Valladolid violentó la Ley

Un dictamen del Órgano de Fiscalización Superior de Baja California no conocido, pero sí elaborado y consignado al Congreso del Estado, determina que la Secretaría de Finanzas que encabeza Antonio Valladolid, violentó varios artículos de la Ley de Responsabilidades, al cancelar una licitación pública y otorgar en su lugar una adjudicación directa. Se trata del caso que ZETA publicó en junio de 2014, cuando empresarios de la elaboración de placas para vehículos confirmaron la cancelación de un contrato por 16 millones 433 mil 576 pesos para la producción de 81 mil 276 juegos de láminas vehiculares. En su edición del 13 de junio de 2014, este Semanario reportó  “… que el 20 febrero de 2014, en el Diario Oficial de la Federación y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, se publicó la licitación Pública Nacional (32065001-016-14) para ‘suministro de placas metálicas y calcomanías 2014 para la Secretaría de Planeación y Finanzas’. Cuatro empresas se interesaron en participar: Placas Realzadas, S.A. de C.V.; Grupo Industrial DVL; Troquelados e Impresos, S.A. de C.V.; y Talleres Unidos Mexicanos, S.A. de C.V. (TUMSA). Cada una realizó y presentó presupuesto, detalles y condiciones de la compra”. Sin embargo, cinco días después, dicha licitación fue cancelada “por falta de recursos debido al poco ingreso que había generado la verificación fiscal”. Pero semanas después, el 28 de marzo, la Secretaría de Finanzas adjudicó directamente el contrato para la producción de placas a una empresa que no estaba entre las primeras cuatro concursantes de la licitación pública. La entonces desconocida y dedicada a la fabricación de corcholatas, entre otras cosas, Lazos Internacionales, S.A. de C.V. Dicha compañía ganaba por primera vez un millonario contrato del Gobierno del Estado de Baja California, esto, por supuesto, despertó suspicacias y la denuncia de empresas organizadas dedicadas al ramo. Incluso por un tiempo y mediante un proceso judicial, lograron la suspensión provisional de la adjudicación directa. Las sospechas se incrementaron cuando, coincidentemente con la presentación de cuatro presupuestos a la oferta original en la licitación pública, Lazos Internacionales, sin experiencia en la fabricación de láminas vehiculares y sin maquinaria para producirlas, presentó un presupuesto apenas por debajo de los que ya habían concursado previo a la cancelación. Además, se sospecha de tráfico de influencias en la decisión de la dependencia que dirige Valladolid, para conceder la adjudicación directa a Lazos Internacionales, pues, aparte que la empresa fue reactivada en junio de 2013,  aparece como accionista Antonio Carlos González Ortiz Mena, con lazos consanguíneos con dos importantes miembros del sistema político mexicano, como es el caso de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (primo de Antonio Carlos), quien antes de ser ministro de la Corte fue jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT); y de Francisco González Ortiz Mena (hermano de Antonio Carlos), quien funge como director de la Banca de Inversión y delegado fiduciario de BANOBRAS del Gobierno Federal. En estas irregulares condiciones de la cancelación de la licitación pública y la posterior adjudicación directa, en julio de 2014 fue solicitada por parte del Congreso del Estado al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, una auditoría especial y urgente a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, respecto la adjudicación directa de suministro de placas metálicas y calcomanías 2014 de la Secretaría de Planeación y Finanzas, debido a que en medios de comunicación -ZETA- se había dado cuenta de irregularidades en tal adquisición por parte de Antonio Valladolid, el titular de la secretaría. Los resultados de la auditoría realizada por el ORFIS, fueron entregados al Congreso del Estado en septiembre de 2014, tres meses después de la petición de investigación, sin embargo, estos no fueron dados a conocer, como tampoco la sanción que Contraloría del Estado debe hacer respecto a lo que el ORFIS dictaminó: que se violentó la Ley al cancelar la licitación y hacer una adjudicación directa, sin argumentos sólidos que justificaran tal acción.   Violaciones a Leyes y procedimientos   Del análisis de la documentación, los especialistas técnicos del Órgano Superior de Fiscalización que realizaron la auditoría especial de la adjudicación directa de placas metálicas y calcomanías 2014, promovida por la diputada priista Nereida Fuentes y aprobada en el pleno del Congreso, ZETA pudo conocer que hubo resultados desde el último trimestre del año pasado. Conforme a la revisión técnica del expediente de la licitación  número 3206501-016-14 y del legajo de la adjudicación directa ADQ-SPF-33-14, los analistas determinaron que hubo irregularidades en la entrega directa del contrato de placas y calcomanías a la empresa Lazos Internacionales, S.A de C.V. De entrada, la revisión de oficios y diversos documentos les permitió llegar a la conclusión de que los argumentos que usaron para cancelar la licitación, no tenían sustento. El oficio 0221 de la Secretaría de Planeación y Finanzas, encabezada por Antonio Valladolid y fechado el 25 de febrero, argumenta que debe cancelar la licitación pública que está en marcha por dos razones: 1.- Argumento uno: No hay dinero Que el gobierno no contaba con recursos suficientes para cumplir con esta obligación. Según ellos, porque los ingresos de los primeros meses estaban por debajo de lo estimado y habían iniciado un programa de condonaciones. Sin embargo, en el presupuesto tenían asignados 13 millones 953 mil 681 pesos, que significaba más del 80 por ciento del importe de la licitación, lo cual infiere que sí tenían dinero y, como indica el proceso, podían solicitar una ampliación. Al final fue lo que terminaron haciendo. Incluso, la ampliación que solicitaron fue mayor de lo esperado, porque de haber continuado con la licitación, la documentación indica que lo más que debían pagar era 16 millones 627 mil 008.48 pesos, pero el pago a Lazos Internacionales terminó siendo 6 mil pesos más alto. 2.- Argumento dos: No tenían tiempo de espera. De continuar con la licitación, no se recibirían calcomanías y placas a tiempo para la revalidación de los bajacalifornianos. En la licitación, las fechas estimadas de entrega eran dos, la primera el 24 de abril y la segunda el 14 de mayo de 2014. Tal pretexto se vino abajo cuando Lazos internacionales incumplió los tiempos límite y firmaron dos convenios modificatorios, a través de los cuales la entrega de materiales se concretó hasta el 9 y 12 de junio, 27 días después del segundo plazo original estimado. Entonces el Órgano de Fiscalización Superior consideró que la Secretaría de Planeación y Fianzas y el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, no fundamentaron debidamente el cambio de la licitación por la adjudicación directa. Entonces, al no justificar el cambio de licitación por adjudicación directa, violentaron  los artículos 35, 36 y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en los que se establecen las circunstancias de excepción para cambiar una licitación por una adjudicación directa. Porque no hubo caso de fuerza mayor, circunstancias que justificaran el cambio; tampoco se fundamentó en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, ni peligraba ni se alteraba el orden social. Menos aún había circunstancias que implicaran costos adicionales. Simplemente, no había excusa sólida. Los analistas consideraron que también se violentó el Artículo 100 de la Constitución Política del Estado, que instruye : “Los recursos económicos de que dispongan los Poderes Ejecutivo (…) se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, de acuerdo a las metas que estén destinadas dentro de sus respectivos Presupuestos de Egresos. Los servidores  públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos…”. Y en este punto se argumenta la falta de transparencia y parcialidad.  Además del Artículo 84 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos  de la entidad, la cual señala que los funcionarios y empleados de las entidades fiscalizables serán imputables:  “a).- Por la aplicación indebida de las partidas presupuestales, falta de documentos justificativos y comprobatorios del ingreso, gasto y patrimonio públicos, así como por notoria negligencia administrativa”. En este caso porque el gobierno no presentó ningún argumento sólido ni elemento de prueba para cancelar la licitación, solo enunció leyes y reglamentos. “b).- Por actos u omisiones que causen daño o perjuicio a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de las Entidades Públicas Estatales o Municipales y/o a los  Órganos Autónomos”. Hubo tráfico de influencias, pero el daño detectado en el primer momento “… fue apenas de 6 mil pesos, por eso no hay sanción, sin embargo, vamos a revisar más a fondo cuando analicemos la cuenta pública”, explicó la diputada priista Nereida Fuentes. Y agregó: “Esto no es deseable, no se debe hacer, porque se supone que estamos pugnando por la transparencia y se canceló una licitación, son argumentos no válidos y luego a quién se entregó”. A Lazos Internacionales, propiedad de Antonio Carlos González Ortiz Mena, hermano del director de Inversión del Fondo Nacional de Infraestructura del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Francisco González Ortiz Mena. La auditoría especial realizada por el Órgano de Fiscalización bajacaliforniano, determinó que evidentemente en esta irregular cancelación de licitación, también se faltó a lo ordenado en el apartado X del Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que prohíbe a estos: “Otorgar en contravención a las Leyes, Reglamentos, disposiciones administrativas, sistemas y procedimientos establecidos, por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, estimaciones, franquicias, exenciones, finiquitos o liquidaciones en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenación y prestaciones de servicios de cualquier naturaleza; colocación o transferencia de fondos y valores con recursos económicos públicos o su otorgamiento indebido, sin la documentación comprobatoria”, porque jamás entregó documentos para probar que la licitación era inviable.   Irregular la cancelación de licitación: diputada Fuentes   Al explicar los resultados de la auditoría o informe especial del material vehicular, la diputada Nereida Fuentes, promotora de la investigación, empezó por detallar que uno de los problemas fue que la Ley  no otorga ningún uso útil a los informes que solicitó. Por ello fue necesario que con el apoyo de la diputada Mirian Ayón -con el tema de las licencias- y teniendo el resultado del Órgano de Fiscalización Superior, citar a comparecer al titular de Finanzas, Antonio Valladolid, respecto a este tema, lo que hizo el 15 de diciembre de 2014. “Él presentó sus argumentos, según él, la compra estaba bien hecha, y no dudamos que la compra haya estado bien hecha. El problema fue la cancelación de la licitación, que los argumentos que ellos expusieron no fueron tales. “En el debate se le recordó que había dinero y al final se desplazaron en el tiempo en la entrega del material, entonces le recordamos que los argumentos para cancelar la licitación no eran válidos”. Fuentes explicó que por el tema del dinero, en ese momento no detectaron afectación patrimonial, y detalló que la propuesta de Lazos Internacionales resultó más baja que la de Troquelados por 193 mil pesos; como la empresa incumplió con los tiempos, fue penalizada con un millón 147 mil 516 pesos.  “No podemos fincar responsabilidad patrimonial, será cuestión de esperar para ver qué encontramos en la revisión de Cuenta Pública 2014”. — ¿Qué sucede con la cancelación irregular de la licitación? “Ellos siempre hacen mucho énfasis en el argumento de motivos de fuerza mayor, que  prevén consecuencias desastrosas. Siempre se basan en eso, dan ese razonamiento, pero nada más lo enuncian, transcriben la Ley  pero no presentan nada que sustente sus palabras. “Cuando les digo que entiendo lo que dice la Ley, pero que ellos no presentan argumentos sostenibles que justifiquen lo que dice la Ley, ellos nada más repiten y repiten la Ley; al final, como no se prueba un daño patrimonial, cae en lo administrativo y se debe dar cuenta a Contraloría. “Lo que puedo asegurar es que la cancelación de la licitación pública fue irregular, y es un tema muy debatible como se justifican, porque esta no es la única licitación que se han brincado, han hecho de esto una constante. Ahí están las compras de medicamentos hasta 600 por ciento más caros que el precio del concursante que ganó la licitación cancelada,   y ellos solo dicen que lo hacen por la premura y la necesidad de la gente”. La diputada priista concluyó diciendo que trabajan en una reforma para impedir que la cancelación de licitación y las adjudicaciones directas de este gobierno estatal, sean una constante.   Las sanciones   Según la Ley de Responsabilidades, el Congreso deberá informar a la Contraloría de las irregularidades detectadas, ahí deberán tomar en cuenta “la gravedad de la infracción cometida”. Conforme a esta misma Ley, dicha falta no es considerada grave. Para definir si sanciona, el contralor también deberá analizar “el grado de culpabilidad de cada servidor público, las circunstancias socioeconómicas, la antigüedad, nivel jerárquico, los antecedentes del funcionario, y si hubo beneficio económico”. Esto último no podrá aclararse hasta hacer la revisión de la Cuenta Pública 2014, como detalló la diputada Nereida Fuentes. Otros puntos a revisar para determinar la conveniencia y gravedad de la sanción, especificados en el Artículo 61 de la Ley de Responsabilidades, son:  “III.- La conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ella; “VIII.- La reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones”. Al respecto, Fuentes recordó: “Parte del problema es que esto de adjudicar en lugar de licitar y entregar los contratos a empresas con sobreprecio, no es una excepción, es una constante en la actual administración. Ahí están las placas para los autos, o las medicinas que se compran para ISSSTECALI e ISESALUD; entonces se debe hacer algo”. Las posibles sanciones son: amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación y sanción económica, cuando la infracción cometida genera lucro.