Ricardo Anaya Cortés, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, defendió en reiteradas ocasiones al gobernador del estado, Francisco Vega de Lamadrid, ante los cuestionamientos de los medios de comunicación sobre la forma en que se han desarrollado los diálogos para dar solución a las exigencia de la población agrícola del Valle de San Quintín. En la mesa se encontraban los diputados federales Juan Manuel Gastélum y Andrés de la Rosa; además de José Luis Ovando, líder estatal blanquiazul; la candidata panista Jackie Nava; y el ex secretario de gobernación, Santiago Creel Miranda. En tres ocasiones, el líder blanquiazul respondió con argumentos preparados: mencionó que la convicción de Acción Nacional está en la mejora de las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores, en especial la de los agrícolas de San Quintín; que debe haber mayor involucramiento a nivel federal ya que el tema de los sueldos le corresponde a la federación, pues es su responsabilidad de ésta hacer cumplir la Ley Federal del Trabajo; y pidió que no se politice el tema. Anaya Cortés mencionó que Acción Nacional celebra el acuerdo firmado en días pasados entre los jornaleros, el gobierno del estado y federal, y deslindó responsabilidades: “Es muy clara la distribución de competencia pero particularmente el hacer cumplir la ley federal del trabajo es responsabilidad del gobierno federal. El gobierno del estado ha manifestado su total disposición de coadyuvar con la autoridad federal, pero sí necesitamos que la autoridad federal intervenga de manera mucho más decidida para que lo que se establece en la ley federal del trabajo, en los hechos, en la realidad, se aplique a San Quintín”. El tocar el tema de la corrupción, reiteró el compromiso “frontal contra la corrupción”, a través del Sistema Nacional Anticorrupción el cual carece aún de legislación secundaria: “se requiere robustecer este órgano mexicano para que se vaya revisando la evolución patrimonial de todos los servidores públicos sin distingo partidista, y en caso de que haya irregularidad se inicie un procedimiento”. En ese sentido, cuestionado por los comunicadores sobre el gran patrimonio del gobernador, expresó que “las propiedades a las que se han hecho referencia están (inscritas)… en el Registro Público de la Propiedad, no hay absolutamente nada que esconder”. En su defensa salió José Luis Ovando Patrón, dirigente estatal del PAN: “Desde el primer momento hubo representación del gobierno del estado, nada menos que el secretario general de gobierno, en ningún momento ha habido un descuido de la parte que corresponde al estado para efectos de poder ser gestor para que las circunstancias volvieran a la normalidad, para que se respetaran los derechos de todos y sobre todo que se iniciara un diálogo entre las partes para poder resolver de manera pacífica un conflicto laboral”, señaló. Y agregó que no está en manos del gobernador resolverlo. En el tema de la nómina magisterial, Santiago Creel Miranda, tomó la palabra para señalar que el conflicto magisterial que se vivió en días pasados por atraso de pagos y de prestaciones a maestros de la sección 2 y 37, se trata de un problema que viene sucediendo desde hace tiempo en el presupuesto para la nómina que debe asignarse a Baja California. “Lo que vimos en esta ocasión, es que a pesar de que el problema se mantiene los recursos no llegaron a tiempo, son recursos de nómina federal, no de nómina local”. Ante esto, dijo, llamó la atención que se frenara la discusión de los recursos en época electoral, reclamo que hicieron al gobierno federal para que no utilice el presupuesto educativo con algún sesgo de carácter político. Agregó que las participaciones federales deben ser reasignadas e incluidas dentro del cajón presupuestal a nivel educativo, en donde se incluya la partida completa de lo que son salarios y prestaciones de los maestros. A pesar de los cuestionamientos, señalaron que buscarán ganar las elecciones de los 8 distritos en Baja California para impulsar una contrarreforma fiscal, consolidándose como fuerza política para quitarle la mayoría en el Congreso al Revolucionario Institucional y sus bloques del Verde Ecologista y del PANAL.
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