Amparo vs. IVA: en la recta final

En Baja California está próximo a decidirse el destino del Impuesto al Valor Agregado al 16 por ciento en la frontera, medida que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2014, como parte de la Reforma Hacendaria de Enrique Peña Nieto, lacerando la economía de más de 7 millones de habitantes en la región. Dicha acción impositiva aumentó los precios de productos y servicios, reduciendo el poder adquisitivo de los habitantes fronterizos, haciéndolos gastar anualmente 10 mil pesos más, por familia, en tanto que la tasa de inflación ha fluctuado entre 9 y 12%. Como resultado, el 37% de la población fronteriza sufrió algún impacto por la medida recaudatoria del Gobierno de la República. Si bien, próximamente el Juzgado Tercero de Distrito en Tijuana, a cargo de la juez Blanca Evelia Parra dictará sentencia a favor o contra de la intercesión, la última palabra la tendrá un Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito (existen seis y se sorteará el caso) de Mexicali, según explicó a ZETA el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías. El legista abundó que desde que se presentó la salvaguarda, en febrero del año pasado, el Gobierno de la República proclamaría la facultad de atracción con el propósito de que todos los expedientes del país (en especial el del IVA) se erradicarán directamente en el Distrito Federal para que se llevara el litigio y sentencia final, sin embargo, se logró dejar sin efecto dicho acuerdo. “Por tanto, el juez que inició el proceso, Blanca Evelia Parra, es a la que le toca sustanciar y resolver el procedimiento, ella está ahorita lista para el dictado de la sentencia para la resolución”, expuso el consultado. Agregó que si en primera instancia se gana, la autoridad federal no quedará conforme, por lo que presentará un recurso de revisión (apelación) que se irá a Mexicali, entonces, el Tribunal Colegiado se vuelve órgano terminal. Por el contrario, de haber una resolución desfavorable, igual pedirán el recurso de revisión y Mexicali se convertirá en el órgano de decisión final. Cabe recordar que ha pasado un año tres meses con 19 días desde que se presentó y fue aceptado el amparo colectivo en Oficialía de Partes del Poder Judicial de la Federación, en Tijuana.   El daño a la frontera   José Luis Contreras Valenzuela fue designado perito de la parte quejosa dentro del juicio de protección a los bajacalifornianos, y fue quien rindió un dictamen pericial en materia económica el 12 de marzo de 2014. De acuerdo a información del economista, la tendencia del residente fronterizo -48% de la población cuenta con visa para cruzar a Estados Unidos- fue abastecerse de los bienes que requiere y que le resultaban más económicos en California, lo que generó una fuga de divisas estimada en 9 mil millones de dólares anuales (6 mil definida por el patrón de consumo histórico y 3 mil promovida por el diferencial de precios del aumento del IVA). Por otro lado, el nivel de ingreso disponible o capacidad de compra de los habitantes en la frontera se vio disminuido en un 1.65%.</p> A lo anterior se suma la caída de las ventas en comercios locales fronterizos a partir de la aplicación de la homologación del IVA, que en el sector  de servicios, ha sido de un 28%, en tanto que la venta de gasolinas tuvo una caída del 30%, mientras los comercios del lado americano lograron un repunte similar en dichos sectores; lo anterior de acuerdo a la Cámara del Sur de San Diego y la de El Paso Texas, que habrían mencionado un incremento en sus ventas de manera inusual, desde que en la frontera entró en vigor el IVA al 16%.   En espera de sentencia   En torno a una resolución favorable del amparo, Solís Farías dijo que en primera instancia se estaría creando una nueva conciencia tributaria, con la convicción de que la sociedad debe unirse en temas sociales. “Tendríamos 58 mil beneficiados que ante la complejidad del sistema tributario mexicano podrían dar un primer paso para una gran reforma y lograr bajar el impuesto. Tendríamos una confianza en el Poder Judicial, credibilidad en las instituciones, de que el Estado de Derecho avanzó, que no se trata de poderes políticos, fácticos, sino de un respeto a la Constitución”, resaltó. Quienes promovieron la defensa tendrían incluso el derecho a la devolución de los impuestos y la desincorporación de la norma para seguir pagando el gravamen, y sobre todo,  el Gobierno de la República tendría la clara convicción de que no puede establecer tributos si no están previamente planeados, por lo que no habría la posibilidad de que subieran el IVA o impuestos indirectos, mientras no estuvieran bien planeados. Asimismo, precisó que los mexicanos no se quejan de pagar impuestos ni de que las tasas sean altas o bajas; refunfuñan -entre otros factores- porque el mecanismo productivo en México no tiene oportunidades de empleo, lo que genera mayor informalidad. “La población está dispuesta a pagar impuestos, el problema es que la trasparencia, el manejo de los fondos, el desvío de recursos públicos, el cohecho, peculado, la malversación, son tema de todos los días. Hoy tenemos políticos que entran pobres y salen ricos, por eso la sociedad se resiste a pagar impuestos”, indicó el abogado fiscalista. En tanto, externó que el juez que resuelva a favor se volverá un héroe porque lograría retransformar la cultura impositiva mexicana, además de  generar la primera respuesta a una causa social legítima y ganar la confiabilidad de la institución. Sin embargo, en caso de que la resolución no sea favorable, se perderá la confianza en el Estado, misma que no está condicionada a la resolución del amparo, sino basada en el sistema probatorio. En consecuencia, se perdería la capacidad para hacer movimientos organizados y la credibilidad en una herramienta constitucional que está hecha para proteger, no para servir  a intereses públicos, ni de partidos políticos.       “Me pregunto entonces, ¿quién debe ganar un juicio de amparo? El que tenga la razón; el que pruebe la razón; al que le quiera dar la razón, o al que el poder público cree que debe apoyar en la razón. La Constitución es clara: la razón la debe tener el que demuestre un daño material, objetivo, que la afectación es real inminente personal, directa, y Baja California ha sentido ese daño”. Luego lapidó: “Ésta es una invitación a todo el Poder Judicial para que este movimiento cambie y transforme la mentalidad mexicana, que vayamos al sistema de justicia donde se busque resolver la realidad. Si hay pobreza o corrupción, que se resuelva. Si hay una desviación que trastoca intereses por subir el IVA a los fronterizos, que se corrija. La región no está peleada con el Presidente ni el país, el problema es que la distancia es muy larga y no conocen la realidad fronteriza. En lugar de decir que todos estemos al nivel de la frontera, quieren que se bajen al nivel del Centro”.   La protección legal   El 26 de noviembre de 2013, el sector empresarial de Tijuana informó que se ampararía contra la aplicación de una tasa impositiva del IVA al 16%. A pesar de la inconformidad de los habitantes de la frontera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvería el 21 de agosto que el decreto mediante el cual se  homologó el IVA en la dicha región era válido constitucionalmente, al no violar la equidad tributaria, ni algún derecho humano. Tal decisión quitó de manera definitiva la tasa del 11% que se aplicó hasta el 31 diciembre de 2013 en Baja California, Chihuahua, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Dos meses después (12 de febrero de 2014), el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, acompañado del hoy ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Manuel Hernández Niebla, depositaron en el Juzgado Tercero de Distrito en Tijuana el amparo colectivo contra la homologación del IVA al 16%, respaldados de 58 mil 48 firmas en un legajo de 600 mil documentos, depositados éstos en cajas de cartón. En su momento, el líder empresarial diría que la caída económica del 20% en la región, así como la fuga de consumidores, fueron otros efectos que se habrían previsto con la homologación de la tasa impositiva. “Presentamos un amparo colectivo contra homologación de IVA. Primero a Oficialía de Partes, teníamos que ampararnos, es un proceso inédito…”, comentó  Hernández Niebla. De acuerdo al Observatorio de Coyuntura Económica Fronteriza, 7.5 millones habitantes fronterizos tuvieron afectación, es decir, el 7% de la población total nacional.   La decisión ¿en manos de quién?   Blanca Evelia Parra es la juez del Juzgado Tercero de Distrito que recibió el amparo contra el IVA en la frontera, y será quien dicte la sentencia en Tijuana. Aun así, en Mexicali se determinará la resolución final en torno al tema. Nacida en Ensenada, Parra egresó de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California (1979-1983) y conoce la situación económica que priva en esta frontera. Mientras estudió su carrera, laboró en el Poder Judicial de la Federación (1979), tuvo sus inicios como secretaria particular y secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado. Años más tarde se desempeñó como oficial judicial, de ahí pasó a ser secretaria de estudio y cuenta en la Primera Sala de la SCJN. En septiembre de 1999 se colocó como Juez Primero del Juzgado Octavo de Distrito, de ahí pasó al Décimo y Décimo Primero, con sede su ciudad natal; para 2011 estuvo en el Noveno de Distrito. Por último, fue Juez Noveno de Distrito. Durante su función, tuvo en sus manos el caso del ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, arrestado en 2011 por encontrar en su propiedad armas de uso exclusivo del Ejército, situación por la que se presentó ante la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en la Ciudad de México.   Exigirán más recursos a Peña   El titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Tijuana, Humberto Jaramillo, concretó que el tema en cuestión es una oportunidad para validar los recursos legales sobre algunas otras formas de  manifestar oposición, como son la toma de garitas o manifestaciones públicas que luego pueden tener infiltraciones y que terminan desvirtuando los movimientos. Luego recordó: “No dudé en apoyar. Entonces estaba en el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana cuando el CCE decidió de alguna manera patrocinar el tema del amparo colectivo contra el IVA. En el país se deben privilegiar los recursos legales sobre otras formas de manifestarse. Éste es un proceso legal que la población optó: debemos respaldar y apoyar”. Añadió que de tener una resolución favorable, la ciudadanía renovaría  su confianza en favor de impartidores de justicia. Al final la homologación del IVA no afecta solo al sector empresarial, es un tema que daña a la población que paga más por todos los servicios que tiene, mientras que el sector que representa pierde competitividad, y el precio final se traslada al consumidor. Ratificó que el sector empresarial le ha pedido que el tema de la homologación se quede en el terreno de lo jurídico y se busque la forma de encontrar remedio al daño. Al final, el sector empresarial es por naturaleza optimista y se han acercado a la Secretaría de Hacienda, pues no se trata de un tema personal y no se pueden dar el lujo, ni quieren pelearse con la autoridad. En tanto, la respuesta del titular (Luis Videgaray Caso) es que una vez que pase el 7 de junio (elecciones de diputados federales) habrá de visitar Baja California para generar mesas de trabajo.   “Sí queremos buscar mayores inversiones federales en infraestructura a favor de Baja California, que haya una mejor distribución del recurso, que tengan que ver con calidad de vida para la población, ya que en la medida que se tenga más infraestructura, habrá mayor conservación de inversiones y se van a traer más”, señaló Jaramillo, para rematar que independientemente del resultado, es decir, si los amparados tienen la razón que se les conceda, en caso de una situación adversa, habrá que consultar al sector empresarial para determinar si hay otros recursos legales en torno al tópico. “Dejamos las cosas en paz y buscamos una mayor integración del país, aprovechar las ventajas competitivas que tenemos”, finalizó el presidente del CCE.     Presidentes de los Tribunales Colegiados del Décimo Quinto Circuito, Mexicali Primer Tribunal Colegiado Irineo Lizárraga Velarde Segundo Tribunal Colegiado Jaime Ruiz Rubio Tercer Tribunal Colegiado Gerardo Manuel Villar Castillo Cuarto Tribunal Colegiado José Luis Delgado Gaytán Quinto Tribunal Colegiado Faustino Cervantes León Sexto Tribunal Colegiado José Ávalos Cota   Bitácora del amparo colectivo 2014 14 de febrero El amparo colectivo se presentó en oficialía de partes del Poder Judicial de la Federación ubicada en Paseo de los Héroes en Tijuana, el cual quedó a cargo del Juzgado 3ro. 17 al 21 de febrero Lapso del Juzgado para dar el primer acuerdo. 24 de febrero Se admite la demanda. 12 de marzo Se entregaron pruebas periciales 20 de marzo Audiencia diferida. 21 de abril Solicitud de concentración de expedientes realizada por los quejosos del amparo colectivo para que los temas de IVA se sumen al amparo masivo. 22 de abril Audiencia suspendida. Mayo-junio de 2015 Espera de sentencia   Preceptos señalados como violados en el amparo colectivo contra la tasa impositiva del 16% en la frontera Artículos 1, 16, 25, 26, 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos, 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 17, 33, 34, 39 y 45, de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, específicamente en las garantías y principios de equidad e igualdad, competitividad, desarrollo económico, neutralidad impositiva, eficiencia tributaria, proporcionalidad tributaria, razonabilidad legislativa e interdicción de la arbitrariedad. 1.- Violaciones sobre la competitividad. 2.- Violación al principio de neutralidad impositiva. 3.- Violación al principio de competitividad y crecimiento de la actividad económica. 4.- Violación al principio de fines extra fiscales. 5.- Violación al principio de competitividad en su aspecto de: adaptabilidad, certidumbre y sustentabilidad. 6.- Violación al principio de estímulo del crecimiento económico. 7.-Violación al principio de proporcionalidad por el incremento desmedido de la tasa impositiva. 8.- Violación al principio de eficiencia tributaria. 9.- Violación al principio de equidad tributaria. 10.- Violación al principio de proporcionalidad tributaria. 11.- Violación al principio de razonabilidad legislativa e interdicción de la arbitrariedad. 12.- Violación al principio de competitividad al no medir el impacto inflacionario. 13.- Violación por el efecto recesivo que produce. 14.- Inconstitucionalidad por el efecto distributivo negativo que genera. 15.- Violación al principio de equidad e igualdad tributaria en su versión de coyuntura económica.   Efectos solicitados en la sentencia resolutoria del amparo Efectos ex tunc y ex nunc, a fin de que pueda restituirse plenamente a los quejosos, en el goce de su garantía violada.