necesitamos su ayuda, me gustaría que mandara a personas de la Reforma Agraria para que nos ayuden a hacerles una auditoría”. Denuncian amenazas de encarcelamiento y hasta de muerte, todo en función de “los cientos de millones que significan nuestras tierras”. 
Un abogado que ha estado cercano al tema expuso su visión, “Aquí lo que ha pasado es que ha habido injusticias porque hay gente que se han aprovechado de la situación y de los ejidatarios, de los derechos y que de paso han despojado de las tierras a pequeños propietarios, valiéndose de algunas artimañas legales” Incluso la tercera semana de mayo 2015, los miembros del ejido publicaron un desplegado en algunos medios locales dirigido también al presidente Peña Nieto donde exponen los atropellos sufridos de parte de quienes llaman “funcionarios públicos y oportunistas sin escrúpulos” y le piden la intervención presidencial. Toda la vida Los ejidatarios del Ojo de Agua tienen años con la sistemática insistencia para poder regularizar sus terrenos –a raíz de la dotación federal desde 1980— en una zona donde no son los únicos, sino que convergen pequeños propietarios, ganaderos y hasta fraccionamientos privados e instancias gubernamentales (ZETA, 5 octubre del 2012). El tema tiene que ver con tierras y solicitantes que desde mediados de los 70 pretendían contar con esos terrenos como propios y en tiempos presidenciales de José López Portillo se decreta la creación del Centro de Población Ejidal “Ojo de Agua”, lo que llevó a un largo y accidentado camino –uno de los problemas era la delimitación del predio— y que finalmente tras varios amparos se llegó a una resolución en el 2012 la que terminó afectando a personas que tienen títulos de propiedad que derivan de los llamados “títulos primordiales”, algunos con sellos de la época de Benito Juárez. La resolución de 1980 implicaba la creación de un nuevo centro poblacional con la dotación de 4 mil 494 hectáreas de terrenos baldíos, propiedad de la nación. Desde ahí empezó el problema, pues algunas de esas tierras ni estaban baldías ni eran propiedad de la nación. Es decir, en la mencionada resolución se incluyeron terrenos que sí tenían dueños, con la documentación, el sustento histórico de sus propiedades, y que de un día para otro, por decisión gubernamental supieron que sus tierras ahora eran oficialmente propiedad de otros. Esa lucha por la regularización de los terrenos llevó a los ejidatarios a contratar varios abogados, uno de éstos el licenciado Salvador Gómez, quien llevó el seguimiento de un Amparo interpuesto por ellos contra una serie de decisiones erróneas de la Secretaría de la Reforma Agraria que, primero, involucró a personajes públicos en la original dotación, luego, trato de enderezar la situación y apresuró un deslinde en terrenos que ya tenían propietarios. Después –en julio del año 2012 y de manera apresurada se hizo otro deslinde en aras de ejecutar la resolución presidencial de 1980 con el objetivo de localizar las 4 mil 494 hectáreas que el gobierno federal originalmente destinó para los cerca de 100 ejidatarios. 
Y lo que originalmente fue el amparo 2457/92 que fue interpuesto en contra de la decisión de la Secretaría de la Reforma Agraria –por el equívoco de sus delimitaciones— se tornó en el Amparo 475/2010, el que finalmente le tocó concluir al abogado Fernando Gómez Chávez, a quien originalmente se le había ofrecido un pago del 7.5 por ciento de los terrenos. Otro de los involucrados fue el ingeniero Rafael Tamaura Corral, quien se involucró con el ejido a raíz de que por la zona cruzaron un lineado de la Comisión Federal de Electricidad, lo que significaba una indemnización por servidumbre de paso para el ejido recursos que –aseguran algunos de los ejidatarios— nunca vieron. En mayo de 2014 se emitió una convocatoria firmada por el presidente del Comisariado, Manuel de Jesús López Burrola donde se cita a Asamblea del Ejido Ojo de Agua a efectuarse el domingo 8 de junio en el salón social de la comunidad. En uno de los puntos se incluyó “Dar a conocer por los profesionistas las dos propuestas de la forma de pago de las obligaciones contraídas con el licenciado Fernando Gómez y el equipo del ingeniero Rafael Tamaura Corral”. Pero de acuerdo a documentos relativos al acta de la asamblea, en el punto cuatro se trató el tema de los honorarios de los profesionistas, 10.65 para el abogado y 30 por ciento para el ingeniero, lo que suman el 47.5 de las tierras como la parte a pagar por el ejido a ambos personajes. Pero además bajo un argumento dizque legal en función a la posible posesión máxima de las tierras –según lo que marca que ningún ejidatario puede ser titular de más del 5.7 de la dotación de tierras— se “acordó” integrar a otros ejidatarios, en total 17. En la lista incluyen –además de los dos profesionales— a Orestes Beltrones Rivera, Ricardo Adolfo García González, Sergio Rocha Preciado, Sergio Soto Cota Cecilio Páez López, Carlos Alberto Méndez Torres, Francisco Javier Contreras Montoya, Martha Trujillo Camacho, Alejandro Omar Beltrán Urquijo, José Villareal Escobedo, Maricarmen Tamaura Corral, José Alfredo Córdova López, Gloria Patricia Valenzuela y José Luis Rubio Pino. Se defienden Según algunos de los integrantes del ejido, el abogado en contubernio con el Comisariado falsificó unas actas en las cuales se asienta que aprobaron el ingreso de 17 nuevos ejidatarios. “Nosotros estamos reclamando que jamás fueron aprobadas por nosotros esas actas y tenemos una demanda en la cual estamos tratando de anular esas actas”, expone Jesús Briseño, uno de los 97 integrantes del ejido. La versión es que los dos profesionales –en contubernio con las autoridades ejidales— hicieron contratos donde se incluía el pago. Afirman que se trata de contratos fraudulentos –según la misma fuente— elaborados a modo y que ahora buscan cobrarlos con el pago de casi la mitad de las tierras ejidales. En el caso del abogado Gómez, éste se le contrató bajo el compromiso –hecho por el profesionista— de llevar el juicio y entregarles las tierras, ya con todo el papeleo y acreditación final. Ahora la versión es que el solo se había comprometido a llevar el juicio de amparo, la parte final del Amparo 475/2010. 
De acuerdo a algunos de los ejidatarios, toda la información relativa a los contratos, ni siquiera han tenido acceso a ella ya que el papeleo lo llevan desde la dirigencia del Comisariado, en este caso encabezado por Manuel López Burrola. “Ahora estos señores quieren quedarse con más de dos mil hectáreas, que son el 47 por ciento de todo el terreno del ejido”, refiere Jesús Briseño. Y se la situación que implica que aparte de los ejidatarios existen posesionarios, Briseño comenta que “No nos ejecutaron debidamente…lo real era que nos entregaran los terrenos libres, pero nunca fue así. Hay muchos juicios de amparo que se están peleando”, dice en alusión a toda una situación de incertidumbre que formalmente le tocaría arreglar a la Sedatu, (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), lo que era antes la Secretaría de la Reforma Agraria. “Nosotros estaos dispuestos a pagar lo que es justo al licenciado Gómez, pero no que se quiera apoderar de todos estos terrenos, del 47.5, es lo que estamos tratando de defender”. En el desplegado publicado en algunos medios la semana pasada, los ejidatarios denuncian, “Hemos recibido amenazas de muerte, que nos van a meter a la cárcel, de todo y lo que se quiera imaginar, los cientos de millones que representa el valor de nuestras tierras hace que peligre nuestra integridad y la de nuestras familias…”. exponen en el documento dirigido al Presidente Peña Nieto y donde le piden su intervención, “POR FAVOR SEA SENSIBLE A NUESTRA PETICION, LO NECESITAMOS, ESTÁ EN SUS MANOS HACERLO, ORDENE POR FAVOR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE NO SUCEDA UN ATROPELLO”, asientan así, con mayúsculas, mientras que antes, la señora Lucía García Arteaga a puño y letra y en siete hojas sintetiza la problemática, detalla cómo se ha venido gestando el atropello y le resume al presidente, “Necesitamos su ayuda con urgencia”. Comisariado Para conocer la versión de la contraparte ZETA acudió a la zona del Ejido Ojo de Agua, a la casa del presidente del Comisariado Ejidal Manuel de Jesús López Burrola, el 26 de mayo y el 2 de junio, en ambas ocasiones se negó la presencia del hombre en el domicilio por lo que se le dejó recado, explicándole la razón de la vista, solicitando la entrevista y mencionado los temas que generan inconformidad entre sus agremiados, se le dejaron contactos y número de teléfono, pero no hubo respuesta. La primera semana de mayo, el comisariado atendió a ZETA para otra queja por la falta de reparto de tierras, acción que López Burrola negó, al tiempo que aseguró “que la enajenación de terrenos ejidales debe ser aprobada en asamblea” y agregó que si había inconformidades debían denunciarse ante la procuraduría agraria.
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