Al modo, Francisco Vega de Lamadrid, gobernador de Baja California, hace negocios que, técnicamente, no son incorrectos. Lo mismo triangular compras de terrenos desincorporados de administraciones públicas, que venderle a sus hijas, o establecer un “régimen de propiedad en condominio” con constructores locales. El caso, es evidente, es sacar la vuelta a los conflictos de intereses, a las evidentes irregularidades o las acciones ilícitas. Eran los últimos días de la campaña en 2013 y, como candidato a gobernador, Vega concedió una entrevista a este Semanario: — ¿Nos puede entregar, para los lectores de ZETA, una copia de su declaración patrimonial? La última que conocemos es del 95, y tenía una fortuna de 19 millones 202 mil 200 pesos; queremos saber cuánto ha crecido o decrecido su fortuna. “Mira, no nada más entregarles mi declaración patrimonial, si no, ahí pueden ustedes también ver mi declaración de impuestos, Kiko Vega sí paga impuestos. Pueden ver ustedes, y ustedes a su vez lo van a ver, que lo que pago de impuestos coincide con mi forma y mi manera de vivir”. — ¿A cuánto asciende su patrimonio? “No sé, en los negocios no me ha ido tan bien, ¿eh?”. Casi dos años después, Francisco Vega declaró hace un par de semanas, a propósito de una nota del periódico Frontera que lo ubicaba como propietario y socio de los condominios San Carlos, que él, Kiko Vega, era “un empresario exitoso”. Así, sin más. Su declaración patrimonial y de impuestos no han llegado a ZETA desde aquel junio de 2013, cuando lo prometió “antes que finalice la semana”. Al tiempo que cada vez es más oculta la fortuna del titular del Gobierno del Estado de Baja California -una suma del costo de los terrenos que posee en el Registro Público de la Propiedad habla de más de 120 millones de pesos-, las transacciones comerciales e inmobiliarias de Vega crecen, a la par que la inversión y el empleo decrecen en la región. Respecto la información que Francisco Vega era el propietario y socio de los condominios San Carlos, al interior de Frasa Desarrollos, filial de Grupo Arnaiz que construye los edificios de vivienda, circuló un boletín informando a los empleados: “… nos permitimos aclarar la serie de falsedades y de esta manera reafirmar que nuestro actuar es y siempre ha sido de manera legal: “1.- La participación del licenciado Francisco Arturo Vega de Lamadrid es única y exclusivamente con la venta del terreno donde se ubica San Carlos/Entorno Residencial. “2.- El desarrollo y su inversión es de Frasa Desarrollos, ésta incluye todo lo relacionado con su construcción, concepto, diseño arquitectónico, edificación y comercialización. “3.- El pago por la adquisición del mencionado terreno se realiza conforme a la individualización de cada condominio. “Desafortunadamente nos encontramos en medio de un pleito entre la casa editorial y el Gobierno del Estado, aunado al proceso electoral donde las descalificaciones y golpes bajos están a la orden del día. “Destacamos que en ningún momento se nos buscó para emitir opinión que aportara la contraparte a lo publicado; tampoco se nos ha otorgado el derecho de réplica. En ese sentido no permitiremos que el ejercicio ‘periodístico’ sin ética y profesionalismo afecte la trayectoria del grupo…”. Ciertamente, un empleado de Frasa refirió que Grupo Arnaiz, Constructora Transpeninsular y Frasa Desarrollos, solo tienen como socios a la familia Arnaiz, Raymundo Arnaiz, su esposa y tres hijos. Que en efecto, existe un contrato de compraventa y uno de relación comercial sobre el terreno donde construyen los condominios. Que al gobernador se le paga conforme se venden los inmuebles y se entregan a los propietarios en un régimen de condóminos. Además, que la relación comercial Vega-Arnaiz fue a razón de 2 mil 800 pesos por metro cuadrado, por unos 13 mil metros -de 16 mil- que Vega de Lamadrid les vende. El empleado de los Arnaiz refiere cómo los socios han resentido el señalamiento público, y también cómo es la primera ocasión que hacen “una relación comercial” con un gobernador y con un empresario externo a sus empresas. Difícilmente volverán a emprender un proyecto con ese esquema, refiere a ZETA. Sin embargo, lo que Frasa aclaró a sus empleados en un boletín, no lo dijo Vega a los bajacalifornianos. De hecho con sus declaraciones dio a entender que era él quien desarrollaba la segunda parte de ese amplísimo terreno. Ciertamente, sigue siendo el propietario hasta que los compradores no terminen de pagar. Un caso más de las transacciones del Ejecutivo estatal, técnicamente sin irregularidades, pero visiblemente provechosas… y sospechosas. Los propietarios: Vega-Arnaiz</h2> De que hizo negocios con privados, siendo gobernador, los hizo. En la partida 594609 dada de alta en el RPPC el 12 de diciembre de 2014, aparecen como “propietarios” de la Constitución de Régimen de Propiedad en Condominio tanto Francisco Vega de Lamadrid como Fraccionamiento Arnaiz, SA de CV, con el nombre de San Carlos II. En el acta se hace mención de seis unidades tipo habitacional, con cada condominio entre los 82.410 y 108.54 metros cuadrados, incluyendo balcón, estacionamiento y construcción. Las licencias de construcción (ZC2014A552 y ZC2014A1240) otorgadas por la Dirección de Administración Urbana en Tijuana, se concedieron también cuando Vega ya era titular del gobierno estatal, el 26 de mayo y el 12 de noviembre de 2014. La descripción del complejo habitacional refiere cuatro áreas privativas, salón de usos múltiples y edificación de las primeras 80 unidades habitacionales. Total de condominios en San Carlos, 160, cada uno con valor entre 800 mil y un millón de pesos A Kiko, los Arnaiz le pagan el terreno en 2 mil 800 pesos por metro cuadrado, cuando él lo adquirió en 2005, a razón de 879.89 pesos cada metro cuadrado. Considerando que de los 16 mil metros cuadrados que integran el terreno, a los constructores solo les comprometió 14 mil metros cuadrados, el ingreso para Vega al finalizar la transacción, será de 39 millones 200 mil pesos; más de los 12 millones 318 mil pesos que pagó.. Las transacciones del gobernador Al mismo tiempo que Francisco Vega de Lamadrid fungía como estrenado gobernador de Baja California, acrecentaba su patrimonio y sus negocios. Hasta la fecha, no ha dejado de encabezar operaciones de construcción y comerciales en el Estado que gobierna, y en la Península. Actualmente es propietario del terreno donde se construyen seis edificios de condominios en Tijuana, al mismo tiempo, termina de edificar una mansión en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, sobre un predio ubicado en Cumbre de Juárez con dimensiones superiores a 2 mil 500 metros cuadrados y sin descuidar las más de 50 propiedades a su nombre y el de su familia. Documentos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y de escrituras públicas de Baja California en poder de ZETA, detallan los últimos movimientos que Vega de Lamadrid ha realizado sobre algunos lotes de su propiedad, transacciones que dejarán ganancias millonarias. Se trata del acta con número Partida 593-3327, apenas registrada el 26 de agosto y otra del 12 de diciembre de 2014, es el registro de la Constitución de Régimen de Propiedad en Condominio. Es decir, el trámite para que un propietario edifique en sus predios locales, departamentos o estacionamientos, en este caso, el gobernador ve crecer en su propiedad San Carlos Entorno Residencial, en la colonia Guadalupe Victoria, sobre Vía Rápida Poniente en la delegación Centenario. En el documento se establece que el “propietario Vega de Lamadrid Francisco Arturo” registra seis unidades de condominios, denominado San Carlos IV, “construido sobre la fracción B-3, proveniente de una subdivisión”. Condominios En base a una búsqueda en la Dirección de Administración Urbana de Tijuana, al gobernador del Estado se le autorizó (se declaró conforme) la construcción del condominio “de seis unidades tipo habitacional”, bajo el oficio RC-0575/14 expedido el 11 de julio de 2014. Estas propiedades se ubican a un costado de la Central Camionera de Tijuana y a metros de las oficinas del Partido Acción Nacional, incluso, cerca de uno de sus terrenos desarrollados en Jardines del Pedregal y en otra de sus residencias. En el documento mencionado se resalta que cada condominio es “proveniente de la subdivisión de la fracción B, a su vez, de la subdivisión de un terreno unidad en la delegación La Mesa”. Y es que, donde actualmente se señalan las seis unidades de condominio, es tan solo una parte de un predio mucho mayor, también propiedad de Vega. El terreno al cual se hace referencia colinda con otro que obtuvo por la vía civil. Según la base de datos del Juzgado Octavo Civil de Tijuana, el juez Cruz Juan Carranza García otorgó en 2008 la sentencia a favor de Vega de Lamadrid, quien demandó la propiedad a la señora Vicenta Mayor Ames, “también conocida como Vicenta Mayor de Domínguez o… viuda de Domínguez”. En el Juicio de Prescripción Positiva (expediente 892/2008) que concluyó con darle legal propiedad al hoy gobernador, se puede leer: “Se declara que el actor (Vega de Lamadrid) se ha convertido en propietario, en virtud de haber operado en su favor la prescripción positiva, la cual causó ejecutoria el día 4 de noviembre del 2008”. Pero el gobernador lo inscribió en el Registro Público hasta el 24 de abril de 2014. De hecho, un par de meses después, el 19 de junio, inscribió una Subdivisión de Propiedad (bajo la partida 5924745). Ventas millonarias entre padre e hijas En realidad, donde hoy se construyen los condominios San Carlos es tan solo una parte de lo que algún día fue uno de sus predios de enorme extensión. En julio de 2005, bajo la Partida 5433162, Vega de Lamadrid (según escrituras públicas con número 63299) realizó un contrato de compraventa “con reservas de dominio” de un terreno de 25 mil 642 metros cuadrados en la colonia Guadalupe Victoria, mediante la sucesión testamentaria de la señora Vicenta Mayor, representada por el albacea, su hijo Eduardo Domínguez Mayor. La dimensión del terreno equivale a 61 canchas profesionales de baloncesto. En ese año el ex alcalde panista pagó 2 millones de dólares por el terreno, a decir de las actas en el resguardo del RPPC. El panista terminó de cubrir el pago del terreno en abril de 2006. Describe el documento del RPPC (número 5490529): “En virtud del pago total, la sucesión de bienes de la sra. Vicenta (…) cancela la reserva de dominio (…) consumándose la plena propiedad en favor del adquiriente Francisco Vega de Lamadrid”. El valor del avalúo en el momento de la compra en 2005, fue de 22 millones 566 mil pesos, es decir, un costo promedio de 879 pesos por metro cuadrado (77.98 dólares por metro cuadrado). El mismo predio, el 22 de febrero en 2006, Vega de la Madrid lo subdividió en dos fracciones (Partida 5133462). El terreno de más de 25 mil metros cuadrados quedaría de la siguiente manera: fracción A, una dimensión de 9 mil 115 metros cuadrados, y fracción B, con 16 mil 003 metros cuadros. La fracción B está comprometida en el convenio comercial con la empresa Frasa, propiedad de los Arnaiz y donde se construye San Carlos. La fracción A” (de 9 mil 115 metros cuadrados), Vega la vendió (mediante un contrato de compraventa en plazos) el 17 de abril de 2006 a Zaira y Zarema Vega Labastida, sus hijas. Según el testimonio de la escritura pública 2355 en la Notaría 3 de Tijuana, las descendientes del mandatario estatal compraron la fracción del terreno. El acta en el Registro Público del Estado describe una operación por 3 millones 190 mil 250 dólares. El avalúo se determinó en ese mismo registro por 9 millones 577 mil 887 pesos. Es decir, considerando los documentos y valores de operación, Francisco Vega de Lamadrid compró los 25 mil 646 metros cuadrados y fracción en 2 millones de dólares (en abril de 2006 terminó de pagar), y ese mismo mes vendió el 36 por ciento del predio a sus hijas en 3 millones 190 mil dólares. Entonces, Kiko Vega compró el metro cuadrado en 77.98 dólares y lo vendió a sus hijas en 350 dólares, más de cuatro veces el valor en que lo adquirió. Hermano cómodo adquirió condominio La primera etapa de San Carlos II está agotada. Los cuatro edificios y 80 condominios que hasta ahora integran el residencial ya están vendidos. Uno de los compradores fue Enrique Alejandro Vega de Lamadrid, hermano del gobernador de Baja California. Un documento da cuenta que el 27 de marzo de 2015, el hermano del mandatario fue uno de los compradores en el edificio 5. La escritura ya está en poder del Registro Público de la Propiedad del Gobierno del Estado, sin embargo, aún no se hace su publicación. En las escrituras de la compraventa aparecen como vendedores tanto “el señor licenciado Francisco Arturo Vega de Lamadrid” como Fraccionamiento Arnaiz, Sociedad Anónima de Capital Variable. Hija compró terreno de 2 millones Además de otras propiedades, como lo es la misma fracción A del terreno en la colonia Guadalupe Victoria y algunos locales comerciales en un extenso terreno en Mariano Matamoros, las hijas del gobernador también gozan de propiedades millonarias. Uno de los últimos movimientos responde a Zarema Vega Labastida, quien adquirió un terreno en Jardines de Chapultepec por un millón 878 mil 400 pesos, según el acta de la partida 5940275 en el Registro Público de la Propiedad, con fecha 28 de agosto de 2014. Según las escrituras públicas, Zarema compró el terreno de 605.95 metros cuadrados de diámetro en la segunda etapa de la colonia Agua Caliente, una exclusiva zona residencial de Tijuana. Hacienda Aguacaliente, SA de CV, vendió el inmueble con un valor de operación de 181 mil 785 pesos.