Convenios ambiguos, reparación de daños a medias

  Contratos millonarios y desventajosos signados por sus antecesores, tienen al gobierno de Jorge Astiazarán Orcí, atado de manos jurídicamente. Al menos así lo visualiza el área legal de la Consejería Jurídica del XXI Ayuntamiento de Tijuana, a cargo de Gerardo Herrera Zavala, al estar a punto de cerrar el caso que se sigue contra Sola Basic, empresa que jurídicamente se le eximirá del fallido programa de modernización de alumbrado público que costó a los tijuanenses 141 millones de pesos. En el proceso ya iniciado contra Administradora de Obras y Concesiones, S.A. de C.V., mejor conocida como Makro, compañía que se encargó de la edificación del estacionamiento subterráneo que dio al traste con la Plaza Cívica de Tijuana, Herrera informó que las posibilidades de exigir a la firma a resarcir el daño, son remotas. Los ambiguos contratos de concesión dejan en el limbo aspectos que permitan obligar a las empresas a cumplir con el fin para el que fueron contratadas y por el que recibieron millonarios pagos, lagunas que aprovechan y por las que el gobierno de Astiazarán opta por juicios encaminados a la conciliación y evita enfrascarse en lo que califica como una larga y desgastante lucha legal. Para que los tijuanenses puedan contar con un alumbrado eficiente, o hacer uso de la explanada pública, la autoridad municipal prevé la necesidad de gastar recursos adicionales del erario tijuanense y financieros y concluir los malogrados proyectos. Caso contrario, considera Herrera, éstos no podrían ser “aprovechados”, hasta que se ganen los juicios, para lo cual podrían pasar años, tiempo indeterminado del que se dice, el gobierno del doctor Astiazarán  no está dispuesto a esperar.   El abandono de Sola Basic   Desde hace tres meses Sola Basic, S.A. de C.V. emprendió retirada y dejó colgado al gobierno de Tijuana, y a los tijuanenses, con 7 mil lámparas sin funcionar, pese a que un año atrás se había comprometido a su rehabilitación. El argumento para su nuevo incumplimiento, lo basa en que el equipo que instaló no embona con la infraestructura de alumbrado municipal, “dice que no es su culpa, y es el municipio el que tiene que hacerse cargo”, refiere Gerardo Herrera, titular Jurídico del municipio. Su dicho lo sustentó con un dictamen del Instituto Politécnico Nacional que indica que las fallas no son del todo imputables a ellos, sino que la red de alumbrado público de Tijuana es toda irregular, a lo que atribuye el que no funcionen las 7 mil bombillas. Para el abogado, los sustentos jurídicos con los que cuenta son escasos y, al no especificarse en el convenio que tanto las bombillas, como los componentes de Sola Basic tenían que, “obligadamente, ensamblar en las instalaciones del servicio público de Tijuana”, la firma terminó colocando los aditamentos que le dio la gana, sin que éstos fueran compatibles con el resto de la infraestructura. Ésa es la causa por la que 7 mil luminarias del servicio público no iluminan, según el censo oficial. A decir del gobierno de Jorge Astiazarán, su administración recibió un sistema de alumbrado con 10 mil lámparas deficientes, misma cantidad que sigue sin funcionar. Y aunque en marzo de 2014 inició con un procedimiento para para obligar a la empresa concesionaria a repararlas, es poco lo que logró. En 2011, a Sola Basic se le asignó un contrato de 144 millones 430 mil pesos, para la modernización del sistema de alumbrado público que implicaba el óptimo funcionamiento de 63 mil 400 lámparas, para lo cual la administración de Carlos Bustamante le dio un pago adelantado de 141 millones de pesos. Lo que significa que el municipio de Tijuana todavía tiene un adeudo de 3 millones de pesos con la incumplida empresa, el cual “es factible compensarlo al trabajo que no haya ejecutado Sola Basic”, anotó Herrera Zavala. Esta semana el municipio concluirá un peritaje para verificar que la compañía haya instalado los equipos, aunque no fueran compatibles con el sistema municipal. Pero, de corroborarse que en el cien por ciento del faltante así fue, como es la tendencia en el avance que se lleva de revisión, no se podría acusar de incumplimiento a Sola Basic, aseguró Herrera Peor aún, el municipio estaría en la obligación de saldar la deuda, además de tener que solventar las fallas de las bombillas apagadas. De entrada, un primer dictamen del análisis ya determinó fallas en la planeación del proyecto. Y si Sola Basic no incumplió, quien tendría que pagar por un contrato que ha sido en menoscabo de la economía del municipio, serían las autoridades que lo aprobaron, en este caso el ex alcalde y su equipo en el XX Ayuntamiento, entre los que destacan la ex síndico, Yolanda Enríquez de la Fuente y el ex secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Esteban Yee, “pero esto compete a la Sindicatura Procuradora resolverlo”, anotó Gerardo Herrera. Al respecto, la fiscalía municipal solo se limita a indicar que el caso sigue bajo investigación, que algunos funcionarios de la anterior administración han sido llamados a comparecer, pero omite dar más información “porque el caso está en proceso”, sin determinar tiempo de conclusión, expusieron funcionarios del área jurídica de la dependencia. Finalmente, de 64 mil 300 luminarias reemplazadas, el que fallen 7 mil es una proporción mínima, considera el gobierno de Jorge Astiazarán.   Municipio podría reparar plaza cívica   La deficiente construcción y operación del estacionamiento subterráneo construido a un costado de Palacio Municipal por Administradora de Obras y Concesiones, S.A. de C.V., es otro ejemplo de acuerdos perjudiciales para el Ayuntamiento, pero favorables para quien obtuvo la adjudicación. En el contrato para la edificación de esta obra no se establecieron fianzas ni de vicios ocultos, ni ninguna otra que garantice su funcionalidad, o el cumplimiento del convenio; tampoco se cuenta con seguros que amparen la seguridad de los usuarios que utilizan el aparcamiento. Por ello el gobierno de Jorge Astiazarán inició con uno de varios procesos judiciales tendientes a la revocación del convenio de operación, el cual se otorgó por un periodo de 30 años, contando a partir de diciembre de 2011. Dicho acuerdo establece claramente que: “El concesionario se obliga a cubrir por su cuenta los daños derivados por la responsabilidad civil que se genere por la construcción y operación del estacionamiento, siempre y cuando le sean directamente atribuibles”. Agrega que la empresa se obliga, “a tramitar y resolver por sí mismo, los reclamos que se presenten, liberando al Ayuntamiento de cualquier responsabilidad a trámite al respecto”. Pero este apartado del contrato de concesión es considerado insuficiente para obligar a Administradora de Obras y Concesiones, S.A. de C.V. y/o Makro a que sola repare, corrija las fallas de una obra mal hecha. Y aunque la Consejería Jurídica del XXI Ayuntamiento dice seguir un exhaustivo procedimiento legal “con las pocas herramientas de que se dispone”, ante la falta de documentos de este contrato en los archivos municipales, y la carencia de fianzas que garanticen su cabal cumplimiento, una salida salomónica sería llegar a un convenio con Makro para que, en forma conjunta, empresa y municipio reparen el defectuoso inmueble de dos plantas, en aras de rescatar la explanada municipal. En donde sí es factible revocar el convenio a Makro, anota Gerardo Herrera, es en el título de concesión para operar a 30 años el inmueble de 742 cajones y que a la fecha se encuentra medio clausurado por la presencia de fisuras, filtración de humedad, y una serie de fallas detectadas que lo vuelven inseguro, “que pueden llevar a una próxima clausura”, indicó el funcionario. De hecho, el inmueble carece de un seguro vigente que resguarde la seguridad de los usuarios que lo utilizan, otra de las causales que se tomarán en cuenta para su cierre total y revocación. “La empresa ya fue notificada oficialmente, presentó un recurso y se da seguimiento al proceso”, informó el funcionario municipal, al indicar que en las próximas semanas la clausura podría llevarse a cabo, “lo puede hacer Bomberos, la Dirección de Administración Urbana o Reglamentos”, dijo. Gerardo Herrera subrayó: “En obra pública todo se contiene en la base de licitación, de ahí parte lo que el gobierno ocupa y contrata, las empresas interesadas hacen su oferta de acuerdo a los requerimientos que el ayuntamiento haya proporcionado, es ahí donde se tiene que sopesar o medir para resolver jurídicamente los contratos”. Y, en su opinión, tanto el convenio para la modernización de alumbrado público y la construcción y operación del estacionamiento subterráneo, carecen de soporte legal que permita la recuperación total de la inversión o, en el caso de la Plaza Cívica, resarcir el daño patrimonial causado a Tijuana.     Ruvalcaba en desacuerdo   De acuerdo a las cláusulas del contrato signado entre el municipio de Tijuana y Sola Basic, la empresa está obligada a la instalación de luminarias y balastro para el funcionamiento de 64 mil 300 lámparas, hacerlo por menos cantidad significa un incumplimiento que amerita ser sancionado, estableció el diputado David Ruvalcaba Flores. El legislador local fue parte del Cabildo del XX Ayuntamiento, administración que realizó el convenio de Arrendamiento puro, suministro y mantenimiento de bienes y ejecución de servicios de mantenimiento, cuya garantía, subrayó, se estableció por el cumplimiento total del contrato. “El mismo título del acuerdo determina la obligación de compañía, no pueden salirnos ahora con que la empresa simplemente se va y no hay nada por hacer, el gobierno actual debe hacer un esfuerzo y obligar a Sola Basic a cumplir”, anotó. Los puntos de la cláusula primera del contrato determinan que el arrendar otorga al Ayuntamiento el uso y goce temporal de las 63 mil 400 luminarias determinadas en el convenio, “ni una más, ni una menos, si faltan 7 mil existe incumplimiento”, dijo. La misma disposición subraya que por la denominación “luminarias” se comprendía lámparas de aditivos metálicos, de inducción magnética, LED, base luminario (carcasa), fotocelda, entre otros componentes. Precisamente para que en el proceso de rehabilitación del padrón de bombillas seleccionado, se dispusiera del material que cada caso requería y evitar situaciones como ésta, expuso. “Decir que el contrato no previó el uso equivocado de equipo, lo que derivó el incumplimiento de la empresa es ilógico, es como si comprara partes de un carro Chevrolet para instalarlos en un Ford”, ejemplificó. Y remató: “Lo que pasa es que el de las luminarias se ha tomado como un tema de desorden, aprovechado políticamente, cuando el ayuntamiento debe luchar para que se repongan y obligar a la empresa a que asuma su responsabilidad”.