En plena época electoral, el próximo 7 de junio, en Baja California no solo se elegirá a los ocho diputados federales por mayoría y unos cuantos de lista, sino que entre este mes de mayo y el siguiente, varios organismos ciudadanos y autónomos atraviesan por un proceso de renovación, lo cual mantiene la rebatinga política en los partidos y las entidades de gobierno, así como el Poder Legislativo, en un nivel alto para hacer designaciones o selecciones negociadas. Luego de la elección del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), producto de una negociación donde el partido en el gobierno, PAN, cedió ante el partido en la oposición, el PRI, siguen cuatro importantes selecciones de órganos colegiados. Tres estatales, uno federal: * Renovación de la totalidad de los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. * Renovación de los consejeros de lo que solía ser el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el cual ahora se conoce como Organismo Público Local (OPLE). * Selección de un magistrado numerario y un magistrado supernumerario para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. * La designación de un magistrado para el Tribunal Superior de Justicia de Baja California. En el caso del órgano garante de la transparencia, la convocatoria se abrió el 30 de abril y deberá concluir a más tardar el 30 de mayo con la elección de tres consejeros numerarios y un suplente, para entrar en funciones una vez que concluya el periodo de los actuales, ese mismo día. 
Para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se convocó desde el 25 de marzo, los 29 aspirantes ya comparecieron ante el Congreso local y se estima que para finales de junio el Legislativo designe a un magistrado numerario y otro supernumerario. En el organismo electoral, el registro de aspirantes se abrió desde el 11 de mayo para concluir el 19 del mismo mes. De ahí los aspirantes deberán pasar un examen, elaborar un ensayo y comparecer ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Ciudad de México, siendo este órgano el que designe a más tardar el 2 de septiembre próximo. Además, hay un espacio vacante en el Tribunal Superior de Justicia -a raíz de la muerte de quien fungía como Presidente del Poder Judicial, Marco Antonio López Magaña- y la primera fase la debe convocar el Consejo de la Judicatura, pero hasta la fecha no se ha emitido, calculándose que esto pudiera suceder hasta septiembre de este año. De la negociación y la rebatinga por las posiciones, el diputado Roberto Dávalos, del Partido de la Revolución Democrática, dijo a ZETA: “No se está dando, no se está ‘catafixeando’ un espacio por otro, más bien es un juego entre las fracciones que son mayoritarias -PRI y PAN-, quienes han buscado ponerse de acuerdo y, en todo caso, en el resto de los partidos ha habido diferentes posiciones”. Entre sombras, elección de consejeros para Transparencia Los tiempos para elegir a los nuevos consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California (ITAIPBC) se han visto apretados a raíz de que la convocatoria para el registro de aspirantes se publicó -de manera unilateral por el Gobierno del Estado- el 30 de abril, y cerró el periodo de inscripción de aspirantes el 20 de mayo, día en que 22 de 23 solicitantes acudieron a comparecer ante la Comisión Especial de Evaluación, integrada de la siguiente manera: Tres ciudadanos seleccionados por el pleno del Instituto de Transparencia: Armando León Ptanick, Francisco Fiorentini y María Antonieta Robles. Y tres integrantes del Gobierno del Estado: Francisco Rueda, secretario general; Loreto Quintero, oficial mayor y Bladimiro Hernández, contralor. Los seis determinaron que las entrevistas a los aspirantes serían a puerta cerrada -en lo oscuro y no transparente- con el fin de resguardar los datos de los candidatos, lo cual contrasta con las comparecencias públicas ante el Congreso de los aspirantes a la CEDH, o las comparecencias hace cuatro años de los hoy consejeros de transparencia, que fueron abiertas y posteriormente publicadas. En entrevista a ZETA, Viviana Maciel López, consejera del ITAIP, comentó que una de las preguntas realizadas para la selección de los tres ciudadanos para integrar esta comisión fue: “¿Qué recomendaciones haría para que este proceso de selección fuera más transparente?”, a lo que más del 70 por ciento de los participantes argumentó “que fueran audiencias públicas, abiertas y transmitidas”. Pero no sucedió así. Para formar la comisión especial por parte de los consejeros de transparencia, se entrevistó a 23 ciudadanos de los cuales se eligió a tres, se notificó a la Secretaría General de Gobierno y, junto a los tres miembros del Gobierno del Estado, quedó instalada el 18 de mayo. En 2011, la convocatoria para la creación del primer consejo del ITAIPBC se hizo con tres meses de anterioridad al inicio del periodo, fue pública y se recibieron 170 solicitudes, hubo un periodo aproximado de dos semanas para realizar las entrevistas, que la comisión especial deliberara y finalmente se definiera por parte del Ejecutivo quiénes integrarían el consejo. Maciel -electa con el método anterior- agregó que la Ley no menciona detalles del esquema de procedimiento para instalar el comité ciudadano, hablando de tiempos. A pesar de desconocer el por qué no se publicó la convocatoria con anticipación, dijo que sí se tuvo acercamiento con el Gobierno del Estado para plantear la necesidad de hacerlo con anterioridad. Además, que los consejeros tienen 30 días antes de concluir el cargo para dejar listo al consejo que los sustituirá. Una vez concluido el proceso de entrevistas, la comisión debe elegir a cuatro candidatos y la lista debe ser enviada al gobernador del Estado. Éste tiene dos opciones, aceptarla o rechazarla, en el primer caso se envía al Congreso del Estado porque la Ley señala que el Legislativo va a tener por lo menos diez días para revisar y discutir la propuesta que hace el gobernador. Si la lista es rechazada, a Francisco Vega de Lamadrid se le enviaría una nueva para su aprobación. Posterior a ello, el consejo deberá tomar protesta en sesión ordinaria del Congreso del Estado. En resumen, el tiempo para analizar y elegir a los consejeros por parte de la comisión especial tendrá que ser corto, ello para mandar la lista al gobernador, quien, en caso de rechazarla, tendría que solicitar una nueva, ésta se elaboraría, regresaría al gobernador, deberá pasarse al Poder Legislativo, que tendrá que tomar una decisión al vapor para, finalmente, antes de acabar el mes, se tome protesta al nuevo consejo del ITAIP en sesión ordinaria del Congreso del Estado, y entraría en funciones el próximo 3 de junio. Maciel comentó que como consejeros ya no están inmersos en el proceso de selección, sino en la entrega recepción del pleno, y la justificación de proteger la privacidad de las y los aspirantes, “es un criterio que al final del día prevaleció sobre el principio de máxima publicidad” que rige al Instituto. Con la nueva Ley General de Transparencia habrá que homologar los criterios, ésta se discutirá en los próximos días en el Estado, la cual establece que los nuevos consejeros deberán salir de manera escalonada para no dejar el nuevo consejo con novatos, pero aún no se determinan los tiempos de permanencia. El propio Instituto presentó una propuesta hace un par de semanas en la que detalla errores de sintaxis, aborda el tema de los sujetos obligados, se pide ampliar el catálogo de información y dotar de facultades para sancionar, “pero ojo, si se da esa facultad se tiene que incrementar el presupuesto, si no, colapsaría el Instituto”, aclaró la consejera del ITAIP. Entre los registrados, en una primera fase se entrevistó a: 
Jorge Camargo Villa, Pedro Chávez Segovia, María de los Ángeles Ramírez, Gerardo Javier Corral Moreno, Jesús Francisco Gutiérrez Ocampo, Jorge Augusto Mendoza Castro, Rene Tiznado Fernández, Francisco Postlethwaite Duhagón, Mario Hurtado de Mendoza, Cuauhtémoc López Guzmán, Basilio Martínez y Lorena Meléndrez. En una segunda lista: Carmina Campos Barreda, Octavio Sandoval López, Olga Minerva Castro Luque, José Rodolfo Galván González, Rubén Esteban Roa Dueñez, Adriana Mendiolea Martínez, Ariosto Manrique Moreno, Roberto Quijano Sosa, Elvia Manuella Estudillo Osuna, Jorge Carlos Escalante Martínez y Alfonso Higuera Fernández. En total se registraron 22 aspirantes, ya que el último en la lista, Higuera, no acudió a la comparecencia. Los “palomeados” por el góber Francisco Postlethwaite Duhagón, Basilio Martínez, Elba Estudillo y como suplente Ariosto Manrique, conforman la propuesta del Ejecutivo para integrar el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Baja California (ITAIP). Será el Congreso del Estado el que apruebe la propuesta “palomeada” por el gobernador, Francisco Vega de Lamadrid. Postlethwaite Duhagón fue primer magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es abogado, catedrático de la UABC y proviene de una familia ligada al sector empresarial. Por su parte, Basilio Martínez es catedrático, fue dirigente del PAN en Mexicali, candidato a diputado y es yerno de Bernardo Borbón, uno de los panistas de mayor trayectoria en la entidad. Mientras que Elba Estudillo, es actual directora general de COPARMEX Tijuana, y Ariosto Manrique fungió como director del Instituto de Opinión Pública del Congreso del Estado durante la anterior Legislatura. Panistas van por Tribunal de lo Contencioso En el caso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Congreso del Esto abrió la convocatoria el 25 de marzo de 2015 para elegir a un magistrado numerario y otro supernumerario. La fecha venció el 24 de abril y acudieron 33 aspirantes, aunque cuatro de ellos no completaron los requisitos; por lo que el miércoles 13 de mayo comparecieron los 29 restantes ante los diputados de la Comisión de Legislación. Los entrevistados fueron: René Aguilar Samaniego, Flora Arguilés Robert, Marisol Beltrán León, Paula Carina Borbón García, Ricardo Briseño Noriega, Leticia Castro Figueroa, Carlos Alberto Covarrubias Martínez, Juan Manuel Cruz Sandoval, José Mario Charles Garza, Gerardo de la Torre Celis, Luis Eduardo Flores Seañez, Albina Gómez Serna, Claudia Carolina Gómez Torres y Raúl Ballesteros Gutiérrez Rubio. Además: Victoria Eugenia Guerrero Urquídez, María Lourdes Luna Mendívil, Martha Alejandrina Margaillan Díaz, Javier Mayoral Murillo, Carlos Rodolfo Montero Vázquez, Guillermo Moreno Sada, Óscar Javier Navarro, Isidro Ochoa Vera, Paj mi ris Sa am Razo Salcedo, Alma Alejandrina Razo Santoyo, Blas Roberto Romero López, Daniel Solorio Banda, Juan Alberto Valdiviezo Morales, Jaime Vargas Flores y Roberto Alfonso Vidrio Rodríguez. Destacan los nombres de algunos militantes panistas como Carina Borbón, Guillermo Moreno, Isidro Ochoa Vera, Blas Romero y Roberto Vidrio, además del actual consejero electoral local, Jaime Vargas Flores. La convocatoria estipula que a más tardar el 18 de junio el Congreso local –también por mayoría calificada- deberá designar a los dos magistrados. Órgano electoral, al menos tres mujeres De acuerdo a la convocatoria publicada en la página del Instituto Nacional Electoral -antes IFE-, se abrió el registro de aspirantes a consejeros electorales para Baja California desde el lunes 11 de mayo y concluyó el martes 19 por la tarde. Se inscribieron 114 aspirantes a consejeros, de los cuales 37 son mujeres y 77 hombres. Según la misma convocatoria, el sábado 27 de junio deberán presentar un examen de conocimientos y, un mes después, un ensayo sobre el tema electoral. Luego tendrían que comparecer ante el Consejo General del INE para que este organismo designe antes del 2 de septiembre. Se trata de seis consejeros y un presidente, aunque también se estipula que al menos tres consejeros deberán ser mujeres. Transporte organizado contra magistrado Vidrio Ante la pretensión del magistrado supernumerario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, Roberto Vidrio, de obtener el nombramiento como numerario en ese mismo cuerpo colegial, el transporte organizado de Tijuana se ha manifestado en contra, solicitando al gobernador Francisco Vega de la Madrid, sea eliminado de la lista de candidatos a dicha vacante. La misma petición habría sido realizada de manera personal a distintos integrantes del Congreso de Baja California, mediante juntas privadas con diputados de los partidos PRI y PAN, como lo son René Mendívil, Mario Osuna, Cuauhtémoc Cardona y Rosalba López Regalado. Los transportistas señalan a Vidrio como responsable de la emisión de alrededor de mil 500 suspensiones provisionales a favor de unidades de taxis de ruta, fijos y libres, “provocando un severo daño al transporte organizado de Tijuana y Rosarito”, considera Gabriel Lemus, representante legal de Transportes Verde y Crema. Tales unidades no se encuentran regularizadas, carecen de placas e incluso de importación, siendo algunos más vehículos que ya han sido puestos fuera de circulación por organizaciones de transportistas, rescatadas de los yonkes -explicó Lemus-, protegidas contra molestias por parte de policías municipales, y exhibiendo el escrito en sus unidades. El apoderado de Transportes Verde y Crema detalló que las suspensiones otorgadas por Vidrio están motivadas en el sentido de la falta de respuesta en tiempo y forma por parte del Ayuntamiento de Tijuana a supuestas solicitudes de permisos para operar esta clase de unidades, situación que no consideran suficiente para proveer de esta protección, ya que señalan, dichas solicitudes no existen, por lo que el gremio pretende impulsar una investigación contra el magistrado. Agregó que bajo estas suspensiones operan más de mil 500 unidades irregulares, ya que los documentos son objeto de fotocopiado, por lo que una sola suspensión llega a ser utilizada por hasta diez taxis, incluso habiéndose detectado casos en que operarios hacen uso de actas de nacimiento como simulación. El representante transportista señaló que si bien el gremio organizado no acepta a estos choferes, los mismos han creado sus organizaciones sindicales. “La suspensión les permite prestar servicio de transporte público, la única situación que les permite la autoridad es que lo hagan sin tarjeta de circulación y desde luego sin placas, pero de ahí en fuera tienen que cumplir con las obligaciones que marca el Reglamento de Transporte Público Municipal”, declaró a ZETA José Luis Hernández Silerio, director de Vialidad y Transporte Público. Dichas obligaciones comprenden el someter las unidades a revisiones mecánicas, tramitar una póliza de seguro y contar con la correspondiente licencia de conducir (chofer) vigente. Hernández Silerio comentó que se mantiene un monitoreo constante de estos vehículos para percatarse cuando dichas suspensiones pierdan vigencia en caso de negarse la suspensión definitiva. 375 unidades con amparo vigente tienen enlistadas en la Dirección de Vialidad y Transporte con suspensión vigente, de un total de mil 158 que se han promovido. Héctor Ortiz
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