Los pendientes del auditor

El 11 de noviembre de 2014, el pleno del Congreso del Estado de Baja California Sur reeligió a Julio César López Márquez por siete años como auditor del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. Según información entregada por la Unidad de Transparencia de la XIII Legislatura, el funcionario fue ratificado 91 días antes de vencer el plazo del término legal de su periodo, es decir, el 12 de marzo de 2015. En sesión secreta, los 21 diputados  votaron de manera unánime por su permanencia. — ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué méritos tiene para haber sido ratificado en el cargo?, se le preguntó al secretario de la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior, Sergio Barrón Pinto. “Fue un planteamiento que se hizo conforme a la Ley, se revisó y se valoró, se hizo el dictamen y se propuso; y bueno, se presentó y se votó en el pleno”. – Pero no hubo sesión pública, fue secreta. Según la Ley Orgánica del Congreso del Estado, debió ser electo en el pleno en una sesión pública. “No, se dio conforme a la Ley”. — ¿Seguro? “Sí, seguro”. — ¿Qué atributos le vieron?, después de que en cuatro años únicamente presentó dos denuncias penales por irregularidades en el manejo de los recursos públicos, y el resto sigue bajo “análisis de solventación”. “Es gente que goza con experiencia y hasta ahorita ha cumplido con lo que se le ha encomendado en la Ley”. —  ¿Ustedes han revisado personalmente el trabajo del auditor? “Sí, nosotros nos dimos a la tarea de revisar, y hasta ahorita, todos sus antecedentes no han sido sometidos al escándalo”.   Las responsabilidades   Como auditor superior, y según la Ley Orgánica del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Julio César López Márquez, tiene -entre otras- las siguientes atribuciones: 1. Fiscalizar a todos los entes públicos estatales, municipales y organismos autónomos. 2. Establecer las normas y procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de archivo de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto público; así como las normas, procedimientos y aquellos elementos que permitan la practica idónea de las auditorías y revisiones. 3. Requerir a todas las entidades fiscalizadas, servidores públicos y a personas físicas y morales, información que con motivo de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública se requiera. 4. Solicitar a los entes públicos el auxilio que necesite para el ejercicio expedito de las funciones de revisión y fiscalización superior. 5. Imponer a los responsables, las sanciones por responsabilidades administrativas. 6. Presentar denuncias y querellas en los casos de presuntas conductas delictivas de servidores públicos y de particulares, cuando tenga conocimiento de hechos que pudieran implicar la comisión de un delito relacionado con daños al patrimonio del Gobierno del Estado, gobierno municipales y entes públicos, en su Hacienda pública. 7. Promover denuncias de juicio político de conformidad con lo señalado por la Constitución Política del Estado. 8. Imponer multas como medida de apremio, de hasta 10 mil salarios mínimos vigentes en la entidad, a los servidores públicos sujetos a fiscalización. 9. Promover el cobro de daños y perjuicios causados a la Hacienda pública de los entes públicos, como resultado de las revisiones practicadas. 10. Fincar la responsabilidad e imponer las sanciones a los responsables por incumplimiento a los requerimientos de información en el caso de las revisiones que haya ordenado.   Los resultados   Lejos de ejercer sus facultades, tal y como lo manda la Ley Orgánica del Órgano de Fiscalización Superior, con base a los resultados de su trabajo, el auditor superior Julio Cesar López Márquez prácticamente ha sido omiso y complaciente, cuando menos en las observaciones detectadas tan solo en los ejercicios fiscales 2011 y 2012, en virtud de que únicamente presentó dos denuncias penales: una en contra de los ayuntamientos de Loreto y otra contra el OOMSAPAS de Mulegé. Las revisiones arrojaron los siguientes pliegos de observaciones: * 42 en 2011 y 500 en 2012 en el Ayuntamiento de La Paz. * 226 en 2011 y 643 en 2012 en el Ayuntamiento de Los Cabos. * 80 en 2011 y 240 en 2012 en el Ayuntamiento de Comondú. * 241 en 2011 y 339 en 2012 en el Ayuntamiento de Mulegé. * 105 en 2011 y 288 en 2012 en el Ayuntamiento de Loreto. * 113 en 2011 y 140 en 2012 en el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de La Paz. * 92 en 2011 y 277 en 2012 en el OOMSAPAS de Los Cabos. * 31 en 2011 y 92 en 2012 en el OOMSAPAS de Comondú. * 190 en 2011 y 151 en 2012 en el OOMSAPAS de Mulegé. * 70 en 2011 y 149 en 2012 en el OOMSAPAS de Loreto. Según el Artículo 13 de la Ley Orgánica del Órgano de Fiscalización Superior, los entes públicos deberán entregar a más tardar el día último de febrero las cuentas públicas de cada año. Entonces inicia el proceso de revisión y fiscalización que termina en diciembre de cada año en la presentación de un informe de resultados de la revisión de las cuentas en la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior, cuyos resultados son de carácter público. Después de haber presentado los resultados -y según el Artículo 47 de la Ley Orgánica-, “los sujetos a fiscalización, dentro de un plazo improrrogable de 45 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de los pliegos de observaciones, deberán solventar los mismos ante el Órgano de Fiscalización Superior. Cuando los pliegos de observaciones no sean solventados dentro del plazo señalado, o bien, la documentación y argumentos presentados no sean suficientes a juicio del Órgano para solventar las observaciones, deberá elaborar su informe de resultados e iniciar procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias a que haya lugar”. Sin embargo, en la práctica nada de eso sucede. Por el contrario, los entes públicos, principalmente los ayuntamientos, han alargado los tiempos, pues sobra ver el resultado de las observaciones de los ejercicios fiscales correspondientes a 2011 y 2012. De todas esas observaciones -y después de casi dos años, es decir, 760 días- derivaron los siguientes procedimientos, tras haberse emitido el dictamen de la cuenta pública: En el ejercicio fiscal de 2011, denuncia administrativa para los ayuntamientos de Los Cabos y de La Paz; denuncia penal del Ayuntamiento de Loreto y el OOMSAPAS de Mulegé. Sospechosamente, los ayuntamientos de Comondú y de Mulegé quedaron pendientes en el estatus de análisis de solventación. Es decir, en espera de que las irregularidades pudieran ser solventadas por los alcaldes Venustiano Pérez Sánchez y Guillermo Santillán Meza. Igualmente, los OOMSAPAS de Los Cabos, La Paz, Comondú y Loreto fueron enviados al estatus de análisis de solventación. Peor aún, y más grave, es que en las observaciones señaladas en el ejercicio fiscal 2012, ninguno de los ayuntamientos y OOMSAPAS -hasta el cierre de este edición y en pleno 2015- habían sido sancionados. Es decir, después de mil 080 días transcurridos -contrario los 45 días establecidos por la Ley Orgánica-, todas esas cuentas públicas aún estaban en fase de análisis de solventación. El propio auditor superior, violentando el Artículo 76 Fracción II de la Ley Orgánica que a la letra dice “no podrá desempeñar otro empleo, cargo o comisión en los sectores publico, privado o social, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia”, figura como propietario de un despacho contable, localizado en la calle Pescador, entre Marinos y Balandra de la colonia Mauricio Castro en la ciudad de San José del Cabo, según licencia comercial expedida por el Ayuntamiento de Los Cabos. ZETA solicitó una entrevista con el auditor superior, pero éste se negó  a proporcionarla.   Las explicaciones   Quien sí habló fue la presidenta de la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior de la XIII Legislatura, Margarita Salcido Cota, la cual desconoció el retraso del fincamiento de responsabilidades en contra de los servidores públicos que impune y cómodamente siguen sin solventar los gastos de los ejercicios fiscales 2011 y 2012. Peor aún, de 2013 y 2014, tampoco han respondido nada, cuya información, contraviniendo la Ley Orgánica, sospechosamente no ha sido subida a los portales del Órgano de Fiscalización y del Congreso del Estado. “Yo desconozco el avance de los procesos que llevan ahorita porque no soy la persona jurídicamente competente para entrar al estudio de las denuncias. No lo somos, nosotros lo que hacemos es conocer y nos basamos en lo que el Órgano de Fiscalización Superior nos presenta, y nosotros votamos si se aprueban o no los informes y los dictámenes”, comentó. “Las cuentas públicas que terminaron en denuncias penales, no fueron avaladas por el Congreso, y lo que está probado es que ya pasó el tiempo de la solventación, porque hay un tiempo determinado para solventar si hay alguna irregularidad o falta algún documento, y cumplir en tiempo y forma, y el Órgano es quien debe actuar legalmente”. La legisladora reconoció que en la revisión “algunos casos eran documentos falsos y en otras el dinero no apareció”, pero “el ente indicado para presentar la denuncia penal, es el Órgano de Fiscalización Superior”. La diputada lamentó que sigan saliendo observaciones, cuando “se supone que en cada Ayuntamiento tienen revisiones y gente especializada que  debe cuidar el dinero de la ciudadanía, y yo no sé porque se les barre, entonces, si no acreditaron el gasto, deben devolver el dinero, porque el recurso debe estar en algún lado. Yo creo que el Órgano debe ser un poco más agresivo en torno a esto, porque no es dinero personal de los gobernantes, sino de la ciudadanía”. – Ustedes como Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior, ¿están supervisando o no el trabajo del Órgano y de su presidente? “Nosotros estamos en comunicación y tenemos una relación directa con el Órgano y tenemos que ver las cuentas, por eso cuando no aprobamos, ellos están obligados a presentar la denuncia correspondiente y darle seguimiento. Es una responsabilidad muy grande con una dictaminación, y es un trabajo que no se debe hacer al vapor, sino de manera minuciosa”. – Si están obligados, ¿por qué no han presentado denuncias de los ejercicios fiscales de 2011 y 2012? ¿Cuál es la justificación? Hasta donde hemos revisado, no hay denuncias penales en contra de nadie en 2012,  solo dos del ejercicio 2011, y del resto nada. “Hay que ver con el Órgano, porque puede ser que se hayan solventado algunas irregularidades”. – Hasta donde sabemos,  asuntos de 2011 y 2012 todavía estaban en análisis de solventación, y estamos en 2015. “Tres años precisamente, y bueno, 2015, le va a tocar a la próxima Legislatura revisar todas esas cuentas, porque no hay que perder de vista que el Órgano tiene toda una estructura para realizar investigaciones contables, nosotros solo dictaminamos lo que nos presentan y basado en el trabajo que ellos realizan. Sin embargo, la Ley nos faculta para llamar de inmediato al auditor superior y solicitar una explicación de lo que está pasando, y nos pueda dar información o documentos sobre lo que tengamos duda los integrantes de la Comisión de Vigilancia”. Tan solo del ejercicio fiscal 2012, de acuerdo al informe de resultados del Órgano de Fiscalización Superior, los alcaldes Jorge Alberto Avilés Pérez de Loreto; Guillermo Martínez Santillán de Mulegé y José Antonio Agúndez de Los Cabos, no pudieron comprobar en qué se habían gastado 890 millones 655 mil 663 pesos, distribuidos de la siguiente manera: * 237 millones 051 mil 827 pesos con 9 centavos en Loreto, de los cuales 125 millones 948 mil 899 pesos con 79 centavos son del Ayuntamiento y 111 millones 102 mil 927 pesos con 30 centavos del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, encabezado en el periodo de Jorge Armando López Espinoza, quien dicho sea de paso, es esposo de la candidata a alcaldesa de Loreto por el PRI- PVEM-PANAL, Monserrat Calleros Zatarain. * 428 millones 960 mil 198 pesos con 61 centavos en Mulegé, de los cuales 217 millones 515 mil 956 pesos con 86 centavos corresponden a obra pública; 30 millones 911 mil 686 pesos con 60 centavos al OOMSAPAS, y 180 millones 532 mil 555 pesos con 73 centavos al Ayuntamiento. * 224 millones 643 mil 638 pesos gastados irregularmente en Los Cabos, los cuales provienen de un excedente no aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento local.