Rosarito incluye arresto por acoso escolar; ignora legislación estatal

En el afán de combatir el acoso escolar en Playas de Rosarito, el Cabildo aprobó modificaciones al Reglamento de Bando de Policía y Gobierno con omisiones, contradicciones con la legislación estatal, e incluso términos que podrían criminalizar al menor. La modificación, respaldada por la mayoría de los regidores del VI Ayuntamiento el 23 de febrero de este año, aún no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE), pero se espera que el trámite culmine este mes, de acuerdo a su promotor, Gregorio Madrigal Aguayo, presidente de la Comisión de la Familia. Se trata de un dictamen que integra la definición de “acoso escolar” al reglamento municipal, el cual establece multas económicas y horas de arresto para padres de familia de menores “reincidentes”, y que menciona que las niñas, niños y adolescentes, tendrían que ser turnados “de inmediato” ante un juez municipal, incluso sacándolos del plantel escolar  por las autoridades educativas. “Está muy escueta, hay una marcada falta de conocimiento desde mi óptica”, manifiesta al conocer el dictamen aprobado la abogada Emilia Ortega, catedrática en la Facultad Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Por su parte, el regidor Jorge Arévalo, presidente de la Comisión de Gobernación y Legislación, considera que el Ayuntamiento está “extralimitándose en sus funciones”, toda vez que existe una Ley para Prevenir y Erradicar el Acoso Escolar para el Estado de Baja California, además de una Ley de Justicia para Adolescentes en casos que puedan tipificarse como delitos penales. Mónica Cano Valadez, coordinadora de Seguridad Escolar en el Sistema Educativo Estatal (SEE), dice coincidir con la intención del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, de no propiciar la impunidad en centros educativos y de fomentar la participación de los padres, pero: “Hay que homogenizar los conceptos conforme a la normatividad aplicable, hay que cuidar mucho y sobre todo, evitar el proceso de criminalizar al menor, establecer que se turnará a la autoridad únicamente en casos de riesgo”, acota. Generar mecanismos adecuados para el tratamiento del también llamado bullying, es necesario para combatir, por ejemplo, las 110 denuncias que durante el ciclo escolar que corre (2014-15) se han generado en los cinco municipios de Baja California. Así se aprobó De entrada, la definición de acoso escolar que se probó en Rosarito es distinta a la que establece la Ley para Prevenir y Erradicar el Acoso Escolar, aun cuando se menciona en la exposición de motivos del dictamen municipal, y que el creador, el regidor Gregorio Madrigal, sostiene que coinciden. Mientras el reglamento municipal define la conducta como “los actos de violencia, hostigamiento, agresiones, molestia, coacción, manipulación, discriminación, intimidación  y todo tipo de prácticas que se generen entre alumnos, en donde existe uno o varios generados y uno o varios receptores; así como cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico, directo o indirecto producido entre escolares de forma reiterada  lo largo de un tiempo determinado”, la Ley estatal dicta que es “cualquier forma de agresión o maltrato psicológico, físico directo o indirecto, verbal o cibernético, dentro o fuera del centro escolar, producido entre alumnos, de forma reiterada, de manera que interfiera en el rendimiento escolar (…)”. De lo anterior se recoge como uno de los puntos medulares, que el Municipio no especifica si el “acoso escolar” debe darse fuera o dentro de la escuela. La presentación inmediata…  del menor Posteriormente, en el Artículo 8 del Bando de Policía y Gobierno se integra que quien comete acoso escolar es un “infractor” que amerita “la presentación inmediata ante el juez municipal”, sin mediar gravedad del acto.   Ahí mismo se agrega que serán también infractores los padres que no cumplan con sus “obligaciones” para evitar que las niñas, niños y adolescentes “ocasionen toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso (…)”. Más adelante, de acuerdo al documento que ZETA tiene en su poder, el Artículo 10 BIS estipula que si la acción ejecutada por el menor encuadra en “falta administrativa” y se comete dentro de la institución escolar, será presentado “por las Autoridades Educativas ante el Juez Municipal, quien deberá localizar (posteriormente) a los padres”. “Yo ejerzo la patria potestad y nadie tiene que decidir sobre mi hijo.  Claro, si está asaltando un Oxxo, tiene que detenerlo la Policía por la flagrancia de un delito en un código penal, no en esta situación. Estás hablando que por una falta administrativa te van a llevar a un juez, me parece extremo”, comenta la abogada Emilia Ortega. A su vez, Mónica Cano expone que es importante, antes de turnar a un menor de la forma mencionada, establecer medidas de apremio dentro del propio plantel educativo, siempre y cuando el acto no pueda tipificarse como un delito penal. “No voy a pasar todos los casos (al juez municipal), porque muchas veces con correctivos en la escuela o con seguimiento se puede resolver. Estamos totalmente de acuerdo en que hay que establecer mecanismos para la prevención, y para el seguimiento tanto para el generador como receptor”, refiere. Los padres, corresponsables En caso de reincidencia, prosigue el documento, se impondrá a los padres una multa de 7 a 40 salarios mínimos (de 500 a 2 mil 800 pesos), que si no pueden pagar, se cambiarán por hasta 36 horas de arresto. El punto es debatible para los cuestionados, pues mientras la abogada Emilia Ortega considera injusto responsabilizar al padre de familia por los actos de su hijo mientras no los tiene bajo su custodia, la coordinadora del programa de Seguridad Escolar del SEE, Mónica Cano, lo ve “muy bien”, toda vez que se trata de una forma de garantizar que los padres den seguimiento al comportamiento de sus hijos. Lo que ya existía El abogado Francisco Carrillo, visitador general para grupos vulnerables de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), opina que lo único que el Ayuntamiento de Playas de Rosarito pretende hacer, es detener a los niños y adolescentes y buscarles responsabilidad, mas no prevenir lo que definen como acoso escolar. El concepto no es catalogado como un delito en la legislación local, y si es que se promueven leyes para prevenirlo y erradicarlo, es para buscar métodos de tratamiento y prevención. Agregó que la Ley de Justicia para Adolescentes de Baja California establece los procedimientos para tratar actos que puedan tipificarse como delitos penales, para lo que ya existe un procedimiento. “No lo tratan de erradicar, la convención de los derechos del menor dice que se tienen que tomar medidas para proteger la integridad del niño, y aquí no se están tomando medidas para proteger, se está autorizando para que la Policía los agarre, se los lleve y multe a los papás. ¿Por qué no propusieron que en las escuelas se haga algo para evitar el acoso?”, cuestiona. Pone también a consideración que además de hacer una modificación de este tipo, es necesario implementar infraestructura y especializar personal, por ejemplo, los jueces municipales; además de identificar espacios donde los menores estarían en caso de ser llevados al juez, entre otros. Pendiente el protocolo Pero la Ley para Prevenir y Erradicar el Acoso Escolar de la entidad, tampoco está completa. Para llevarla plenamente a la operación hace falta la implementación de un protocolo, que de acuerdo el SEE, se utilizará como guía para tratar los casos en cada centro escolar. “Tenemos líneas de acción, aquí lo que estamos trabajando es desde la óptica del maestro, es decir, que el maestro sepa los primeros avisos, en qué casos va a empezar a analizar, y en qué otros casos van a tener que ser medidas de protección para el menor. Nos interesa no criminalizar, como en este caso (reglamento municipal) puede parecer, es crear medidas de protección”, indica Mónica Cano, para después agregar que el protocolo funcionará para el próximo ciclo escolar. <p>Durante la misma entrevista, Gregorio Madrigal, regidor impulsor del dictamen aprobado, manifiesta que la reglamentación es para casos sucedidos dentro  y fuera de la escuela, y minutos después, declara que solo adentro. Lo anterior cuando se le cuestiona sobre el conflicto que existirá, si ya hay normas del Estado sobre el tema. Además, el regidor hace su propio protocolo de actuación para casos de ´bullying´, mismo que no quiso revelar hasta que esté terminado, pero sostiene, en él quedarán resueltas las dudas del dictamen. “En sí, estamos llevando a cabo un protocolo de la actuación de seguridad pública, que serían los que van a actuar. Hay un protocolo en el sistema educativo en las escuelas, ese protocolo ellos lo van a seguir”, justifica. Asegura que se preparará a policías y jueces municipales para que sepan que hacer en los casos que se le presenten y “se sientan seguros”. Para concluir, argumenta que el proyecto incluso lo revisó el departamento jurídico del Ayuntamiento para evitar contratiempos en su aplicación, y reitera, se trata de que el menor sepa que hay conductas  “que él está llevando mal”, y que el padre de familia debe cuidar a sus hijos. “Al menor, ¿qué pasaba? Llegaban, lo detenían, no podía hacerse nada, lo llevaban a su casa, entonces el alumno o menor pues se burla de las mismas autoridades que nomás lo andan paseando”.