El 13 de marzo, el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid y los cinco presidentes municipales de Baja California, rompieron el silencio haciendo pública -lo que ellos llamaron- la “política de chantaje ejercida por los directivos de Periódicos Healy”, es decir, de los periódicos Frontera, La Crónica y Frontera Ensenada. El desplegado, que se publicó en varios medios locales, incluyendo ZETA -bajo inserción pagada-, describía que Frontera y compañía comenzaron a criticar sus gobiernos y afectar su imagen luego “de la imposibilidad financiera del Estado y los Municipios de dar una respuesta alternativa a la demanda económica (…) la cual sale de toda proporción”. En pocas palabras, tal como resumía la cabeza firmada por los Poderes Ejecutivos en el Estado, exigían detener la “extorsión”. Finalmente, ni el gobernador ni los alcaldes aterrizaron su queja pública en denuncia formal, la extorsión se tipifica como delito y los gobiernos prefirieron dejarlo -en todo caso- en la impunidad y en nube de la opinión pública. Frontera sí dio un paso legal. El 19 de marzo, siete días después de ser señalados, abogados de los Healy presentaron una demanda de amparo. El acto reclamado: “Las publicaciones realizadas en el Semanario ZETA (…) en el que se destacó -describe el número de expediente 306/2015- un desplegado denominado “En Baja California a favor de la libertad de expresión no de extorsión”, mismo que firmaron Vega de Lamadrid y los cinco alcaldes. Lo curioso -incluso irónico- es que ese mismo desplegado fue publicado el mismo día que en ZETA, en las páginas de Frontera, igualmente, por medio de pago de inserción. El amparo lo interpuso Carlos Alberto González Vilchis, quien según el Registro Nacional de Profesionistas, egresó de la UABC en 2011, además, el abogado aparece en los registros del magisterio en el Gobierno del Estado como empleado “promocionado”, e inclusive, representante en actos oficiales de la delegación de la Secretaría de Educación en Tijuana. En fin, ya como particular, González Vilchis presentó la demanda de amparo contra Jorge Astiazarán Orcí “y otras autoridades”. La solicitud de juicio descansa en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado con residencia en Tijuana, autoridad que días después, el 23 de marzo, solicitó al quejoso ser más específico, explicar de qué quiere que lo proteja el derecho federal. ¿Qué contestó el representante de Healy? Se sabrá hasta que concluya el proceso. Finalmente, el juicio de amparo fue admitido para su análisis el 25 de marzo, e inicia el plazo para que el juez determine si tal como lo dice el afectado, se violaron sus garantías. El 27 de abril se fijó la próxima audiencia donde alcaldes y gobernador ya habrán tenido que presentar su informe sobre el caso (y si así lo quiere el juez, igualmente nuestro Semanario). Si los Healy pretenden buscar la protección federal para que el gobernador o los alcaldes no publiquen más en su contra, hubieran empezado con reservarse el derecho al momento de publicar la famosa “extorsión” en sus ediciones. Y si quieren obligar a los gobiernos a que les compren publicidad… es otra cosa.
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