Obligados a informar, sin derecho a saber

No es novedad para nadie en nuestro País. Aquí hay clases sociales, élites políticas, aires de nobleza en el servicio público, y los privilegios que recibirá, las obligaciones que tendrá, los derechos que le serán negados depende de donde Usted se encuentre. En México estos marcados contrastes no solo son una cuestión geográfica, de tierra y recursos naturales, de folclor o de colores; los contrastes en la República Mexicana se manifiestan en la cuestión financiera, de obligaciones fiscales, de transparencia, de impunidad. Existen quienes desde el crimen organizado pueden utilizar el dinero mal habido para contratar grandes y poderosas firmas de abogados para salir de prisión a pesar de la sospecha perene de una actividad criminal, y están aquellos que pueden pasar 5, 10, 15, 20 años de cárcel por un crimen que no cometieron o por uno de los llamados delitos menores, pero que no tuvieron la capacidad económica para contar con  una defensa apropiada ante la deficiencia y la falta de independencia, en nuestro País, del Defensor de Oficio. Luego están aquellos que ganan el mínimo y los que trabajan para el Gobierno. Mientras un jornalero de San Quintín -de los más de 30 mil que iniciaron un paro hace quince días con marchas y mesas de diálogos de sordos por parte del Gobierno- percibe 110 pesos al día por una jornada de pisca de 12 horas, sin pago de horas extras ni descanso el séptimo día, el Presidente de la República gana diariamente 8 mil 176 pesos (248 mil 674 mensuales), un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gana 18 mil 523 pesos diarios (563 mil 417 pesos al mes), y un trabajador de salario mínimo percibe por ocho horas de trabajo seis días y uno de descanso, 70.10 pesos al día en la categoría A, la más alta del país. Luego están los contrastes de las obligaciones y los derechos. Los mexicanos en el sexenio de Enrique Peña Nieto tenemos obligación de informar, pero no derecho a saber. A propósito de las notas de prensa del diario distritofederalense Reforma, donde consignan públicamente cómo los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mejor conocido como TRIFE, informan de los gastos generales de viajes y viáticos, pero no de los detalles de en qué cómo, dónde y porqué se gastaron el dinero público, y que dicha información ha sido reservada judicialmente por un lapso de 10 años, por motivos de seguridad de los Colegiados, es justo decir que los mexicanos todos a partir de este enero de 2015 están obligados a reportarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de manera mensual y por la vía electrónico, cuánto ganan, por qué lo ganan, en cuántas cuentas de banco lo tienen, en qué lo gastan, a quién le pagan, qué compran, qué comen, con quiénes se asocian, a quiénes le deben, a quiénes le abonan, y todos los detalles hasta justificar hasta el último centavo. Las personas morales deben enviar esta información mensualmente los primeros tres días del mes posterior, y las personas físicas a más tardar los primeros cinco días del mes, de acuerdo a la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal del Gobierno de Peña Nieto. Entonces, los mexicanos estamos obligadísimos a cumplir no solo con la declaración fiscal, sino paralelo a ello con la contabilidad electrónica; de no hacerlo, tanto empresas como personas físicas, podrán ser sujetas además de una revisión fiscal, a multas que podrán ir de los 31 mil 120 pesos a los 54 mil 470 pesos, y de reincidir en la no presentación de la contabilidad electrónica la sanción será la clausura del establecimiento. Pero eso, ya está visto, no sucede para los funcionarios onerosos que cargamos y pagamos los mexicanos en el sistema político que nos rige y en los tres Poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ahí, pueden, aprovechando las leyes que ellos mismos proponen, analizan y promulgan, ocultarnos a los ciudadanos en qué diablos se gastan cada peso que de nuestros bolsillos sale, sea vía Impuesto al Valor Agregado, de la Renta, de la prestación de servicios y de la manufactura y venta de productos. La Ley de Transparencia que inició hace algunos sexenios y que ha sido modificada por cuanto Presidente llega, se va consolidando para representar la opacidad. Para prohibir a los mexicanos tener acceso a información de los sectores públicos y los privados. Nos prohíben conocer cuánto gastan nuestros funcionarios y en qué lo gastan, nos prohíben saber de políticas públicas en materia de investigación, de derecho, judiciales y de investigación en materia criminal. Nos prohíben conocer cuánto ganan, cuántas prebendas tienen y en general cuanto gastan en administrar las instituciones, los bienes y los recursos de México. Eso ocurre en el ámbito Nacional pero los Estados no son la excepción. En Baja California por ejemplo, en ZETA solicitamos la información de gastos en viajes y viáticos del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid y su esposa Brenda Ruacho Bernal, durante los primeros diez meses del gobierno que inició el 1 de octubre de 2013. Según recuentos periodísticos y de información boletinera, habían realizado 35 viajes. 25 el Ejecutivo, 10 la Primera Dama. Lo que hizo el Instituto de Transparencia de Baja California fue presentar información a medias, imprecisa, y sin demandar al sujeto obligado –el Gobierno de Baja California- la información real a detalle de lo que hacen con el dinero de los bajacalifornianos la pareja estatal. Sólo supimos, como en el caso de Reforma y el Trife, de números generales. Por ejemplo que en un solo viaje la Primera Dama bajacaliforniana con su séquito de colaboradoras que acudieron a la Ciudad de México para partir rosca en el DIF Nacional, gastó 96 mil 764 presos en dos días. 68 mil en pasajes de avión, 15 mil en hospedaje, 9 mil de consumos y 3 mil 400 en viáticos. A dónde fue, en dónde se hospedó, con quién se asoció, en qué gastó, qué consumió, esa es la información que fue solicitada por los periodistas, más no entregada por el Gobierno ni transmitida por el Instituto de Transparencia, sin sanción alguna ante la opacidad. A lo más que llegaron fue a justificar que “Entre las facturas hay de un parque infantil, un Burger King, compra de tarjetas de juegos, un consumo en Sanborns y el pago de 4 mil 600 pesos por un evento realizado en el Hotel Marquis Reforma “por evento de la presidenta del DIF BC con integrantes del DIF Nacional para trabajos relativos al proyecto Teletón”. Aparte, compraron mil 795 pesos en regalos -para los del DIF Nacional- adquiridos en el departamento de tabaquería. Total: 96 mil 764 pesos”. Cifra que contrasta con la otorgada por el Instituto de Transparencia a ZETA en relación a cuánto costaron al erario los dos viajes al extranjero que realizó el Gobernador de Baja, como lo solicitó el periodista Sergio Haro Cordero, y así lo redactó: “Del 26 al 30 de mayo, Vega de Lamadrid voló a Washington y Connecticut, Estados Unidos, gastando 27 mil 842 pesos; y del 10 al 18 de julio visitó España e Inglaterra, erogando 25 mil 888 pesos bajo la justificación de ‘Promoción del Estado de Baja California’”. Así sin más, un viaje a Inglaterra de cuatro días, y uno a España de 8 días por parte del Gobernador, fueron “más baratos” para los bajacalifornianos que uno de dos días de paseo, perdón, visita oficial de la Primera Dama a la Ciudad de México. Así de opaca es la transparencia en México. Así de desigual es el trato entre mexicanos de primera clase (funcionarios de los tres Poderes) y mexicanos de segunda clase (el resto de los residentes de la República). Los mexicanos, pues, tenemos la obligación de informar todos nuestros actos y transacciones a una autoridad fiscal omnipresente y voraz, pero no tenemos el más mínimo derecho a saber cómo, por qué, dónde, cuánto y en qué la administración pública gasta nuestro dinero. Tal pareciera que en este país, desde el gobierno –sea del color que sea- lo que impera es la ley del embudo. Bonita cosa.