En Tijuana, consejos ciudadanos de membrete

Sin pasar por Cabildo, comités o consejos municipales son instalados por mero trámite en el Ayuntamiento de Tijuana. En el caso del Comité de Seguridad Pública, los consejeros no han sido legitimados. Se les integró, seleccionaron a su presidente, pero no han sido convocados por la autoridad municipal, y sin la formalidad de la toma de protesta -y compromiso-, no pueden empezar a trabajar en materia de prevención y seguridad. Salvo el Comité de Seguridad Pública, o el Consejo para Personas Discapacitadas, la Ley marca que los consejos deben conformarse al inicio del ejercicio gubernamental de cada trienio, y es la autoridad la que debe convocarlos, informarlos y tomar en cuenta sus opiniones. En total son seis organismos de ciudadanos que en forma honoraria deben coadyuvar con la autoridad municipal para que la voz ciudadana sea escuchada a la hora de establecer los planes y programas de gobierno. Algo que en Tijuana, no se cumple.   Sin aval de Cabildo   En forma unilateral, Martha Rubio, regidora presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del XXI Ayuntamiento de Tijuana, eligió a los integrantes del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana. Con ello contravino la Ley de Seguridad Pública de Baja California y el reglamento interno del propio organismo al que rindió protesta en abril de 2014, teniendo como testigo a Alejandro Lares Valladares, secretario de Seguridad Pública Municipal. Los comités ciudadanos de Seguridad Pública de los cinco municipios, se establecen jurídicamente de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública y Bases de Coordinación para el Estado de Baja California, toda vez que de ahí parte la integración del Consejo Estatal. Dicho ordenamiento determina en su Artículo 51 que la integración de estos organismos debe efectuarse de la siguiente manera: “El Cabildo de los municipios elegirá por insaculación al consejero ciudadano que integrará el comité…”, y agrega, “el presidente del Consejo, al igual que el presidente del Comité, será electo de entre los consejeros ciudadanos con la aprobación de las dos terceras partes de éstos”. Ninguno de los dos casos se ha dado en el municipio de Tijuana. El 9 de octubre de 2014, en sesión ordinaria, el Cabildo del XXI Ayuntamiento que preside Jorge Astiazarán Orcí, aprobó por unanimidad el Reglamento Interno del Comité Ciudadano de Seguridad Pública; mientras que el 13 de noviembre de 2014, en sesión extraordinaria, aprobó la convocatoria para integrarlo. Desde entonces, el pleno del cuerpo edilicio no ha sido tomado en cuenta en nada que haga referencia a este organismo. De acuerdo al Artículo 4 de dicha reglamentación, el Comité deberá integrarse por 27 consejeros, de los cuales 15 serán consejeros ciudadanos, nueve consejeros gubernamentales y tres consejeros de las delegaciones municipales. Como consejeros gubernamentales deberían fungir: el secretario de Seguridad Pública Municipal, el regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el director jurídico de la SSPM, director de Prevención al Delito, coordinador de delegaciones municipales, director de Policía y Tránsito Municipal, director del Centro de Control y Mando, titular de Planeación y Proyectos, y el subprocurador de Justicia de la Zona Costa. Mientras que el Artículo 8 determina: “Las propuestas de representantes de las organizaciones de la sociedad civil y grupo de colonos, deberá dirigirse a la Comisión de Seguridad Pública, la que dentro de los 15 días siguientes a la publicación de la convocatoria enviará al Cabildo una propuesta de hasta el doble de espacios a que se refiere el Artículo Cuatro, fracción primera, a efecto de que en la siguiente sesión de Cabildo se discuta la elección de dichos representantes…”. Hasta el 28 de abril de 2014, haciendo a un lado al Cabildo, Martha Rubio, toma protesta al comité, acto que se efectuó en las instalaciones del C2 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Pero lo conformó a medias, con solo consejeros ciudadanos, sin convocar a los consejeros gubernamentales, excepto al titular de Seguridad Pública, Alejandro Lares, quien presenció el acto, pero en calidad de testigo, sin rendir protesta en el mismo. Al respecto, Rubio aseguró que será en la próxima sesión de Cabildo cuando se les llame a rendir protesta, aunque consideró que su integración sí es legal.   Consejeros demandan formalidad…   La conformación arbitraria del Comité de Seguridad Pública motivó discrepancias al interior del Cabildo del XXI Ayuntamiento, por lo que el pleno no ha dado su aval para legitimar al organismo. Por ello no ha rendido protesta ante el cuerpo colegiado, algo que desde que la regidora Martha Rubio lo designó como consejero titular, viene demandando Genaro de la Torre. “Se ocupa que todo el Cabildo esté de acuerdo en la integración del comité para ser ratificados y no se tiene el voto unánime, por eso no han convocado”, expuso De la Torre, respecto al argumento que la autoridad municipal le ha expuesto para no presentar al Comité que encabeza ante el pleno de regidores. Desde que la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública los integró, han sesionado en dos ocasiones, reuniones que han solventado con recursos propios, pues al no estar formalizados, no pueden gestionar ni obtener recursos. Si bien es cierto, el cargo de consejero ciudadano es honorario, “se ocupa de una oficina, un espacio en el que los ciudadanos puedan acudir”, gastos operativos que estimó en un millón y medio de pesos anuales, los cuales podrían ser aportados por la propia SSPM, fideicomiso empresarial y fondos federales, siempre y cuando estuvieran legalmente constituidos. Las sesiones desarrolladas no han sido plenarias, es decir, no han tenido la participación de los nueve consejeros gubernamentales, solo han asistido los ciudadanos. En ellas han analizado la situación que guarda la ciudad en materia de seguridad y así poder elaborar un plan de trabajo, el cual será expuesto al gobierno de Tijuana. Previo a las reuniones del Comité, han realizado juntas de trabajo con los colonos de las nueve delegaciones, encontrando que Tijuana es una ciudad “muy abandonada, con letras mayúsculas, abandono que va desde la falta de limpieza, alumbrado, vigilancia policiaca, hasta la falta de bacheo”, enumeró. Una de las principales quejas de los colonos, es la ausencia de delegados municipales, “no se aparecen (en sus oficinas), dicen que no van”, anotó, al afirmar que la situación es la misma en las nueve delegaciones. Por ello, urgió: “Tenemos que ponernos a trabajar, hay mucho temor de parte de la ciudadanía en cuestión de seguridad”, aunque también reconoció que la desilusión de los pobladores deriva en apatía, y es ahí donde el comité debe participar “en la organización ciudadana, y en ser un vínculo entre la población y el gobierno”. Y concluyó: “Queremos que a través del organismo se escuche la voz de los ciudadanos”, y para ello piden ser legitimados ante Cabildo.   … y no ser de adorno   El Consejo Municipal de Transporte de Tijuana, instalado el 9 de marzo de 2015, sí fue constituido dentro del esquema legal y reglamentario, pero su conformación, hasta la fecha, “solo ha sido de membrete”, asevera su consejero presidente, Mario Ortiz Villacorta. Cumplido el acto protocolario para su integración, el gobierno de Jorge Astiazarán no ha vuelto a convocarlos, ni los toma en cuenta para nada en temas relacionados con el transporte. Ortiz Villacorta afirma que en reiteradas ocasiones han solicitado una reunión general “para tratar los asuntos relativos a la actividad, fundamentalmente necesitamos conocer a fondo la Ruta Troncal, de la cual no se nos ha informado nada, aun cuando es la parte central del proyecto de modernización del transporte público de Tijuana”, subrayó. Al igual que el Comité de Seguridad Pública, este Consejo solo ha tenido reuniones con los consejeros ciudadanos, sin la participación de ninguna autoridad. De acuerdo al reglamento de este Consejo, en su Artículo 1 se indica que la instancia se conforma “para estudio, análisis, discusión y evaluación de la problemática en materia de transporte público”, así como para la emisión de opiniones y recomendaciones encaminadas a su mejoramiento.   Municipio incumple a discapacitados   El Consejo Municipal de Personas con Discapacidad se integró el 7 de octubre de 2014, designándose como representante a César Plascencia Chávez. El objetivo de este organismo es ser vigilante de que los derechos humanos de las personas con discapacidad se cumplan, recibir propuestas, además de promover recursos para el seguimiento de proyectos y programas que atiendan las necesidades de este sector. Desde su toma de protesta, César Plascencia requirió, y le fue prometido, un espacio para poder brindar atención a los ciudadanos; éste se ubicaría en las instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF), pero a la fecha no se le ha cumplido. De acuerdo al Reglamento Municipal para Personas con Discapacidad, el 4 por ciento de los trabajadores del Ayuntamiento deben ser personas con alguna discapacidad física, lo que en números significa un aproximado de 350 trabajadores, cuando en la nómina solo se contabilizan 93 trabajadores con esas características. Al respecto, María del Refugio Jiménez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Asuntos Indígenas, e integrante del Consejo, anotó que ya se planteó esa situación ante Oficialía Mayor, cuyo titular, Marco Antonio Dueñas, ha indicado al Consejo que el Municipio carece de una partida para poder cumplir con la reglamentación. No obstante, en su Artículo 7 Transitorio, la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana establece que un 5% del pago de las revalidaciones de permisos va para esa partida. El Consejo también ha demandado un libre acceso en espacios públicos, para personas con discapacidad, algo que la autoridad municipal tampoco cumple, “ni en Palacio Municipal, ni en las instalaciones del propio DIF  se cumple con esta disposición”, expuso María del Refugio.   Consejo incompleto   El 21 de febrero de 2014 rindió protesta el Consejo de Protección Civil, entonces a cargo de Rafael Carrillo Venegas, quien fue relevado en el cargo por Juan Carlos Méndez. El cambio se efectuó a principios de enero de 2015 y, hasta la fecha, Méndez sigue fungiendo como encargado de despacho, con ello, su integración en el Consejo de Protección Civil no es oficial, con todo y que su participación es relevante, particularmente en las situaciones de contingencias que  ha enfrentado Tijuana. De acuerdo al reglamento del organismo, éste debe efectuar tres reuniones al año, para coordinar los planes de contingencia y realizar inventarios. El organismo tuvo su última reunión el pasado 30 de abril y opera de acuerdo a la ordenanza municipal, pero su principal coordinador, Juan Carlos Méndez, oficialmente, todavía no forma parte del mismo, aunque participe en él.   Conformación extemporánea   Conforme al Artículo 14 del Reglamento del Consejo de la Nomenclatura, los miembros de este Consejo deberán renovarse durante el primer semestre del primer año que corresponda a la nueva administración municipal. No ha sido así. El organismo que encabeza Luis López Moctezuma, cuya duración debería ser de tres años, se instaló hasta el 28 de abril de 2015, un año cuatro meses después de que el alcalde Jorge Astiazarán tomara las riendas de la administración de Tijuana. Desde su toma de protesta, en la que su representante demandó un ordenamiento cronológico de las calles y colonias de Tijuana, no han vuelto a ser considerados por el Municipio, asentó López Moctezuma.   Consejo de Alcoholes, sin instalar   Por su naturaleza, el Consejo Consultivo de Alcoholes es uno de los de mayor relevancia por estar relacionado con la problemática del consumo inmoderado de bebidas alcohólicas y el análisis en la emisión de licencias para su venta. Para su integración, de acuerdo al Artículo 8 del Consejo, “… los Ayuntamientos convocarán e integrarán el Consejo Consultivo dentro de un plazo que no excederá de ciento veinte días a partir de la fecha de inicio del ejercicio constitucional para el cual resultaren elegidos”, es decir, que debió estar constituido para marzo de 2014 y, a la fecha, la convocatoria para su conformación en Tijuana no ha sido lanzada.