El 23 de mayo, por todo lo alto, el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Alejandro Lares Valladares, ordenó hacerle un funeral de honor al policía municipal Juan Gualberto Jáuregui Ruvalcaba, asesinado tres días antes en su casa, en la delegación La Presa. Reservado para agentes que mueren en cumplimiento de su deber como un último homenaje a su valentía y entrega, las honras incluyen 21 cañonazos de salva y el pase de lista donde el resto de la tropa responde el presente en lugar del fallecido compañero. No concluida la investigación sobre el asesinato del agente, donde incluso un grupo de la Municipal cometió errores que los llevaron a detener a un extraño y sospechar de la esposa, lo que en la base de la Policía de Tijuana se sabía y ya consta en actas dentro de la averiguación previa que se sigue por el homicidio, es que Jáuregui Ruvalcaba estaba inmiscuido en narcomenudeo en la Zona Este de la ciudad donde residía. Testimonios de personas cercanas a Jáuregui y a otro miembro de su familia también señalado como parte del negocio de la venta de droga en pequeño, quedaron asentados oficialmente. Por supuesto, de esto nada ha declarado Lares Valladares, quien con acciones como tales honras fúnebres y liberar a policías que cometieron excesos, se consolida como un secretario encubridor. Por cierto, ¿y los agentes que reprobaron el Examen de Confianza? Algunos ahí siguen laborando al amparo del jefe, que pasa más horas cuidando Residencial Verona -se quejan- que atendiendo la corporación o depurando a la tropa.
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