CEDH, elección viciada

Divididos en dos bloques -uno matutino y otro vespertino-, los 21 aspirantes a encabezar la presidencia de la nueva Comisión Estatal de Derechos Humanos, comparecieron ante los diputados del Congreso del Estado. Del total de solicitantes solo uno quedó fuera al no cumplir con los requisitos. El siguiente en la elección, le tocará a la Junta de Coordinación Política, y seguramente el jueves 21 de mayo será electo el titular del órgano de Derechos Humanos. Caldeados los ánimos entre los Legisladores locales, la CEDH aún no tiene perfil. Si al arranque de la PDH con Ernesto Ruffo Appel en el Gobierno Estatal, el organismo se perfiló para ser encabezado por miembros de la izquierda mexicana, más apegados a las luchas sociales; al paso del tiempo el Partido Acción Nacional, ya con 26 años en el poder, obtuvo para sí esa posición. Politizada la institución de Derechos Humanos, el PRI derrotado en Baja California y manejado por Fernando Castro Trenti, logró hacerse, en una cuota de poder para su partido y a cambio de votos para iniciativas de los gobiernos del PAN, de la selección del procurador de los Derechos Humanos entre otras posiciones –dos consejeros ciudadanos en la Judicatura, por ejemplo-. Pero fuera Castro Trenti, derrotado por Francisco Vega en 2013 y designado ese mismo año embajador de México en Argentina, el PRI en manos de Nancy Sánchez, dirigente estatal, y René Mendívil, líder de la fracción tricolor en el Congreso del Estado, ha ido perdiendo negociaciones. Hoy día el nombramiento del comisionado estatal de Derechos Humanos se ha vuelto una rebatinga política, donde no se ponen de acuerdo los panistas con los priistas, mucho menos con el PRD. La última consigna para unificar ánimos, habla del acuerdo para otorgar la CEDH a una mujer, y convertir la titularidad esa institución en una cuota de género, aun cuando la convocatoria se lanzó para que se inscribieran hombres y mujeres sin distingos de género. Así, con una historia politizada, los actuales diputados continúan por el camino del compromiso, los intereses y las negociaciones, una Comisión Estatal de Derechos Humanos, que nace viciada.   Las presentaciones de los 21 ante la Comisión   En dos bloques y durante un día, los diputados integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos escucharon a quienes tienen el deseo y cumplieron con los requisitos, para convertirse en el primero comisionado estatal de Derechos Humanos. A continuación, los datos y los puntos medulares de las presentaciones de los aspirantes: Francisco Torres Sevilla. Abogado y asesor fiscal en Ensenada, donde ha sido jefe de la Unidad de Capacitación de la PDH, ha impartido cursos a corporaciones policiacas, tiene experiencia en la investigación, seguimiento y denuncias en proyectos de recomendación hacia los funcionarios públicos y en acompañamientos y gestiones ciudadanas. Busca lograr que los ciudadanos logren atención y asistencia y el respeto a sus derechos humanos por parte de las autoridades, contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y promover la capacitación permanente de los servidores públicos para que observen y protejan los derechos humanos; fomentar la capacitación de organizaciones no gubernamentales. De los recursos dijo que se deben de ejercer con eficiencia, eficacia y transparencia y propuso la construcción de edificios para la  nueva CEDH. También elaborar manuales para la calificación de quejas y procedimientos y los diagramas de flujo como controles de eficiencia y calidad. María Isabel Herrera Covarrubias. Abogada tijuanense, ha participado en grupos de apoyo social, mencionó la Barra de Abogadas “María Sandoval de Zarco”; en la PDH encabezaba la Dirección de Quejas, de donde fue despedida, asegura que injustificadamente, por lo que interpuso una demanda laboral. Su plan de trabajo incluye tres ejes. La protección y defensa de los derechos humanos, la capacitación en derechos humanos y en el nuevo sistema de justicia penal y programas especiales a grupos vulnerables. Comentó que el mayor número de asuntos que se tienen en la PDH son con grupos vulnerables, luego seguridad pública y en tercero sistemas penitenciarios. Mencionó la necesidad de programas especiales para mujeres y niños, las víctimas de violencia, migrantes y la población indígena, en este último caso propone la creación de una Visitaduría para San Quintín. Refiere la importancia de la capacitación, y que el reto para la CEDH es contar con un indicador sobre quiénes son los presuntos violadores de derechos humanos con una base de datos y un registro que sirva de precedente. Francisco Castro Trenti. Abogado, ex funcionario público, ex director de Seguridad Pública en Rosarito, donde fue señalado por detenidos, policías y jueces de tortura, violación de derechos humanos y violación del procedimiento de detención, con denuncias en diferentes instancias, incluso en la PDH, donde funge como subprocurador, el hermano del priista derrotado en 2013 y hoy embajador de México en Argentina, se declara apartidista. Dijo estar motivado por la desesperanza ciudadana en relación a la falta de respeto en materia de derechos humanos del estado mexicano en general y de Baja California en particular, que existe un punto crítico no solo por la inseguridad sino por la impunidad que prevalece en el ámbito de seguridad y justicia. Mencionó rubros de importancia como el derecho a la salud, los derechos de las personas con discapacidad, la falta de atención en los derechos de los niños y la actitud del estado en relación a poblaciones vulnerables como los migrantes y los trabajadores indígenas. Consideró que la transición de Procuraduría a Comisión debe resultar en una instancia fuerte, prestigiosa, efectiva y eficiente, sustraída su reestructuración de vicios del pasado para privilegiar el profesionalismo, la honestidad y la ética y su funcionamiento debe basarse en la eficacia y eficiencia. Mencionó la importancia de la transparencia, como producto de la actividad vigilada y supervisada del personal de la procuraduría. Gabriel González Celestino. Abogado penalista, maestro en Ciencias Penales y estudiante de Doctorado en Derecho, radicado en Tijuana, participó en la defensa de un joven a quienes agentes municipales torturan y tratan de extorsionar al endilgarle la presunta posesión de un kilo de marihuana, acusación que fue desestimada por el juez, logrando su libertad y la suspensión de los agentes. Mencionó que la PDH no está cumpliendo con la función para la que fue creada, lo que  implica que los derechos humanos no estén siendo representados por dicho organismo protector. Por eso dice espera que ahora el nuevo organismo represente los derechos humanos de la sociedad. Participa en el Consejo Ciudadano de Protección de Justicia. En lo administrativo, propone una homologación salarial y un plan de austeridad. En su comparecencia ante los diputados dijo que, finalizando su participación, se trasladaría hasta San Quintín para dar seguimiento al tema de los jornaleros agrícolas. Benito Velázquez Hernández. Licenciado en Derecho, maestro en Administración Publica, académico en la UABC y funcionario en el XXI Ayuntamiento de Tijuana, participa en barras y colegios de abogados, miembro del consejo de seguridad pública. Dijo buscar la presidencia de la CEDH porque se asume como un ciudadano comprometido con la promoción del derecho, la justicia y el bienestar social. Que la CEDH debe ser una institución transparente y de cara a la sociedad ya que ése es el camino para recuperar la confianza ciudadana. Además que la eficiencia es primordial, con resultados logrados a través de políticas públicas, de programas de protección, de defensa y capacitación a los sectores sociales y a la función pública. Mencionó que con resultados a corto plazo se sentarían las bases para una mejora continua, sin pasar por alto el tema de la rendición de cuentas donde la CEDH implemente un sistema que obligue al presidente a informar y justificar ante el congreso todas sus acciones. Consideró que se debe realizar un diagnóstico institucional que permita trazar una ruta operativa, asertiva y funcional, con una reingeniería de la institución que lleve al fortalecimiento institucional y el equilibro entre la administración de recursos y los procesos organizacionales.  Manuel Jaramillo Rodríguez. Abogado por la UABC, maestro en Derecho Administrativo y Fiscal, ha laborado en la esfera pública y privada, así como en la academia; ha buscado ser titular de la PDH, consejero del Instituto Electoral, y preside Migrantes sin Fronteras. Entre las actividades prioritarias mencionó el sesionar con el Consejo Consultivo de la CEDH así como el personal técnico y administrativo para analizar el ejercicio de sus funciones con reuniones mensuales. Mencionó el Programa de Quejas y denuncias de los particulares afectados u organizaciones sociales consistente en el registro, procedencia y sustanciación, coordinación con las autoridades. Además incluir la expedición por parte del organismo de documentos de no responsabilidad para aquellas autoridades que no hayan sido culpables en su desempeño. También incluyó una singular forma para resolver la conflictiva social –además de las opiniones y recomendaciones-, la llamada “amigable composición” donde el representante de los Derechos Humanos se convierte en mediador entre las partes. Miguel Ángel García Leyva. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, activista social en apoyo a pepenadores, vendedores ambulantes, indígenas, periodistas y otros defensores de derechos humanos. Fundador de la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad; cada miércoles instala una mesa afuera del Congreso del Estado para la recepción de quejas ciudadanas. Dijo que no buscaba participar para llegar a un cargo en un organismo público autónomo, sino que llegaba con el respaldo de organizaciones sociales, con liderazgos legítimos de la sociedad civil, “pero sobre todo de ciudadanos agraviados en una entidad donde se ha desvirtuado la defensa de los derechos humanos en un estado donde de manera sistemática hay una violación constante de los mismos”. Refirió que la Comisión debe apuntar hacia la búsqueda de un cambio, con un perfil real de defensor, de ombudsman. “Considero que ustedes tienen una tarea que deben de cumplir y que debe ser el compromiso con la sociedad”, enfatizando que el rasgo fundamental de quienes buscan encabezar la CEDH debe ser el compromiso social, orientado para defender la dignidad de las personas y que se respeten los derechos humanos. Jaime Escamilla Castañeda. Licenciado en Derecho por la UABC, con experiencia en el sector público y el privado, así como en la academia, laboró en el Consejo de Prevención de Accidentes y en Desarrollo Social en vinculación con organismos de la sociedad civil, así como en el Ayuntamiento de Tijuana en el área jurídica. Presentó un juego de fotos de la situación de sectores marginados. Mencionó que las imágenes contravienen a los principios emanados de la Constitución –Artículo 4– referido a la vivienda digna, el salario decoroso y la condición de vida basada en una remuneración socialmente útil. Sobre la (adversa) situación social en mucha gente dijo que no solo sucede en San Quintín, sino en los cinco municipios del Estado. “La participación que debe de tener la CEDH es sumamente importante para recuperar la credibilidad, el defensor debe ser interlocutor, emisario, conciliador y debe buscar alternativas para resolver esas graves violaciones a los derechos humanos”. En su plan de trabajo mencionó  ejes rectores, como el desarrollo institucional, el fortalecimiento de los derechos humanos y la vinculación con los organismos de la sociedad civil.  Gabriela Navarro Pereza. Ha participado en grupos de apoyo a la mujer, fue la primera titular del Instituto de la Mujer, ha laborado en la Procuraduría Estatal, el Poder judicial, la Academia –estudia un Doctorado en Derecho– y se desempeña como titular de la oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Baja California. Dijo comprometerse a conciliar el respeto a los Derechos Humanos, a seguir haciendo alianzas con la sociedad civil, las cuales han impulsado grandes cambios en la entidad, además de promover el cumplimiento del Artículo 3 Constitucional, donde se asienta que la educación debe ser basada en el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y traslado no solo a las autoridades educativas, sino a la familia, la sociedad y los grupos intermedios. De igual manera, refirió la necesidad de una intensa jornada de capacitación en Derechos Humanos para tratar de revertir la criminalización de algunos grupos bajo la falaz premisa de que los defensores de Derechos Humanos defienden criminales. Cuestionó la criminalización social que se hace del migrante, del indígena, de las mujeres, de los pobres, al adicto, lo cual se tiene que revertir. En una segunda propuesta mencionó la necesidad de intervenir en los sistemas penitenciarios. También incluyó la idea de buscar alianzas con colegios de médicos, de psicólogos para implementar el llamado Protocolo de Estambul, ya que una verdadera política criminal no puede estar basada en la falta de respeto a los Derechos Humanos. Nohé Ramos Balderas. Consideró que el desarrollo en materia de Derechos Humanos en México se ha venido dando a través de la reforma a la Constitución Política en el contexto de violaciones graves a los derechos fundamentales en el pasado. Eso implica enormes retos para asegurar la seguridad pública del país sin comprometer la validez de los derechos fundamentales. Para lograrlo es necesaria una protección efectiva salvaguardando los Derechos Humanos de segunda generación –económicos, sociales y culturales– que velan por las condiciones de una vida digna, por lo que sin libertad y dignidad, la persona no podrá asumir su responsabilidad para una vida en sociedad. Agregó que la CEDH requiere al frente a una persona dinámica, que vaya a la par de las constantes reformas que atañen a los Derechos Humanos, con visión y comprobada experiencia en la defensa y promoción de los mismos, con un compromiso especialmente en los sectores más vulnerables.  Everardo Estrada Armenta. Licenciado en Derecho por la UABC con especialidad en Finanzas Publicas por la UNAM, maestro y doctor en Derecho por la UNAM, y especialista en Impuestos por la UABC, ha laborado en despachos de abogados en Mexicali y en la Ciudad de México, así como en firmas privadas, en el gobierno estatal, ISESALUD y en el área académica. Es profesor en Derechos Humanos en el CUT. Admitió que su desempeño en el área ha sido en la academia, sin trayectoria en el activismo. “El motivo por el cual estoy participando es que como catedrático en las materias de Maestría me he dado cuenta de que la cultura de los Derechos Humanos no es parte aún de la esencia de los mexicanos”. Mencionó incongruencias relativas a la adopción en México de un verdadero sistema de Derechos Humanos o los casos omisos en los Juzgados federales ante la sola mención de estos preceptos. “Por eso considero  muy importante realizar acciones para concientizar y educar sobre la cultura de los Derechos Humanos para que sea parte esencial, atávica, del mexicano”. Rosa Elena Mares Cossío. En su opinión, a Comisión tiene varios pendientes, entre ellos la creación de la Quinta Visitaduría de grupos indígenas y el ejemplo es San Quintín, también es necesario reforzar el área de capacitación para que las personas conozcan sus derechos. Indicó que se tienen que sistematizar los archivos para tener los datos y darle transparencia a la dependencia; que la Comisión pueda emitir sanciones a las personas que violen los Derechos Humanos,  y recalcó el tema de los jornaleros, donde se observa mucha incidencia en cuanto a expedientes abiertos. La abogada y catedrática afirmó que desde hace cuatro años es asesora de la Red Binacional de Corazones, que atiende a víctimas de trata.  Los temas que le apremian son la Ley de Acceso para una Vida Libre de Violencia que se tiene que revisar y promover, otro de los puntos es la vigilancia preventiva de las irregularidades con el fin de tener mayores garantías. Cuestionada sobre un propio órgano de control interno, se pronunció a favor no solo en la Comisión, sino en todas las dependencias gubernamentales.   Miguel Ángel Mora Marrufo. Para el egresado del CETYS Campus Tijuana, actualmente existe una crisis de Derechos Humanos no solo en el Estado, sino en todo el país, refiriendo que  el titular de la CEDH tiene que ser totalmente independiente para actuar de la mejor manera; para ello se debe involucrar a todos los actores de los diversos órganos de gobierno.  Mora laboró en la PDH en Tijuana y fue responsable del Programa Nacional de Víctimas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que estudió y aplicó la Ley, con lo que pudo observar buenas y malas prácticas de los ombudsman en todos los Estados.  Resaltó que el trabajo del titular es el seguimiento a las recomendaciones que se emitan para cambiar la actitud de los servidores públicos y reparar el daño, por lo que deben centrar su atención a las víctimas. Entre las acciones que implementaría, destaca el crear un órgano de control interno, vigilar el servicio público, crear protocolos en integración de expedientes para unificar criterios, seguimiento a las recomendaciones, victimología de lo expuesto para una mejor intervención en crisis, promoción de los Derechos Humanos, una aplicación en teléfonos inteligentes para denuncias, y aumentar el presupuesto al presentar programas y lineamientos para bajar recursos nacionales e internacionales.  En cuanto a la calificación del titular de la PDH, externó que “perdió el sentido…”.  Eduardo de la Peña Sánchez. Afirma que colaboró con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde ayudó a liberar iraquíes detenidos y aseguró que el perfil del nuevo titular de la CEDH tendrá que ser ciudadano. Trabajó en el Centro de Investigación de Seguridad Nacional (CISEN), por lo que su principal tarea será la promoción de Derechos Humanos, combatir el bullying y promover la igualdad de trato para evitar la homofobia.  Otros temas de compromiso: deportados, medio ambiente y deporte, además de la problemática de los jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín. Cuestionado sobre las bodas entre personas del mismo sexo, aseguró que este sector y los heterosexuales tienen “derecho a amar”, por lo que son sus obligaciones y derechos. En cuanto a su prioridad, estimó necesario un cambio en el consejo consultivo por equidad de género, además que tiene un programa de televisión que le ayudó para acercarse a la comunidad y  no pretende pelearse con el Gobierno del Estado ni el Congreso, sino exhortarlo con sus recomendaciones.  En caso de ser comisionado, ponderaría el diálogo con los jornaleros para evitar el trabajo infantil.  Melba Adriana Olvera Rodríguez. Hizo una presentación digital donde preponderó el diagnostico situacional, institucional y las propuestas de trabajo. En cuanto las cifras que atendió la PDH, en su último informe se dijo que fueron 11 mil asuntos, pero calificó que hace falta fortalecer la institución para generar confianza, por lo que se debe contar con la participación activa de la sociedad civil, ya que no se puede hablar de Derechos Humanos desde un solo frente.  Del tema de San Quintín criticó que el personal destinado para la atención de quejas es muy poco en comparación al porcentaje de los asuntos que se atienden. Que es necesaria la transparencia, además de calidad y calidez a las personas afectadas. En su perspectiva, prevalecen las violaciones de derechos sociales y políticos, además, en el tema ambiental, la dependencia debe enfocarse y atender a los grupos vulnerables. De sus líneas de trabajo: emisión de recomendaciones, seguimiento, informes de supervisión y capación a los Derechos Humanos, ya que la mayoría de las víctimas desconocen que están siendo violentadas. Sobre las violaciones cometidas por las fuerzas públicas respondió que es preocupante la tortura y abusos policiales, por lo que se tiene que reforzar con políticas públicas y el seguimiento a las recomendaciones para promover cambios. Calificó de positivo lo que ocurrió en San Quintín, ya que hizo voltear a ver a la comunidad de todo el país.   Nahúm Bautista Gallardo.  Sugiere que la CEDH debe ser más vinculante para poder sancionar, ya que en la violación de Derechos Humanos no se puede quedar solamente en recomendaciones. Refirió “no ser activista” en el sentido que se concibe, que su principal tarea como abogado es respetar y hacer respetar los Derechos Humanos.  En cuanto a sus propuestas, manifestó que lo más importante es educar en ese sentido con lo que se mejora la calidad de vida. Fueron pocas las preguntas que le formularon los diputados miembros de la Comisión. Rogelio Aros Guzmán. Ensenadense y ex funcionario estatal  -subprocurador de la PDH en el puerto-, dijo nunca violar los Derechos Humanos mientras trabajó en la dependencia, enfatizó en que los derechos sociales, económicos y culturales no se priorizan; en los métodos que utilizó el gobierno en el tema de San Quintín, no se mostró de acuerdo, pero dijo entenderlo. Afirmó que la PDH no trabaja adecuadamente, que no se tienen manuales operativos para su funcionamiento, que se tiene que pensar como “mujer, homosexual, lesbiana” de manera integral. Que el Estado mexicano fue obligado a cumplir con una actualización de Derechos Humanos por diversas violaciones, como el caso de las muertas de Juárez y, aun así, existe atraso en Derecho constitucional. Indicó que la injusticia social es el principal problema del país. Desde su punto de vista, el futuro titular de la CEDH tiene que reformar una nueva Ley estatal y coordinarse con los gobernantes, amén de ser congruente; propuso bajar el 25 por ciento del sueldo al titular, que sea progresivo y vea por los grupos vulnerables. De los jornaleros: se tiene que trabajar con políticas públicas para atender el problema de la niñez, y es justa la demanda de aumento de sueldo. Está a favor de los matrimonios del mismo sexo, y contra criminalizar a mujeres que abortan.   José Álvaro Ochoa Orduño. El docente de la Facultad de Derecho de la UABC afirmó que la PDH carece de un rumbo, por lo que trabajaría en una nueva Ley en conjunto con el Congreso del Estado, además de trabajar en transparencia y rendición de cuentas. De la integración de quejas, opinó que se tiene que dar seguimiento y crear un manual de calificación del servicio. Buscaría crear un Departamento de Servicios Periciales para clasificar las evidencias y personal calificado en el Protocolo de Estambul.  Asimismo, estimó que se tendrá un mayor vínculo y consultas con las asociaciones civiles, acercamiento a la gente, programas especiales, en temas como familia, niños, periodistas, indígenas y otros. Crear una contraloría interna de la CEDH, que los funcionarios de la PDH cumplan con una declaración patrimonial. Que Procuraduría debe contar con finanzas públicas sanas y que el titular sea un defensor de tiempo completo, ejemplo de legalidad, transparencia y experiencia. El docente enfatizó que se tiene que trabajar en la elaboración de la Ley para la CEDH. Fidel Alfaro Meléndrez. Docente de la Facultad de Derecho de la UABC  y Rotario por 25 años, mexicalense, aseguró trabajar en temas de medio ambiente, al ser Mexicali una de las preocupaciones de la población. En caso de ser designado realizará un estudio minucioso, entre éstos, de los jornaleros agrícolas ya que la solución al conflicto corresponderá a la actual dependencia.  Su programa lo basa en tres ejes: educativo, vinculación e investigación; visitas programadas para entregar folletos y dar a conocer los Derechos Humanos, levantar encuestas de la problemática delictiva en las colonias, además de crear un programa criminólogo de la zona en participación de las Policías Municipales Coordinarse con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, ya que los diputados reciben muchas de las quejas. En el tema del matrimonio homosexual: debe analizarse desde el punto de vista constitucional, de igual manera el tema del aborto. Dijo que se ocupa conocimiento y experiencia para dirigir la dependencia, además de actitud y el coraje para hacerlo.   Heriberto García García. Ex titular de la PDH, considera que se debe tener una visión holística, integral e integradora de la sociedad y las instituciones. En 1991 se desempeñó en la PDH; dijo que se tiene que velar para que todas las instituciones conozcan todas las reformas constitucionales, ya que también las omisiones son violaciones.   Que ninguna persona debe esperar más de cinco minutos para ser atendida por la institución, por lo que se debe tener indicadores de control y un órgano de control. Que Baja California está en la vista de los órganos internacionales, ya que existen 60 grupos étnicos de todo el país. También priorizó el trabajo legislativo, ya que los Derechos Humanos se deben ver como una forma de vida. Expuso que debe tener una segunda oportunidad, al tener una vocación docente y creer en la transformación de las personas. Entre sus propuestas: formar personal altamente capacitado. Comentó que cuando estuvo en la PDH dejó 22 programas, de los cuales ya no funciona ninguno, uno de ellos derivó en la recomendación relacionada con las personas desaparecidas.  Lorenzo Moreno Moreno. Reconoció no tener experiencia, “en cuanto a Derechos Humanos conozco poco”, pero explicó que intentaría aplicar la Ley. Enfatizó en los abusos a trabajadores agrícolas, menores a los que se niega acceso a la educación, la burocracia donde se promueve el compadrazgo  y los abusos de las autoridades de fuerza pública. Se consideró honesto y con los conocimientos básicos necesarios, por lo que podría contribuir a disminuir la violación a los Derechos Humanos. En cuanto a  su plan de trabajo, piensa que se  tiene que basar en objetivos y recursos con los que se trabaja, además de observar para que se cumpla la normatividad. Hacer cumplir los supuestos normativos que existen y, en relación a la estructura organizacional, tendría que conocer el reglamento interno para saber si pudieran hacer cambios técnicos. Fue una declaración del diputado Gustavo Sánchez, donde afirmó que no sería un botín político, lo que lo animó a participar.