El combate a los viejos cárteles del narcotráfico y la falta de acción en contra de las nuevas agrupaciones del crimen organizado por parte de las autoridades, ocasionó un mayor derramamiento de sangre durante la última semana en diversos estados del país. Los golpes asestados a los cárteles de Juárez y del Golfo, así como los abusos de poder y la ingobernabilidad que se vive en el Estado de Michoacán, mantienen en vilo a los habitantes de Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y la propia región purépecha, además de preocupado al gobierno de los Estados Unidos que emite sus constantes alertas. La violencia -que no se ha desterrado de territorios que ya fueron intervenidos por el Gobierno de la República en ocasiones anteriores- inició desde el viernes 17 de abril en la zona fronteriza de Tamaulipas y Texas; las balaceras, muertos y bloqueos incrementan conforme pasan los días. Durante la semana transcurrida, se confirmó información de la Procuraduría General de la República (PGR) que reconoce la existencia de nueve cárteles de las drogas que operan en México. Entre ellos los hoy combatidos del Golfo, Juárez, Sinaloa, Arellano Félix, Los Zetas, Beltrán Leyva y La Familia Michoacana. Los más nuevos, Los Caballeros Templarios y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Mientras que la PGR reconoce que el CJNG es el más peligroso y no solo opera en Jalisco, sino que se extendió a Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos, Veracruz y el Distrito Federal, estadísticas analizadas por el Observatorio Nacional Ciudadano avalan la versión. Francisco Rivas, director de la citada organización no gubernamental, informó que el mayor número de delitos de alto impacto se concentran en los estados de Guerrero, Morelos, Tamaulipas y hasta Baja California. En los primeros dos hay presencia de los cárteles de Jalisco y Los Caballeros Templarios. Homicidios dolosos, extorsiones y robo con violencia, son el pan de cada día. Tamaulipas es líder nacional en secuestros. Para México la situación no mejora. Ya no solo es percepción, como justifican con insistencia gobernadores, alcaldes, fiscales y funcionarios federales. A la violencia crónica que vive el país, se suman la corrupción y la inoperancia. El Índice Global de Impunidad 2015 dado a conocer esta misma semana ubica a nuestra nación en el segundo lugar en la materia, solo por debajo de Filipinas y por arriba de Colombia, Rusia y Turquía, de un total de 59 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que fueron analizados. Desquite en el Golfo Libertades y aprehensiones, persecuciones, balaceras frecuentes, asesinatos y bloqueos de vialidades con incendio de vehículos, regresaron el desasosiego para los habitantes de Tamaulipas en Reynosa, Altamira, Tampico y Ciudad Madero, al menos desde el viernes próximo pasado. Las noticias de criminales tamaulipecos iniciaron muy temprano ese 17 de abril, cuando se conoció de la liberación del narcotraficante de Luis Reyes Enríquez “El Rex” o “El Z-12”, sicario y uno de los fundadores de Los Zetas. El delincuente se hallaba preso desde 2007 en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, donde purgó una condena por delincuencia organizada. Más tarde, ese día, en Reynosa se reportó el movimiento de tropas del Ejército Mexicano y de agentes federales que realizaban un operativo y habían encontrado a su objetivo. Capturaron a José Tiburcio Hernández Fuentes “El Gafe”, uno de los jefes vigentes del Cártel del Golfo. Con el presunto narcotraficante cayeron otros tres de sus auxiliares. Tenían en su entorno armas de fuego, vehículos, 278 mil dólares y casi un millón 200 mil pesos en efectivo. Esta acción ocasionó la reacción violenta de la organización criminal que, a través de unos 70 colaboradores, en unas 15 camionetas sostuvieron enfrentamientos con diversas autoridades y se dedicaron a bloquear calles y avenidas, sembrando el terror en el Suroeste de Reynosa. El saldo fue de tres civiles muertos, dos lesionados y dos detenidos. La Secretaría de Tamaulipas elevó la alerta a “semáforo rojo” en esa ciudad. Por su parte, el Gobierno de la República confirmó que “El Gafe” utilizaba ocho nombres -lo dificultó su investigación- y es uno de los delincuentes más sanguinarios, principal impulsor de la violencia en Tamaulipas. El martes 21, el indiciado fue internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, junto con sus cómplices Javier Martín Anguiano Toledo y a Juan Gilberto Zamarripa Vallejo. Todos consignados ante un juez federal por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El miércoles 23 de abril, la violencia no dejó descansar a los tamaulipecos, al reportarse nuevamente balaceras y bloqueos, pero en arterias citadinas y carreteras de Altamira, Tampico y Madero. Las autoridades volvieron a alertar a la población a través de redes sociales y medios de comunicación. Policías estatales fueron atacados por sicarios. Cinco civiles y un policía muertos, otros tantos agentes de seguridad heridos. Las agresiones habrían ocurrido en represalia de la aprehensión del presunto líder regional del Cártel del Golfo, José Silvestre Haro Maya “El Chive”, al que sus correligionarios intentaron rescatar cuando se enteraron de que sería trasladado al aeropuerto y después a la Ciudad de México. El resultado de los bloqueos y enfrentamientos fue de cuatro policías lesionados. Alcaldes de los municipios afectados por la narcoviolencia temen que los hechos sangrientos continúen y han alertado a la población para que esté atenta a los acontecimientos y tome precauciones. Por su parte, organizaciones no gubernamentales como México Evalúa lamentó que las autoridades federales hayan puesto en marcha acciones específicas para combatir la inseguridad y la violencia en Michoacán y Guerrero, pero que haya dejado de lado a Tamaulipas. Montaje en Michoacán La última fue también una semana complicada en una entidad donde toda política pública en materia de seguridad ha fallado. La detención de Servando Gómez Martínez “La Tuta” no ha regresado la calma a Michoacán, donde la denuncia ciudadana y la labor de investigación de algunos medios de comunicación, dieron nombre a las investigaciones de hechos que costaron sangre y lágrimas a los michoacanos: montaje e impunidad. El presunto desmantelamiento del grupo criminal Los Caballeros Templarios, al que dieron la puntilla con cateos y aseguramiento de inmuebles el sábado 18 de abril, no son suficientes para que regrese la tranquilidad a las regiones de la costa y Tierra Caliente. Las autoridades aseguraron tres gasolineras y siete fincas de los narcotraficantes en los municipios de Lázaro Cárdenas y Tumbiscatío. Sin embargo, los pobladores insisten en que además de la gente que “La Tuta” que sigue libre, el crecimiento de la organización delictiva de Los Viagras, sufren de la incursión de sicarios del grupo Guerreros Unidos que huyen de la Policía Federal en Guerrero. Miembros de los ex grupos de autodefensa que encabeza Luis Antonio Torres “El Americano” se manifestaron bloqueando 30 puntos geográficos de Tierra Caliente. Los inconformes exigen mayor seguridad en la región para combatir a los grupos criminales invasores y piden se les regresen las armas que les fueron retiradas tras la balacera de Buena Vista Tomatlán, ocurrida a finales del año pasado. Amenazan con realizar bloqueos continuos en caso de que sus peticiones no sean atendidas. El clima de insatisfacción social en Michoacán aumentó luego de que el pasado fin de semana la revista Proceso y el portal informativo de Carmen Aristegui mostraran un video de investigación periodística que reúne imágenes y testimonios que acusan de haber disparado y ejecutado a civiles desarmados durante un plantón en Apatzingán, el 6 de enero del presente año. La información difundida parece contundente e inculpa a los representantes de autoridad que en su momento señalaron a los propios manifestantes como los que dispararon contra sus compañeros. Mientras que el ex comisionado federal de Seguridad para el Estado de Michoacán y hoy flamante comisionado nacional del Deporte, Alfredo Castillo Cervantes, calificó el video periodístico como “distorsionado y fuera de contexto”, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no se complicó al afirmar que ya ordenó una investigación de los hechos a la PGR y a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hará lo que le toca. Como si los problemas no fueran suficientes en esa entidad, aun detenido, el narcotraficante Servando Gómez, sus famosos videos comprometedores vuelven a escena. Esta vez, en un programa televisivo se transmitió un nuevo video en el que se muestra a Rodrigo Vallejo Mora, hijo del ex gobernador Fausto Vallejo, reunido con “La Tuta”. Las imágenes denotan la familiaridad con que Vallejo se dirige al líder de Los Caballeros Templarios. El ex recluso Rodrigo Vallejo, que estuvo detenido ocho meses en el penal de Santiaguito, en el Estado de México, acusado de encubrir al capo, dice a éste tener acceso a información del C4 de Michoacán, e incluso habría utilizado el sistema para seguir a una persona hasta la colonia Roma del Distrito Federal. La herencia en Juárez En los estados de Chihuahua y Sinaloa se registraron acciones gubernamentales que pretenden el debilitamiento de la organización criminal de los Carrillo Fuentes o Cártel de Juárez. En la primera entidad fue detenido Jesús Salas Aguayo “El Chuyín”, presunto sucesor de Vicente Carrillo “El Viceroy”, y en Culiacán fue apresado Jaime Eduardo Quevedo Gastélum, sobrino de los Carrillo, líder de una banda de secuestradores y homicidas. La aprehensión de “El Chuyín” ocurrió el viernes 17 de abril, tras un enfrentamiento de sicarios contra elementos del Ejército Mexicano en rancherías de Villa Ahumada, Chihuahua. En la acción, uno de los escoltas del narcotraficante resultó detenido y otro fue abatido a tiros. Fueron asegurados un fusil calibre 223, una camioneta blindada, un paquete de cinco kilogramos de marihuana, 20 mil dólares y 125 mil pesos en efectivo. A Jesús Salas Aguayo, de 38 años, le acusan en México de la muerte de dos agentes federales, y en los Estados Unidos le relacionan con el homicidio de un testigo protegido. Se le considera responsable de las operaciones del cártel para el trasiego de droga, homicidios, secuestros, robo de hidrocarburos y tráfico de armas. La captura de “El Chuyín” fue posible gracias al apoyo de cuatro helicópteros y unidades todo terreno, en un operativo que duró varias horas. Una feroz balacera entre un grupo armado y miembros de la Marina, en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, Sinaloa, terminó el lunes 21 de abril con la muerte de cuatro presuntos delincuentes y seis detenidos. Entre los capturados figuran Jaime Eduardo Quevedo Gastélum, sobrino de Amado y Vicente Carrillo Fuentes. El joven lideraba una banda de plagiarios dedicada a privar de la libertad, asesinar a sus víctimas y a otros miembros de sus familias. Los marinos arribaron a una finca del fraccionamiento San Carlos para efectuar un cateo, derivado de una denuncia anónima. Los delincuentes recibieron a balazos a los uniformados y en la respuesta se tuvo el saldo fatal. Entre las víctimas del tiroteo se encontraba un empresario que había sido secuestrado.