Sra. Adela Navarro Bello Codirectora; Semanario ZETA. — Nos dirigimos a Usted haciendo referencia a un reportaje de Rosario Mosso titulado “Depuración fallida cuesta millones”, de su prestigiado Semanario ZETA (edición 2143, de la semana 24-30 de abril de 2015), en el cual se publican fotografías de varios Policías detenidos y procesados en años pasados, todos hoy en libertad después de haber recibido sentencia absolutoria. El objeto central del reportaje es mostrar los montos económicos que ha erogado y erogará el Ayuntamiento de Tijuana debido a fallas de funcionarios, que impidieron “ser sancionados”. Al respecto, invocamos el legítimo derecho de réplica, la Ley de Imprenta, la Ley Reglamentaria del Artículo 6to Constitucional en materia de derecho de réplica y, por elemental ética periodística, demandamos la publicación del presente escrito en las mismas páginas en que apareció el reportaje aludido, siendo éstas la portada y las páginas 32A y 34A. A nombre de os 25 Policías, víctimas señaladas en la Recomendación 87/2011 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), declaramos lo siguiente: 1.- Dejando a salvo la libertad de prensa, nos parece irresponsable la manera en que el Semanario ZETA publicó nuestras fotografías, obtenidas de los registros oficiales de cuando laborábamos en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, presentando un reportaje en el cual se dice que “el Ayuntamiento debe pagar indemnizaciones de entre medio millón y 3.5 millones de pesos a varias decenas de policías anteriormente acusados de estar coludidos con el Cártel Arellano Félix”. 2.- La publicación, además con información falsa, atenta contra nuestra horna y buen nombre, en virtud de que se nos criminaliza nuevamente y se deja al imaginario popular nuestra participación en actos delictivos, de los cuales fuimos absueltos por el Poder Judicial hace muchos años, ya que nunca existieron pruebas en nuestra contra. Nos preguntamos: ¿Qué funcionarios filtraron esa información a los medios de comunicación y con qué fines? 3.- Invocando nuevamente la ética periodística de publicar los hechos de la manera más fiel posible, nos extraña que el Semanario ZETA haya entrevistado al Licenciado Gerardo Herrera Zavala, Consejero Jurídico del XXI Ayuntamiento de Tijuana, y no se hubiera equilibrado la información entrevistándonos a nosotros como víctimas ya reconocidas por la CNDH y nuestros representantes legales (la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste). Cabe señalar que hemos tenido reuniones con la Secretaría General y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) del XXI Ayuntamiento de Tijuana, la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la CNDH, para discutir los términos de la reparación integral del daño que sufrimos y a la cual tenemos derecho, en seguimiento a la recomendación núm. 87/2001 de la CNDH, que fue aceptada por el XX Ayuntamiento de Tijuana. En dicha Recomendación la CNDH concluyó la responsabilidad de autoridades municipales, la Sedena y la PGR, en perjuicio nuestro y donde se ordena que se repare el daño que sufrimos. En aras del respeto al diálogo entre las partes, la opinión del Licenciado Herrera hubiera sido deseable la externara a nosotros antes que a la opinión pública. 4.- Al entrevistar el Semanario al actual consejero Jurídico del XXI Ayuntamiento de Tijuana y de las respuestas que éste ofrece a la periodista Mosso, se siembra la idea de que el responsable de nuestra liberación fueron las fallas que cometió el entonces Síndico Procurador Héctor Magaña Mosqueda. Aclaramos que fuimos liberados por falta de pruebas y por haber sufrido violaciones graves a nuestros derechos humanos. No nos gustaría ser utilizados para fines políticos ajenos a nuestras justas demandas de reparación del daño. 5.- En el reportaje de Rosario Mosso, en ningún momento se menciona que fuimos víctimas de detención arbitraria, tortura ya arraigo en el año 2009 en las instalaciones militares en el Aguaje de la Tuna de la II Zona Militar en Tijuana. En la tortura –certificada por la CNDH mediante el Protocolo de Estambul– participaron nuestros jefes en ese entonces, el Teniente Coronel Julián Leyzaola y el Capitán Gustavo Huerta, así como personal militar como consta en el expediente judicial que dio motivo a la inhabilitación de los dos ex militares y a la averiguación previa en el MP del fuero común, pendiente de consignar. Tampoco se menciona que fuimos detenidos bajo engaños mientras laborábamos, a muchos por la fuerza, sin orden de aprehensión, y que nunca se nos presentó durante el arraigo y la detención en el Cefereso de Nayarit el oficio de “remoción” por parte de la SSPM de Tijuana. 6.- Del grupo de 25 policías, al que pertenecemos, dice la nota que “tres aceptaron y se fueron”, después de haber sido liberados y aceptar la indemnización; “los otros 22 exigieron ser reinstalados y su proceso continúa mientras acumulan cientos de miles de pesos a su indemnización”. Los tres indemnizados no “se fueron”, al contrario, fueron reinstalados por orden judicial y actualmente están laborando como policías municipales, uno de ellos como Jefe de la Sección de Tránsito. A la fecha, nunca ha habido una propuesta de indemnización al resto por parte de las administraciones municipales de Carlos Bustamante y Jorge Astiazarán en los términos que plantea la recomendación de la CNDH, atendiendo a nuestra condición de víctimas de tortura; lo que sí ha ocurrido es el incumplimiento de dicha Recomendación. 7.- La portada de la edición aludida titula “Ex Policías demandan millones” y el reportaje de las páginas 32A y 34A, “Depuración fallida cuesta millones”, subtítulo “Al pueblo le toca pagar millones”, siembra la idea de que injustamente recibiremos dinero del erario público, sin atender a nuestra condición de víctimas, según lo establecido en la Ley General de Víctimas. 8.- Por último, solicitamos d la manera más atenta se deje de utilizar nuestros nombres y fotografías de manera tendenciosa y en perjuicio de nuestra imagen, nuestro honor y el de nuestras familias; ello para facilitar la reparación integral del daño a que tenemos derecho. De lo contrario, somos re-victimizados por las autoridades responsables y por la opinión pública. La reparación de una violación a los derechos humanos tan grave como de la que fuimos objeto, es algo a lo cual tenemos derecho, ya que actualmente estamos sin trabajo y sin solución a nuestra situación por parte de las autoridades municipales. Atentamente. Grupo de 25 Policías Municipales Representante: Jorge Sánchez Reyes Tijuana, B. C. Correo electrónico: [email protected] Respuesta de la reportera El tema del trabajo periodístico publicado en la edición 2143 bajo la cabeza “Ex Policías demandan millones”, fueron las indemnizaciones, y se entrevistó a las personas implicadas en esta afectación al erario por la cual los contribuyentes tijuanenses deberán pagar millones de pesos. Toda la información publicada es verídica, está respaldada en expedientes judiciales, administrativos y laborales. En el párrafo 12 del reportaje se indica que todos los uniformados detenidos en circunstancias similares quedaron libres por falta de elementos y no les pudieron acreditar los delitos imputados. De las injusticias y denuncias de torturas hechas por estos 25 y otros policías detenidos, ZETA ha dado cuenta puntual en su momento, lo mismo que de sus liberaciones y las razones. Las inhabilitaciones de funcionarios acusados de torturadores fueron suspendidas, pero ese tema también se trató en su momento. De la inconsistencia de las detenciones y la obviedad de que todos los agentes detenidos serían tarde o temprano, liberados, ZETA dio cuenta desde las primeras capturas, basada en el testimonio de abogados constitucionalistas. Si los tres policías que no continuaron peleando fueron reinstalados y no se fueron del ayuntamiento, entonces ésa es una falsedad en las declaraciones vertidas a ZETA por el titular de la Consejería Jurídica, cuya razón será investigada.
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