Las consecuencias del abuso del suelo en Tijuana

La señal fue suficiente para que los vecinos se dieran cuenta de que no era un movimiento como los que durante 15, 20 y hasta 30 años experimentaron en la superficie de la zona: crujía el suelo y la loseta de las viviendas se levantaba como si estuviera siendo empujada desde debajo de la tierra. Desde el jueves 14 de mayo –antes de las lluvias–, los habitantes de la colonia Anexa Miramar de Tijuana supieron que tenían que pedir ayuda y por eso llamaron a la Dirección de Protección Civil, que según testimonios, terminó por desalojar la zona 30 minutos antes del derrumbe el domingo 17. Martín Castrejón, esposo y padre de tres niños, apunta a la vivienda que construyó con cinco mil dólares hace 11 años, y luego a donde antes del colapso se ubicaba. Es como si hubiera caminado, dice. “La verdad, se siente feo, cuando ya se viene todo lo que se construyó hace un buen rato. Construí dos pisos. Abajo tengo dos recámaras y la cocina. Yo estaba en otra parte de la sala y otra recámara”. Tobías Ceja, por su parte, ya piensa en regresar a su natal Tepalcatepec, Michoacán, de donde salió con su pareja hace 20 años para llegar a la Anexa Miramar de Tijuana. En su casa, de la que poco quedó, crio a cuatro hijas, la más grande precisamente de 20 años. A pesar de que desde el jueves elementos de protección civil le advirtieron del peligro y le pidieron estar listos para ser evacuados, el domingo ya no alcanzó a sacar ni ropa, ni documentos, reconoce. Para los vecinos, la responsable del desastre es la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), que ignoró, alegan, una fuga de agua que finalmente repararon días antes del deslave. “Las cosas suceden, ¿verdad?, pero como les digo, no es un desastre natural, esto fue provocado. Mi vecino fue el que…no dejaban arrimarse a uno…él (vecino) vio el tamaño de la fuga, Protección Civil tomó fotos”, comentó el señor Castrejón. El encargado de despacho de la dependencia municipal, Juan Carlos Méndez, prefirió no abundar en el señalamiento del vecino, no lo negó, y argumentó que sería la propia CESPT la que determinará las causas. Pero tanto la paraestatal –en voz del director, Alfonso Álvarez Juan y del subdirector de obra, Juan Carlos Zavala–, como la Dirección de Protección Civil del Estado, han insistido que en las primeras inspecciones no se encontró evidencia de humedad que fortalezca la tesis de los vecinos. Además, la paraestatal utilizó equipo especializado en detección de fugas subterráneas que tampoco dio resultados positivos. Será el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese), la institución que en un plazo de tres semanas emita un dictamen especializado de lo ocurrido. La información que compartió la CESPT, dicta que se determinarán las causas naturales (geológicas) o antrópicas (acciones humanas). Además, se conocerá si el perímetro está en riesgo de experimentar más movimientos. A partir de los resultados, se identificará algún tipo de “obra civil o acciones de vecinos” que puedan mejorar la seguridad en el sitio.   Desde 1987 Los Ceja y los Castrejón, están dentro de las –aproximadamente– 120 personas afectadas que vivían en unas de las 19 viviendas destruidas, y otras 21 que continúan en riesgo. Los predios están dentro de una regularización de 120 hectáreas que ejecutó el Gobierno del Estado. El procedimiento inició desde el año de 1987 a través de la extinta Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado (SAHOPE), y posteriormente terminó en 1995 por ejecución de la también desaparecida Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra del Estado (Corette). Dentro del polígono, además de la Anexa Miramar, se encuentran la Rancho las Flores 1 y 2, la Miramar y la Miramar Sur. En aquellos años, explica Alejandro Monraz, director del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda del Estado (Indivi), el propietario de ese pedazo de tierra carecía de recurso para regularizar, así que el Estado expropió y realizó el trámite por su cuenta. En términos simples, a los habitantes se les reconoció la posesión pese a la zona en donde el asentamiento se ubica. En el análisis que realiza el Indivi –en el archivo muerto– aún no ha destacado una declaratoria de riesgo que se haya emitido en esos tiempos. Después de los hechos, estás familias sin casa, sin ropa y algunas sin documentos, recibieron asistencia social del Ayuntamiento de Tijuana y del Gobierno del Estado: despensas, cobijas, localización de familiares y espacio en el centro comunitario de la zona. A partir de la próxima semana, por vivienda se entregarán 20 mil pesos a los propietarios, mientras que las personas que ahí rentaban, esperarán otra alternativa de ayuda. La reubicación es un tema que se contempla, pero del que aún no se da certeza, pues como dijo Bernardo Padilla, secretario de Ayuntamiento de Tijuana, habrá que esperar a que el dictamen de la CESPT sea terminado. Las alternativas son por lo menos dos: ejecutar un programa del propio Indivi, o de la Promotora Municipal (Promun). De manera coordinada, las autoridades estatales y municipales de Protección Civil y Desarrollo Social han instalado dos mesas, comentó el subsecretario general de Gobierno, Raúl Castañeda Pomposo. La Técnica, donde entra el análisis de las causas de derrumbe, y la Social, para brindar atención a los damnificados.   El abuso del suelo: 30 deslizamientos en 15 años Según información que este semanario ha ido recabando y otra que la Dirección de Administración Urbana (DAU) proporcionó, desde el año de 1999 a la fecha, en Tijuana han ocurrido 31 deslizamientos de tierra en zonas habitacionales, regulares o irregulares, afectando a más de 700 viviendas.  “Y ahora resulta que porque al parecer (de acuerdo a los vecinos) había una fuga la CESPT es la culpable, pues no, es la suma de un abuso de un suelo que nunca debió haber sido para uso habitacional”, dice en entrevista Antonio Rosquillas, director estatal de Protección Civil. El funcionario calcula que sería necesario reubicar a un 30 por ciento de la ciudad para sacar a las personas que corran algún tipo de riesgo. Hay pendientes en Playas de Tijuana, San Antonio de los Buenos, en la Sánchez Taboada y en parte de la Mesa, Centenario, Otay y el Centro, para reducirse en la delegación La Presa. Como ZETA lo ha documentado –en la última ocasión dentro de la edición 2077–, de acuerdo a una zonificación topográfica facilitada por Protección Civil municipal, las zonas aptas son las que tienen una pendiente (inclinación) dentro de 0 y 15 por ciento, las restringidas cuando no rebasan el 35 por ciento, y cuando es de más de ninguna manera pueden ser habitadas. El problema, además del escenario topográfico de la ciudad, son acciones u omisiones que un suelo falto de compactación, como el tijuanense, ya no soporta más. “Esto no ocurrió el domingo, se vino gestando desde que se ubicaron las primeras personas. Cuando la gente puso fosas sépticas, sin drenaje, al tirar agua al suelo, al posteriormente ampliar la casa con concreto. Luego sumarle un muro de contención muy pesado y que el vecino haga lo mismo, y cuando el de más abajo hace un corte de 90 grados en el suelo. Cuando hacen una calle y pasa el camión de la cerveza, del agua, del gas y encima riegan las plantas. Y de esto estamos hablando que transcurrieron 40 años”. Las recomendaciones entonces, son, cuando se vive en pendientes de riesgo: ampliar viviendas y levantar bardas con madera o tabla-roca, construir muros de contención con especialistas en geotecnia, no permitir cortes de 90 grados; no permitir el paso de camiones pesados ni que los vecinos mantengan letrinas o fosas sépticas. Pero sobre todo, dice Antonio Rosquillas, ahora sí, evitar que se continúen poblando zonas que por su accidentada conformación no son óptimas. A Bernardo Padilla, secretario del Ayuntamiento de Tijuana, se le cuestionó sobre los mecanismos de la autoridad municipal para garantizar una urbanización adecuada. Respondió que son los planes de desarrollo urbano los que dan “cierta certeza o acotan lineamientos de ciertas construcciones o desarrollos en ciertas zonas de la ciudad”. Ésa es la herramienta legal con que cuenta el municipio, además de la aplicación de prohibiciones, limitantes, inspecciones y eventuales sanciones en determinadas zonas, ejecutadas por la Dirección de Desarrollo Urbano (Dau) “Muchas veces es cuestión de voluntad de las familias, las familias no quieren dejar o no se quieren desprender de esa pertenencia o ese arraigo que puede existir con su vivienda, es una cuestión cultural, pero hemos estado platicando con las familias y dando a aviso a las zonas de riesgo”, dijo.