Se solicitan consejeros

Tarde para variar, muy al estilo del gobernador Francisco Vega de Lamadrid y su equipo, que no resuelven, no convocan, no accionan y se quieren repartir los cargos públicos, lanzaron ventajosamente el 1 de mayo, la convocatoria para seleccionar a consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, luego que los actuales cumplirán cuatro años en el cargo el 31 de mayo y deben abandonarlo. Además de viciada la convocatoria, la hicieron sin consensuarla con quien por Ley deben coparticipar en la selección de consejeros: una comisión integrada por tres personas propuestas por los actuales consejeros de Transparencia. A pesar de que hace unos tres meses –por decir lo menos- los integrantes del ITAIP se acercaron a la Secretaría de Gobierno para avisarles de la fecha que se venía de transición, fueron ignorados, con todo y que explicaron que hace cuatro años, el proceso de selección de los cuatro consejeros del Instituto de Transparencia duró unos tres meses y 170 ciudadanos se inscribieron. Pues nada. Sin comisión de tres funcionarios de gobierno y tres representantes del ITAIP instaurado, de forma unilateral, el gobernador Francisco Vega y el secretario de Gobierno, Francisco Rueda –“Los Panchos”, pues- firmaron la convocatoria de selección y la publicaron en diarios y en el Periódico Oficial de Baja California. Por supuesto, a la fecha no se ha inscrito ningún bajacaliforniano que quiera abonarle a la transparencia en calidad de consejero, dado que la convocatoria no ha tenido difusión. Por su parte, para hoy viernes 15 de mayo, los consejeros del ITAIP habrán seleccionado los tres integrantes de la comisión que evaluará y seleccionará de entre quienes respondan a la convocatoria, para enviar al Congreso del Estado y que éstos designen nuevos consejeros. Otra del gobierno: en esta convocatoria y en su actuar alevoso, está ignorando la Ley General de Transparencia aprobada por las legislaciones federales, y que en los siguientes días se discutirá en el Congreso local para su aprobación, donde se determina que los consejeros saldrán y serán electos de manera escalonada, para que en ningún momento los Institutos de Transparencia estén integrados en su totalidad por novatos. Con el seguimiento de esta Ley, significaría que alguno, o algunos de los actuales consejeros, Enrique Gómez Llano, Eréndira Maciel o Roberto Quijano, deberían ser reelectos o quedarse, y elegir a los nuevos consejeros por periodos indistintos de función. Pero eso tampoco importa a la administración de Kiko Vega, ni siquiera el hecho que cualquiera de los tres podría ampararse en un futuro y regresar al Instituto avalado por los preceptos de la Ley General de Transparencia ¿Y por qué a Vega y sus colaboradores no les importa que se conozca la convocatoria o que los consejeros tengan la posibilidad de quedarse? Fácil, dicen; porque ya tienen seleccionados a quienes quieren que se conviertan en consejeros de Transparencia: a José Luis Huape Rodríguez, quien se ha desarrollado en el Colegio de Abogados de Mexicali, y Alma Xóchitl Cardona, sí, la hermana del diputado Cuauhtémoc Cardona, a quien desde el PAN envían a cuanta sesión hay del ITAIP. Así de sencillo, en Baja California, de acuerdo al fin del periodo y a la Ley, se requieren nuevos consejeros de Transparencia, menos de tres; pero de acuerdo al Gobierno, la convocatoria salió oculta y ya tienen apartados los cuatro lugares del ITAIP, con lo que otro organismo autónomo, terminará siendo electo por cuota de gobierno o de partido, y al traste con la transparencia. Orgullo de su nepotismo Dos de los más cercanos colaboradores del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, ya encontraron qué hacer con sus hijas: darles trabajo en la administración estatal y conectarlas directamente al erario. Se trata del secretario general de Gobierno, Francisco Rueda, y del titular de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), Alfonso Álvarez. Los dos hombres de Kiko, en efecto, incrustaron a sus hijas en la nómina. Sobre Paulina Rueda, confió un lector: “Sin tener experiencia en cultura, educación o administración, fue nombrada responsable del programa de capacitación de la línea de arte y cultura de las escuelas de tiempo completo, sin quedar claro si era un programa del ICBC o del Sistema Educativo”. Un funcionario del gobierno estatal confirmó que la pequeña Rueda percibe 21 mil 500 pesos al mes en el Sistema Educativo que titula Mario Herrera, otro de los hombres del gobernador. Y en el caso del director de la CESPT, su hija Claudia Celia Álvarez Egurrola, aparece como subdirectora del Centro de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano, con un nada despreciable sueldo de 51 mil 502 pesos al mes en una dependencia que maneja Loreto Quintero, la mujer de confianza del gobernador y titular de Oficialía Mayor. En el caso de Paulina Rueda, quienes han pretendido trabajar en el área que maneja, se quejan de desorganización. Entre otras cosas, en la contratación de capacitadores, en la ausencia de pago de viáticos, en la emisión de los cheques de pago, el favoritismo hacia ciertos capacitadores. Ahora sí que la promesa aquella de Francisco Vega en campaña, no aplica a sus colaboradores de confianza. Otra vez el gobierno como agencia de colocaciones para el PAN, o en el caso de Rueda y Álvarez, el orgullo de su nepotismo. Salir del alcoholímetro por 8 mil pesos Cuando siendo secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Alberto Capella inició los retenes con alcoholímetro, salir del enredo de andar manejando bajo el influjo del alcohol, equivalía a pasar una noche en detención y pagar casi 20 mil pesos en multas, arrastre y almacenamiento de vehículo. Pero la rigidez de los alcoholímetros poco a poco se fue relajando, sin que se convirtiera, claro, en un problema menor. Pero vaya, tan arraigados y confiados están en los alcoholímetros, que ya salió la transa. Salir del embrollo tiene costo. Ocho mil pesos y al día siguiente le entregan su carro como si nada. Aquí la vivencia de un lector de ZETA: “Me detuvieron en un retén de alcohol, me realizaron la prueba y no la pasé, y pues me quitaron mi carro. Se lo llevó la grúa al corralón, pero al entregarme el inventario y mi multa, se acercó una persona de Derechos Humanos que estaba en el retén y me dijo que podía ayudarme para que me regresaran mi auto al siguiente día, me aseguró que a las 8 am ya tendría mí vehículo liberado, pero que me saldría en 8000 pesos. Me entregó su tarjeta yo le entregué los papeles que me dieron. Me dijo que a las 8 am nos veíamos en la delegación; cuando llegué a la delegación él ya estaba con el auto en el estacionamiento”. Lo que siguió de ahí fue recibir todos los documentos ya liberados y pagados. Raro caso, considerando que para liberar un vehículo de un corralón debe acudir la persona a nombre de quien esté el carro. Por lo que se ve, un caso de corrupción a tres bandas: alcoholímetro, delegación, corralón. Lo penoso es que estos retenes dependen de la Sindicatura Procuradora, la misma que debe investigar los casos de corrupción y que está en manos de Arturo Ledesma, quien ha destacado por anunciar investigaciones y no concluirlas ni dar resultados. Los acarreados de Loreto Ricardo Anaya Cortez fue, por un breve periodo -en lo que Gustavo Madero conseguía su diputación federal de lista-, presidente nacional del PAN. Este fin de semana del 15 de mayo, Anaya llegará a Baja California para hacer campaña a favor de los candidatos de Acción Nacional a las diputaciones federales, y entre sus planes a futuro está, como ya lo ha dicho, llegar para quedarse a la dirigencia de su partido. Pues bien, la oficial mayor del Gobierno del Estado, Loreto Quintero, que es parte del equipo de Gustavo Madero, no quiere cerrar la puerta del PAN nacional, y anda entusiasmadísima juntando acarreados para llevarle al señor Ricardo Anaya a sus presentaciones. Pero no cualquier acarreado, puro empleado de Gobierno del Estado a los que está conminando a obligatoriamente a asistir y aplaudir al panista. Como se recordará, el padrón inflado del Partido Acción Nacional en Baja California fue una de las estrategias que le endilgaron a la señora Quintero, incluso que el papeleo lo realizaron en una de sus propiedades; de ahí que sepa a quién obligar/invitar a cumplir desde el gobierno con la campaña. El PAN-gobierno en su máxima expresión. ¿Y la distancia del gobierno de las campañas? Bien -impunemente-, gracias.