Pese a reforma, relleno de El Jibarito y Valle de las Palmas, en las mismas

El Congreso de Baja California aprobó una iniciativa para asegurar la correcta operación de rellenos sanitarios, pero solo los que se instalen después de la publicación de la iniciativa, avalada por unanimidad el 7 de mayo de 2015. La propuesta fue presentada por Fausto Gallardo García, con el sentido de obligar a los futuros concesionarios de los basureros al pago de una fianza que garantice el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, y así evitar las deficientes medidas de confinamiento de los desechos que generan la emisión de gases tóxicos al medio ambiente. Con la reforma, añadió, se modifica el Artículo 6 de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado, con lo que los Ayuntamientos podrán exigir las garantías necesarias para asegurar la correcta operación de los rellenos sanitarios de residuos sólidos urbanos, “y el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con su clausura”. Del monto de las fianzas de garantía, el legislador local precisó que serán determinadas por los Ayuntamientos, de acuerdo a cada reglamentación municipal y al tipo de convenios que signen con futuros concesionarios. Pero la reforma no puede aplicarse en forma retroactiva, así que no podrán ser aplicadas en los rellenos sanitarios de El Jibarito y Valle de las Palmas, aun cuando el contenido de la iniciativa se basó en el caso de El Jibarito, a petición de la comunidad de esa demarcación. Ese establecimiento, explicó el diputado, continúa sin la infraestructura necesaria para controlar las emisiones de gases, en especial la mezcla de metano y bióxido de carbono, y el manejo de lixiviados, residuos líquidos que pueden contaminar el suelo y cuerpos de agua, lo que podría generar impacto ecológico y graves daños a la salud. Para contener ese foco de contaminación, se tendría que instalar en el basurero tecnología para extraer los gases del subsuelo, sin la cual no puede hacer frente a esa obligación, cuya inversión es elevada, por lo que resulta difícil que la empresa la cumpla, y esta Ley busca evitar la repetición de este tipo de situaciones, expuso. Ni el caso de Valle de Las Palmas, donde por ser un centro de acopio de desechos aún en operación, son las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en apoyo al Estado y Municipio, las encargadas. “Desconozco la situación ambiental de ese relleno, pero voy a investigar”, comprometió.