Más de 200 personas de 16 fracionamientos se manifestaron este sábado en la caseta de Playas, por el cobro que se le hace a los residentes y exigiendo el cese al mismo. Hasta ocho cruces diarios puede llegar a realizar una familia durante el día en la caseta de Playas de Tijuana y cada paso tiene un costo, por ser carretera federal, de 15.50 pesos para residentes a través de la tarjeta IAVE, lo que impacta en el bolsillo a quienes viven en el tramo carretero hasta el inicio de Playas de Rosarito, comentó a ZETA Mónica Jiménez, representante de los inconformes. Cada salida que deben hacer, ya sea para ir a la escuela, al trabajo, compra, emergencia o por gusto, representa un cobro, agrega. Este tramo comprende aproximadamente 16 fraccionamientos, en donde cada familia tiene por lo menos dos carros, algunos hasta cinco, y desembolsa entre 400 y 600 por semana; los residentes de esta área se organizaron con un representante por fraccionamiento y convocaron con semanas de anticipación a la manifestación, dijo Jiménez. “Yo ayer crucé seis veces y las seis veces tuve que pagar la caseta”, indicó la residente. Además señaló que no es justo el cobro ya que pertenecen al municipio de Tijuana y pagan predial e impuestos. La representante agregó que curiosamente, ya habiendo sido planeada la manifestación y luego de tres meses de perdirle una cita sin respuesta alguna, el presidente municipal, Jorge Astiazarán, los convocó a una reunión para el miércoles 27 de mayo, en la que hizo tres compromisos: Se comprometió a llevar el lunes entrante al Presidente Enrique Peña Nieto una carta petición que se le hizo llegar en nombre del Movimiento No al Cobro de Caseta para Residentes, en la que se pide que no se cobre a los residentes; el segundo compromiso es conseguir una reunión con Banobras, “que son los que tienen la concesión de la caseta”, para hacer la petición de exención de pago; y el tercero es concertarles una cita con el Secretario Técnico de la República, Roberto Padilla, en junio o julio para que vea los fraccionamientos y la situación por la que pasan. El pasado 15 de abril tuvieron una cita con el Director Fiduciario de Banobras, Gilberto Limón Chávez, en la ciudad de Mexico, y al ver su total indiferencia decidieron hacer una manifestación pacífica. “Salimos sin nada, sin una respuesta, al señor se le había mandado con anticipación el informe y la petición ciudadana y el señor ni siquiera se había tomado la molestia de haberlo leído”. Solo hasta este momento, cuando el abogado del movimiento le mando una carta avisando de la manifestación, les hablaron por teléfono diciendo que el problema se subiría a una mesa técnica. Jiménez señaló que entre junio y julio deberán verse los compromisos cumplidos, en caso contrario buscarán una manifestación en tono más fuerte. De acuerdo a un comunicado difundido por los residentes, actualmente en la zona hay más de 12 mil habitantes que están siendo afectados, solo existen mil 500 vehículos que cumplen con los requisitos para recibir un descuento, lo que representa el 12.5 por ciento de los habitantes de la zona. En el tema federal se encuentra en proceso de destino el proyecto para que los residentes de este tramo sean excentos del pago, dijo a ZETA Octavio de la Torre, abogado del movimiento. Desde febrero se ha trabajado el tema con el ejecutivo y se está haciendo un estudio de viabilidad por la SCT, CAPUFE y Banobras para excentarlos del cobro, y el proyecto “se presentaría a una Comisión o un Comité donde están los secretarios ruenidos para tratar de sacar un fallo en cuanto a eso”, indicó. Aunado a ello, se han tenido reuniones los senadores debido a que está en proceso de modificación el artículo 30 de la Ley (de Caminos y Puentes Federales), que está en el Senado, el cual “legitimaría los convenios de descuentos para residentes”, y se busca que estos se eliminen y se establezca la exención de pago “cuando no existan vías libres de acceso a sus domicilios, como son los de Playas de Tijuana de esta sección”. Finalmente, el abogado indicó que para después de las elecciones, presentarán “un amparo por omisión legislativa, que tiene que ver que las normas no se encuentran adecuadas a la situación en la que se encuentran estos residentes”.