San Quintín; acuerdos y silencios

La del 13 de mayo, fue una noche larga en Ensenada, precedida de un fin de semana conflictivo como pocas veces se había visto en San Quintín. Los reporteros amanecidos recibieron solo al final, una copia tamaño carta con los temas acordados. La jornada terminó en zafarrancho en los exteriores de la Administración Portuaria Integral (API), pero ahora no entre jornaleros y policías, sino entre jornaleros y periodistas. A pesar de la intensa jornada de negociación que se extendió hasta las cinco de la mañana del jueves 14 de mayo, las partes no pudieron concretar un incremento salarial de 200 pesos diarios, y pospusieron la negociación para el próximo 4 de junio, tres días antes de las elecciones intermedias en Baja California para elegir candidatos federales. La fecha del encuentro entre jornaleros y gobierno originalmente estaba pactada para el viernes 8 de mayo, pero el Subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava dejó plantados a los líderes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, lo que desembocó en actos vandálicos como la quema de dos patrullas, la unidad  táctica especializada “El Tiburón”, el incendio de las instalaciones de la Delegación Vicente Guerrero, el bloqueo de vialidades a la colonia “La Misiones” y el enfrentamiento físico entre policías y civiles, amén de la serie de desdichos entre autoridad y jornaleros. Re agendada entonces para el miércoles 13 de mayo y con la condicionante de no meterse a “la línea de fuego” en San Quintín, Miranda Nava puso como requisito que el sitio para la nueva mesa de acuerdos fuera en la zona urbana de Ensenada. Y hasta minutos antes del encuentro se dio a conocer como sede  la Administración Portuaria Integral, edificio custodiado por el Ejército Mexicano y Armada de México. A las tres de la tarde llegaron cinco camiones cargados con simpatizantes de la Alianza de Jornaleros. Entre éstos y reporteros sumaban unas 300 personas que se mantuvieron a la espera de los resultados del encuentro. Llegaron el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, el dirigente de Confederación de Trabajadores de México, Eligio Valencia Roque, la delegada federal del Trabajo, Minerva Torres. Atardeció y el frío de diez grados centígrados apretaba y el ambiente se tornó tenso entre manifestantes, guardias de seguridad privada y representantes de los medios quienes insistían en ingresar a la sala a juntas como lo prometieron en un inicio las autoridades del Gobierno del Estado, incluso con un conato de violencia. A diferencia de las reuniones anteriores celebradas en el sur del municipio, los líderes se presentaron esta vez con otro rostro y actitud distante con los reporteros. Durante los recesos se les pudo ver sonrientes y amigables en los pasillos del edificio público, mientras que con la prensa demostraron una actitud evasiva. “¡Periodistas!… van a pensar que somos nosotros los que tenemos el escándalo, no echen a perder lo que hemos estamos esperando por 20 años. Más respeto por favor”, gritaban a lo lejos los simpatizantes de los líderes llevados hasta allí por un convoy de cinco autobuses y escoltados por patrullas federales. Afuera del edificio, en la madrugada del 14 de mayo, los presentes hicieron sus casas de campaña en las banquetas, jardineras y la entrada al edificio, donde tendieron chamarras, chalecos y hasta con cartones se cubrieron de las bajas temperaturas y la brisa marina. “Lo que tiene que hacer uno por unos cuantos pesitos más, pero ojalá y Dios nos den lo que pedimos porque no alcanza para nada”, mencionó Luisa, una mujer de Tapachula, Chiapas, quien viajó sola para apoyar al grupo.   Tensa expectativa en el valle   “A la expectativa…” definió muy bien Luis Barrita la actitud de los cientos de jornaleros y sus familias que desde el mediodía del miércoles 13 se apostaron a ambos lados de la avenida principal de la colonia “Las Misiones”, en donde permanecieron hasta el amanecer del día siguiente para recibir a sus líderes. Era una muchedumbre y la expectativa tensa: “Estamos esperando los resultados”, se referían muchos como si del marcador final de un partido de futbol se tratara.  Desde Maneadero, y en puntos como Punta Colonet, Camalú, Ejido Díaz Ordaz, Vicente Guerrero y fuera del Centro de Gobierno, los jornaleros a la espera iban de los unos cuantos a decenas, con el mismo sentir: “Esperando que ya haya respuesta”. ¿Y si no la hay?, se les preguntaba y ahí la reacción era variada: “No sabemos aún…”, “los de arriba van a decidir”, “se va armar chido…”, “se va a hacer el desmadre”, “vamos a cerrar las carreteras”, “ser pacíficos ya no funciona”. También había preocupación por Fermín, Fidel, Justino, Bonifacio y Lucila, “por qué se los llevaron para allá…”, “Dios quiera y los regresen con bien”, “cuál fue la idea de llevárselos a Ensenada”. Oscureció en la colonia “Las Misiones” y la cantidad de gente se duplicó. Con oradores al micrófono, comida, fogatas aquí y allá, toda la comunidad se congregó en la calle en una tierra sin ley ni vigilancia: “No…aquí los policías ya no entran…De hecho desde antes de lo del sábado nunca han entrado…”. Los golpes, pedradas, balazos y gritería con que amaneció el sábado pasado la “Nueva San Juan Copala” ahora eran anécdotas para el recuerdo: “Del tiburón saliendo corriendo los policías, los tupieron a patadas y unos hasta lloraban, pedía clemencia que también tenían familia”, narra una residente. Pese a que los líderes de la Alianza se han deslindado de los disturbios, todos los habitantes de la comunidad festejan la forma en que los policías y sus vehículos fueron atacados y echados de la zona. Y hasta revelan datos para la nota: “En la Delegación Vicente Guerrero que quemaron, entramos y encontramos en las oficinas de todo…condones…revistas para adultos, tangas…ahí quedaron por la calle regados todos los condones…¡qué bien se la pasaban los policías adentro!”.    O lo más grave aún. Cuentan que al huir el personal de la Delegación, así como los policías estatales en la calle, dejaron regadas algunas pistolas, chalecos antibalas, y otras armas que se llevaron los jóvenes que vandalizaron… “y nadie, ni el gobierno, ha mencionado de eso”. En medio de la romería, la espera continuaba, y la desesperación y ganas de una respuesta definitiva; si no… “¡lo que venga!” “¿Con qué nos vamos a defender?” “¿Con llantas quemadas?…no queremos votaciones…no queremos gobierno. Hemos sido muy respetuosos…”.   Jornaleros vs. Autoridades: Dichos y desdichos   “Sabemos que el crimen se ha cometido desde hace muchos años en el ámbito laboral, y ahora ya es un asesinato directo de parte de la Policía Ministerial, coordinado por el Gobierno de Baja California y el subsecretario de Gobernación”, señaló directamente Fidel Sánchez, uno de los cinco voceros de la Alianza de Jornaleros, tras los disturbios que dejaron una Delegación en ruinas, dos patrullas, carbonizados varios carros de empleados municipales y la tanqueta “El Tiburón” de policía estatal vandalizada. Acusó al Enrique Miranda Nava de propiciar detenciones masivas para denostar su movimiento: “Los compañeros jornaleros han guardado la compostura, hasta ahorita, sin embargo por parte de la Policía Ministerial no, ya hay tres muertos”, aseveró. Al día siguiente el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya y el secretario de Gobierno, Francisco Rueda, hubieron de dar una conferencia de prensa con lujo de detalle que la intervención de la Policía Estatal Preventiva había acudido a una llamada de emergencia al C4 tras la llamada de auxilio del propietario del “Rancho Seco”, a quienes unos muchachos le estaban quemando el cerco y amenazaban con incendiar todo el campo. Al llegar los elementos aparecieron más atacantes de la colonia aledaña, “Las Misiones”, y es cuando se suscitó el enfrentamiento y les elementos tuvieron que responder con balas de goma para salvar su humanidad, dijeron oficialmente. Pero nunca explicaron lo de la presencia del “Tiburón”, del que los jornaleros reiteran: “Por qué traen un tanque, si no somos narcos, ni estamos de guerra”. También desmintió el Gobierno del Estado que hubiera muertos, “ni siquiera hay un solo herido en las distintas clínicas del sector salud en Ensenada”. Mientras en las calles los líderes y jornaleros exigían la liberación de los detenidos y la cabeza de Kiko Vega: “¡Que caiga el gobernador!”. En los días siguientes los líderes de la alianza aceptaron que, en efecto, no había muertos, pero sí algún herido “de bala de verdad al que le dispararon en las piernas”, así como otros dos que al quedar tirados por el impacto de las gomas de bala y al no reaccionar, “pensamos que habían muerto”. Lo que no aminoró el agravio, aclaró: “Claro, no son heridas graves, pero está el compañero al que le quebraron la cabeza, la compañera a la que le tumbaron los dientes, este niño de 7 años que fue golpeado brutalmente por la Policía Estatal…”. Pablo Alejo Nuñez, subsecretario de Gobierno y Arnulfo de León Lavenant, quien incluso hasta estuvo a punto de llorar al tratar de convencer a los jornaleros de estar ayudándolos en su calidad de Procurador de los Derechos Humanos de Baja California –“nadie ha atendido más quejas en la historia de la PDH”–, trataron de calmar los ánimos al comprometerse por lo pronto a atender cada uno de los casos de los detenidos y proceder a liberar de inmediato a los menores, con la condición de que los jornaleros desbloquearan las vías en las colonias, a la vez que éstos pidieron el retiro de las decenas de patrullas y policías estatales y municipales intimidándolos en la carretera, en una tregua que se prolongó al miércoles 13.   Los jornaleros callaron   Amanecidos y con el atuendo del día anterior, la mañana del 14 de mayo, los dirigentes Fidel Sánchez Gabriel, Fermín Sánchez, Justino Herrera, Bonifacio Martínez y Lucila Hernández, caminaron abrazados por las calles de la colonia “Las Misiones” en San Quintín, donde fueron ovacionados. Igualmente habían sido recibidos horas antes, a las 5 de la mañana afuera de la API, con música en vivo y aplausos por parte de los compañeros agrícolas, tras 15 horas de negociaciones con  el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, el subsecretario del Trabajo y Previsión Social, Rafael Avante Juárez y el Jefe de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, David Garay Maldonado. Apresurados por retirarse los voceros de los jornaleros, e impacientes los reporteros de obtener información de lo que ocurrió dentro, derivó en jaloneos, caídas y golpes. Los dirigentes, con escolta conformada de entre los mismos jornaleros, abordaron rápido los camiones y cerraron las puertas en las narices de los reporteros para despedirse con un “sígannos a San Quintín si quieren entrevista”.      Los acuerdos   1. Iniciar una campaña de afiliación y credencialización de todas y todos los trabajadores al IMSS, sin costo para los trabajadores. 2. Por ningún motivo se retendrá ni condicionarán los salarios de los trabajadores. Se pagarán total y puntualmente en el lugar de trabajo y se transparentarán los diferentes conceptos que lo integran. 3. Se identificarán y atenderán las necesidades de mejora en vivienda, alimentación y condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores 4. Garantizarán el respeto a los derechos laborales contenidos en la LFT y a los derechos humanos integrales particularmente de las mujeres trabajadoras y sus familiares con inspecciones. 5. Las empresas cumplirán los requisitos para certificarse como libres de trabajo infantil. 6. Creación de un fideicomiso de inversión con aportaciones de los gobiernos federal, estatal y las empresas para el desarrollo de la zona. Dicho fideicomiso quedará formalizado en un plazo no mayor a sesenta días. 7. Se revisarán los programas sociales para que los jornaleros no pierdan su carácter de beneficiarios como consecuencia de sus desplazamientos de sus lugares de origen a los campos agrícolas y se revisarán los padrones para constatar que éstos cumplan con los requisitos para acceder a ellos. 8. La STPS otorgará, en los términos que conforme a derecho proceda, su registro sindical a la Alianza de Organizaciones Nacionales Estatal y Municipal por la justicia social. 9. La autoridad garantizará el respeto a la libertad y autonomía sindicales de los trabajadores en la zona. 10. El Gobernador del Estado se reunirá con los voceros de la Alianza para tratar las problemáticas locales de San Quintín planteadas por la misma, antes de que concluya el mes de mayo. 11. Por lo que hace a las personas detenidas, las autoridades federales y locales del Estado de Baja California, en los términos de ley, procurarán los mecanismos para que, en su caso, obtengan su libertad privilegiando que prevalezca un ambiente de respeto al orden público y al estado de derecho. 12. Las partes se comprometen a conducir sus acciones presentes y futuras en un ambiente de absoluto respeto a la ley y a los derechos de terceros, absteniéndose de cualquier tipo de represalia, preservando en todo momento la paz pública y privilegiando el diálogo, la concertación  y la conciliación. 13. Gobiernos Estatal y Federal, y las y los Senadores harán las gestiones pertinentes con los empresarios agrícolas para procurar que la propuesta se traduzca en un incremento lo más cercano posible, a la propuesta de la Alianza (doscientos pesos) y que sea retroactivo al 24 de mayo. El gobierno federal, en su caso, podrá aportar el diferencial para alcanzar la propuesta de la Alianza. El documento fue firmado por el Subsecretario de Trabajo, el representante de la SEGOB y los Senadores de la República  Angélica de la Peña Gómez, Benjamín Robles Montoya, Adriana Dávila Fernández, Víctor Hermosillo Celada y Fidel Demédicis Hidalgo.      Los detenidos y la CDI   El delegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Juan Malagamba Zentella, llegó de la mano con los dirigentes de la Alianza de Jornaleros y a la prensa se escudó en el proceso electoral: “No puedo hablar, tengo prohibido porque estamos en proceso de elecciones”. Más tarde el delegado tuvo que responder a los cuestionamientos respecto al pago de fianzas de 11 jornaleros detenidos que fueron pagadas por el Gobierno Federal, a través de la CDI, por un monto de 14 mil pesos por cada uno. “Nosotros tenemos un programa de fianzas y tenemos la posibilidad, conforme a las reglas, para ayudar a gente que por primera ocasión comete un delito, aunque no nos metemos en cuestiones sexuales”. Mencionó que tienen instrucciones de atender a cualquier persona en este conflicto de jornaleros y que estarán al pendiente de cualquier detenido. La liberación, dictó, se apega al Artículo 2 Constitucional que refiere a la Nación Mexicana con Única e Invisible. “La nacional tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio nacional actual del país al iniciar la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas”. Reconoció que apoyó al grupo de trabajadores del campo porque tiene más de 30 años de conocerlos y no han tenido un incremento salarial en más de 20 años. El Procurador de Derechos Humanos, Arnulfo de León Lavenant, informó que hasta el jueves había siete personas detenidas, entre ellas una mujer, y que la fianza en total supera los 21 millones de pesos. Según los certificados médicos, los reclusos presentan lesiones ocasionadas durante el arresto, algunos por resistirse. Sobre la defensa, manifestó que, tanto policías como manifestantes, se acusan mutuamente ya que los oficiales aseguran que se tuvieron que defender debido a que por lo menos 400 personas se les aproximaron para atacarlos con piedras. En total la oficina recaudó 30 quejas del día 9 de mayo por heridas causadas con balas de goma.