Narcoterrorismo estilo Jalisco

A Jalisco, el Gobierno Federal no le designó un comisionado especial para que regrese la seguridad a sus habitantes, tras la ola de violencia que se vive en la entidad;  tampoco exhibió a su gobernador, Aristóteles Sandoval, como sí lo hizo con los de Michoacán o Guerrero, por una simple razón: es una administración emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y las elecciones están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, ante la manifiesta incapacidad operativa de las fuerzas policiales de los municipios y estatales para enfrentar a los grupos del crimen organizado, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), será un militar quien encabece los esfuerzos para detener al enemigo número uno del momento, Rubén o Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho”. Los traumáticos actos de narcoterrorismo vividos por los jaliscienses el viernes primero de mayo, y de los que estuvieron muy cerca los habitantes de algunos municipios de Colima, Michoacán y Guanajuato, alcanzaron a las Fuerzas Armadas del país, justo el primer día que iniciaban con la Operación Jalisco para buscar y detener al capo y sus secuaces. El derribo del helicóptero Cougar matrícula 1009 de la Fuerza Aérea Mexicana arroja hasta ahora un saldo de siete militares muertos. Nueve soldados y dos agentes federales lesionados. Otras ocho personas murieron en la jornada del terror en Jalisco; unos eran policías, y otros, presuntos sicarios. Los daños colaterales de 39 narcobloqueos en calles, avenidas y carreteras, donde  autos, autobuses y camiones de carga fueron incendiados, son algo más que pérdidas económicas superiores a los 10 millones de pesos para el transporte público, 150 millones para el sector gasolinero y otro tanto para los banqueros, las arcas públicas y automovilistas que perdieron sus unidades. El agravio psicológico fue colectivo, un escenario de guerra avivado por las redes sociales y los mensajes de familiares y amigos alterados por la grave situación. Unas autoridades lentas, muy lentas en sus políticas de informar adecuada y oportunamente a la población lo que estaba sucediendo. Y unos medios de comunicación masiva, sobre todo los radiofónicos, que estuvieron a la altura de confirmar cada una de las noticias que iban proporcionando. Aun pasada la fase de Código Rojo, como denominan las autoridades a la activación del protocolo de coordinación policial, la psicosis permanece en los ciudadanos y en las autoridades estatales que “esperan nuevos atentados” de la organización criminal predominante en la región. Hoy se busca a criminales que en anteriores ocasiones han estado a disposición de diversas autoridades y que en esos ayeres no pudieron retener. También ahora están saliendo de las cárceles viejos miembros del Cártel del Milenio y que posiblemente podrían reforzar al CJNG, al conocer las rutas y contactos del negocio desde Sudamérica hasta los Estados Unidos. Otros narcos están a un tris de verse favorecidos judicialmente ante las pifias de la procuración e impartición de justicia de nuestro país.   “Viernes negro” en Jalisco   El primero de mayo de 2015 será recordado en todo Jalisco como uno de los días más horrendos en la historia de la entidad. Día de asueto. Mucha gente se levantó más tarde que de costumbre. A otros los despertaron sus familiares que empezaron a correr la voz de los narcobloqueos. Uno a uno se conocía de los cruceros bloqueados por vehículos incendiados. Nadie sabía los motivos de los ataques. A los entronques de avenidas, periférico y carreteras, se sumaron los incendios a instituciones bancarias en poblaciones del Sur de Jalisco y de gasolineras en la Costa Norte. Balaceras tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara, como en municipios del interior del Estado, como Autlán de Navarro y Jalostotitlán. Mientras los medios de comunicación confirmaban cada incidencia y la reportaban con rapidez a través de sus micrófonos, cámaras y portales web, las cuentas oficiales en redes sociales de los gobiernos, estatal y municipales, poco decían. Confirmaban las noticias con retraso hasta de 45 minutos. Más tarde se informaría por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) una noticia que provocó escalofrío entre los habitantes del país entero: un helicóptero militar fue derribado por sicarios del temido cártel en la ruta Casimiro Castillo-Villa Purificación, el corazón de la región Costa Sur, donde tiene asentados sus reales “El Mencho” y sus huestes. Hasta ese instante solo se conocía de tres soldados muertos. Fueron horas de angustia total. Con personas recluidas en sus hogares, otras en los hoteles donde vacacionaban y unos más atorados durante prolongados lapsos en los embotellamientos carreteros, afectados por las acciones criminales. Quienes se hallaban en tránsito estaban desesperados, y a la vez temerosos de que algo les pudiese ocurrir. Los balances de la sangrienta jornada fueron actualizados paulatinamente hasta conocer los datos finales, confirmados por autoridades estatales y después por las federales. Los 39 narcobloqueos se registraron en 25 municipios de Jalisco, y cuatro, en otras tres entidades. La cifra inicial de siete muertos, hoy ya es de 17 fallecidos -con la muerte de una policía federal que iba a bordo del helicóptero caído-, 19 heridos y 19 detenidos, nueve de los cuales fueron liberados casi de inmediato, cinco consignados y el resto aún son investigados. El impacto social de estos hechos disparó el sentimiento de inseguridad real y virtual de la población que todavía no acaba de digerir feroces enfrentamientos registrados este año en Puerto Vallarta, donde un francotirador mató a un soldado en enero, la emboscada que mató a 11 personas en Ocotlán -cinco de ellas elementos de la Gendarmería Nacional- en marzo, la balacera con cuatro sicarios muertos en Zacoalco de Torres y el atentado contra el comisionado de Seguridad en Jalisco, Francisco Solorio, en Zapopan, en el mismo mes, y la masacre de 15 policías estatales en San Sebastián del Oeste, en abril pasado. A raíz de estos sucesos, más de 20 policías del Estado de Jalisco han presentado su renuncia, e inmediatamente después de los bloqueos, unos 50 choferes del transporte público también dimitieron a su trabajo.   La Operación Jalisco   Tras los lamentables acontecimientos, el martes 5 de mayo se reunió -en un hotel de Guadalajara- el Gabinete de Seguridad Federal con el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que la fallida Operación Jalisco continuará y será un militar quien la encabece. El General de División DEM, Miguel Gustavo González Cruz, comandante de la V Región Militar, fue designado como el responsable de coordinar los esfuerzos del Gobierno de la República y autoridades locales para detener a los criminales y desmantelar la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación. En la implementación de las órdenes operativas participan la SEDENA, Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Gobierno del Estado de Jalisco. A diferencia de lo ocurrido en Michoacán y Guerrero, gobernados por políticos emanados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en Jalisco los miembros del gabinete fueron a darle el espaldarazo a un Aristóteles de tan malas cuentas y pobres resultados en la lucha contra el crimen organizado. No podía ser de otra manera. El proceso electoral está en marcha y, aunque serán comicios intermedios, perder Guadalajara y municipios metropolitanos sería caótico para el PRI. El secretario de Gobernación aseguró que se restablecerá la tranquilidad en la entidad como se ha logrado “en estados como Michoacán, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y en regiones como la Laguna, y en otros lugares más. Y que siguen el mismo camino, Tamaulipas y Guerrero”. El General González Cruz estuvo recientemente adscrito en Tamaulipas, donde la violencia continúa. Según Osorio Chong, Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG, es uno más de los 122 objetivos prioritarios de la actual administración. “Recordemos que tenemos 93 ya detenidos o abatidos”, reconoció el funcionario federal, al tiempo de minimizar el grado de influencia del grupo criminal y de su líder al territorio de Jalisco “y algunos estados colindantes”. Aunque a los funcionarios del ámbito de seguridad pública estatal no se les vio con buen talante en días recientes, aseguraron que la llegada y apoyo de más efectivos del Ejército, la Marina y agentes federales siempre serán bienvenidos. Por cierto, las propias autoridades que aseguraban que Jalisco estaba tranquilo y no era necesaria la intervención del Centro, ahora dicen que en su momento advirtieron al Gobierno Federal sobre el poder y peligrosidad del CJNG. Por cierto, en la Catedral Metropolitana de Guadalajara se realizó una misa de acción de gracias por el Día del Policía, que se celebra en los primeros días de enero, pero que no se había llevado a cabo este año, y dados los últimos acontecimientos con la muerte de agentes de distintos niveles y soldados, el miércoles 6 de mayo los uniformados llenaron la sede del Arzobispado tapatío. El Cardenal Francisco Robles Ortega ofició la misa, en la que “de manera muy en especial encomendamos a la muy infinita misericordia de Dios a quienes han muerto en el cumplimiento de esta delicada misión de brindar seguridad a nuestro pueblo. El Señor los acoja en la vida eterna”. El Arzobispo pidió también por los familiares de los policías y también por “aquellos que causan el dolor y la muerte”.   “El Mencho” y el CJNG   En averiguaciones previas de la PGR, desde hace tres y cuatro años constan los datos del Cártel Jalisco Nueva Generación y de su líder, Rubén o Nemesio Oceguera Cervantes y/o Oceguera Ramos y/o Oceguera Valencia. El arribo del helicóptero militar al municipio Casimiro Castillo no fue casual, sino una acción dirigida al “corazón operativo” del territorio donde “El Mencho” y su gente se mueven con confianza. Informes glosados a las indagatorias de 2011 y 2012 detallan cómo la organización de Los Valencia o Cártel del Milenio fue el antecedente del nuevo cártel, y cómo a la detención de Óscar Orlando “El Lobo” Nava Valencia, en 2010, se asumieron como líderes Oceguera Cervantes y Erick Valencia Salazar “El 85” (detenido en marzo de 2012). Detalla el documento oficial que la organización criminal estableció su “base en Guadalajara y con zonas de operaciones en los poblados de Casimiro Castillo, Aguijullo, Autlán, La Cofradía, municipio de La Huerta, Tecalitlán, El Grullo, Ciudad Guzmán y Tonalá, del Estado de Jalisco”. En Colima se ubicaron en Cuyutlán, Ixtlahuacán, Tecomán, Manzanillo y la capital; mientras que en Michoacán dominaron Tepalcatepec, Las Trojes y Villa Victoria. “El Mencho” contó con la alianza de grupos delincuenciales que ya trabajaban para los Valencia (Valencia Valencia, Valencia Cornelio y Nava Valencia), entre ellos los hermanos Pulido de Apatzingán y los hermanos González Valencia “Los Cuinis”, de Aguililla, Michoacán, hombres económicamente poderosos. El gobierno del ex Presidente Felipe Calderón intentó detener a Rubén Oceguera y capturó a algunos de sus principales lugartenientes, mas no debilitó la estructura del cártel que, por el contrario, mostró una rápida recomposición. En 2012, “El Mencho” promovió un juicio de amparo en Tijuana, aduciendo -bajo protesta de decir verdad- que tenía su domicilio en esta ciudad. La dirección proporcionada por Oceguera Cervantes se guardó en el sigilo del ex Juzgado Séptimo de Distrito con residencia en Tijuana. El presunto narcotraficante reclamó la única orden de aprehensión que se había dictado en su contra -en esa fecha- en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco. El capo, quien se dijo “mexicano, casado, mayor de edad, sin adeudos fiscales…”, afirmó en su escrito que “es el caso elementos de la Policía General se encuentran por fuera de mi domicilio tratando de detenerme, y con ello me torturarían para confesar hechos que no he cometido”. El juez federal de Tijuana declinó la competencia porque la orden de captura fue dictada por un juzgador de Jalisco, pero otro juez de amparo de dicha entidad rechazó conocer del asunto. Tras un conflicto competencial, el Quinto Tribunal Colegiado de Baja California resolvió que el juzgador tijuanense debía ser quien resolviera sobre la protección solicitada por Rubén Oceguera. El 31 de octubre de 2012, el juez Ulises Torres Baltazar concedió el amparo y protección de la justicia federal al líder del CJNG, dejando sin efecto una orden de captura por delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud.   El poder de “Los Cuinis”   Al igual que su cuñado Rubén Oceguera, los hermanos de apellidos González Valencia y mejor conocidos como “Los Cuinis”, iniciaron sus actividades delictivas desde los primeros años de la década de los noventa en Michoacán, trabajando para sus familiares que fundaron una organización criminal, en la que además de traficar con drogas tradicionales como la marihuana, cocaína y heroína, empezaron a fabricar drogas sintéticas. A los hermanos González Valencia se les ubica en estas actividades desde hace más de 15 años. Algunos de ellos se encuentran en los Estados Unidos y han hecho una fortuna del trasiego de drogas desde Sudamérica y México hacia la Unión Americana. Hoy el más conocido de ellos es Abigael González Valencia, por estar detenido desde el último día de febrero de 2015. La PGR informó de su captura en Puerto Vallarta, donde se movía bajo las falsas identidades de Luis Ángel Gómez Flores, Luis Ángel González Valencia y Paul Jonathan Toledo. Es originario de Aguililla, donde nació el 18 de octubre de 1972. Tres de “Los Cuinis”, entre ellos Abigael, salvaron el pellejo en un atentado ocurrido hace casi nueve años en Jalisco, cuando delincuentes rivales trataron de matarlos en el palenque -remedo de hipódromo- establecido en el municipio de Tonalá, donde celebraban peleas de gallos. La madrugada del 2 de agosto de 2005, desconocidos arrojaron dos granadas de fragmentación y efectuaron disparos con armas de fuego en “El Carril”. El saldo de los estallidos fue de cuatro personas muertas y 28 lesionadas. Entre los heridos por las esquirlas de los explosivos figuraban José González Valencia y Antonio Oceguera Cervantes, hermano de “El Mencho”. Otro de los familiares del líder del CJNG, que en ese entonces militaba en el llamado Cártel del Milenio, era Saúl Díaz Oceguera “El Cangrejo”, de 52 años, vecino del Naranjo de Chila (donde nació Rubén), municipio de Aguililla, Michoacán, quien fue uno de los cuatro muertos. Su prima Adela Valencia Oceguera declaró que el fallecido era agricultor. Los tres occisos restantes no guardaban relación con el grupo agredido. Uno era comerciante, otro panadero, y el último, un caballerango del mismo hipódromo donde acontecieron los hechos. Producto de las investigaciones fueron asegurados dos fusiles AK-47 y 90 personas fueron retenidas para declarar ante el Ministerio Público. José González Valencia fue remitido a un hospital privado, donde sus familiares pretendieron sacarlo de manera clandestina, pero fueron descubiertos. Uno de sus carros blindados tenía rastros de sangre. Al ser atraídas las pesquisas por parte de la PGR, José y sus hermanos Édgar y Luis Ángel González Valencia fueron investigados junto con otros sospechosos de pertenecer a la organización criminal de los Valencia de Michoacán; sin embargo, por tratarse de las víctimas del atentado, pronto fueron liberados. Con el tiempo se estableció que la persona que se identificó con el nombre de Luis Ángel en realidad era Abigael González Valencia, y hoy en día, es uno de los alias con los que el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, le mantiene en sus listas de presuntos cabecillas del narcotráfico.   Pendientes de “Los Cuinis”   A su captura, Abigael González fue arraigado en el Centro Federal que para esos efectos tiene la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en el Distrito Federal. Los cómplices detenidos con el presunto operador financiero del CJNG, sicarios mexicanos, venezolanos y colombianos, fueron internados en el penal de máxima seguridad de Puente Grande. Para pronto “El Cuini” presentó demandas de amparo en el Distrito Federal. La primera contra la orden de arraigo y dos más contra la orden de detención provisional con fines de extradición internacional. Concluyó el arraigo y el mandamiento judicial fue cumplimentado. En los primeros días de mayo, González Valencia fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez. Los juicios de garantías continúan su curso en el Juzgado Noveno de Distrito especializado en la materia en la Ciudad de México. En uno de ellos se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, lo que prohíbe que por el momento -en lo que se resuelve el fondo del amparo- el indiciado sea entregado al gobierno de los Estados Unidos de América que lo reclama. Por si fuera poco y temiendo otras posibles órdenes de aprehensión por la comisión de delitos del orden federal, Abigael González Valencia solicitó sendos amparos en Toluca, en contra de todos los jueces de distrito de los estados de Chiapas y Durango. Otro de los hermanos de “El Cuini” cuenta con orden de aprehensión vigente en Jalisco, en el fuero común, en la misma causa penal que “El Mencho”. Se trata de José Luis González Valencia, señalado como uno de los presuntos autores del homicidio del que fuera secretario de Turismo de Jalisco durante una semana, J. Jesús Gallegos Álvarez.   “Justicia” refuerza al CJNG   Algunos de los miembros de la organización criminal que fueron detenidos en acciones de las Fuerzas Federales han regresado a las calles tras una breve o prolongada estancia en prisiones del país. El caso más reciente fue el del hijo de “El Mencho”, Rubén Oceguera González “El Menchito”, aprehendido en enero del año pasado. Salió del penal de máxima seguridad de Puente Grande a inicios del actual. Pero no es ni el primero, ni será el último de los liberados. Algunos de los miembros del viejo Cártel del Milenio ya se encuentran libres y otros del CJNG están en vías de combatir jurídicamente sus procesos. Así, hace apenas unas semanas fueron excarcelados los miembros de una de las células del grupo de Los Valencia, detenidos en julio de 2008. El gobierno de Felipe Calderón anunció una más de sus “victorias” contra el crimen organizado al detener a once presuntos narcotraficantes a los que se les atribuía “que por lo menos desde 2005, pertenecían a una organización delictiva comandada por Óscar Nava Valencia, dedicada al tráfico de cocaína, que ocultaban entre fruta que trasladaban desde San Pedro Zula, Honduras, a México, valiéndose de diversos transportistas”. El Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco los condenó a diez años de prisión por delincuencia organizada el 7 de marzo de 2011, y el Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito confirmó la sentencia el 13 de junio de 2012. Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la misma entidad les concedió el amparo liso y llano, ordenando su inmediata libertad. Los mismos magistrados que en 2013 obsequiaron un amparo al narcotraficante Rafael Caro Quintero para que consiguiera su libertad, resolvieron en el caso de los michoacanos que las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal fueron insuficientes para acreditar la pertenencia de los quejosos a la organización criminal del Milenio. Entre los liberados se encuentran Sergio Rangel Ávila, Daniel Rangel González, Gabriel Ramírez Fernández y Juan Carlos Aguirre Guzmán, de los que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), ya confirmó su egreso del CEFERESO Número 2 “Occidente”. Otros reclusos del CJNG que aún tienen varios procesos penales en su contra, pero que los van librando gracias al otorgamiento de amparos son algunos de los homicidas del secretario de Turismo Jesús Gallegos y los hermanos Ramón, Rafael y Santiago Álvarez Ayala “Los Erres”, quienes han recibido la protección de la justicia federal porque muchas de las acusaciones en su contra fueron obtenidas de personas que estuvieron bajo arraigo tras la reforma constitucional de 2008, que reservó la facultad para aplicar la medida cautelar exclusivamente al fuero federal. Las declaraciones rendidas durante arraigos solicitados y ordenados por autoridades de las entidades federativas, son calificadas como inconstitucionales y, por tanto, no tienen validez legal. Por dicho motivo, son muchos los delincuentes que están interponiendo juicios de garantías.