Millones en efectivo igual a lavado de dinero

La mañana del sábado 9 de mayo de 2015, un grupo de agentes federales llegaron hasta la casa marcada con el número 1037 de la calle Jacarandas, en el fraccionamiento Los Pinos, en Mexicali. Portaban una orden de cateo y llegaron buscando droga. Según la versión del empresario detenido en el operativo, también le preguntaron “por el dinero”. Al revisar la residencia localizaron dos cajas fuertes empotradas en el piso. Sobresalían varios documentos, pero también muchos billetes en efectivo, dólares y pesos. En total había 7 millones 381 mil pesos y un millón 249 mil 150 dólares en efectivo. Al tipo de cambio actual, unos y otros sumarian alrededor de 25 millones de pesos. Ahí fue detenido -como posesionario del dinero- Ignacio Chacón Cuéllar, un empresario residente de Coahuila con familia en Mexicali al que acusaron de violar la Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Anti-lavado de Dinero. Chacón Cuéllar es propietario de terrenos en Coahuila, un hotel campestre, empresario en diversas ramas, productor vitivinícola, de nueces y almendras de exportación y ha insistido en que ese dinero no es producto de actividades ilícitas; además, argumenta haber recibido 30 millones de pesos como “donación” -así le llaman técnicamente- como albacea en la herencia familiar recibida de su padre, un conocido médico mexicalense ya fallecido. Aparte de la detención del empresario, las autoridades federales confiscaron la casa -donde asegura la familia, viven la mamá, hermana y sobrinos de Chacón- y, por supuesto, el dinero en efectivo. Los abogados del empresario muestran copias de la entrega formal de la herencia, del pago de impuestos, de estados de cuentas bancarias. Cuestionan el irregular procedimiento del cateo y la presentación de testigos falsos. Por lo pronto, en el transcurso de esta semana lograron un amparo provisional a través del cual recuperaron la casa familiar. Desde la Procuraduría General de la República –donde declinaron una entrevista-, extraoficialmente argumentaron que a la fecha, Ignacio Chacón no han podido comprobar la procedencia lícita de todo el dinero. Del amparo refirieron: “Es una suspensión provisional” que no está desestimando el caso, en el mismo expediente la autoridad lo menciona como “presunto”, que es el mismo estatus que presentó la PGR.  Reconocieron que  presentó una donación del 26 de abril de 2013, la valuación inmobiliaria de la casa y otras propiedades, pero como no ha acreditado la procedencia lícita de toda la cantidad asegurada -lo que podría hacer con las declaraciones patrimoniales anuales que ampararan-  el juez no ha dictado la libertad Por su parte, el abogado y experto fiscalista Reginaldo Esquer, ex líder empresarial en Mexicali, sostiene que este tipo de medidas implementadas desde el gobierno central – bajo la premisa de combatir el blanqueo y la evasión fiscal- se han convertido en un obstáculo en esta frontera  para algunas actividades empresariales perfectamente licitas, ya que limitan y hasta restringen el uso de dólares en efectivo. Por lo pronto el empresario sigue en la cárcel y los billetes retenidos.  “Es una situación muy delicada, hay gente muy preocupada porque también manejan cantidades en efectivo”, refiere el abogado Elías Flores Gallegos en alusión a que en México no es ilegal tener dinero bajo el colchón. “No es ilegal” reconocieron en la PGR, pero insisten: “Debes poder acreditar su legal procedencia”.   Incongruencias   De acuerdo a los datos incluidos en la causa penal 55/2015, todo inició a raíz de una llamada anónima recibida en la PGR donde se denunció que en un domicilio del fraccionamiento Los Pinos -Jacarandas número 1037- vendían drogas. Dos agentes federales asignados al caso –y que así lo expusieron en su declaración- precisaron que al lugar llegaron dos sujetos, tocan la puerta, sale un hombre, intercambian palabras y luego dinero por droga.  De acuerdo a esa versión, los policías siguen a los dos tipos, los detienen más adelante y le encuentran a cada uno un envoltorio con cocaína, exponiendo éstos que los compraron a 100 pesos cada paquete. En base a esas dos testimoniales, se giró la orden de cateo que Ignacio Chacón atendió sin resistencia, cuando le preguntaron por dinero incluso les abrió las cajas fuertes. Estaba en Mexicali, procedente de Parras, Coahuila, para pasar el 10 de mayo en plan familiar con  su madre, su hermana y dos hijos menores de esta última. Todos fueron trasladados a las instalaciones de la PGR, confiscada la casa y el dinero; Chacón Cuéllar fue consignado por el delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita, aunque al momento de dictar el auto de formal prisión, el Juez Sexto de Distrito lo reclasificó como posesión de recursos de procedencia ilícita. De acuerdo a su abogado, Elías Flores Gallegos, el empresario mostró ante el Ministerio Publico las pruebas de que en 2008 su madre recibió de su esposo, el doctor Mario Chacón -ya fallecido-, una “donación” por 34 millones de pesos, aparte de una serie de bienes en Mexicali y en Coahuila, de los cuales Ignacio Chacón funge como albacea del testamento. La donación fue ratificada ante notario. “Todo eso se exhibió al Juzgado, pero no fue tomado en cuenta”, expone el abogado, y amplía el señalar que dentro del término también se aportaron estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, reimpresiones de facturas que en su conjunto suman más de 60 millones de ingresos en los últimos tres años. El abogado sostiene que es común que algunos empresarios prefieran guardar su dinero en efectivo. “No tienes idea de cuanta gente nos ha contactado y que están metidos en el mismo problema”, refiere Flores Gallegos. De acuerdo al abogado, desde el Juzgado de Distrito pretenden que se acredite que ese dinero son los mismos billetes que se recibieron como herencia. “El Ministerio Público es la autoridad investigadora, tendría que haber hecho una investigación previa en la cual determina que ese dinero es realmente de procedencia ilícita, de otra manera, se presume, es al revés”, comenta Flores, mientras que otro de los abogados tercia: “Lo único que tiene el Ministerio Público, es que encontró dinero”. Entre otras cosas, comentan que en el cateo detectaron varias irregularidades, como lo estipulado en el Artículo 16 constitucional, ya que ahí se marca que el cateado tiene el derecho de designar dos testigos -derecho que no tuvo-. Aparte se investigó a los testigos, Manuel Cázares Pozo y Rodolfo Almaguer Gallego, ambos de oficio albañil y originarios de Culiacán, Sinaloa. Pero al tratar de localizarlos para llamarlos a los careos, resultó que  el Registro Civil de Sinaloa expidió dos constancias de inexistencia. Trataron de  localizarlos a nivel federal -por medio de CURP-, pero tampoco hubo datos. El abogado refiere que estos datos no los tenían en el lapso en el cual el juez expuso el auto de formal prisión, pero ahora los han aportado ante el Tribunal Unitario donde están apelando la decisión. La tesis es que se trata de testigos inexistentes. “Toda la estructura de la averiguación previa está basada en la declaración de dos supuestos compradores de droga, los cuales ya tenemos acreditado que no existen”, refiere Flores Gallegos, quien considera alarmante que los ciudadanos estemos expuestos a que por un invento de las autoridades, se obligue a probar la procedencia legal de un recurso.   Justos por pecadores   “El gobierno fijó su atención en el efectivo como una medida, un parámetro que pudiera relacionar con los cárteles de las drogas, con actividades ilícitas, y también ese tema siempre se asocia con la vinculación a actividades licitas, pero que no pagan impuestos”, expresa por su parte el abogado especializado en Derecho Fiscal, Reginaldo Esquer. “Bajo esta perspectiva y con esa presunción, el Gobierno Federal empezó a generar muchas regulaciones, pero lo que siempre ha puesto en la mesa, es la presunción de actividades ilícitas”, comenta Esquer, quien ha fungido como dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Mexicali, además del Consejo Coordinador Empresarial a nivel local y estatal. Para el abogado y fiscalista, existe otro factor subyacente, no explícito, que es el relativo al pago de impuestos, también bajo la presunción de que quien posee dinero en efectivo, no está pagando impuestos por esas cantidades. Pero, aunque con estas medidas se busque perseguir a quienes realizan actividades delincuenciales, hay personas que llevan a cabo actividades lícitas y obtienen efectivo por las mismas, que pagan impuestos pero que por la sola posesión de dinero en efectivo, de acuerdo a esas leyes, les permite a la autoridad “presumir” que puedan estar vinculados ilícitas. “Esto quiere decir que la Ley es imperfecta, en el sentido de que pagan justos por pecadores”, expone el abogado fiscalista en alusión a que la Ley no contiene de manera muy clara qué es lo que sucede cuando una persona con actividad lícita obtiene dinero en efectivo, lo declara y paga impuestos. Menciona ejemplos, como un mercado, farmacias y hasta tianguis y mercados sobre ruedas que perciben dinero en efectivo. Aparte, el problema se agrava cuando el efectivo son dólares, dado que la presunción de vinculación al crimen organizado se triplica, se hace más severa. ”Con el decreto de control de cambios, que el Gobierno Federal prometió liberar en la frontera y que hasta la fecha no ha sido realidad, metieron en aprietos a miles de empresas que en la frontera reciben muchos dólares en efectivo, que pagan en efectivo y ahora resulta que esos que obtienen el dinero legítimamente, están limitados a depositar en los bancos, dado que estos no les reciben más de 12 mil, 15  dólares al mes”, refiere Esquer, lo que obliga a estos empresarios a resguardar esas cantidades en alguna parte, lo que no significa que no los estén declarando. A ello se suma que del lado norteamericano, a todo el que deposita a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos en dólares, les cancelan las cuentas, debido a los acuerdos bilaterales para proteger la frontera del flujo financiero en dólares. “Nuestra legislación y los acuerdos que tienen con Estados Unidos, a mi juicio, para el común denominador de la población, la afectaron mucho y a los grandes capos, con actividades ilícitas y operaciones millonarias, a ellos no los ven…”. Según el abogado,  esta situación ha obligado a muchas empresas -con el peligro que esto implica- a tener que estar resguardando en casas u otros lugares, el efectivo mientras tengan la oportunidad  de poderlo depositar. “Si no lo tienes todo bien documentado, desafortunadamente, a cómo está la Ley, eres el equivalente a un narcotraficante, lo cual es absurdo”, sintetiza Reginaldo Esquer, quien reconoce que hay un mercado lícito que opera en efectivo, pero dado que el gobierno no sabe diferenciar entre uno y otro, corta parejo. Por todo eso, considera que debe haber excepciones a la regla.