Amparos al “Ingeniero” y su abuela

Un Tribunal Unitario de Nayarit y un Tribunal Colegiado en Guadalajara brindan la protección de la justicia de la unión a Luis Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero” o “El Inge”, y a su abuela Alicia Félix Zazueta para que autoridades judiciales y ministeriales dejen sin efecto resoluciones y acuerdos dictados en diversos expedientes y averiguaciones previas. En el caso de “El Ingeniero” se ordena quede insubsistente el auto de formal prisión que le fue dictado y después confirmado –en apelación– por el delito de delincuencia organizada a mediados del año pasado en un juzgado y tribunal de Tepic. Por lo que ve a la madre de los hermanos Arellano Félix, fundadores de la organización criminal que lleva los mismos apellidos o también conocido como Cártel de Tijuana, se confirmó el amparo que ordena levantar la orden de aseguramiento que pesa sobre un inmueble en un lujoso condominio ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.   Ínfimo avance de “El Inge” Luego de múltiples errores en su defensa, Luis Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, ex líder del Cártel Arellano Félix (CAF), por fin vio “una buena”, al obtener el amparo de parte del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito con residencia en Tepic, Nayarit. En el juicio 49/2014 se ordenó quede sin efecto el auto de formal prisión dictado en su contra el 10 de julio de 2014 –vía exhorto— por el Juez Quinto en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México y confirmado el 24 de septiembre siguiente por la magistrada del Primer Tribunal Unitario en el estado de Nayarit. El magistrado de amparo estima que existieron violaciones a los derechos fundamentales del quejoso en el dictado del auto de bien preso, al no existir la fundamentación y motivación adecuadas. La fundamentación consiste en la obligación de la autoridad de citar con precisión los preceptos legales en que apoya su determinación; y motivación, es el señalamiento de las circunstancias y razonamientos lógico jurídicos de los hechos que se ajustan exactamente a dichos preceptos legales. En este caso, el empleo del defensor de oficio tuvo mejores resultados para Sánchez Arellano que cuando sus abogados particulares solicitaban algún juicio de garantías, pues llegaron a interponer amparos contra actos no definitivos o momentos procesales inadecuados, en tribunales incompetentes por razón de territorio o amparos duplicados contra el mismo acto reclamado. A juicio del magistrado amparista, en el auto de formal prisión analizado por el juzgador de segunda instancia no se razonaron adecuadamente las circunstancias que demuestren la pertenencia y las actividades directivas que presuntamente ejercía “El Ingeniero” en el CAF. Inconforme con esta resolución, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Segundo Tribunal Unitario, interpuso el recurso de revisión, por lo que la sentencia de amparo será remitida a un Tribunal Colegiado en Materia Penal, en Tepic, para que los magistrados resuelvan si confirman, modifican o revocan la protección concedida a Fernando Sánchez Arellano. En caso de confirmarse el amparo y posteriormente algún auto de libertad por falta de elementos para procesar, “El Ingeniero” no abandonaría el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en el Estado de México, donde se encuentra recluido, ya que cuenta con diversas causas penales por operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos en juzgados de Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México.   La casa de la abuela En tanto, en Guadalajara, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, confirmó en el toca de revisión principal 75/2014, el amparo concedido por un juez de distrito en octubre pasado a la señora Alicia Félix Zazueta, en el juicio de garantías 157/2014. Los magistrados confirmaron por unanimidad el fallo que ordena a la Procuraduría General de la República dejar sin efecto la inmovilización y gravamen respecto de un inmueble propiedad de la quejosa y se dicte un auto que ordene levantar el aseguramiento decretado sobre el mismo desde el año de 1993. Juez y magistrados resolvieron que 21 años fueron suficientes como para que el Ministerio Público de la Federación resolviera si el lote de terreno 31, de la fracción 55, sección quinta, del Condominio Santa Anita Club de Golf, propiedad de la mamá de los Arellano Félix era producto de alguna actividad ilícita, lo que finalmente no demostró la Fiscalía. Los colegiados establecieron que “es correcta la protección constitucional otorgada a la quejosa”, toda vez que, en efecto, por el tiempo transcurrido del aseguramiento no solo es contrario a su naturaleza (provisional y transitoria), sino que tampoco es idóneo para su finalidad (preservar huellas del delito o asegurar su decomiso). La PGR no pudo probar que la dueña del lote –con una superficie de 2 mil 156 metros cuadrados—, asegurado tras las investigaciones del homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo de 1993, hubiese cometido delito alguno, menos que el inmueble guardara relación con conductas ilícitas.   “El Tigrillo”, beneficiado por colaborar con gobierno de EU   La sentencia de cadena perpetua que recibió Francisco Javier Arellano Félix, alias “El Tigrillo”, en la Corte del Distrito Sureño de California en 2007, ha sido reducida a 23.5 años por su colaboración con las autoridades norteamericanas. Esto pese a que en su momento, la condena de por vida cayó sobre el entonces cabecilla del CAF, después de haberse declarado culpable de lavado de dinero y extorsión, tras un caso en que el Departamento de Estado del vecino país consideró la posibilidad de pedir la pena de muerte. La decisión del juez Larry A. Burns, emitida el lunes 15 de junio, se fundamentó en el siguiente razonamiento: “La Corte no tiene duda de que el Sr. Arellano proporcionó información sustancial y significativa que ayudó al gobierno a identificar y fincar cargos en contra de otros narcotraficantes a gran escala y funcionarios públicos corruptos en este país y en México”. El fallo del juez Burns también establece que Arellano Félix “proporcionó a las autoridades una visión e información útil respecto a la estructura y los métodos de los cárteles de las drogas operando en México y a lo largo de la frontera suroeste de los Estados Unidos. Y, él aceptó testificar en contra de numerosos narcotraficantes y funcionarios corruptos que fueron identificados y arrestados por las autoridades judiciales con información -incluyendo pruebas documentales críticas- que el Sr. Arellano brindó”. Ahora, los documentos de la Corte destacan la colaboración de Arellano Félix con las autoridades federales, determinando que su información fue “en todo momento veraz, completa y confiable” y su cooperación fue “extensiva, diligente y hasta agotadora, a veces”, lo cual se demostró “consistentemente desde el momento de su arresto y continuado por al menos cinco años”. Lo anterior fue “explícitamente e implícitamente reconocido” por los fiscales, quienes recomendaron que la sentencia de 470 meses que recibió el capo se redujera en un 40 por ciento, lo que equivale a un total de 282 meses de pena. Mark Adams,  abogado de la defensa del narcotraficante mexicano, también presentó una moción para disminuir esa pena a 235 meses, argumentando que el gobierno norteamericano se ha visto muy “pichicato” al premiar al criminal sentenciado por haber compartido información a través de 25 encuentros que ha sostenido con agentes a lo largo de cinco años en distintas partes de Estados Unidos, algunas de las cuales se prolongaron por varios días. En una de dichas entrevistas, Adams estuvo presente y escuchó a un agente decirle a Arellano Félix que la información que le había dado era “un sueño hecho realidad”, y, de acuerdo con el litigante, aún no ha sido debidamente recompensada. Asimismo, su defensor puntualizó que el reo permanece tras las rejas 23 horas al día y, debido a sus acciones, su seguridad ha sido vulnerada, por lo que ha tenido que ser trasladado a varias penitenciarías federales, lo que complica su participación en programas para los internos y reduce su posibilidad de tener visitas con su familia. La orden del juez Burns también deja la puerta abierta para que el líder criminal de los Arellano Félix argumente a su favor una segunda reducción a su castigo. “Se intuye que un acusado puede tener una mejor idea que el gobierno del impacto que cooperar ha tenido sobre él y su familia, así es que esta consideración también pesa a favor de reconocer el derecho del Sr. Arellano a ser escuchado”.   El testimonio constante de “El Tigrillo” Arellano forma parte de investigaciones que permanecen selladas en la Corte Federal de San Diego. A cambio, el delincuente podría recuperar su liberar dentro de 15.5 años, siempre y cuando sus intercambios con las autoridades norteamericanas no le permitan minimizar más su castigo.