Derechos Humanos: el riesgo de cambiar para seguir igual

Aunque se presentó desde mayo de 2014, fue hasta el jueves 22 de enero del presente año cuando el Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional para “transformar” la Procuraduría de los Derechos Humanos, en Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California. Con esto, la salida del actual procurador de los Derechos Humanos, Arnulfo de León Lavenant, resulta inminente, aunado a que el 31 de mayo deberá dejar el cargo. La propuesta ya corrió el trámite de los ayuntamientos y estaba por publicarse en el Periódico Oficial del Estado, lo que implica su vigencia y abre el trámite para que el Congreso del Estado publicite la convocatoria para elegir al primer titular de la Comisión de Derechos Humanos en la entidad. La modificación tiene que ver con cambios a nivel nacional y el surgimiento de lo que llaman Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos, donde participan la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las 32 instancias estatales. Esto es parte de la reforma constitucional aprobada en junio de 2011. “No se trata solamente de un cambio de nombre”, sostiene el legislador panista y coordinador de la bancada azul, Gustavo Sánchez Vázquez, quien explica que se busca ampliar las facultades para obligar a que los servidores públicos cumplan con las recomendaciones o, en su caso, detallen los motivos de la negativa, además de hacer comparecer ante el Congreso local a los servidores públicos que se nieguen a cumplir con las recomendaciones emitidas por violaciones a los Derechos Humanos. En ese punto coincide el diputado y coordinador de la fracción priista, René Mendívil, al asegurar: “No se pretende únicamente en un cambio de denominación, sino que se transforma en una institución que traiga una vocación de proteger los Derechos Humanos”. Por su parte, el presidente de la Comisión de Legislación, el perredista Roberto Dávalos, advierte que persiste el riesgo de partidizar -nuevamente- la designación. A su vez, el abogado y asesor de la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad, Miguel Ángel García Leyva, considera que el actual organismo se encuentra en una grave crisis de credibilidad, y que la defensa de los Derechos Humanos en la entidad se ha burocratizado. Argumenta que es imprescindible retomar el rumbo de una instancia tan importante para la gente.   Agregar facultades   El titular de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, Gustavo Sánchez Vázquez, afirma que al elaborar la iniciativa -que presentó a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional- buscaba adecuar la actual Procuraduría a un esquema nacional. Y es que entre 29 y 30  estados tienen comisiones estatales, y de paso, menciona que Baja California fue el primer estado a nivel nacional en establecer una Procuraduría de los Derechos Humanos. “Aprovechamos no solamente el cambio de denominación, también el agregar facultades”, comenta el coordinador de la bancada azul en el Congreso local, y cita ejemplos: “Estamos aprovechando este cambio para dotar de mayor facultad a la Comisión Estatal, de poder hacer más ejecutivas y obligatorias sus recomendaciones”, dice Sánchez Vázquez en alusión a que con la PDH, al emitirse una recomendación, el funcionario aludido solo debía contestar si acataba o no la recomendación. Ahora, con la modificación, si el servidor público se niega a acatar la recomendación y en su negativa manifiesta argumentaciones carentes de fundamento, la nueva Comisión podrá informar de estas negativas -a aceptar la recomendación- al Congreso del Estado; instancia que pedirá un informe al servidor público para conocer con más detalle el motivo de la negativa. “Si esa respuesta sigue siendo insuficiente, la CEDH tendrá la facultad de proceder a presentar una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia por el desacato a una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos”, indica el diputado panista, quien considera éste como un paso muy importante, ya que se trata de dotar a la Comisión de una facultad que anteriormente no tenía, e  implica que sus resoluciones sean más ejecutivas. Otro punto importante de la reforma tiene que ver con los particulares y la posibilidad de que éstos también puedan cometer acciones que vulneren Derechos Humanos como el derecho a la salud, a la alimentación, al trabajo, a la vida. “Estamos estableciendo el alcance de que si una autoridad, en el ejercicio de su función, solapa que un particular viole un derecho humano, también ahí habrá acción contra esa autoridad”, cita Gustavo Sánchez. Se trata de un precepto de avanzada sobre todo en términos jurisdiccionales y de impartición de justicia. La otra parte de la modificación es que el lapso del titular se amplía a cuatro años, se crean las Visitadurías y un Consejo integrado por personas de la sociedad que trabajan a favor de los Derechos Humanos. Se le pregunta al legislador cachanilla si la propuesta -presentada en mayo de 2014- tuvo que ver con el cuestionado desempeño del aún titular de la  PDH, Arnulfo de León Lavenant, a lo que Sánchez responde: “Es penoso para mí decir que efectivamente, desde el año pasado está ese tema que yo puse en la mesa. Digo penoso porque estamos hablando de una iniciativa que puede traer beneficios, no puede ser que estamos a un año de distancia. Pasó mucho tiempo para que esto se dictaminara, presionamos para que se hiciera y, finalmente, se aprueba por unanimidad”. — Pero se junta con el tiempo cuando se vence el periodo del actual procurador, se le comenta y Sánchez Vázquez revira con un “casualmente así está pasando…” Se le pide una evaluación sintetizada de lo que ha sido el desempeño del actual procurador: “Está presentada una denuncia penal contra el actual procurador, juicios políticos por ex empleados de la PDH contra el actual procurador, todo eso deja un sabor de boca no agradable. No podemos por ninguna circunstancia establecer que quienes tienen a su cargo estas funciones tan delicadas se vean envueltos en cuestiones como esas, alejan mucho a la sociedad, a los ciudadanos de saber a qué puedan aspirar cuando acuden a solicitar la intervención de estas instancias, por eso creo que es sano este cambio que se va a dar…”, considera. El líder de la bancada azul asegura que buscarán que quienes puedan registrarse -para dirigir la nueva Comisión- sean personas que acrediten trabajo, experiencia y trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos, “Que nunca más un puesto como éste recaiga como un favor político, como la imposición de alguien alejado del trabajo de los Derechos Humanos”. Finalmente, Sánchez Vázquez recalca que en las tres decisiones donde el Legislativo haya hecho una designación, han dado muestras de responsabilidad.   Con trayectoria   Entrevistado la mañana del martes 14 de marzo, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Mendívil, comenta que están a la espera de que el Ejecutivo publique la reforma constitucional para dar paso a la convocatoria y definir quién sería el primer presidente de la CEDH. El líder de los diputados priistas insiste en que no se pretende solo un cambio de denominación, sino que se trasforme la institución y traiga una vocación de proteger los Derechos Humanos. En cuanto a los puntos básicos de este cambio, sostiene que tiene que ver con la vinculación en el proceso de definir el perfil de quien deberá asumir esta nueva responsabilidad: “Tiene que ver no solo una sociabilización, sino además, con una trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos y un reconocimiento de las organizaciones que participan en esta materia. Será una responsabilidad de esta Legislatura el cuidar ese perfil de quien deberá encabezar esta institución”, y añade que el arropamiento que como institución debe traer es a través de las figuras de los visitadores con que contará y un Consejo Consultivo que sea garante del respeto y los cuidados. Del casi un año que duró la propuesta en la Comisión de Legislación, Mendívil asegura que se debió a la dinámica del Congreso y los temas que han sido torales en esta Legislatura, aparte del hecho de que el encargo del actual titular fenece a finales de mayo. Del desempeño del actual procurador de los Derechos Humanos, Mendívil analiza: “Son dos tiempos el que podemos diferenciar: uno, a partir de que se asumió una agenda mediática y que para algunos tiene que ver con una orientación de carácter político a razón de señalamientos que se vinieron realizando por parte de algunos diputados -particularmente de oposición- en torno a la actividad de la Procuraduría. “Creo que aquí es un tema que en su momento tendrá que revisarse de forma integral y, más que el señalamiento del buen o mal uso de la parte administrativa, de la responsabilidad, es si se dio o no cumplimiento a garantizar el respeto a los Derechos Humanos que debemos tener todos los bajacalifornianos aquí en esta entidad”. Se le pregunta si no le toca al PRI parte de la culpa de los señalamientos, Mendívil contesta: “La responsabilidad de la designación correspondió a una Legislatura, y este nombramiento se dio en unanimidad por todas las fuerzas políticas, así que no es exclusivo de una fuerza una responsabilidad en cuanto al desempeño de un servidor público. Aquí debió haber existido una mayor vinculación, una mayor actividad, no nomás por la pasada, sino por esta misma Legislatura”.   Responsabilidad en la decisión   El diputado perredista Roberto Dávalos -titular de la  Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales- refiere que se presentaron varias iniciativas sobre el mismo tema y la de Gustavo Sánchez fue una de al menos tres, por lo que se buscó armonizarlas y se revisaron para hacer las adecuaciones, que fue lo que se aprobó en la Comisión. “Viene una segunda parte para hacer las modificaciones sobre el resto”, afirma el legislador perredista, a quien se le pide un balance del desempeño del actual procurador. “El hecho de recomponer lo que ha sido la Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California, se aprovecha para buscar la forma de quitar lo que fue un compromiso político de la Legislatura anterior, de nombrar a un personaje que nada tiene que ver con Derechos Humanos, era una persona que se dedicaba a la venta de vehículos usados. Lo pusieron de procurador por un asunto netamente de cuestión partidista y de filiación política”. Dávalos opina que debe buscarse gente que tenga que ver con el área de Derechos Humanos, que conozca y que procure, que vaya y defienda los Derechos Humanos de los bajacalifornianos y no solo sea una posición política más y una cantidad de espacios a ocupar, de chambas para amigos. — ¿Cómo se pueden establecer candados para evitar esto? “Creo que deberá haber la madurez y sensibilidad por parte de los diputados al momento de nombrar a los personajes, (pero) no se está exento de la negociación política el nombramiento. De hecho será una negociación política entre las fuerzas que conforman el Congreso y el nombramiento del nuevo procurador. Es un secreto a voces que una determinada fracción, en este caso la tricolor, es la que nuevamente determinará y decidirá quién será el nuevo procurador, pero creo que lo tendrá que asumir con responsabilidad”.   Crisis de credibilidad   En junio de 2012, un pequeño grupo de activistas protestaron contra la designación de Arnulfo de León como titular de la PDH, entre ellos, Miguel Ángel García Leyva, de la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad. El activista recuerda que después de la protesta interpusieron un amparo contra la designación: “Se veía que los Derechos Humanos se estaban asignando por cuotas de poder y se estaba nombrando a un procurador que llegaba muy cuestionado”, en alusión a la falta del perfil del entonces nuevo titular, sin trayectoria en el área de Derechos Humanos. Según el entrevistado, había toda una inclinación de algunos diputados bajo criterios partidistas, dejando a un lado la lucha social. “Él (De León Lavenant) llegó muy cuestionado por el apoyo que le dio la fracción de Fernando Castro Trenti, se visualizaba que había una injerencia para la designación, por la cercanía que tenía con actividades de partido, más que la defensa de Derechos Humanos”. Ante lo que en su momento consideró un “peligro inminente” por la llegada de un personaje de ese tipo, García Leyva dice que buscó apoyo en otros grupos pero hubo poca respuesta, aun así, interpusieron un amparo y al momento de la toma de protesta del titular de la PDH, solo tres activistas acudieron a protestar. “En las condiciones que se estaba nombrando a este procurador se vaticinaba que iba a haber serios problemas, y no nos equivocamos”, asevera el abogado. “Se amoldó este señor al sistema y la Procuraduría entró en su peor crisis, una crisis de credibilidad, se perdió la esencia del defensor y se amoldó a los intereses de este grupo, privilegiando los intereses económicos, hay denuncias de desvíos de recursos”. Para el activista resulta importante que el Congreso cuide algunos detalles clave, como el hecho de que el aspirante a encabezar la CEDH tenga una trayectoria de lucha, de vinculación con la problemática social, dejando a un lado los criterios partidistas. Miguel Ángel se muestra escéptico, reflexiona que solo será un cambio de nombre y  que en otros estados donde ya existe comisión, “no varía, es lo mismo, son filiales de grupos de poder político-partidista, es muy excepcional que haya algún defensor de Derechos Humanos, autónomo, público, que reúna el perfil de defensor. Los Derechos Humanos en México están burocratizados, lo que más buscan los defensores es una posición económica y política”, sintetiza.