De la mañana del 14 de mayo a la fecha, muchas cosas han pasado en torno al tema del conflicto en San Quintín. Ha permanecido el mutis de los voceros de la Alianza de Jornaleros que inició tras salir satisfechos y considerar como logro el acuerdo de 13 de14 puntos de las condiciones laborales en los campos agrícolas, quedando pendiente el salario mínimo de 200 pesos. Después de los disturbios ocasionados el 8 y 9 de mayo, atribuidos a infiltrados en el movimiento -según versión de los líderes y no desmentidos por autoridades oficiales-, la actitud de los jornaleros organizados ha cambiado a un silencio y prudencia, en contraste al resto de actores que se han subido al ring, incluso aquellos que se habían mantenido al margen pese a su involucramiento directo. Fijado el 4 de junio para la próxima mesa de diálogo donde supuestamente se dará la respuesta definitiva al salario exigido y comprometido por el Gobierno Federal para completar los 200 pesos, si es que los patrones agrícolas no acceden cubrirlo completo, después de 15 horas de reunión entre jornaleros y autoridades de los tres niveles de gobierno, el mandatario estatal Francisco Vega de Lamadrid se siguió de largo la jornada del jueves 14 para encerrarse y conciliar el tema con empresarios agrícolas. De allí en adelante han sido declaraciones, versiones, confrontación, señalamientos de parte de todos los sectores. Empezando por los patrones de los jornaleros, el Consejo Agrícola de Baja California (CABC) que reprochó, a través de su vocero Marco Antonio Estudillo Bernal, que se perdió el 45 por ciento de la cosecha. Como este medio calculó en su momento, en la primera semana de paro nada más en fresa y arándanos se habían perdido alrededor de 85 millones de dólares, días después los empresarios confirmarían de “80 a 100 millones las pérdidas”. El Consejo Agrícola, que se había mantenido alejado del “foco”, desacreditó tajantemente al movimiento encabezado por la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social: “Los manifestantes no son trabajadores de las empresas, no se va a poder negociar con quien no representa a los trabajadores, a quien no respeta las vías legales”, expresó Estudillo. Dijo que responder un “no” rotundo puede ser peligroso respecto a la pretensión de los jornaleros de recibir 200 pesos por jornada, pero “lo vemos difícil”. Además, advirtió que el acuerdo fue entre jornaleros y autoridades del gobierno, no con ellos. Así que la solución la adelantó: “Corresponde a la autoridad federal”. Además de insistir que los jornaleros en rebelión son intratables para el diálogo y que no son auténticos trabajadores del campo, el gremio agrícola aprovechó para reprochar lo que le toca al gobierno, falta de inversión en todo: “No hay agua…. ¡no hay agua para nadie!”, remarcó el vocero. “El sector empresarial tampoco es el malo de la película”. Increparon al igual como lo hizo el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), que la autoridad haya flaqueado y liberado a los jornaleros que causaron daños a terceros y a las propias instituciones el pasado 9 de mayo. “El único mensaje que se da es que este tipo de personas tienen autorización para hacer desmanes y no les va a pasar absolutamente nada”, apuntó Adrián Olea Mendívil, presidente del organismo. Los empresarios declararon que las autoridades de Baja California están avalando la impunidad por encima del respeto al Estado de Derecho: “El sector empresarial y las familias se están viendo amenazadas, se está volviendo un asunto de alto riesgo”. De hecho los que esta semana anunciaron no una, sino hasta tres marchas de protesta, son los empresarios, comerciantes, agrupaciones civiles y residentes de San Quintín, porque ya no pueden con el miedo y la incertidumbre. Empresarios y comerciantes unidos, según se informó en el poblado, repudiaron que el gobierno y sus dependencias federales protegieran el vandalismo, terrorismo, daños y robos de los que han sido objeto durante los disturbios. “Esta situación debe castigarse, y ni el gobierno y ninguna dependencia que esté bajo el régimen federal puede pasar por alto las acciones que supuestos jornaleros realizaron en el Valle d San Quintín. También reprobaron que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ande pagando millonarios por sacar a delincuentes de la cárcel. Mientras tanto, algunos ciudadanos aislados en Estados Unidos y Canadá han intentado boicotear los productos Driscoll’s, informando que los trabajadores están solicitando un pago mínimo de 13.33 dólares al día y no los menos de seis dólares que ahora perciben: “Usted puede vivir un día más sin la fruta que tiene que ser recogida por un niño de seis años en la extrema pobreza en un país como México”. En Ensenada, Mario García Salaiza, presidente del Colegio de Abogados Independientes, consideró que en la rebelión en San Quintín hay más interrogantes que hechos reales: “¿Por qué el Gobierno Federal se reunirá con los jornaleros y empresarios tres días antes de las elecciones? Por qué no han mandado a la Gendarmería, por qué no la presencia del Ejército, por qué el Estado no ha aplicado la Ley, por qué el gobierno municipal ya ni participa en las mesas…”. Reclamó también que los actos vandálicos sean moneda de cambio y se perdone a quien infringe la Ley, aparte del daño económico que ya es irreversible, y que la respuesta a todo es sencilla: “Desde hace mucho tiempo el tema se les salió de las manos a los tres niveles de gobierno, y ninguno quiere aceptarlo”. Desde la capital del país, diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron el miércoles 20 de mayo un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución ante la Comisión Permanente para exigir al gobernador Francisco Vega, poner ante las autoridades judiciales a su secretario de Seguridad, Daniel de la Rosa, para que se le investigue sobre su injerencia en la represión a jornaleros el 9 de mayo. De igual manera, pedirán la destitución de Manuel Valladolid como secretario de Fomento Agropecuario, además de ser empresario agrícola acusado de explotación. Días antes, en la última encerrona con autoridades federales y estatales, la líder jornalera Lucina Hernández denunció frente al gobernador a elementos de las policías Estatal y Ministerial de haberla agredido y amenazado el 18 de marzo, y aunque acusó a los empresarios como los autores intelectuales, transcendió que cara cara le dijo al mandatario panista: “Piénsela bien, si quiere ser recordado como un gobernador sensible o represor”. Por lo pronto, San Quintín está tranquilo y a la espera, según describió a ZETA Fermín Salazar el jueves 21 de mayo al mediodía. “El gobernador ya dijo que sí es viable el aumento salarial…”, refirió como expectativa, “esperando que ese compromiso se cumpla”. Respecto a la versión del Consejo Agrícola que los desconoce como jornaleros auténticos Fermín, argumentó: “No tenemos ningún registro, no lo ocupamos para hacer el movimiento. Deben reconocer que son miles de personas las que participan, pero es lógico, no lo aceptan porque les afecta. “Pero ese miedo que sintieron el 17 de marzo, ahí puede verse la presión, y lo podemos demostrar de nuevo el 4 de junio”, y agregó que reiteran el principio de diálogo ante el compromiso formal de todos los involucrados en las mesas. Mientras que en el Gobierno del Estado, un día Francisco Vega se muestra muy entusiasmado ante los avances en los arreglos, empresarios lo desmienten y ya es “de a según”; hasta desconocen la autenticidad de la Alianza con los que se han sentado a negociar y firmar acuerdos: “Es entendible que los empresarios no quieran participar porque los líderes no representan a los trabajadores, así de sencillo”, declaró el secretario de Gobierno, Francisco Rueda. Por último, sobre la respuesta satisfactoria para los jornaleros el próximo 4 de junio expuso: “Esperemos que sí”.
Publicidad
