Despilfarro con Seguro Popular en BC

Recibidos, pero no ejercidos 233 millones de pesos, otros 13 millones de pesos en remuneraciones a servidores públicos fuera de lo establecido, 2.6 millones de pesos destinados a medicinas y servicios comprados un año antes, son parte de las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública 2013 del Seguro Popular en Baja California. El resultado: diez observaciones, las cuales generaron cuatro recomendaciones, una solicitud de aclaración, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y cuatro pliegos de observaciones. La entonces directora del Seguro Popular, Mirna Rincón, hoy es suplente de la candidata y boxeadora Jackie Nava a la diputación federal del Distrito 08.   La reincidencia de Mirna Rincón   La panista Mirna Rincón Vargas fue denunciada, junto a sus subordinados, penalmente y ante Contraloría del Estado en 2012, por formar parte de una red de corrupción y extorsión a los proveedores del Seguro Popular, a quienes se les exigía entre el 20 y 40 por ciento del dinero generado por los contratos que recibían. La queja vino de médicos proveedores de los servicios, entre ellos Hugo Mártir, quienes documentaron nombres de los involucrados, fechas, cantidades, testimonios y más. Así quedó registrado en la edición 2025 de ZETA (18 de enero de 2013), en el reportaje “Corrupción en el Seguro Popular”. En este entonces, Rincón Vargas aspiraba a la candidatura por la alcaldía de Rosarito. Cuando aún fungía como directora del Seguro Popular, a Mirna Rincón se le fincó responsabilidad en otro proceso de Contraloría del Estado, por transferir 10 millones de pesos del Seguro Popular al Hospital de Salud Mental de Tijuana -cuyo tesorero era su hermano Jesús Octavio Rincón Vargas- sin aprobación de la Junta de Gobierno del Seguro Popular. Es el expediente administrativo 258/12/MXL, cuya resolución se emitió el 15 de octubre de 2013, y de acuerdo a la cual, la directora del Régimen de Protección Social en Salud de Baja California, es decir, el Seguro Popular, incurrió en responsabilidad administrativa. Se trata de dos convenios, el primero de Apoyo Financiero y Transferencias de Recursos, el segundo por Colaboración Interinstitucional; juntos suman 10 millones 600 mil pesos y fueron firmados en 2010. Durante ese periodo, Octavio Rincón Vargas, hermano de la entonces directora del Seguro Popular, se desempeñaba como tesorero de la asociación civil que conforma al Hospital de Salud Mental de Tijuana. La transferencia de recursos “resultó un beneficio para sociedades de las que formó o hayan formado parte, parientes consanguíneos como lo es Jesús Octavio Rincón Vargas… acción que realizó sin la autorización de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental”, detalla el documento. Mirna Rincón fue encontrada “responsable de la irregularidad imputada”. En respuesta, la hoy candidata a diputada federal -en calidad de suplente- argumentó no haber violado la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que “la Ley no contempla la figura jurídica de asociación civil, por lo que no se infringió la prohibición”. Sin embargo, la Controlaría precisó que  “una asociación civil está conformada por socios” y determinó que la entonces funcionaria “intervino en la resolución de asuntos, como lo fue la celebración de los convenios”. Por lo que dictaminó: “La infracción cometida fue de gravedad, y referente al grado de culpabilidad, se estima que la servidora pública involucrada obró con mínimo grado de culpabilidad, ya que dichos convenios fueron autorizados en fecha posterior por la Junta Directiva”. En 2013, Mirna Rincón llevaba 18 años en el servicio público. Solo fue acreedora a una amonestación pública, una “advertencia hecha al servidor público responsable” inscrita en su expediente.   Millones perdidos y desperdiciados   Para el ejercicio 2013, Baja California recibió mil 12 millones 64 mil 100 pesos para su aplicación en el Seguro Popular. Esto a través del concepto de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal. Al momento de realizar la auditoría, la ASF seleccionó una muestra de 848 mil 514 millones 600 mil pesos, lo cual representa el 83.8% de los fondos. En general, las anomalías cometidas por el Seguro Popular en la entidad, fueron en materia de adquisiciones y servicios personales, las cuales generaron un probable daño a la Hacienda pública federal por un importe de 23 millones 263 mil pesos. Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2013, quedaban 272 millones 245 mil 242 pesos sin ejercer, es decir, el 26.9% del presupuesto. Seis meses después, al 30 de junio de 2014, ya entrada la nueva administración estatal y bajo la dirección de Carlos Torres, quedaban por aclarar 231 millones 226 mil pesos. Solo había sido explicado el gasto del 4.1% del monto señalado. También como fondo no transferido y por lo tanto, perdido, se detectó un monto de 59 mil 400 pesos, producto de los intereses generados en la cuenta bancaria del programa. Estas dos prácticas fueron sistemáticas, puesto que en la cuenta pública 2012, la ASF había realizado la misma observación y se advirtió su reincidencia.   Derroche en pagos a empleados   La ASF detectó 15 millones 65 mil 200 pesos de daño a la Hacienda pública federal, destinados al pago de Servicios Personales. Por ejemplo, se pagaron 8 millones 839 mil 600 pesos al personal eventual por “medidas de fin de año”, sin que este concepto se encontrase establecido en sus contratos. También fueron detectados excesos por 4 millones 401 mil 300 pesos en pagos de remuneraciones al personal, respecto al porcentaje autorizado por la normativa. Estos conceptos son los correspondientes a bonos, dietas y otros, donde se concentran cantidades incluso superiores a los salarios tabulados. Al revisar 50 expedientes de personal, el Órgano de Fiscalización encontró un monto de 2 millones 63 mil 400 pesos en “pagos improcedentes” a cuatro servidores públicos carentes de la documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron. La situación se había repetido en 2012. En el momento, el Seguro Popular aclaró el pago de 523 mil 100 pesos, correspondiente a un solo servidor público. Además, se les pagaron 75 mil 600 pesos en exceso a cinco prestadores de servicios. Tampoco se pudieron comprobar pagos por 208 mil 300 pesos que fueron emitidos en facturas, pero no comprobados en nóminas.   Menos medicamentos para pacientes, pero más dinero para sus proveedores   De los más de mil millones de pesos ejercidos por el Seguro Popular en 2013, se destinaron apenas 56 pesos en medicamentos por afiliado, un 53.8% menos del gasto destinado para este rubro en 2012. En cambio, se pagó un 8.8% más por estos medicamentos a sus proveedores, respecto al precio definido en el Catálogo Universal de Servicios de Salud. Al fiscalizar el gasto en medicamentos, el primer hallazgo de la Auditoría arrojó un probable daño a la Hacienda pública por 4 millones 185 mil 800 pesos. Se inició con una muestra de 19 millones 32 mil 600 pesos a través de expedientes de adjudicación, contratos, pólizas de egresos y documentación comprobatoria. Así se detectó “que se adquirió medicamento a un precio superior al de referencia por 1.7 millones de pesos y medicamento no contemplado en el Catálogo Universal por un millón 488 mil 100 pesos”. Como ocurrió con las observaciones anteriores, ésta también había sido advertida durante la revisión de la cuenta pública 2012. El Seguro Popular tampoco pudo justificar, comprobar, aclarar o reintegrar un importe de 3 millones 420 mil 700 pesos, de los cuales 764 mil pesos corresponden a medicamento a un precio superior al de referencia y 2 millones 656 mil 700 pesos por servicios y medicamentos del ejercicio 2012. Un segundo daño o perjuicio por estos conceptos, fue detectado por 3 millones 420 mil 720 pesos, por destinar recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal a la adquisición de medicamento a un precio superior al de referencia, así como al pago de medicamentos y servicios correspondientes al ejercicio fiscal 2012. Una pequeña muestra de las recetas entregadas a beneficiarios durante 2013, permitió constatar de que de 159 recetas médicas, 25 no cuentan con el sello de surtido; 123 no tienen firma de recibido por parte del beneficiario; 70 no cuentan con la clave del medicamento y 41 no tienen cantidad de medicamento recetado. Tampoco existe evidencia de que los medicamentos no entregados, se surtieron posteriormente. “Del resultado se advierte su reincidencia, fue observado por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública 2012”, se explica en el documento.   Falta de médicos, desabasto de medicamentos: persiste el mal servicio   Si bien, el Seguro Popular en Baja California, recibió recursos federales superiores a mil 12 millones de pesos, solo destinó el 5.6% para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos. La cifra apenas llegó a los 57 millones de pesos. Fue insuficiente. La normativa permite destinar hasta el 30% del presupuesto a estos rubros, puesto que son una parte esencial de la atención a los pacientes, “lo cual repercutió en el desabasto de medicamentos reflejado en el surtimiento incompleto de recetas médicas y en el incumplimiento de los objetivos y metas del programa”, determinó la ASF. Y es que cada médico en nómina del Seguro Popular atendió en promedio a mil 865 afiliados durante 2013. La cantidad supera cinco veces a las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS). Si los estándares internacionales indican que por cada mil pacientes, debe haber 2.5 médicos, en Baja California, por cada afiliado al Seguro Popular, se tenían 0.5 médicos frente a paciente. Además, la Auditoría hizo una revisión de las quejas más recurrentes ese año. El 40% señaló atención médica insuficiente o deficiente; el 33% refirió los largos tiempos de espera para recibir consulta; el 16.7% detalló que se les negó el servicio y un 10% denunció el cobro de medicamentos  y materiales. Por las anomalías arriba mencionadas y detalladas,  la ASF remitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria ante la Contraloría General del Estado de Baja California. El órgano estatal es el encargado de realizar las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos implicados. Tal y como lo hizo en su momento por el actuar de Mirna Rincón, cuyo último año como directora del Seguro Popular fue en 2013. Frente a los más de 200 millones de pesos sin aclarar ni comprobar, una cifra para el Lector. En 2013, para la atención de cada uno de sus afiliados, el Seguro Popular destinó un promedio de 869.80 pesos.