Trabajadores sin prestaciones de seguridad social ven vulnerados los derechos que por Ley les corresponde, ya sea porque sus empleadores están en la informalidad, o bien, porque trabajan para un tercero, quien no cubre las cuotas de las obligaciones que deben recibir. Algunos de ellos desconocen los beneficios contemplados en la Ley Federal del Trabajo y no saben a dónde acudir para denunciar, o en su defecto, acuerdan con el patrón trabajar por un sueldo base, dejando de lado sus derechos laborales. Los testimonios son diversos. Idalia Abelarde dijo a ZETA que por año y medio trabajó como soporte técnico en un café internet donde no le otorgaban prestaciones. Tuvo un sueldo de 900 pesos a la semana, el negocio cerró hace dos meses y ahora está desempleada. Otro caso es el de una persona de la Zona Centro que labora de carrocero en un taller desde 2014 y no tiene acceso a los beneficios que por Ley le corresponden; aunque tiene un sueldo por semana, considera injusto no contar con dichos servicios, y no sabe a dónde acudir para denunciar. También hay quien acuerda no contar con las obligaciones, tal es el caso de Martha, quien se ocupa en una estética de belleza desde hace más de dos años y afirma no tener beneficios como trabajadora. Su sueldo es en base a comisiones, en una semana puede ganar 3 mil pesos o menos, todo depende de la clientela. “Entre la patrona y yo acordamos que sería así. Dice que si no me pagara comisión y tuviera que darme prestaciones, entonces el sueldo sería menor, aunque para mí sería bueno tener el INFONAVIT, por ejemplo”, abundó. El caso de Rita es la otra cara de la moneda. Ella tiene un taller mecánico en la delegación La Presa y emplea a tres personas, no obstante, dice que con tanto impuesto y el pago de obligaciones, la mayoría de las veces es casi imposible tener el dinero para la nómina, pero no puede dejar de cumplir con ambas cosas. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2014, cuatro de cada 10 asalariados no tenía prestaciones laborales, las cuales van desde servicio médico, aguinaldo, vacaciones y reparto a utilidades o prima vacacional. Por su parte, la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE) establece que el año pasado Baja California contaba con 35 por ciento de trabajadores sin beneficio, en tanto que en Tijuana se tiene un 23%. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 20% de la población mundial cuenta con adecuada cobertura de seguridad social y más de la mitad no goza de ningún tipo de cobertura o bien. Los sistemas de seguridad social, menciona la OIT, prevén ingresos básicos en caso de desempleo, enfermedad y accidente laboral, vejez y jubilación, invalidez, responsabilidades familiares tales como embarazo y el cuidado de los hijos, además de la pérdida del sostén de la familia. Pocas denuncias en Conciliación El presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Tijuana, Tecate y Rosarito, Arturo Méndez Preciado, informó que de 50 demandas que ingresan al día, si acaso una tiene relación con el trabajo informal (carrocero, mecánico, taquero, vendedor ambulante, albañil), donde una persona no tiene registro patronal y subcontrata a otra(s) para que le apoyen, pero el primero en algún momento se queda sin trabajo; es entonces que los afectados actúan legalmente, sobre todo porque quieren su finiquito. “El problema se presenta cuando les despiden, no se concentran en ese tema (falta de prestaciones), sino en el pago de la indemnización. Cuando el abogado sabe bien el litigio, le pregunta a la persona si tenía seguro social y es por ahí por donde presiona a la empresa para decir que si no se arreglan, van a mandar al Instituto Mexicano del Seguro Social para que le finquen responsabilidades. No es lo más común, pero llega a suceder, nuestros clientes -en el buen sentido de la palabra- son trabajadores de maquila, fábricas o negocios bien establecidos”, explicó, para después lapidar: “El problema es que si llegas a sacar un laudo contra ellos (empleadores que no cubren los beneficios) ¿cómo lo ejecutas?, si son informales. No tienen registro patronal, no tienen cuentas de banco. No les puedes embargar, si acaso tendrán un carrito de hot dogs que vale 2 mil, 3 mil pesos”. STPS en Tijuana ha atendido a mil 520 trabajadores Por su parte, el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Tijuana, Joaquín Palomera Ramírez, indicó que los trabajadores tienen dos formas de salvaguardar sus derechos: a través de denuncia en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ubicada en Plaza Patria, donde son atendidos por un abogado o procurador de oficio, para luego citar al patrón (persona física) o a la empresa (persona moral) que haya dejado de pagar algún derecho u omitido el otorgamiento de las prestaciones que marca la Ley. “Si es el caso, giramos el citatorio. El trabajador lo entrega para que en un plazo no mayor a 48 horas, se presente el patrón o representante legal de la empresa a desvirtuar estos señalamientos que se tienen por parte del trabajador”, argumentó el representante de la STPS. Agregó que una vez presente el representante legal, se buscará aclarar las dudas respecto a la denuncia del asalariado y, en caso de comprobarse la irregularidad, se le pide que reconozca el servicio y, de omitirlo, se presenta la demanda en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. A su vez, dicho organismo hace un llamamiento al IMSS para que envíe un inspector y haga la verificación correspondiente, donde conste que el patrón omite el derecho y entonces sancione. De acuerdo al Sistema Empresarial Mexicano, en Baja California existían 8 mil 400 empresas registradas en el Estado en 2014, el 70% son microempresas que generan uno o dos empleos, empero, debido a la precariedad de los ingresos y las cargas fiscales, en la mayoría de las ocasiones no cumplen con la Ley. En ese sentido, para hacer revisiones la STPS cuenta con cuatro inspectores en Tijuana, mientras que para Tecate y Rosarito son dos para el peinado de las zonas. Éstos verifican tiendas de autoservicio, talleres mecánicos, consultorios dentales, loncherías y tiendas de segunda, todo lo que oferte servicios. En caso de que los verificadores encontraran que los asalariados no están dados de alta en el IMSS o el INFONAVIT, que no se pagan derechos, horas extras, prima dominical, días dobles o triples, se da parte a la autoridad correspondiente para que actúen. Las sanciones por no cumplir con el otorgamiento de prestaciones oscila entre 50 y 200 salarios mínimos por trabajador. La Ley otorga cinco días hábiles a partir del aviso y, de no presentarse los empleados, el expediente se turna al área de Inspección de Mexicali donde se genera un procedimiento administrativo sancionador, después de ello tienen 60 días para hacer su defensa, de lo contrario, son acreedores a una multa. De acuerdo a Palomera Ramírez, en abril de 2015 hicieron 550 inspecciones y encontraron que en su gran mayoría son micro y pequeños negocios, los cuales después de la revisión correspondiente por la dependencia fueron razonados como negocios familiares; es decir, no aplica el hecho de que son trabajadores formales, por lo que no tuvieron una sanción, al tratarse de establecimientos donde regularmente trabajan familiares y son el sustento del hogar. “Estaríamos hablando de que menos del 5 por ciento son pequeñas, medianas empresas o franquicias establecidas que tienen otra estructura administrativa establecida. A ese porcentaje le solicitamos comprobación, pero muchas veces es falta de atención, descuido, desidia o no entregan en tiempo y forma la documentación solicitada, y son sancionadas”, remató el consultado. En los primeros meses del año, la STPS en Tijuana atendió a mil 520 personas donde se convino entre las partes (patrón-trabajador) y, para bien de ellos, el cobro de 2 millones 982 mil pesos. Del total, 2 millones 881 mil pesos fueron recaudados en Tijuana, el resto en Tecate y Playas de Rosarito. El reclamo más recurrente fue el citatorio por vía de despido. — ¿Por qué las personas no reclaman sus beneficios?, se planteó al funcionario. “Desconocimiento y los que tienen conocimiento desde que fueron contratados y no tenían ese servicio, no lo hicieron en su tiempo. Reclaman lo que les corresponde, pero algunos saben que no tienen (las prestaciones) y así trabajan, desafortunadamente mucha gente no lo hace por (temor a) perder el trabajo o por represalias, esos son argumentos de los trabajadores”.
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